Perú

El banquillo de los inocentes (y el solaz de los culpables)

Patricia Wiesse, Gerardo Saravia

08/06/2014

Opinión

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Los dimes y diretes, los intríngulis del proceso en marcha son importantes porque van perfilando una tendencia en la terna de magistrados que dictará sentencia en el juicio más importante de la Amazonía. Por eso Ideele ofrece una crónica pormenorizada de lo que ha ocurrido en la Sala Penal Liquidadora de Bagua. No se está juzgando a 52 procesados: se está juzgando al pueblo awajun y al pueblo wampis. Los rostros de los acusados nos señalan con claridad quiénes son los que siempre terminan pagando los platos rotos en este país.

Recién construida, la sala estaba de estreno. Paredes y pisos de mayólica blanca. Solo una falla: los ventiladores no funcionaban. El calor de las 10.45 am. era el culpable de las perlas de sudor en la frente de los quince abogados defensores, seis de ellos de oficio. Los tres magistrados se colocaron en un podio y miraban a los acusados en ángulo ligeramente picado. En la banca de adelante estaban los siete líderes acusados de ser los responsables intelectuales de la muerte de los 12 policías, y para los que la fiscalía pide penas que van desde los 35 años a la cadena perpetua. Alberto Pizango, líder de Aidesep, miraba al piso o hacia arriba, visiblemente incómodo, no solo por lo kafkiano de la situación sino por otros motivos que expondremos a continuación. Santiago Manuin, el símbolo de la protesta pacífica que fue abaleado mientras les gritaba a los Diroes ‘paz, paz’ en el cerro, todavía no se repone. Ha perdido 32 kilos y dormitaba a ratos. Merino Trigoso, con su corona de apu, escuchaba atento cada palabra.

El día anterior Juan José Quispe, su abogado del Instituto de Defensa Legal, lo había esperado en el puerto de Imacita, a 4 horas de Bagua, en el medio de la única plaza rodeada de puestos de comercio desordenados al borde del desembarcadero del río Marañón. Con Merino regresaba Héctor Requejo, el segundo de sus defendidos. Quería asegurarse de que no serían detenidos por la policía en la carretera que los conduciría a Bagua. Se trata de dos personajes muy conocidos en la zona. Merino Trigoso es técnico agropecuario y ha sido alcalde y subprefecto de Santa María de Nieva, un poblado en medio de la desembocadura del río Nieva al que solo se llega en bote. Requejo ha sido alcalde provincial. Ambos conversaron con su familia y decidieron que era su oportunidad de ‘ponerse a derecho’, como se dice en la jerga legal. Ambos estuvieron con orden de captura y en la clandestinidad durante cinco años.

Requejo

Hector Rolando Requejo era alcalde de la provincia de Condorcanqui, una de las siete que integran el departamento de Amazonas. Desde un inicio tuvo problemas con el paro amazónico, ya que en su comunidad se quedaron estancadas diversas obras de infraestructura que se estaban construyendo

Por eso intentó actuar infructuosamente como intermediario. Envió dos actas a la PCM en mayo del 2009. En ellas pedía la instalación de una mesa de diálogo. Había pasado más de un mes del paro y la situación se agravaba. En la PCM le tiraron arroz: le dijeron que ya estaban conversando con la dirigencia de Aidesep en Lima y que no había nada más que hacer.

A pesar que estas gestiones están documentadas, a Requejo se le acusa de ser instigador y autor intelectual de la matanza en Bagua. Su acusación pinta de cuerpo entero la sinrazón que prevalece en el expediente de la mayoría de los procesados.

En Condorcanqui las papas quemaban. Requejo era presionado para que apoye abiertamente el paro. La fiscalía y la policía se habían retirado a Ciro Alegría porque no contaban con garantías. El alcalde había salido de su provincia con dirección a Bagua. Integraba una comisión que tenía como objetivo involucrar al presidente regional y a los demás alcaldes en la solución pacífica de un conflicto que había hecho colapsar la economía de su provincia.

