Elecciones marchan parejas y muy contaminadas

Emilio Marín

15/05/2014

Opinión

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El 25 de mayo hay elecciones presidenciales en Colombia. Juan M. Santos y Oscar I. Zuluaga son los dos candidatos con mayores chances. Hay poco debate político y muchos planteos judiciales, espionaje y contaminación por corrupción.

Debe ser por el realismo mágico de la literatura del recientemente fallecido Gabo. Colombia resulta un caso extraño.

De una parte, se libra allí una guerra despareja entre el establecimiento y las guerrillas desde 50 años, si se toma como jalón mayo de 1964 cuando Manuel Marulanda Vélez funda las FARC tras los ataques militares a sus bases campesinas en Marquetalia (la cuenta se hace más larga desde el Bogotazo de 1948).

La cuestión es que hubo 200.000 víctimas mortales de esos enfrentamientos, que muchas veces los militares “tercerizaron” mediante los paramilitares de las “Autodefensas Unidas de Colombia”. El concepto de víctimas se completa con 5 millones de desplazados internos, que perdieron casi todo huyendo de los enfrentamientos armados.

De otra parte, el país parece un modelito prolijo de democracia. Cada cuatro años hay elecciones los 25 de mayo y quien resulta ganador asume un 7 de agosto siguiente. Y al estilo norteamericano, el triunfador tiene eventualmente un segundo mandato, también de cuatro años. En ese tiempo será el feliz ocupante de la Casa de Nariño, en Bogotá.

Claro, tiene que compartir el poder con lo más granado de las multinacionales y clases dominantes colombianas, de la industria y el agro-business, la minería y otros negocios, incluso los non sanctos del narcotráfico. Y, por cierto, con los altos mandos militares, que por su rol decisivo en estas décadas son un factor decisivo del estado, siempre apegados a sus jefes y consejeros norteamericanos, que por algo tienen allí una decena de bases castrenses. Lo hacen desde que en 2000 comenzó a regir el “Plan Colombia” que a despecho de ese nombre casi patriótico es de factura militar y política “made in USA”, la que llevaba aportados hasta fines de 2003 unos 9.000 millones de dólares.

Las guerras, además de sangrientas y generalmente injustas -las hay de las otras también- son fuentes de negocios para capitalistas y militares. Y este caso sudamericano lo confirma ampliamente. Los generales colombianos han tomado para sí, sus familiares y amigos gran parte de los contratos derivados de las provisiones para la contienda en el Caquetá, el Guaviare y otros departamentos. Cuando tales negociados se destaparon les costaron los puestos a varios miembros de las cúpulas castrenses, aún gobernando Juan M. Santos, el mismo que como ministro de Defensa de Álvaro Uribe supo darles a esos generales una generosa cobertura.

Derecha dividida

Todavía hay gente poco informada, aún progresista, que repite como el loro en Argentina que “la izquierda siempre se divide mientras la derecha permanece unida”. Falso. Y el caso colombiano lo comprueba palmariamente.

La feliz pareja de Uribe y Santos, que cogobernó entre 2006 y 2010, se rompió sobre finales de ese tiempo, cuando el primero maniobraba para tratar de conseguir un tercer mandato. Desde entonces se declararon las hostilidades, que adquirieron forma de un combate despiadado desde finales de 2012.

La fecha no fue casual porque en agosto de ese año Santos blanqueó que sus representantes habían estado negociando en forma secreta con la representación de las FARC en Oslo. En octubre se pusieron de acuerdo en iniciar, al mes siguiente, las pláticas de paz en La Habana con Cuba, Chile, Noruega y Venezuela como facilitadores.

Las dos delegaciones empezaron a dialogar en base a una agenda acordada de seis puntos. A saber: 1) El tema agrario; 2) La participación política; 3) Solución al problema de las drogas ilícitas; 4) Reparación a las víctimas; 5) Fin del conflicto; 6) Mecanismos institucionales para refrendar los acuerdos finales, si los hubiera.

En mayo de 2013 se acordó la primera temática y en diciembre del mismo año el segundo tópico. Desde entonces se está discutiendo la problemática de erradicar los cultivos ilícitos y del narcotráfico, que por ahora -concluida la ronda habanera número 24- no ha permitido llegar a un entendimiento.

Los progresos en casi la mitad del temario propuesto permiten abrigar un moderado optimismo sobre el futuro de las negociaciones, aunque también se puede acotar que lo que resta no es nada fácil.

En la discusión sobre drogas lo bueno para las FARC es que se ha desmontando la monumental mentira de los medios de la derecha colombiana y las agencias estadounidenses de noticias que sindicaban a esa fuerza insurgente como “narcotraficante”. Esos medios y las elites colombianas, permeadas por los carteles narcos han actuado otra vez como el ladrón que sale corriendo y grita “al ladrón”.

