- Oficialmente, más de 30 mil personas ejecutadas, desaparecidas y torturadas durante la dictadura
- 1.132 centros de torturas; cientos de mujeres violadas; 94% de presos violentados; y uniformados y senadores de derecha cuestionan la verdad
- El país encarando pasado de ignominia En febrero de 1988 el capitán general Augusto Pinochet anunció que “prácticamente limpiamos de marxistas la nación”. En su oportunidad, confesó que “los derechos humanos es una invención muy sabia de los marxistas” y que él no sabía nada de ese tema. Los hechos corroboran esas y otras afirmaciones de Pinochet que encabezó el régimen dictatorial entre 1973 y 1990. Durante el mandato del jefe militar -de acuerdo a cifras oficiales- fueron hechos prisioneros alrededor de 28 mil chilenas y chilenos y al 94% de ellos se les torturó de la manera más salvaje. Asimismo, alrededor de tres mil opositores a la dictadura fueron ejecutados o desaparecidos. En el país existieron 1.132 lugares de detención y torturas y se han elaborado listas de casi 2 mil responsables de esos delitos. A lo menos cinco entidades militares y policiales se dedicaron de forma metódica a reprimir despiadadamente a opositores al régimen militar. “Extirpar el cáncer marxista” como lo definió el jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, fue objetivo de la dictadura que lideró Pinochet. Bajo ese tipo de concepto desarrolló una política represiva que muestra esos dramáticos saldos. Así está reportado formal y oficialmente por el Informe Rettig y el Informe Valech, este último presentado a finales de año y que conmocionó a la gente honesta de este país. En ese documento se señaló que “la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas”. Lo que en palabras de partidos de izquierda se trató de la implementación de la “doctrina de seguridad nacional” y de “contrainsurgencia” por parte del Estado chileno en manos de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles - poderes financieros, derecha política, etc.- para, en primer lugar, derrocar al gobierno de Salvador Allende, y luego desencadenar una serie de medidas económicas, políticas, ideológicas y represivas destinadas a imponer el modelo económico hiperneoliberal y una institucionalidad autoritaria. Aunque los informes hablan hoy de más de 30 mil chilenas y chilenos ejecutados, desaparecidos, torturados y hechos prisioneros, las cifras de organismos de derechos humanos indican que serían unas 300 mil las personas detenidas y en su mayoría torturadas y alrededor de cinco mil las ejecutadas y desaparecidas. Cifras que hoy estremecen y que quedan archivadas no sólo en la “memoria social” sino en los recuentos futuros que tendrá que hacer el país y las futuras generaciones sobre el periodo dictatorial de 1973-1990. - El Drama.- La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura se creó en noviembre del 2003 como “órgano asesor del Presidente de la República”, originada en una iniciativa del presidente Ricardo Lagos en su propuesta “No hay mañana sin ayer” donde indicó la necesidad de “seguir avanzando en el delicado proceso de sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”. Dicha comisión debía entrar el tema de los chilenos detenidos y torturados. La encabezó el Obispo Sergio Valech junto a un grupo de profesionales, exministros, exsubsecretarios y especialistas en derechos humanos. Durante meses la comisión recibió el testimonio de 35 mil personas llegados desde todo el país y desde varias naciones donde residen víctimas de la dictadura. Al final del proceso -en que trabajaron decenas de jóvenes y profesionales en la captación de testimonios y ordenamiento de la información- se oficializaron 27 mil 255 casos de prisión política y tortura. La investigación determinó que las chilenas y los chilenos agredidos sufrieron torturas como golpizas, colgamientos, lesiones corporales deliberadas, posiciones forzadas, aplicación de electricidad, amenazas, simulacro de fusilamiento, humillaciones y vejámenes, desnudamientos, agresiones y violencia sexual, presenciar, ver u oír torturas de otros, ruleta rusa, presenciar fusilamientos de otros detenidos, confinamiento en condiciones infrahumanas, privaciones deliberadas de medios de vida, asfixias, exposición a temperaturas extremas. Impactó el caso de más de 3 mil 300 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de agresión sexual y de 316 que fueron violadas. Se supo de la violación a través de animales y la introducción de ratas y palos en la vagina de decenas de víctimas. Trece mujeres afirmaron que quedaron embarazadas de sus violadores y se presentaron testimonios de hijas e hijos producto de la violación. El Informe Valech confirmó la existencia, durante la dictadura, de 1.132 lugares de detención y tortura. Entre ellos, cuarteles, bases navales y aéreas, comisarias, escuelas, retenes, prefecturas, escuelas militares, barcos de la Armada, barcos mercantes, estadios, casas patronales, universidades, estaciones de trenes, etc. Conocido el informe el gobierno anunció una “reparación económica” de unos 200 dólares mensuales para las víctimas, así como ayuda en educación, salud y vivienda. - Reacciones y Efectos.