Puerto Rico

La autoridad de energía eléctrica y el poder de los bonistas

Carmelo Ruiz Marrero

28/05/2014

Opinión

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La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) es probablemente la institución más detestada en el país hoy día. Hay visiones encontradas en cuanto a qué hacer para poner la Autoridad en la ruta correcta. Estas diferencias son especialmente marcadas en torno al asunto de los bonistas, con quienes la corporación pública tiene una deuda de $8,895.7 millones, una deuda que el pueblo de Puerto Rico tendrá que pagar tarde o temprano.

¿Y quiénes son los bonistas de la AEE? Si no sabemos nada acerca de ellos, ¿Cómo evitar que tengan conflictos de interés, que resulten en menoscabo de los abonados y la economía de nuestro país? Como veremos, hay una compañía que vela por los intereses de los bonistas en Puerto Rico que tiene aparentes conflictos de interés, además de un historial turbio.

Todo aquel que pretenda reformar la Autoridad, o al menos entender cómo opera y se financia, debe saber algo de lo que son bonos y bonistas.

“Los bonistas autorizan el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, le dan el visto bueno. Prácticamente ninguna cosa de importancia pasa en la Autoridad sin ser examinada y aprobada por los ingenieros consultores que representan a los bonistas”, dice el ambientalista y organizador comunitario Juan Rosario, quien fue electo a la junta de la AEE como representante de la comunidad.

“Los bonistas han estado estableciendo la política energética del país”, declaró Angel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). “Ellos determinan en qué la Autoridad va a invertir el dinero, y cuál debe ser la nómina.” Añadió que el acuerdo con los bonistas establece que si los ingresos de la Autoridad merman el aumento en las tarifas es automático.

“Los bonistas son personas e instituciones que le han prestado dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica”, explica el economista Sergio Marxuach, del Centro Para una Nueva Economía. “Se presta el dinero mediante emisiones de bonos. A cambio de ese dinero la Autoridad hace unas promesas a quienes compran esos bonos.”

Estas promesas a las que Marxuach se refiere son centrales a la situación actual de la AEE. Pero primero, un poco de historia:

Aunque el primer sistema eléctrico en Puerto Rico fue establecido en 1893 en Villalba, todavía medio siglo después sólo el 12% del país tenía electricidad. Para atender el crecimiento explosivo en la demanda de energía eléctrica, la legislatura se dispuso a fundar una entidad pública que contase con la flexibilidad y libertad para obtener el financiamiento necesario para expandir la capacidad generatriz y tendido de cables y así lograr la electrificación de todo el país.

Tal entidad, llamada originalmente Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF), fue creada mediante la ley 83, aprobada en mayo de 1941. Se llamaba así pues para entonces casi toda la electricidad se producía mediante represas hidroeléctricas, como las de Carite, Lago Garzas y Dos Bocas. Sin embargo, antes de terminar la década de los cuarenta el potencial hidroeléctrico de la isla ya había sido utilizado al máximo y no daba para atender la creciente demanda, por lo que se recurrió a la construcción de centrales termoeléctricas que generan energía quemando derivados de petróleo, como las de Palo Seco y Aguirre. Fue entonces que comenzaron las emisiones de bonos.

Cuando una entidad, como la Autoridad, emite bonos los vende a inversionistas, que usualmente son grandes instituciones financieras, como bancos y fondos de pensión. Con el dinero adquirido la corporación pública cubre gastos corrientes, al igual que mantenimiento y mejoras a la infraestructura, y (especialmente importante a mediados del siglo XX) expansión de servicios.

Los bonos significan deuda para quien los emite y una ganancia segura para quien los compra. La entidad deudora, en este caso la AEE, le asegura al bonista que le devolverá el dinero con interés. La tasa de interés la determinan agencias calificadoras, también llamadas agencias de rating, que en el caso de la Autoridad son Standard & Poor's, Fitch y Moody's.

Hay algunas diferencias entre ser accionista y ser bonista. Los accionistas son dueños de una compañía, mientras que los bonistas son acreedores. Los accionistas se arriesgan al comprar acciones- si la compañía en que invierten se va a pique, ellos pierden su inversión. Pero los bonistas tienen una ganancia garantizada por un contrato.

Las relaciones entre la Autoridad y los bonistas las rige un contrato, conocido como el Acuerdo de Bonistas. El primero de éstos data de la década de 1940. Este fue reemplazado en enero de 1974 por el contrato actual, conocido como “Acuerdo de Fideicomiso” (Trust Agreement). Eran los años de la crisis del petróleo y el embargo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los altibajos del precio del oro negro sacudieron los cimientos del modelo económico muñocista-moscosiano de industrialización por invitación, basado en industrias que usarían vastas cantidades de energía, como las petroquímicas, hoy día llegadas a menos en nuestro país. Para poder navegar las crisis económica y energética y a la vez poder cumplir con las obligaciones a los bonistas de la Autoridad, el entonces gobernador Rafael Hernández Colón implantó el ajuste por combustible en la factura de abonados.