En el camino fue interceptado por un grupo de indígenas que lo acusaba de traicionar la lucha. Le increparon que apoyaba a las petroleras y que estaba con el gobierno. Lo azotaron y encerraron en el calabozo. “Las comunidades pensaban que yo estaba escapando junto con los alcaldes de Santiago y del Cenepa. En esa comisión también estaba Santiago Manuin. Nosotros habíamos salido para neutralizar el paro. Nos zizanguearon, nos pegaron con lanzas y nos metieron al calabozo de Shuchunga. El mayor Arrascue, comisario de Condorcanqui, es testigo porque con él estaba viajando”, sostiene Requejo.

Después de los sucesos del 5 de junio, la Defensoría del Pueblo le pidió que como alcalde participe como veedor de todas las requisitorias, a fin de garantizar que quienes no habían tenido nada que ver con el conflicto regresen a su pueblo. El ex alcalde relata: “Incluso acompañé al doctor Bautista, presidente de sala mixta de la región, a constatar las denuncias de muertos en el cerro de la Curva del Diablo. Cuando regresé a Condorcanqui me di con la sorpresa de que estaba con orden de captura”.

La captura se basó en los testimonio de dos niños de 16 y 17 años quienes dijeron que el alcalde Requejo “había apoyado”: “Pero no dicen en qué consistió ese apoyo, no dicen que apoyé a que la gente regresara a su tierra a pedido del Defensor del Pueblo. Yo nunca apoyé el paro, más bien fui maltratado por no estar de acuerdo con las formas. Lo que quería es que todo se resuelva de manera diplomática”.

A Requejo le mortifica mucho su actual situación. Señala que él nunca había tenido ningún antecedente judicial. Lo que pide es una investigación imparcial en la que se incluya a todos los involucrados: “Me sorprende que en la primera audiencia, cuando los abogados pidieron la presencia de Alan García y la ministra, dijeron que no correspondía porque ellos no se encontraban in situ. Pero varios dirigentes y yo mismo tampoco estábamos ahí, entonces ¿cuál es la diferencia si es que se trata de investigar? Involucremos a todos para aclarar las cosas”.

Después del Baguazo, la prioridad era conseguir culpables, no importa de dónde saliesen. Y la policía, experta en esas lides, cumplió la tarea a cabalidad.

Los previos

Cuando el 14 de mayo llegaron a Bagua Chica, la plaza y los alrededores estaban vigilados por un número considerable de policías vestidos de civil. De pronto, vieron a Joel Shimpucat, el tercero de los patrocinados del IDL, aproximarse nerviosamente al auto que todavía tenía el motor prendido. “No voy a ir”, le dijo al abogado. La noche anterior había tenido una reunión en el local de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) y era evidente que lo habían atemorizado. El argumento contundente fue que lo meterían en prisión. La verdad era que no querían que se presente: Shimpucat es un profesor reconocido que fue miembro del comité de lucha de la protesta amazónica, y respondía a ORPIAN y a Aidesep. Si él habla en el juicio tendrá que decir que él era una pieza de un comando nacional liderado por el entonces líder de Aidesep, Alberto Pizango, que coordinaba el paro en toda la región amazónica.

Y eso es lo que Pizango no quiere. La estrategia equivocada de su defensa es deslindar responsabilidades con los líderes de la provincias de Condorcanqui y Nieva. Como si la protesta en Bagua fuese responsabilidad de los dirigentes locales y no parte de las acciones del paro amazónico. Marco Barreto, su abogado, quiere limpiarlo argumentando que Pizango hacía gestiones en Lima mientras el comité de lucha tomaba las decisiones en la zona, en vez de reconocer que Aidesep lideraba el paro amazónico, una protesta legítima, y que en ningún momento ordenaron que se mate a los policías.

