El oponente electoral al estrado
18/05/2014
- Opinión
Los candidatos que encabezan las encuestas para presidente decidieron no deliberar con sus oponentes sino llevarlos a la Fiscalía. Esta judicialización electoral no es novedosa, pero aquí trae consecuencias negativas tanto para la democracia como para la justicia.
La última estrategia de las campañas de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos para la presidencia de Colombia ha sido la de trasladar los debates del foro público al derecho penal. En efecto, después de la negativa de los candidatos de presentarse a los debates organizados usualmente por los medios de comunicación y las universidades, quien quiera seguir las acusaciones recíprocas sobre las propuestas y los candidatos no debe fijar su mirada en la plaza pública sino en la Fiscalía General de la Nación.
El candidato de la derecha uribista, Oscar Iván Zuluaga, envió al presidente-candidato Juan Manuel Santos a la Fiscalía cuando se conocieron las acusaciones de que su campaña había recibido dinero del grupo narcotraficante “Los Comba”. También la Fiscalía acusó a la campaña de Zuluaga de hackear el proceso de paz, una de las banderas electorales de Santos. Por último, Álvaro Uribe ha sido citado ante el ente investigador para que aporte las pruebas sobre la infiltración de dineros de narcos en la campaña de Santos. Uribe se ha negado pero ha dicho que acudirá a la Procuraduría, juez de muchos en los últimos días.
En términos generales, estos eventos siguen la tendencia de “judicializar las elecciones”, que ha marcado las democracias en las últimas décadas. Recuérdese por ejemplo la intervención de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso Bush vs. Gore, los múltiples procesos enfrentados por Berlusconi en Italia o la declaratoria de legalidad de las tomas de posesión de Maduro en Venezuela. Lo ocurrido en Colombia y estos otros países revela que tanto en las elecciones como en la política en general, ha ocurrido una profunda transformación del papel de los jueces, tribunales y entes investigadores en la esfera pública.
La justicia ha dejado de ser la rama del poder que se limita a dirimir las controversias con los particulares mediante la aplicación de la ley, mientras que en el parlamento y en el ejecutivo se deciden los destinos del país. Experimentamos ahora un ejercicio más activo y franco de jueces y tribunales en la limitación de la potestad parlamentaria y la reglamentación del ejercicio de la actividad de los políticos, especialmente quienes quieren ser elegidos popularmente. Como consecuencia, el ejercicio del derecho y de los jueces recibe también mayor atención por parte de los políticos, analistas y opinadores.
Pero, aunque este no es un fenómeno novedoso en lo que tiene que ver con las elecciones, sí lo es su aparición prematura en la contienda. En los ejemplos citados y en otros certámenes electorales, la intervención judicial regularmente ocurre después de que los candidatos han expuesto sus propuestas, y luego de que los candidatos han ejercido su derecho al sufragio. Aquí, por el contrario, la intervención legal ha ocurrido antes de las elecciones, tomando el lugar de la deliberación y del debate, y generando desde ya al menos dos problemas.
Primero. La estrategia de acusación del oponente como delincuente, sin aportar mayores pruebas, resta poder a la opinión pública para que haga un juicio político y moral sobre los candidatos. Como es el juez el que decidirá luego de una investigación si un candidato es o no apto para la política, se termina evadiendo este debate en la opinión pública. La prematura judicialización de estas elecciones cierra entonces la posibilidad de que la ciudadanía se disuada de votar por un candidato cuando su proceder es antidemocrático o perjudicial para el país, a pesar de que no haya cometido delitos o estos no hayan sido procesados. De igual forma, por esta vía termina diluyéndose la similitud entre los programas o la ausencia de ellos.
Segundo. La acusación legal de los candidatos cierne un manto de ineficacia sobre la justicia, puesto que es muy probable que de esas acusaciones e investigaciones no salga ningún resultado concluyente. Esto obedece, por supuesto, a actividades dilatorias y de obstrucción de las investigaciones como la que emplea Uribe al resistirse a acudir a la Fiscalía, pero también a que la velocidad con que acontecen los eventos electorales no se acompasa con los tiempos procesales para la investigación de un delito. Como consecuencia, no solo los ciudadanos se desencantan de sus candidatos sino también de su sistema judicial que, si bien en un país como Colombia adolece de tantos problemas, no tendría por qué estar resolviendo las disputas personales entre los candidatos.
Así las cosas, el problema del traslado de las campañas al estrado no es la mayor actividad de los jueces. El problema es la abdicación de los candidatos a enfrentar pacífica y deliberativamente a sus oponentes, que termina por restar poder a los votantes y legitimidad a la justicia. Lo que es cuestionable es esa incapacidad de debatir entre ellos, y frente al país, como lo exige el proceso deliberativo que se supone debe preceder un cambio de gobierno.
Nathalia Sandoval Rojas
Investigadora de Dejusticia
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 399
Semana del 16 al 22 de mayo de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
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