Los diálogos de La Habana, aún inconclusos, aceleraron la división de la derecha entre Santos que los auspició y Uribe que los denostó como una capitulación ante “el terrorismo”.

Elecciones el 25

En los comicios se presentan cinco candidatos, pero según las encuestas los únicos con votos suficientes para ganar o al menos ir a un balotaje son Santos, que va por su reelección por el partido de la U. y demás aliados, y Oscar I. Zuluaga, del Centro Democrático, del uribismo.

Entre esas dos fuerzas mayoritarias no hubo un verdadero debate político, excepto en el asunto de los diálogos con las FARC, donde sí se pudieron apreciar los argumentos, divergentes y claramente expuestos.

El oficialismo se defiende diciendo que la población aspiraba a la paz y que ha sintonizado esa aspiración. Ante las acusaciones de su ex socio y ahora acérrimo rival, argumenta que Santos no ha hecho ninguna concesión a la guerrilla, porque ni siquiera ha aceptado un alto al fuego. Esta semana en Santander, al nororiente, el presidente llamó a las fuerzas militares y policiales a proseguir la guerra hasta el final y no rebajar su atención ni un solo día.

Para Uribe y su delfín Zuluaga todo está mal hecho. La guerrilla habría ganado tiempo y espacios políticos, cuando se debía atacarla militarmente hasta su aniquilamiento. Y en vez de eso, Santos les habría tendido la mano y asegurado que en el futuro, luego de los acuerdos, muchos de los comandantes de las FARC tendrán curules en el Congreso.

Esa propaganda ultraderechista no sólo ataca al ocupante de la Casa de Nariño por su posición supuestamente débil frente a Timochenko, comandante de los insurgentes. También deplora que Santos haya tenido actitudes contemporizadoras con el vecino presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Uribe y Zuluaga quieren volar los puentes de negociación en La Habana y también con Caracas. Son los voceros más agresivos de la oligarquía colombiana y de las camarillas militares más pronorteamericanos del país. Los guerreristas del Pentágono y el Departamento de Estado, que desconocen a Maduro, tienen ese par de tíos en Bogotá que los representan a cabalidad.

Campaña sucia

Quedan diez días para la elección presidencial y si ninguno de los candidatos logra imponerse en primera vuelta irán a balotaje el 15 de junio. A pesar de que resta tan poco tiempo, la discusión entre los dos presidenciables no ha sido muy política. Ha estado surcada por escándalos, denuncias y espionaje de variado tipo.

El gobierno de Santos allanó oficinas donde incautó computadoras y pruebas de que allí se realizaba actividad de espionaje contra las cuentas de correos electrónicos del presidente y contra participantes de los diálogos de paz de La Habana, de ambas partes.

Al parecer dieron en el blanco, porque primero presentó su renuncia el “director espiritual” de la campaña de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, su coordinador nacional. Es que de resultas del procedimiento policial ordenado en aquella oficina por el fiscal general Eduardo Montealegre quedó detenido el espía Andrés Sepúlveda. Su empresa de informática, marketing y manejo de redes sociales sería el responsable de tal espionaje y junto con Hoyos habían visitado al director de RCN para ofrecer material logrado con ese método ilegal.

Fue un golpe duro para Zuluaga haber tenido que admitir que había ido personalmente a ese búnker del espía preso, que trabajaba para su candidatura.

La ultraderecha no se quedó lamiendo sus heridas. Inmediatamente Uribe denunció que en 2010 el asesor presidencial Juan José Rendón había cobrado 12 millones de dólares para negociar la rendición de carteles de narcotraficantes. Y que de esa suma, 2 millones habían sido utilizados por Rendón para pagar saldos pendientes de la campaña de Santos en 2010. Aunque Uribe no presentó pruebas, el acusado se apuró a renunciar al equipo reeleccionista del presidente, para no perjudicarlo. El daño a Santos ya se había consumado.

Con bajas en uno y otro equipo, la pelea presidencial parece haberse emparejado y según las encuestas no hay un claro ganador, de cara al 25.

Para el cronista es una suerte no ser colombiano. Es que nunca podría votar por Santos, operador de Obama en la región, continuador del Plan Colombia y firmante de los Tratados de Libre Comercio con Washington. El problema es que Uribe es aún peor y si su pollo Zuluaga llegara a Nariño sería un réquiem para los diálogos de paz. Bogotá congelaría su participación en Unasur y sería un fuerte aliado para las guarimbas y el golpismo en Caracas.

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