Un día antes del juicio el propio Pizango se acercó al local pastoral donde se encontraban alojados los indígenas para convencerlos de que no lo mencionen en el juicio, pero ninguno quiso hablarle. Los awajun sienten que el líder nacional los ha traicionado y que los abandonó huyendo a Nicaragua en el momento más difícil. Tampoco los apoyó cuando necesitaron defensa legal. De ahí la incomodidad y el aislamiento de Pizango. Nadie lo mira, nadie le habla. Es persona non grata.

La ciudad estaba un poco más alborotada que lo habitual. Los mototaxistas sabían que el esperado juicio contra 29 mestizos y 23 indígenas había comenzado, y estaban a favor de los acusados. Los medios de la región también les mostraron su apoyo. Radio Marañón, La Voz de Bagua y Radio Valor transmitieron en vivo. Los diarios Ahora y Marañón destacaban en sus portadas: Alan García y sus ministros al banquillo. De Lima estuvieron presentes La República, RPP y El Comercio.

El silencio en la sala fue roto por los comentarios en voz alta de los periodistas que atiborraron la parte trasera de la sala. Los acusados miraban el espectáculo en silencio. La mayoría nunca había asistido a un juicio.

El Ministerio del Interior había mandado desde Lima a su procurador, Juan Portocarrero, quien se ubicó al lado derecho del Tribunal, y desde el inicio se opuso a todas las propuestas de la defensa, al igual que el fiscal Edwin Vargas.

“Señores abogados defensores, si tienen nuevas pruebas, la Sala les pide que se acerquen y las entreguen” – solicitó el presidente de la Sala, Gonzalo Zabaraburu. Juan José Quispe se acercó y anexó al expediente los informes Lombardi, el de la relatora de las Naciones Unidas, el de Amnistía Internacional, el Informe en Minoría de la PCM, y algunos videos y audios. Hicieron lo mismo los otros abogados. Luego pidió que se acepten las pericias de carácter antropológico.

Tomando la iniciativa, Quispe hizo otro pedido que ningún abogado había considerado: pidió la declaración testimonial de toda la dirigencia de Aidesep, con la intención de contextualizar la protesta y los terribles sucesos de la Curva del Diablo en el marco del paro amazónico. Esta solicitud no fue del agrado de la defensa de Pizango.

El presidente de la Sala pasó lista. Solo faltaban 3 personas. Todo un logro si se consideran las dificultades que tienen los indígenas que viven en las comunidades para llegar a Bagua. Inmediatamente después revisaron la situación de los 5 acusados que estaban con orden de captura y la de los que estaban con comparecencia restringida. Fue en ese momento que se hizo evidente la ausencia de los intérpretes. La mayoría entendía y hablaba a medias el español.

Entonces, Merino Trigoso, que es bilingüe, fungió de intérprete hasta que le tocó el turno de comparecer. Pero justo antes de tomar la decisión, se suspendió la sesión hasta después del almuerzo.

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Washuru (Merino Trigoso)

“El indio Washuru y la población awajun wampis dejan de pertenecer al Perú, dejaremos de cantar el himno nacional”. Eran las 10:30 de la mañana del 5 junio del 2009, y Merino Trigoso Pinedo, trajinado por una intensa jornada de lucha, gritaba en el micro de un periodista radial, la indignación de su pueblo.

A Trigoso, natural de Condorcanqui y la cuenca del Río Nieva, no le gusta su nombre. Prefiere que le llamen solamente Indio Washuru, su nombre indígena que significa “hombre moreno”. Pese a haber pasado por muchos cargos políticos y de ser un referente de la lucha indígena, Washuru no se considera líder: “No me considero apu, no me considero dirigente. Simplemente soy un indio awajun que aprendió a hablar castellano gracias a los jesuitas, para defender a mi pueblo y mis derechos”.

Merino Trigoso es acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de policías, tanto en la Curva del Diablo como en la Estación 6. Además del absurdo de otorgarle el don de la ubicuidad (capacidad de estar en dos lados al mismo tiempo), la acusación se cae desde que se demostró que estuvo en otro lado: en el cruce de la carretera Fernando Belaunde conocido como El Reposo.

