"Como el principal enemigo del país" fue calificado el presidente Carlos Mesa por el diputado y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien además le conminó a modificar su política socio-económica o adelantar las elecciones generales en Bolivia. "Si el Presidente no atiende al pueblo, si no deroga los dos decretos que atentan contra la economía de las mayorías nacionales y si no cumple con la agenda de octubre de 2003, es mejor que adelante las elecciones", remarcó. Morales es jefe del MAS, en este momento, la fuerza política más importante del país. Con esta posición, la situación del país -ubicado en el corazón del continente latinoamericano- se vuelve aún más complicada, toda vez que se radicalizan las protestas sociales y suman las voces de una reconducción de la política estatal. Según Morales, el propio Jefe de Estado o los funcionarios que aún quedan del anterior gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) son los promotores de los conflictos sociales en el país, por "favorecer los intereses de los saqueadores de nuestros recursos naturales y ayudar a los descapitalizadores". El acortamiento de la gestión de Mesa es exigida por diversos sectores sociales por continuar con la política gonista basada en un apoyo incondicional a los empresarios, las transnacionales y a un grupículo de la denominada clase política y por actuar en desmedro del pueblo boliviano. El MAS además exige al actual gobierno la aprobación inmediata de la Ley de Hidrocarburos, la convocatoria a la Asamblea Popular Constituyente y el inicio del Juicio de Responsabilidades contra el ex presidente Sánchez de Lozada y sus ministros. Pedidos de renuncia Mientras el MAS exige soluciones concretas como la derogatoria de dos decretos supremos: uno el 27959 que incrementa los precios de los carburantes y otro 27057 que faculta a las transnacionales a registrar su derecho propietario en las oficinas de derechos reales; diversos sectores se suman al pedido de renuncia de Carlos Mesa. El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, a tiempo de anunciar que desde la próxima semana se radicalizan las medidas de presión, dijo que el Jefe de Estado se debe ir "por incapaz". "Mesa ha traicionado al pueblo boliviano y además con su incapacidad para gobernar sólo ha demostrado que está al servicio del FMI, Banco Mundial y las transnacionales. Se debe ir", afirmó. Los sectores campesinos más importantes de este país también anunciaron que desde el lunes 17 se suman a la protesta, aunque con demandas diferentes: el dirigente Felipe Quispe (MIP) dijo que iniciarán una huelga de hambre a nivel nacional hasta que Mesa se vaya del gobierno y Román Loayza (MAS) señaló que organizan el bloqueo de caminos, junto a colonizadores e indígenas, para exigir la reversión del gasolinaza o el adelantamiento de las elecciones. El presidente de Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Céspedes, solicitó en reiteradas oportunidades la renuncia de Mesa, por considerar que su gestión es ineficiente y atentatoria contra los sectores productivos del país. "Si este gobierno no modifica su política, no deroga esos decretos que están perjudicando a los más pobres, no queda otra alternativa que su renuncia", remarcó. Se va una transnacional La huelga general e indefinida y el bloqueo de caminos en El Alto de La Paz, en sólo tres días, logró que el gobierno determine mediante un decreto supremo la rescisión de contrato con Aguas del Illimani de la empresa francesa Lyonaisse des Eaux. La empresa Aguas del Illimani asegura que invirtió 63 millones de dólares, el gobierno instruyó a la Superintendencia de Saneamiento Básico realizar todas las acciones necesarias para la terminación del contrato de concesión sin indeminización y los miles de alteños y alteñas movilizados, demuestran una vez más, que sólo con la presión social se pueden conseguir demandas justas. Es bueno recordar que en abril de 2000, el pueblo cochabambinos a través de la Coordinadora del Agua y la Vida, no sólo logró la expulsión de la transnacional Bechtel-Aguas del Tunari sino que mostró el camino para perforar el modelo económico neoliberal y, en octubre de 2003, el pueblo alteño no sólo que frenó la exportación del gas a mercados de México y Estados Unidos sino que derrocó de la presidencia a un tirano llamado Goni. Ante la inminente salida de la transnacional Aguas del Illimani de la ciudad de El Alto por una serie de irregularidades en su contrato, existe la posibilidad jurídica de revisar todos los contratos de las empresas capitalizadas, incluidas los contratos con las empresas petroleras. El dirigente de los vecinos de El Alto, Abel Mamani, afirmó que ganaron una batalla, pero no aún la guerra. "Con la expulsión de Aguas del Illimani hemos ganado una batalla, ahora nos toca formar una empresa del agua autogestionaria, horizontal y con participación de los ciudadanos para beneficiar a los sectores más empobrecidos; además debemos seguir luchando hasta derrotar a este sistema", precisó. En esta semana de convulsión social, sobretodo en El Alto y Santa Cruz pero apoyados por los otros departamentos, el gobierno que se siente acorralado entre la espada y la pared ya derogó el decreto que instruía a las empresas petroleras registrar sus propiedades en derechos reales y también rescindir el contrato con la transnacional del agua. Las demandas populares que se podrían radicalizar en los próximos días, apuntan a una solución estructural al problema de la tierra- territorio, la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos nacionalizadora, juicio de responsabilidades contra el presidente Sánchez de Lozada y sobretodo, la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente para "refundar" este país. El gobierno está en esa encrucijada: cumple con la agenda de octubre de 2003 o sencillamente se verá obligado a dejar el gobierno o convocar en forma antelada a las elecciones generales…