Venezuela: la lucha contra lo social
Relación entre paramilitarismo y desestabilización violenta
29/05/2014
- Opinión
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 495: Reordenando el continente 10/06/2014 |
En los medios de comunicación internacionales hemos podido leer durante meses de “protestas” en Venezuela y de “muertos en las protestas”, pero las acciones que desde comienzos de marzo llevan a cabo pequeños grupos armados ágiles no tienen nada en común con lo que se entiende regularmente por “protesta”.
Desde que comenzaron las movilizaciones violentas de la oposición, a principios de febrero, estas han venido acompañadas de una campaña mediática internacional sin precedentes. Debido a que éstas no han logrado su objetivo marcado de derrocar al Gobierno en Venezuela, dichas acciones se han ido transformando en terrorismo.
Sin duda hubo, desde el comienzo, violencia en algunas de las movilizaciones de la oposición, pues se debía provocar una reacción violenta por parte del Estado o bien por parte de las bases de apoyo chavistas, para de esta manera justificar la siguiente etapa que iría desde el aislamiento internacional hasta la intervención. Sin embargo y a pesar del asesinato de varios funcionarios de la policía, de simpatizantes del gobierno, así como de personas ajenas a las movilizaciones, las fuerzas de seguridad y las bases de apoyo del chavismo mantuvieron la calma. La estrategia de la provocación no surtió efecto.
Guerra de desgaste
A lo largo del mes de marzo los “disturbios” se transformaron en acciones de pequeños grupos, los cuales están presentes en una docena de municipios, su objetivo y método coinciden cada vez más con los de las tácticas de la CIA, que consisten en la guerra de desgaste, parecida a la que se practicó en contra de la Nicaragua sandinista de los años ochenta.
De las 39 personas que hasta el 16 de abril fueron asesinadas, en relación con las movilizaciones de la oposición, sólo una minoría pertenece a la oposición, y la mayoría fueron asesinadas por desconocidos o bien perdieron la vida en accidentes[1]. Siete de las víctimas pertenecían a las fuerzas de seguridad nacional (Guardia Nacional y Policía), las cuales fueron víctimas de disparos –muchos de tiros en la cabeza- dirigidos deliberadamente en su contra desde largas distancias. Pero también trabajadores del gobierno, simpatizantes del gobierno e incluso miembros de la oposición, así como personas a las cuales no se les identificaba con ningún grupo, han sido asesinadas al momento de levantar las barricadas. Principalmente en la ciudad andina de Mérida, en la frontera con Colombia, se registran nutridos disparos. Posteados en las azoteas los francotiradores tienen en la mira importantes cruces de avenidas, de esta manera han asesinado ya a varias personas. Siete personas murieron chocando con barricadas (dos de ellos decapitados por alambre de púas colocado a alturas del hombro en las calles), en otros 14 casos se supone una responsabilidad directa de parte de opositores. Al mismo tiempo las victimas mortales por las cuales se responsabiliza a miembros de las fuerzas de seguridad son cinco (cuatro opositores y un chavista).
En los estados de Táchira, Aragua, Mérida, Zulia, Bolívar, Anzoátegui, Lara, Barinas y hasta Caracas, se han cometido atentados con explosivos y con bombas incendiarias y le han dado fuego a centrales eléctricas y transformadores para de esta manera sabotear el suministro de energía. De la misma manera han sido atacadas universidades con bombas, principalmente donde asisten estudiantes de escasos recursos. También guarderías de niños, tiendas de abastecimiento, la compañía estatal de teléfonos y autos pertenecientes a la misma, oficinas de turismo, oficinas del ministerio electoral, estaciones de metro, autobuses de transporte público, ambulatorios médicos y puestos de salud, así como otras instituciones de interés social e infraestructura social han sido afectadas por los atentados incendiarios y explosivos. Las víctimas entre la población civil son calculadas o hasta buscadas, como la transeunte que murió a causa de una bomba colocada en una subestación eléctrica. Se puede considerar casi un milagro que no hayan fallecido muchas personas más en estos actos terroristas, como por ejemplo cuando un grupo de “manifestantes” le dio fuego en pleno día al Ministerio de Vivienda y Habitat lanzando varios cocteles molotov a la fachada justo donde queda la guardería para los niños de los empleados y las empleadas. En ese momento se encontraban 1.200 personas en el edificio. Los bomberos tuvieron que salvar a 89 niños de las llamas. (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TbGTS7wk4r0)
En Mérida una reserva de agua potable fue contaminada, intencionalmente, con grandes cantidades de combustible. En Caracas, al noreste de la ciudad, se le prendió fuego al bosque que es reserva natural, para de esta manera destruir los postes de luz y cables que suministran de electricidad a la ciudad. Según informaciones del gobierno más de 5.000 arboles en zonas urbanas han sido abatidos para ser usados en la construcción de barricadas.