“Me acusan de ser prácticamente un asesino y un sanguinario. De haber estado en la Curva del Diablo el día de la barbarie. Me acusan de haber participado y ordenado el asesinato de policías en la Estación 6 que está muy lejos. En total son 8 delitos de los que me acusa la justicia peruana”, manifiesta indignado.

Merino nunca ha negado su participación en la protesta; por el contrario, la sigue reivindicando, pero acredita también una trayectoria democrática. Ha sido alcalde provincial de Condorcanqui y promotor social de Foncodes. También fue candidato al Congreso por el Movimiento Indígena de Concorcanqui Amazonas que él dirige. En el 2006 postuló por Unidad Nacional, respaldando la candidatura de Lourdes Flores Nano, por increíble que parezca. Cuenta que cuando viene a Lima conversa siempre con la lideresa pepecista, pero prefiere no tocar el tema del Baguazo por el dolor que aún le produce recordar esos hechos.

Actualmente, Merino tiene un restaurante en Santa María de Nieva, que es el negocio familiar, y está más motivado que nunca a seguir haciendo política.

Los sucesos de Bagua, además de generar una nueva y absurda herida, han profundizado un conflicto ancestral llevándolo, quizás, a un punto sin retorno. Indio Washuru confiesa que antes del 5 de junio nunca se le había pasado por la cabeza la idea del separatismo. En cambio, sostiene que ahora trabaja afanosamente en ello: “Quiero ser congresista, mientras va madurando en nuestra población la idea de independizarnos. Vamos a crear una nueva república amazónica que incluya Cajamarca, Loreto y Ucayali. Yo estoy encabezando esa lucha y estoy dispuesto a morir por ello”.

Para Washuru, las cosas están claras. En cuanto a las responsabilidades, apunta a Alan García y se las jura, pero también plantea una paradoja razonable: si hay 52 indígenas procesados por la muerte de los policías ¿quién responde por la muerte de los indígenas? “Los indios no vamos a dejar dormir tranquilo a Alan García. Iremos a los fueros internacionales para que este señor pague sus culpas. ¿Quién sino él ha tenido el poder para movilizar armamento de guerra, tanques, helicópteros de combate y personal armado hasta los dientes? - añade.”

La mayoría de indígenas en Bagua sigue sosteniendo que hubo más muertos indígenas en el enfrentamiento. Se trata de un relato constante y recurrente. Es cierto que nunca se encontraron evidencias, pero también es cierto que nunca hubo una búsqueda exhaustiva en la que hayan participado indígenas y que pueda haber servido para disipar las dudas. Mientras tanto, ellos tienen su verdad y su memoria: “Estoy convencido que hubo más muertos, sé que hay testigos sobrevivientes de la Curva del Diablo pero no quieren hablar por temor a la injusticia peruana. Hay mucha gente que ha visto paquetes arrojados desde helicópteros, quemados con gasolina. Incluso que en el campamento militar de El Milagro, los de de la Dinoes hicieron el acopio de cadáveres para desaparecerlos”.

De cal y de arena

4 y pico de la tarde. El calor ha menguado. Hay nerviosismo porque no se sabe si la Sala aceptará el pedido de cambio de la situación legal de los 5 acusados con orden de detención.

“Son cinco años, señor Merino Trigoso, ¿por qué no se ha puesto a derecho?” -preguntó Zabarburu. “Mis abogados presentaron el pedido de variación a comparecencia restringida y no me lo concedieron” – respondió el acusado. “Bueno, pero usted tenía que presentarse” – le replica el juez. “Señor juez: póngase en mi lugar. ¿Usted se presentaría? No, ¿no? Yo tampoco. No estoy preparado para una detención” – sostuvo de manera contundente Merino Trigoso.

Después de una breve deliberación, la Sala aceptó el pedido de modificar la orden de detención por la de comparecencia restringida a los que se encontraban en esa situación. Alivio en la sala.