“La Autoridad no puede tener ganancias ni pérdidas. Cualquier pérdida la tienen que pagar los abonados, por obligación legal”, dice Rosario. “Por lo tanto, la Autoridad no tiene incentivo para ser eficiente”.

Además de aumentos en las tarifas, la gerencia de la Autoridad busca satisfacer a los bonistas a costa de su personal. En el informe a los bonistas del año fiscal 2010, la AEE les informa que va a todo vapor con un plan de reducción de costos, que incluye “reducir el número de empleados mediante una combinación de attrition (desgaste) por vía de retiros voluntarios y la eliminación de plazas temporeras y vacantes”, y “reducir beneficios de salud a los (trabajadores) retirados". Informa el documento que entre el primero de enero de 2009 y el 30 de junio de 2010 la Autoridad redujo su nómina en 739 empleados.

“En los últimos 15 años la plantilla de trabajadores ha mermado”, informa el líder de la UTIER. “Especialmente en las áreas de conservación y mantenimiento, a pesar de que la infraestructura va en crecimiento- menos gente para mantener más infraestructura. Esto es a consecuencia de lo acordado con los bonistas.”

Si el arreglo actual con los bonistas es nocivo para la AEE y para todo el pueblo de Puerto Rico, ¿Qué se puede hacer? Rosario sostiene que para efectuar cualquier cambio real se requiere volver a la ley de 1941 que forma la Autoridad, pero que eso no es suficiente. “Esa ley se podría enmendar, cambiar y hasta derogar, como cualquier otra ley. Pero los contratos son otra cosa. Las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos dicen que no se pueden aprobar leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Esto significa que si la Autoridad no paga, el pueblo tendrá que hacerlo.”

Rosario propone que el pueblo salde la deuda con los bonistas, aunque sea parcialmente, para así recuperar el control sobre la Autoridad. “El país va a tener que comprar esa deuda, pero no es necesario comprarla toda. Estamos en un buen momento para renegociar la deuda porque la crisis económica mundial es tan grave que estos bonistas saben que no pueden presionar mucho porque hay montones de sus bonos que son de deudores que no van a poder pagar. Los bonos nuestros todavía son seguros, por lo que estarían muy ávidos de renegociar.”

En tal escenario Puerto Rico tendría que hacer la primera movida, haciendo una oferta a los bonistas para la compra parcial o completa de los bonos. Los mayores bonistas, que son bancos y otras grandes instituciones, se verían obligados por deber fiduciario para con sus inversionistas a considerar la oferta. Después vendría la negociación, en la cual desde luego los bonistas buscarían recibir el precio más alto posible. Cuán bueno sea este trato dependerá del desenlace de las negociaciones. Rosario sostiene que esta compra es preferible a que el país pase prácticamente una eternidad desangrándose económicamente para pagarle a los bonistas.

Por su parte, Marxuach plantea que se le está dando demasiada importancia a los bonistas como factor en el funcionamiento de la AEE.

“Se podría hacer la transición a energía renovable y cambiar el modelo energético sin necesariamente afectar a los bonistas”, asegura el economista. “A ellos solamente les interesa que se les pague. No les interesa operar la Autoridad, no están en el negocio de operar plantas de electricidad. Ellos son inversionistas; lo que les interesa es que se garantice el pago del principal y el interés a tiempo en su totalidad. En la medida en que la AEE pueda garantizar esos pagos, tiene cierta flexibilidad. (Para algunos) es conveniente usar este grupo de inversionistas como el cuco. Hay que tomar con pinzas esas declaraciones de que los bonistas no nos dejan hacer nada, porque no es cierto.”

Marxuach propone que se establezca una comisión independiente que sirva de recurso al abonado agraviado y que fiscalice las prácticas de la AEE, en especial sus tarifas. “Esa comisión deberá ser independiente de la Autoridad, tendrá el rol que tienen los accionistas en una corporación privada.”

¿Quién deberá integrar tal comisión? El economista recomienda que se examine el modelo francés. En ese modelo, el cuerpo en cuestión está compuesto en un tercio por miembros nombrados por el gobierno, otro tercio nombrado por los empleados y el último tercio por el sector privado. “Cada uno (de los tres) velará por sus propios intereses, y de esa tensión debe surgir un modelo de gobernanza eficiente. Pero no podemos hacer eso bajo la ley vigente, habría que enmendarla.”