Formas de organización
Tanto en los ataques como en los atentados se identifican tres formas de organización, y todas ellas apuntan a la estrategia del desgaste. En la primera, grupos, la mayoría formados por jóvenes, colocan barricadas equipadas con trampas mortales con alambre de púas; ataques colectivos con bombas molotov a las fuerzas de seguridad e instituciones; intimidaciones y ataque a los vecinos y vecinas que están en contra de estas acciones y han intentado levantar las barricadas. Estos grupos cuentan tanto con asesoría de militares expertos como con la infraestructura necesaria (desde material de combate como alambre, bombas molotov, gasolina, hasta armas de fuego y lugares donde almacenar armas y material muy cerca de los puntos de conflicto, durante semanas, teniendo acceso en todo momento). Hay que mencionar que estas acciones se llevan a cabo únicamente en municipios gobernados por la oposición, pues ahí los grupos violentos cuentan con el apoyo incondicional de los alcaldes: no se recoge la basura, para que de esta manera haya suficiente material para las barricadas y la policía local no interviene ni para impedir que se instalen las barricadas ni para levantarlas.
En un video que se publicó recientemente se puede ver cómo están organizados estos grupos -cuyos autos delatan la clase social a la que pertenecen- en Las Salías -conocida como San Antonio de los Altos- en el Estado de Miranda, mientras transportan el material para las barricadas, descargan cajas llenas de bombas molotov, rocían gasolina y por último le prenden fuego al bosque (http://www.aporrea.org/oposicion/n247983.html). Desde el comienzo de las protestas ha habido en Las Salias, un distrito de clase alta, 36 incendios de bosques provocados. El Alcalde de este distrito pertenece al partido Primero Justicia de Henrique Capriles y mantiene una estrecha relación con el partido opositor Voluntad Popular (VP).
El Partido Voluntad Popular, de extrema derecha, cuyo dirigente Leopoldo López ya está en prisión, apoya abiertamente la violencia. Debido a esto, los Alcaldes del VP, Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) han sido llevados a los tribunales y retirados de sus puestos. El primero de ellos fue condenado a prisión por 10 meses y 15 días, el motivo fue, que el ex-Alcalde no acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que consistía en emplear a la policía para evitar que se instalaran más barricadas.
El otro alcalde recibió una condena de 12 meses en prisión por asistir a acciones violentas. No es ninguna coincidencia que el PV esté muy involucrado en este tipo de estrategias. Leopoldo López es un buen conocido del ex-presidente colombiano Alvaro Uribe, el cual ya ha sido reconocido como el principal promotor del paramilitarismo colombiano, que costó la vida a mas 250.000 personas.
En la segunda variante participan bandas criminales mercenarias en las acciones de desestabilización. Declaraciones de miembros de bandas criminales, ya conocidas por la policía, así como conversaciones telefónicas entre líderes de la oposición lo comprueban. Estas bandas criminales son utilizadas en los enfrentamientos callejeros, saqueos y atentados. Sus miembros han venido siendo reclutados, desde hace algunos años, por grupos paramilitares en los diversos sectores donde controlan la venta de drogas y donde también reclutan más miembros para las bandas criminales. Ellos son utilizados para asesinar de manera selectiva a activistas de los barrios populares. Estas bandas contribuyen a destruir el tejido social sustituyendo las relaciones solidarias con terror y miedo.
La tercera variante de desestabilización violenta es la participación de células paramilitares bien armadas y con combatientes bien adiestrados provenientes de Venezuela, Colombia y otros países. Solo que estos no se presentan abiertamente como una estructura militar, (como fue el caso de los Contras en Nicaragua), pues podrían reducir el margen de acción de la oposición, tanto a nivel internacional como dentro del país. La imagen de “estudiantes pacíficos”, así como la de un supuesto gobierno malo y represivo no se podría sostener si la oposición apareciera en público apoyando y organizando una estructura militar.
Paramilitarización en acción
Al mismo tiempo, el gobierno venezolano ha tenido hasta ahora poco interés en reconocer públicamente la existencia de ese tipo de estructuras para no atizar más el miedo, o bien para no presentar a la oposición mas fuerte de lo que en realidad es.
La estrategia de desestabilización aspira a crear las condiciones para hacer caer el gobierno izquierdista venezolano. Una intervención directa, por parte de los Estados Unidos, aún a mediano plazo, es muy poco probable. La situación política en América Latina no da para esto y los daños para Estados Unidos podrían resultar más graves que los beneficios, sobre todo porque no pueden arriesgar una interrupción duradera del suministro petrolero venezolano.
Una intervención militar desde el exterior podría más bien reforzar a la izquierda en Venezuela y América Latina. De igual manera el desmedido financiamiento y apoyo de la oposición no ha provocado los resultados deseados. Por ello Estados Unidos, la derecha de Colombia y una parte de la misma oposición venezolana le apuestan más al paramilitarismo, a los atentados y a la destrucción, para deteriorar la calidad de vida de los venezolanos, de tal manera que la oposición gane las próximas elecciones.