En el caso de Merino Trigoso, la votación fue por mayoría a favor del cambio de la orden. Zabarburu votó en contra. Su argumento fue insólito: el acusado participó en el paro y, por lo tanto, se debe ratificar su detención. Mal precedente. Como era de esperarse, el procurador Portocarrero alegó que sí había pruebas en su contra y que se mantenían las acusaciones. En cambio, los otros dos magistrados votaron a favor del cambio argumentando que lo único que encuentran como prueba para detenerlo es que ha participado en la protesta, y que eso no constituye un delito. Interesante discrepancia que puede marcar tendencias y posiciones a lo largo del juicio.

Se aceptó el pedido de Juan José Quispe para que se presenten los peritos Federika Barclay y Jaime Regan, antropólogos y grandes conocedores de la cultura awajun y wampis, cuya función es ilustrar a la sala sobre la cosmovisión de ambos pueblos para poder entender sus reacciones y motivaciones. Ello a pesar de la opinión contraria del procurador quien sostuvo: “Aquí nadie está juzgando a una nación”. Portocarrero añadió que los peritajes antropológicos no son pertinentes porque se trata de un juicio penal, no social. ¿Y la justicia intercultural dónde queda?

El otro pedido fue denegado. Quispe solicitó que la Sala admita los testimonios de Alan García, Yehude Simon, Mercedes Aráoz, Mercedes Cabanillas y del director general de la PNP, Sánchez Farfán. Su argumento fue que no se trataba de un delito común sino que se estaba ante un caso con contenido político, social y cultural. Uno de los jueces sostuvo que “ellos no estuvieron presentes en el lugar de los hechos y por eso sus testimonios no sirven para esclarecer las muertes”. La respuesta les suprime cualquier tipo de responsabilidad política a los nombrados.

Al final, la abogada del CEAS solicitó la libertad por exceso de detención de Feliciano Cahuasa, quien está preso desde hace 5 años en el penal de Huancas. Los jueces decidieron concederle arresto domiciliario, para lo cual deberá notificar a la Sala el lugar de su residencia en Bagua.

Casi al final, el colegiado le pidió al Fiscal que hiciera un resumen de su acusación que consta nada menos que de 170 páginas. Quispe saltó de su asiento y pidió la palabra: “El día de hoy era para tomarles las generales de la ley, señor Presidente. No hay intérprete y no es posible que nuestros patrocinados escuchen la acusación sin entenderla. Solicito la suspensión hasta que la Sala resuelva esto”, agregó. Sorprendentemente, el fiscal y el procurador estuvieron de acuerdo.

La primera jornada del juicio histórico había terminado.

Día 2: una semana después

El mismo calor. Cero prensa nacional. Cero presencia de veedores internacionales. El letargo de los abogados defensores es evidente. El que más intervino, pidió y cuestionó fue Juan José Quispe, quien sudaba copiosamente.

Cuando parecía que nadie le iba quitar el miedo, apareció en la sala Joel Shimpukat, acompañado de su cuñado Eduardo Nayap, el primer y único congresista awajun, quien fue confundido por una de las fiscales: “Señor presidente, allá hay otro acusado que está parado hablando”, señaló con el dedo. El desconocimiento de los funcionarios que intervienen en este juicio es muy grande. Piensan que todo el que llega adornado con su corona es un posible inculpado. La orden de detención de Shimpukat fue cambiada por comparecencia, e igual que en los casos anteriores, con el voto en contra del presidente de la Sala.

La novedad es que a través del viceministerio de interculturalidad, esta vez estuvo presente una traductora wampis y uno awajun. La traducción no pasa los estándares internacionales que exigen que ésta sea simultánea, pero cumple con detallar todo el interrogatorio y resumir el resto de la audiencia. Juan José Quispe señala que en la próxima audiencia pedirá que se traduzca la mayor parte de ésta.

En un momento, Zabarburu les planteó a los acusados que podían declararse culpables – por la ley de determinación anticipada- y si aceptaban, los sentenciarían a penas más leves. La respuesta fue unánime: “No aceptamos los delitos de los que se nos acusan. Nos declaramos inocentes”.

