A siete Años de la Masacre de Acteal, no son investigados ni sancionados los delitos de lesa humanidad contra la población civil en Chiapas. El 22 de diciembre de 1997, hace siete años, en la población de Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, fueron masacrados 49 indígenas tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por la paz: 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más que aún no nacían y que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados, además de 25 heridos, por un grupo de hombres con armas de alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del Ejército Mexicano sin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, y el Ejército ubicado a menos de 1 Km., intervinieran en su ayuda, ni a pesar de que este Centro de Derechos Humanos notificó a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas sobre lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre. El ataque se prolongó por más de 7 hrs. Esta brutal masacre se inscribió en un contexto de guerra irregular preparada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ideada por el General de División Miguel Ángel Godínez Bravo, ordenada por el entonces presidente Zedillo en febrero de 1995, y ejecutada por el General de División Mario Renán Castillo, en el que las acciones paramilitares fueron la clave en el plan de campaña del Ejército en Chiapas. La impunidad en el caso Acteal no es un agravio únicamente para las víctimas, sino para todos los mexicanos, ya que es imposible hablar de un estado de derecho efectivo cuando ni siquiera se respetan las reglas mínimas del derecho internacional humanitario. Ante esta realidad los gobiernos estatales y federales se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre, ya que la procuración de justicia con sus acciones ha pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, señalando que se trata de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y costumbres, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia de ocultar la verdad. Mientras no existan marcos legales que contemplen los conflictos armados internos, delitos de guerra y de lesa humanidad, así como controles civiles efectivos, basados en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando de las actividades del ejército se trata, seguiremos siendo testigos y víctimas de este tipo de actos ilegítimos, y estos seguirán siendo tratados como delitos comunes. Los orígenes de la masacre que los gobiernos de los distintos niveles y de las diversas administraciones han negado, nos dan muestra clara y contundente que forma parte de una estrategia de ataque a la población civil, donde un grupo de paramilitares ligados con las autoridades municipales, estatales y federales incluyendo al Ejército mexicano, han sido el instrumento con el cual se intenta acabar con lo que el propio Ejército denomina “organización de masas”. La violencia en Chenalhó se documentó por este Centro de Derechos Humanos desde febrero de 1994. El saldo de las acciones paramilitares en Chenalhó al 22 de diciembre de 1997 fue de: 6.332 personas desplazadas, que incluye la pérdida de bienes y la quema de sus casas; 62 muertos de manera violenta y 42 heridos. Todo esto generado en un clima de tensión, hostigamientos y amenazas del grupo identificado con el PRI y promovido por la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó, que actuaba con armamento de uso exclusivo del Ejército, uniformes y con el amparo de la Policía y de los militares. La gravedad de la situación fue mostrada por Ricardo Rocha unos días antes de la Masacre. Los hechos descritos, aunados a los acontecimientos ocurridos en la zona norte del estado entre 1995 y el año 2000, son c