El presidente de la UTIER recomienda que se realice una investigación a fondo de quiénes son los bonistas de la AEE, pues está convencido de que se desencubrirían numerosos conflictos de interés. ¿Y si hay bonistas que tienen inversiones también en contratistas y suplidores de la AEE? Esto quizás explicaría, entre otras cosas, por qué la Autoridad está favoreciendo el uso de combustible diesel, el cual es el más caro, dice el líder sindical. Los bonistas “están amarrados por todos lados. Tienen inversiones en petróleo, diesel, y mucho más.”

Figueroa Jaramillo apunta específicamente al caso de Washington Group International, firma de consultoría e ingeniería eléctrica contratada por los bonistas de la AEE para velar por sus intereses en Puerto Rico. Entre los otros clientes de Washington Group se encuentra la AES y Ecoeléctrica, compañías privadas que le venden electricidad a la AEE. “Washington Group asesora a la Autoridad, a los bonistas y a las dos compañías que le venden electricidad a la Autoridad”, dijo el sindicalista.

Los ingenieros consultores

Como bien dijo Marxuach, los bonistas no operan compañías eléctricas ni les interesa hacerlo. Pero sí les interesa estar al tanto de cualquier cosa en la AEE que vaya a afectar sus intereses. Por eso en el contrato de bonistas, en su artículo 7, sección 706, se establece que “ingenieros consultores” supervisarán el funcionamiento y finanzas de la Autoridad e informarán periódicamente a los bonistas de todo lo que pueda tener efecto sobre el pago de los bonos.

Esta función la cumple la compañía de ingeniería eléctrica Washington Group International (WGI). Con sede en el estado de Idaho, WGI tiene unos 25 mil empleados en sobre 40 estados y más de 30 países, y se especializa en trabajo de minería, mantenimiento de infraestructura, procesos industriales, limpieza ambiental, manejo de instalaciones nucleares, y servicios a las fuerzas armadas. En 2007 la adquirió la corporación URS por $2,600 millones.

Fundada en 1951, URS es un verdadero gigante en el campo de la ingeniería. Tiene sobre 47 mil empleados y oficinas en más de 40 países. Para 2007 41% de sus ingresos venían de contratos con el gobierno federal. La mayoría de esos contratos federales los maneja mediante su subsidiaria EG&G, la cual una vez envió por error piezas de misiles nucleares de una base en Utah a Taiwán, según reveló el Pentágono en 2008.

Según la declaración 10-K de URS a la agencia reguladora federal Securities and Exchange Commission en 2008, al comprar a WGI heredó docenas de demandas contra una subsidiaria de WGI que trabajó en los diques de la ciudad de Nueva Orleans que fallaron con el paso del huracán Katrina en 2005. En octubre de 2003 el Departamento de Energía de Estados Unidos multó a WGI por $55 mil por violar reglamentos de seguridad en un laboratorio nuclear en Idaho. Para ese trabajo WGI subcontrató a la compañía RTS Wright Industries, la cual fue citada por el Departamento de Energía por falsificar informes de inspección en ese laboratorio.

En marzo de 2008 la Comisión Federal de Igual Oportunidad de Empleo (EEOC) anunció que WGI pagó $1.5 millones a empleados negros que fueron víctimas de discriminación racial y hostilidad y sufrieron represalias por denunciarlo (http://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/3-19-08.cfm ).

Ambas compañías, WGI y URS, se beneficiaron en grande de la invasión estadounidense a Iraq, recibiendo leoninos contratos para reconstruir el país. En un documento titulado “American Excess”, producido por el Institute for Policy Studies y la coalición United for a Fair Economy que expone la paga y beneficios extravagantes que reciben ciertos ejecutivos corporativos, aparece que URS es una de las corporaciones que más se lucró de negocios en Iraq. URS se asoció con Louis Berger Group para reparar las comunicaciones, hospitales y cortes del país invadido. Informa “American Excess” que en 2005 el jefe de URS, Martin Koffel, recibió una paga de $14.4 millones- 180 veces más que lo que le pagaban a sus empleados que hacían trabajo de alto riesgo en Iraq. A lo largo de casi una década, no pocos periodistas investigativos han expuesto el esfuerzo de reconstrucción de Iraq como un carnaval de corrupción e ineficiencia. En febrero de 2006 la Oficina de Contabilidad General de EEUU se quejó de la casi total secretividad de las actividades de contratistas privados en ese país.

Anexo

Fundada en 1941, la AEE originalmente se llamaba Fuentes Fluviales, ya que entonces casi toda la electricidad de la isla venía de centrales hidroeléctricas. Estas represas también tenían la misión de proveer irrigación para la agricultura. Con el pasar de los años las centrales termoeléctricas fueron desplazando a las represas, comenzando con Sea Power, una central flotante de 30 mil kilovatios ubicada en el muelle de Puerto Nuevo en 1946. Para reflejar la realidad cambiante, en 1979 se le cambió el nombre a Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy día la Autoridad tiene 21 hidroeléctricas que suplen 1.8% de la electricidad de Puerto Rico

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Mayo 2014

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