En esta sesión se interrogó a seis mestizos y a un indígena, Roldán Etsakua, cuyo testimonio fue muy revelador. En su idioma relató con elocuencia que no dudó en apoyar la protesta principalmente porque quería conocer Bagua, ya que nunca había salido de su comunidad, ubicada a diez horas de esa ciudad. Subió al camión que habían contratado con diez soles en el bolsillo. Luego fue trasladado a la Curva del Diablo donde le dieron la función de cocinero, y colaboró en la preparación de la olla común.

Lo capturaron el 5 de junio en la tarde. Le propinaron una brutal golpiza y fue obligado a firmar una declaración donde sostenía que Santiago Manuin les había dicho que apoyaran el paro, y que Requejo fue uno de los que financió los gastos de la protesta.

“¿Tuvo intérprete?” – le preguntaron. “No”, contestó Etsakua. “¿El abogado le leyó el documento?”- le preguntaron. “No, solo me dijeron que firme”, responde.

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Un juicio que debería terminar mañana

Como dice Paco Muguiro, director de la asociación civil Radio Marañón: “Después de 5 años, para algunos todavía no queda claro que los indígenas que lucharon por la seguridad de sus territorios tenían razón, y que las leyes que había dado Alan García eran en muchos casos inconstitucionales, y en el 80% no tenían que ver con las exigencias del TLC. Con esas leyes se sustraía del patrimonio de la nación a los bosques de la Amazonía.”

Alan García está mucho más involucrado en esta decisión de lo que hasta ahora parece. Sin embargo, su gruesa caparazón impide que le entren balas. Unos días antes de este juicio respondió a una periodista: “Lo que ocurrió en Bagua fue un asesinato premeditado de policías. Me impresiona que la prensa no informe claramente”. Es vox pópuli que el ex presidente presionó en la reunión del Consejo de Ministros del 3 de junio de 2009 para que la situación se resolviera con premura. La orden de despejar la Curva del Diablo no fue tomada por el jefe de la Policía: salió de Palacio ese día. Fiel a su estilo, el ex presidente habló, recomendó y dio indicaciones. “Ministra, es necesario actuar”, fue la frase que pronunció. Pero, al igual que en El Frontón, no consta en actas. Solo existen los testimonios off the record.

Si se hubiera escuchado a las poblaciones se habría evitado el enfrentamiento. Ya los manifestantes habían informado que se retirarían el 5 de junio por la mañana en camiones que estaban listos para recoger a los 1500 manifestantes. Pero el gobierno decidió sacarlos a la fuerza, y el Congreso puso de su cosecha cuando el día anterior debía votar la derogatoria de los decretos y suspendió la sesión por falta de quórum.

A los dirigentes se les acusa de haber sido los autores intelectuales de los hechos ocurridos ese 5 de junio. Cómo van a ser autores intelectuales de una matanza que no sabían que iba a ocurrir. ¿Santiago Manuin iba a ordenar matar cuando él estaba medio muerto a 500 metros de la carretera, con el estómago abierto por las balas, y fue retirado por sus compañeros, sobreviviendo de milagro en el hospital de Chiclayo donde estuvo detenido por 3 meses? Los únicos testigos a las 6 de la mañana del 5 de junio fueron los manifestantes, los policías, las tanquetas y un helicóptero que sobrevolaba e iba disparando a diestra y siniestra. El pronunciamiento que el dirigente ha publicado es claro: “Cómo es posible que el fiscal me acuse y pida cadena perpetua sin tener pruebas ni conocer mi historia. Aquí hay una venganza clara, una persecución política del Poder Judicial de Amazonas”.

El mismo Pizango no supo lo que ocurrió hasta entrada la mañana, cuando las noticias eran alarmantes e imparables. El pedido de cadena perpetua y 35 años de cárcel es un claro ejemplo de criminalización de la protesta social. La fiscalía no tiene pruebas en contra de ellos.