La estrategia violenta de tres patas, anteriormente descritas, es evidente para los conocedores del modus operandi de acciones encubiertas de Estados Unidos y del paramilitarismo, por lo menos desde 2007. Su difusión hasta llegar a los niveles actuales es debida en buena parte también al hecho de que la mayoría de las instituciones gubernamentales y las mismas bases revolucionarias en Venezuela subestimaron durante un buen tiempo el problema.
En una primera fase, el paramilitarismo colombiano se adentró en la economía de Venezuela. Personas provenientes de Venezuela y Colombia allegadas a éste adquirieron controladamente casas y tierra e invirtieron masivamente en el país. Estas personas pusieron bajo su control una serie de actividades financieras, legales e ilegales, y lograron construir una infraestructura y una logística que les ha permitido tener lugares de acción y de resguardo seguros, para cuando sea necesario.
El paramilitarismo controla, solo para nombrar un ejemplo, el tráfico de gasolina de Venezuela hacia Colombia. Pues debido a la diferencia de precios -en Venezuela cuesta el litro solo unos centavos- es un negocio muy lucrativo. El paramilitarismo controla también gran parte del tráfico de cocaína y de alimentos.
En el tráfico masivo de alimentos hacia Colombia, Venezuela es en parte responsable debido a un débil control. A esto se añade la cooperación entre paramilitares y ganaderos en territorio venezolano. Muchos de los asesinos de los 300 campesinas y campesinos, sobre todo a partir de la Reforma agraria de 2001, son paramilitares colombianos. De la misma manera numerosos activistas, miembros de sindicatos o del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron víctimas de atentados mortales en los últimos años.
“Corredores” estratégicos
El paramilitarismo comenzó a introducirse a Venezuela por las fronteras con Colombia en los Estados de Táchira y Mérida. De tal manera que ahora estas regiones son bastiones de “protestas”, acciones violentas y sabotajes. Desde el punto de vista de una estrategia militar la región de San Cristóbal en Táchira ofrece una conexión con Colombia y un acceso a los Andes, formándose así un “corredor” en territorio venezolano, que llega hasta la costa y hasta una de las regiones industriales más importantes. Además, los Andes separan Zulia, el estado más importante en producción petrolera, del resto del país.
La guerra con tácticas de guerrilla está sustentada en la creación de “corredores” estratégicos a través de los cuales se pueda transportar personas y material, y ofrecen también un acceso geográfico a los blancos de atentados. El segundo corredor se localiza en las franjas de la costa (es decir sobre todo Valencia, Caracas, los estados de Anzoátegui y Sucre). Y finalmente el “corredor del sur”, localizado sobre todo en la región de la industria pesada (las llamadas industrias básicas), en el estado de Bolívar.
De hecho las acciones de sabotaje se llevan a cabo en puntos estratégicos de estos corredores. Teniendo en cuenta el contexto ya descrito, no se puede partir de que los sabotajes se terminen o se reduzcan por sí solos. Al contrario, hay que asumir que una nueva fase de las actividades contrarrevolucionarias ha comenzado y que los atentados y sabotajes seguirán en un nivel más alto al registrado antes de febrero de 2014. En caso de que la estrategia de desestabilización no logre el objetivo deseado -la renuncia del gobierno o su derrota en las próximas elecciones presidenciales-, entonces es probable que el paramilitarismo en Venezuela le declare abiertamente la guerra al gobierno y a las bases populares revolucionarias. Un escenario posible podría ser que la oposición, ante una nueva derrota electoral frente al chavismo, denuncie un supuesto fraude -con el apoyo de Estados Unidos-, y a partir de ello las “fuerzas de liberación” armadas anuncien su constitución como la única salida posible frente al “régimen”. (Traducción: Leticia Hillenbrand)
Dario Azzellini, politólogo y sociólogo, publicó junto con Boris Kanzleiter el libro El negocio de la guerra. Paramilitarismo, Mercenarios y ejércitos privados, los actores en el nuevo orden bélico. El libro ha sido traducido a varios idiomas. Una edición ampliada se publicó en Venezuela en 2009 con el titulo “El negocio de la guerra”.
Versión actualizada y ampliada de https://amerika21.de/analyse/98825/krieg-gegen-das-soziale
[1] Uno cayó del techo de su casa sin interferencia externa alguna, aunque la oposición haya intentado reclamarla como “víctima de la represión”. El 29 de marzo fallecieron dos opositores más: uno de ellos, de 33 años, en Maracaibo, al momento de accionar un artefacto explosivo casero y el segundo, un hombre de 44 años, en el estado de Táchira, quien murió electrocutado cuando manipulaba el material de una barricada.
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