Dilemas en la elección presidencial
18/05/2014
- Opinión
A una semana de la elección presidencial se registra empate técnico en las encuestas entre el presidente Juan Manuel Santos respaldado por su coalición Unidad Nacional y Oscar Iván Zuluaga candidato del partido uribista Centro Democrático, cada uno con cerca del 30% de respaldo. Entre las otras tres candidaturas –Clara López del Polo, Enrique Peñalosa de Alianza Verde y Martha Lucía Ramírez del Partido Conservador- salvo ligeras variaciones registran otro empate, cada una con cerca del 10%. Aunque se dará segunda vuelta, lo propio de la primera es la competencia en la opción plural de propuestas, por lo cual reviste importancia la presencia de las vertientes de la izquierda democrática. La expectativa frente al nuevo gobierno se da en torno a un programa y la respuesta ante diversidad de asuntos problemáticos. Entre ellos apoyar la solución política de la confrontación con las guerrillas es crucial, de forma que tal anhelo podrá expresarse al menos en el apoyo electoral brindado a tres candidaturas (Santos, López y Peñalosa).
De fondo, aunque resulta muy significativo el abordaje de la paz, el principal dilema a resolver está entre preservar el Estado Social de Derecho, poder pugnar por un marco de garantías y derechos efectivos y tener en lo interno e internacional opciones de convergencia plural, o regresar a las expresiones de intolerancia, negación de garantías, persecución a la izquierda, los movimientos sociales y las voces críticas, recurrir a la ilegalidad y admitir alianzas con sus proyectos así como aislar el país en oposición beligerante ante los gobiernos de izquierda que predominan en los países hermanos de la región, como sucedió efectivamente bajo los mandatos del presidente Uribe. Por supuesto que con la primera opción se encuentran posibilidades auspiciada por las vertientes que van del centro derecha –Unidad Nacional- a la izquierda democrática –Alianza Verde y PDA-. Y la segunda opción es claramente representada por el proyecto de extrema derecha, paradójicamente con el partido denominado Centro Democrático, y con un matiz moderado y modernista de la candidatura conservadora.
Es justo y necesario reconocerle al presidente Santos el aporte histórico que lega con la apertura de las conversaciones y acuerdos de paz con las FARC y muy posibles con el ELN, los cuales muestran en el primer caso coherencia, una fase avanzada y un pronóstico de altas posibilidades de éxito. A ello se agregan elementos positivos de su gestión tales como la ley de víctimas y restituciones, los esfuerzos por recuperar la normalidad y el entendimiento entre las ramas del poder público y la recuperación del entendimiento y la cooperación internacional. Propuestas en estos temas son valiosas. Pero así mismo, su administración y el programa que propone carecen de respuestas necesarias en lo relativo a la atención debida de los derechos sociales, hizo crisis su política agropecuaria y su modelo económico es incompatible con propósitos de equidad, inclusión y sostenibilidad de una paz democrática. Su proyecto político es ambiguo tanto en contenido como en la conjugación de sectores tradicionales, algunas franjas progresistas especialmente al seno del Partido Liberal y presencia con sus aliados de representantes del clientelismo y hasta de personajes reconocidos por nexos con la ilegalidad.
Es del caso así mismo entender que el proyecto liderado por Álvaro Uribe y su candidato Oscar Iván Zuluaga expresan la emergencia de una coalición de franjas políticas y sociales entre tradicionales, de poder económico y hacendatario regional, pero también en buen grado del ascenso social de quienes proceden o guardan fuertes vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. El ex presidente, familiares y muchos allegados y voceros de su proyecto han tenido y tienen numerosos casos pendientes con la justicia por tal circunstancia. El candidato Zuluaga no es ajeno a tal situación, desde 2006 ha sido denunciado e investigado por nexos con la parapolítica y recientemente se han evidenciado las consecuencias de su destitución cuando ejercía como ministro de hacienda de un superintendente que trató de impedir la acción criminal en Interbolsa y resultan al extremo graves las denuncias hechas sobre el compromiso del equipo de publicidad de su propia campaña electoral, con relación a interceptaciones ilegales orientadas a sabotear la mesa de conversaciones de paz en La Habana y a divulgar mensajes de “guerra sucia” contra las demás candidaturas.
Alianza Verde con Enrique Peñalosa tardíamente da a conocer un programa, con propuestas avanzadas y otras muy del común denominador y sin la fuerza de los cambios políticos y sociales que el país reclama. Por supuesto que positivo es el freno a los TLC indiscriminados y arrasadores de la producción y el comercio interno, el respaldo al proceso de paz y los énfasis señalados en temas sociales. No obstante, parece ya inevitable el desgaste y el descenso en las expectativas que sufre su campaña, la improvisación y los mensajes equivocados, además de las ambivalencias y dudas que deja en términos de coherencia la trayectoria política de este candidato. Ojalá, en todo caso, que este partido se consolide como expresión de la izquierda democrática y sepa profundizar en propuestas y en dinámicas de talante reformador y democrático.