A Dany López y Feliciano Cahuasa se les incautaron armas. Se les hizo la prueba de absorción atómica y salió negativa. Ellos no las dispararon. Cuando se les pregunta qué hacían con esas armas responden: “Las encontramos y estábamos llevándolas como trofeo a nuestros pueblos”. Podría parecer una coartada ingenua y poco creíble desde el punto de la justicia tradicional. Por eso es básica la presencia de los peritos antropólogos que puedan explicar cómo ésa es una práctica común en una cultura guerrera como la awajun: Al final de la batalla, el trofeo de guerra queda en el lado vencedor.

La Fiscalía acusa por acusar. No presenta ningún tipo de evidencia, no tiene argumentos contundentes. Si los jueces revisan el expediente deberían declarar inocentes a los 52 inculpados. Un solo dato puede desnudar la inconsistencia del proceso: El 95% de las muertes en la Curva del Diablo fueron producto de los disparos de armas de fuego. Al día siguiente del Baguazo, la policía le tomó a todos los que ahora están en el banquillo la prueba de absorción atómica y ésta salió negativa. Esto quiere decir que ninguno de ellos disparó armas de fuego.

No se necesita tener una actitud condescendiente ni partir de idealizaciones roussoneanas. Que no se fuercen inocencias. Ni siquiera es necesario. La prueba más contundente ha sido presentada en el primer expediente. Está en las narices de los jueces.

Epílogo

Sin embargo, las cosas parecen haber mejorado para el ex presidente Alan García, cinco años después. Si el caso de El Frontón -en donde se asesinaron a 300 presos rendidos- no le deja dormir, la matanza en Bagua no le mueve un pelo. Las menciones a su responsabilidad harto gritadas en los días posteriores y que encuentran consenso en ambos lados de las víctimas, no han tenido eco en el sistema de justicia. Ahora se prepara para un nuevo mandato y el Baguazo no será ningún freno en sus aspiraciones.

A Yehude Simon las cosas tampoco le han ido mal. Después de su funesta experiencia como primer ministro de García - de la cual salió a raíz del Baguazo- fue elegido congresista en una alianza que integró impulsando la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Ahora sigue pensando en una aventura presidencial propia, aunque no descarta alguna alianza de último momento, previa lectura de las encuestas. El único rasguño que le dejó el Baguazo ha sido la censura de una parte de la izquierda. En las mini elecciones municipales (post revocatoria) ganó el sector que se oponía a cualquier alianza con él. Rechazo que le han reiterado en las justas municipales de este año, pero que tampoco parece interesarle mucho.

Mercedes Cabanillas, la responsable de la cartera del Interior, en los tiempos del Baguazo, no volvió a ser ministra en el tiempo que le restaba. Se hablaba de que tenía un plan para ponerse el fajín de Educación y que Bagua lo abortó, pero en realidad el poder asentado en dicho ministerio era demasiado fuerte. Ahora Mercedes se pasea de manera frecuente en los programas periodísticos de actualidad en donde se le considera un referente del Partido Aprista y de los temas de educación. A veces le sueltan alguna preguntilla sobre Bagua, que responde sin despeinarse.

Su tocaya, Mercedes Araoz, no solo es favorita de los programas periodísticos sino también de las páginas de sociedad. Tampoco Bagua ha mellado su legajo. Algunos políticos hasta se la disputan para la contienda electoral del 2016. Araoz fue quien defendió ardorosamente los decretos del perro del hortelano, y dijo que si se derogaban, el TLC con EE.UU se iba al tacho. Los decretos finalmente se derogaron, el TLC goza de buena salud y Meche pontifica semanalmente en Perú 21 acerca de qué se debe hacer para que el país crezca más.

Los únicos que no descansan en paz son los cadáveres de Bagua.

- Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele yGerardo Saravia Editor de la Revista Ideele

Ideele Revista Nº 239

Fuente: http://revistaideele.com/ideele/content/el-banquillo-de-los-inocentes-y-el-solaz-de-los-culpables

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