- El impacto de esta información cruzó a todo el país y los medios de comunicación se abrieron como nunca no sólo al aspecto testimonial, sino a la revisión crítica y moral de ese periodo. El Obispo Valech declaró que “hemos trabajado en el ayer, hemos podido encontrar un mundo que ya se había olvidado”. Para el secretario general de gobierno, Francisco Vidal, lo conocido “es un nuevo paso destinado a avanzar en el conocimiento de la verdad, justicia y reparación de víctimas”. La Comisión Ética contra la Tortura hizo ver en un comunicado que “los métodos utilizados en la tortura por las Fuerzas Armadas en Chile tenían como objetivo someter, destruir y controlar a toda la población y sus organizaciones sociales, dejando secuelas que afectan hasta nuestros días a toda la población chilena”. El Partido Comunista, sectores del Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda así como organismos de derechos humanos valoraron la existencia del Informe Valech pero cuestionaron el bajo monto de la “reparación económica” y el hecho de que se mantenga en reserva los nombres de los torturadores. Dichos antecedentes quedan reservados por 50 años. Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó el informe como “un paso histórico, trascendente” y manifestó que “en adelante quienes fuimos prisioneros políticos tenemos un reconocimiento social y oficial que había sido negado durante treinta y un años”. Planteó la necesidad de que “este informe sea parte integrante de la formación de las nuevas generaciones para que nunca más en Chile esto ocurra”. Pero en círculos militares y de la derecha política fue otra la apreciación, en general. Oscilaron entre justificar los hechos o simplemente dudar de ellos. Hablaron de que “un contexto histórico” había llevado a una situación en el país que explica hoy los miles de casos de ejecuciones, desapariciones y torturados. Quisieron justificar las 30 mil víctimas producto de una reacción de los militares frente “al caos” que habría producido el gobierno de la Unidad Popular. El Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, explicó lo ocurrido en base al contexto “de la guerra fría” que habría alentado “la confrontación” en el país. Hubo declaraciones que no pueden explicarse sino en la prevalencia de la intolerancia y la arrogancia en el mundo militar y de la derecha. El general en retiro y militante derechista Bruno Siebert aseveró: “Me permito dudar de este informe por la unilateralidad de los declarantes y por las expectativas económicas que se les ofrecieron” a las víctimas. Además, dijo que él conoció el caso de una muchacha embarazada por su novio y que quiso justificar el hecho aduciendo una violación de militares; ¿cuántos casos como esos habrá en el Informe Valech? se preguntó Siebert. En el mismo tono, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, dijo sobre los testimonios de tortura que “lo único que sé es que toda esa gente quiere plata y nada más”. Para el senador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Arancibia, excomandante en jefe de la Armada, lo ocurrido está justificado porque obedeció “a la naturaleza misma del conflicto en los términos, en la magnitud y en la dimensión que se dio”. Pese a la contundencia de los hechos, el también senador de la UDI y ex ministro del Interior de Pinochet, el abogado Sergio Fernández, declaró que “el gobierno (la dictadura) no participó en absoluto en ese tipo de actos. Recibimos algunas denuncias de torturas y por eso se emitió una orden ministerial para dar a conocer las condiciones en que este tipo de actos se debían sancionar”. No se conoce ningún sancionado por las autoridades militares. Una gran cantidad de militares y funcionarios civiles de la dictadura argumentan hoy no haber estado enterados de lo que acontecía en términos represivos. Irónico: quienes controlaban al país no sabían de más de mil recintos de detención y tortura, nunca se toparon con indicios de más de 30 mil víctimas por todo el país, nunca leyeron los informes de los organismos de derechos humanos, no dieron cuenta de los informes de las Naciones Unidas, no supieron de las protestas y huelgas de hambre de los familiares de desaparecidos y ejecutados. Como sea, algunos personeros de la derecha, con preocupación electoral, se mostraron contrariados frente al Informe Valech, cuestionaron la práctica de la tortura y llamaron a la reconciliación. De todos modos, analistas indican que las informaciones sobre represión durante el régimen militar tendrá un efecto político y electoral negativo para la derecha que, por cierto, tiene de máximos dirigentes de sus dos partidos a exfuncionarios de Pinochet. Otro ámbito en que hay una situación pendiente es el judicial. Se espera que pronto se inicien múltiples querellas criminales por casos de detenciones y torturas, destinadas a procesar a los uniformados responsables de esos crímenes. Se seguirá insistiendo en la presentación de los nombres de responsables de esos delitos y en que el Poder Judicial avance en las investigaciones y procesamientos. También se está poniendo atención a lo que serán las características del nuevo Instituto Nacional de Derechos Humanos que se creará a instancias del Ejecutivo. Desde el oficialismo se ha argumentado que ningún país en América Latina ha avanzado de tal manera en el esclarecimiento de la verdad y la recopilación testimonial en materia de derechos humanos. Sea o no real la aseveración, lo que se constata es que Chile enfrenta un pasado reciente de ignominia y represión que se mantiene latente y que, se quiera o no, confronta a sectores de la sociedad comprometidos generacional y políticamente con las victimas y los victimarios.-