Clara López, junto con Aída Abella, mantiene una valiosa campaña, un programa más sólido y a la vez con mensajes claros de reformulación del modelo económico dentro de presupuestos democráticos y realistas, de revisión de los TLC y de compromiso con derechos políticos y garantías sociales. Su presencia es significativa y expresa un acumulado valioso de la izquierda democrática, no obstante ser sólo una de las fracciones que llegaron al conformar el PDA y la simbólica, meritoria y valiente reaparición de la UP en la política. Como muchos lo hemos percibido, pesan a la vez las negativas herencias de la connivencia que durante cierto tiempo tuvo este partido con los hechos de corrupción que implicaron a la alcaldía de Samuel Moreno.
Lamentablemente el sector Progresistas, incorporado a Alianza Verde, expresa de manera paradójica una situación de división y crisis, con relación al impresionante grado de movilización ciudadana que rechazó la destitución e inhabilitación por el Procurador Alejandro Ordoñez del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, pero que no se tradujo en una alternativa y una fuerza electoral significativa. Esto por cuanto es bien conocido que si bien el grueso de sus dirigentes se integró a Alianza Verde, no compartió la candidatura de Enrique Peñalosa y ha sido reticente a brindarle respaldo. Pero a la vez, reconocidos dirigentes de este sector han establecido como especie de fracción minoritaria, una alianza con el Partido Liberal, orientada a respaldar al candidato presidente Juan Manuel Santos, que si bien se anuncia con sentido programático hacia la paz y los derechos sociales, no logra resultados palpables a tal nivel y significa la renuncia en esta primera vuelta a fortalecer las franjas políticas de los partidos que pueden perfilarse desde la izquierda democrática.
Es lugar común reconocer la pobreza y a lo sumo la tardía y débil discusión política y programática entre las candidaturas. Pero, así mismo, resultó altamente alarmante el cómo si se escaló una situación de sectarismo, irregularidades y acciones en el contexto de la campaña electoral que linda con la ilegalidad y el delito. Esto llevó a la situación trenzada entre las candidaturas de Santos y Zuluaga entre mutuas denuncias y dinámicas de actuaciones de organismos de investigación, control o de la justicia, ante graves situaciones reveladas, denunciadas o divulgadas incluso sin fundamento. Los hechos son bien conocidos, su raíz proviene del Uribismo y desde situaciones que hacen carrera desde años y campañas electorales anteriores. Por eso muchos de los implicados tienen que ver con ambas campañas. Pero así mismo, en justicia es de reconocer que el foco de irregularidades y acciones presuntamente delictivas de nuevo surgen desde el Uribismo, desde el mismo ex presidente que maneja información estatal reservada al más alto nivel de manera ilegal, y de su candidato Zuluaga, de manera que su propio equipo de campaña se ve comprometido en acciones las acciones criminales referidas contra el proceso de paz y contra las demás candidaturas.
Bien lo advierte Transparencia por Colombia, liderada por la reconocida politóloga Elizabeth Ungar, en que hay que insistir mucho aún en una nueva cultura política democrática, que rompa con todas las deformaciones clientelistas, mercantilistas, del todo se vale y de la carencia de ética denunciada. Se coincide por muchos en señalar que asistimos a una fase de degradación marcada de la política, expresada con hechos de violencia, corrupción y tal tipo de actuaciones ilegales y arbitrarias en juego. “Todos estos hechos son una clara demostración del profundo deterioro del ejercicio de la política en Colombia y ponen de manifiesto hondas fisuras en la institucionalidad, la cual se muestra cada vez más permeable a la injerencia de sectores interesados en debilitarla…”, nos ha expresado en su reciente columna de prensa. (“En política no todo vale”, El Espectador, 15 de mayo de 2014).
Están así echadas las apuestas. Un nuevo desafío político para la ciudadanía colombiana, sobre avanzar en construir el Estado Social de Derecho, consolidar las posibilidades de la paz y responder con acierto y compromiso democrático ante las problemáticas que nos retan, o conceder a la regresión, a la violencia, a la guerra y al proyecto autoritario, caudillista y proclive a la irregularidad y la ilegalidad, que tan alto costo ya nos ha causado en el pasado reciente. Posiblemente en la segunda vuelta la opción sea entre dos de los candidatos actuales, de manera que se exprese la posibilidad de elegir, en todo caso contra esta opción de regresión al pasado y de prolongación del contexto de violencia y guerra interna.
Álvaro Villarraga Sarmiento
Fundación Cultura Democrática
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 399
Semana del 16 al 22 de mayo de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
https://www.alainet.org/es/active/73828?language=es
Del mismo autor
- La matanza de activistas sociales y excombatientes: ¿Es sistemática? ¿Quién los mata? ¿Se supera o se agrava? 31/01/2020
- Análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia 10/05/2019
- Violencia paramilitar en la Altillanura 14/12/2018
- La ley de sometimiento para grupos armados ilegales: alcance y posibilidad 06/07/2018
- Un gobierno de convergencia democrática por la paz podrá impedir el retorno del uribismo 15/06/2018
- Agredir a las FARC es atentar contra la posibilidad de construir la paz 23/02/2018
- Se requiere la verdad de todos los actores del conflicto 25/08/2017
- Las FARC exigen cumplimiento oportuno de la amnistía 21/07/2017
- De los grupos paramilitares precursores al bloque Tolima de las AUC 07/07/2017
- ¡No más crímenes contra la paz! 05/05/2017