A siete Años de la Masacre de Acteal, no son investigados ni sancionados los delitos de lesa humanidad contra la población civil en Chiapas. El 22 de diciembre de 1997, hace siete años, en la población de Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, fueron masacrados 49 indígenas tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por la paz: 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más que aún no nacían y que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados, además de 25 heridos, por un grupo de hombres con armas de alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del Ejército Mexicano sin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, y el Ejército ubicado a menos de 1 Km., intervinieran en su ayuda, ni a pesar de que este Centro de Derechos Humanos notificó a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas sobre lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre. El ataque se prolongó por más de 7 hrs. Esta brutal masacre se inscribió en un contexto de guerra irregular preparada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ideada por el General de División Miguel Ángel Godínez Bravo, ordenada por el entonces presidente Zedillo en febrero de 1995, y ejecutada por el General de División Mario Renán Castillo, en el que las acciones paramilitares fueron la clave en el plan de campaña del Ejército en Chiapas. La impunidad en el caso Acteal no es un agravio únicamente para las víctimas, sino para todos los mexicanos, ya que es imposible hablar de un estado de derecho efectivo cuando ni siquiera se respetan las reglas mínimas del derecho internacional humanitario. Ante esta realidad los gobiernos estatales y federales se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre, ya que la procuración de justicia con sus acciones ha pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, señalando que se trata de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y costumbres, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia de ocultar la verdad. Mientras no existan marcos legales que contemplen los conflictos armados internos, delitos de guerra y de lesa humanidad, así como controles civiles efectivos, basados en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando de las actividades del ejército se trata, seguiremos siendo testigos y víctimas de este tipo de actos ilegítimos, y estos seguirán siendo tratados como delitos comunes. Los orígenes de la masacre que los gobiernos de los distintos niveles y de las diversas administraciones han negado, nos dan muestra clara y contundente que forma parte de una estrategia de ataque a la población civil, donde un grupo de paramilitares ligados con las autoridades municipales, estatales y federales incluyendo al Ejército mexicano, han sido el instrumento con el cual se intenta acabar con lo que el propio Ejército denomina "organización de masas". La violencia en Chenalhó se documentó por este Centro de Derechos Humanos desde febrero de 1994. El saldo de las acciones paramilitares en Chenalhó al 22 de diciembre de 1997 fue de: 6.332 personas desplazadas, que incluye la pérdida de bienes y la quema de sus casas; 62 muertos de manera violenta y 42 heridos. Todo esto generado en un clima de tensión, hostigamientos y amenazas del grupo identificado con el PRI y promovido por la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó, que actuaba con armamento de uso exclusivo del Ejército, uniformes y con el amparo de la Policía y de los militares. La gravedad de la situación fue mostrada por Ricardo Rocha unos días antes de la Masacre. Los hechos descritos, aunados a los acontecimientos ocurridos en la zona norte del estado entre 1995 y el año 2000, son claras consecuencias de la implementación de una política deliberada de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población civil y con conocimiento de dichos ataques, consistentes en Asesinatos, Traslado forzoso de población (en la zona altos y norte se desplazaron aproximadamente 10,000 personas de un total de 12, 000 en el estado de Chiapas), Privación grave de la libertad física, Tortura, Persecución de una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos (opositores al PRI), étnicos (todas las víctimas son indígenas), y religiosos (miembros activos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas), además de Desaparición forzada de personas, por medio de la creación, financiación, adiestramiento y encubrimiento de grupos paramilitares. Todos estos delitos son reconocidos como de Lesa Humanidad, en términos del Estatuto de Nüremberg y que implican una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las Cartas de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas. El Estado mexicano ha violado el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y dignidad, los derechos de la niñez, a la propiedad, a la circulación y de residencia. Se ha violado también el derecho a la justicia que corresponde a las víctimas, justicia que no se limita a la prontitud con que debe resolverse un juicio, cosa que tampoco se ha cumplido, si no también a ser eficaz, para que a partir de ahí se pueda obtener una sentencia justa que entre otras cosas, repare integralmente el daño causado. El derecho a la verdad, que es parte fundamental en la integración de la justicia, también fue violado por el Gobierno Mexicano, ya que las causas y los verdaderos responsables de este crimen de lesa humanidad, no han sido reconocidos. A pesar del procesamiento de algunos de los autores materiales de la masacre y de algunos funcionarios públicos, la investigación de la entonces Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en Chenalhó en cuanto a la autoría intelectual, sólo se limitó al nivel local, evitando en todo momento reconocer la existencia de grupos paramilitares y la responsabilidad del Ejército en los hechos. Se cumple un año más en la denegación de la justicia, impunidad ratificada en el franco desinterés de autoridades, mutismo jurídico de los gobiernos, en un contexto en el que el municipio de Chenalhó con doce campamentos, tiene la mayor presencia militar por población en el país después del Distrito Federal, y el tráfico de armas y municiones, las amenazas y hostigamientos continúan. La desaparición en la administración Fox, de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Estado de Chiapas, así como de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados, ambas de la PGR, demuestran la intención de las autoridades de minimizar los hechos y la poca importancia que le dan a las víctimas de un conflicto armado no resuelto. Aún con la miopía en la procuración de justicia quedan pendientes de ejecutar 29 órdenes de aprehensión, 27 de ellas giradas contra civiles que participaron en la ejecución, y 2 más en contra de ex funcionarios públicos. A la fecha las autoridades no han informado sobre la situación de los prófugos de la justicia a quienes se les giró orden de aprehensión como son Jorge Gamboa Solís (Ex Coordinador de la Policía Estatal) y José Luis Rodríguez Orozco (Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal). Cincuenta y tres de los señalados como culpables por las víctimas aún están siendo procesados, pues las causas penales correspondientes se encuentran en reposición de procedimientos en etapa de desahogo de pruebas. Aunado a esta grave situación de dilación y denegación a la justicia, a mediados del año 2003, la defensa de los paramilitares presos actualmente en el penal "El Amate", del municipio de Cintalapa, inició una campaña en la que argumentan que los motivos de la masacre de Acteal son de carácter religioso. Mientras los grupos paramilitares no sean desarmados, su presencia en las comunidades continua siendo un grave riesgo para la población y una amenaza constante de reactivación. Ante esta situación el Centro de Derechos Humanos exige: 1.- Que se cumpla el derecho a la Verdad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto: A.- Haciendo público un informe de actividades y resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados de la Procuraduría General de la República desaparecida en el año 2001. B.- Realizando una investigación seria considerando las líneas que apuntan a la responsabilidad del Estado por los delitos de lesa humanidad perpetrados en el estado de Chiapas, a través de la creación de una Fiscalía Especial Autónoma con capacidad de llamar a cuentas al Ejército mexicano y de deslindar responsabilidades de Estado. 2.- Que se garantice el derecho a la Justicia sancionando a los responsables materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad dirigidos en contra de la población civil, de acuerdo al Estatuto del Tribunal de Nüremberg. 3.- Que se haga efectiva la Reparación del Daño de las víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones y tortura. 4.- Que se garanticen medidas de No Repetición: A.- El desarme y la desarticulación de grupos paramilitares. B.- La desmilitarización del territorio indígena de Chiapas. C.- La inclusión de los tipos sobre delitos de lesa humanidad en el marco del derecho positivo mexicano. D.- La desaparición del fuero militar en tiempos de paz y particularmente cuando se trata de violaciones de Derechos Humanos. E.- La ratificación del Protocolo II sobre Conflictos No Internacionales, de los Convenios de Ginebra. F.-- La ratificación por parte del Senado del Estatuto de la Corte Penal Internacional.