Siempre hay la tendencia frente a las políticas públicas a realizar valoraciones, en una lógica maniqueísta, de éxito o fracaso, de blanco o negro, la propensión a criticar o aplaudir todo, sin tener en consideración los matices. En la realidad del proceso de las políticas públicas, los resultados tienden a ser una mezcla de aspectos positivos y negativos –tonalidades de grises-, aun cuando los gobernantes buscan sobredimensionar los resultados positivos y los opositores a realizar algo parecido con los negativos. Esto viene sucediendo con la política de seguridad democrática –la bandera del actual gobierno-, que ha producido resultados positivos en varios campos, pero tiene límites y vacíos que deberían ser llenados si se pretende consolidar sus resultados. Es verdad que hay una serie de indicadores que muestran tendencias positivas -disminución de secuestros, de retenes ilegales, de ataques a poblaciones, homicidios- lo que parcialmente puede atribuírsele, porque algunos, como la disminución de homicidios, responden a tendencias de mediano plazo cuyo factor explicativo se asocia a políticas de gobernantes locales que han incidido en el comportamiento de este delito y no solamente a la seguridad democrática. Lo más destacable de la seguridad democrática ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Pública, necesario para que un Estado con un conflicto armado interno, cuente con mejor capacidad disuasiva y ofensiva: incremento del pie de fuerza, continuación de la profesionalización de la tropa, creación de nuevas Brigadas Móviles y nuevos Batallones de Alta Montaña, el programa de ‘soldados campesinos’, mayor movilidad, etc. El problema radica en las expectativas creadas alrededor de la misma desde la campaña presidencial y en la estrategia seguida. Se promovió la idea de que la guerrilla podría ser derrotada en un período de tiempo relativamente corto, que sólo faltaba voluntad para enfrentarla militarmente. Cualquiera que conozca el ABC de las guerras irregulares sabe que no es así, que éstas se caracterizan porque las fuerzas irregulares buscan el desgaste del adversario –físico, militar, político, psicológico- y golpean cuando las fuerzas regulares se descuidan, con la lógica de ‘muerde y huye’, es decir, el método de la guerra de guerrillas está siempre presente en el menú de las organizaciones guerrilleras y por ello resolver el problema sólo en el campo militar es muy difícil. La estrategia inicial de la seguridad democrática fue de contención-protección –dar seguridad al tránsito de vías principales con caravanas militares de escolta, protección de cabeceras municipales con mayor pie de fuerza y de infraestructura energética-, de tal manera que se produce un impacto importante en la opinión, pero no quiere decir que el problema se haya resuelto. En la segunda fase se destinó una fuerza operativa al sur del país para atacar a las FARC en sus retaguardias, pero evidentemente el tamaño de la fuerza frente al territorio selvático y las interrelaciones de esta guerrilla con sus pobladores, hacen que los resultados a obtener no sean muy esperanzadores, independiente de que la guerrilla viene recibido golpes importantes y seguramente ésta contra-atacará a la Fuerza Pública –lo cual no necesariamente significan el inicio de ofensivas o que concluyó el repliegue táctico-. Pero el conflicto no se va a resolver por esa vía. El gran vacío de la seguridad democrática es que desestima el componente político, es decir, no cuenta con una estrategia de negociación frente a la guerrilla, articulada, creíble y seria que le permita a un Estado fortalecido y con capacidad disuasiva, colocarse como el interlocutor legítimo frente a estos alzados en armas y les ofrezca, en lugar de la posibilidad de una capitulación deshonrosa, una seria y viable terminación de la confrontación armada para entrar a ser parte de un proceso de consolidación de la democracia, en el cual todos puedan aportar. * Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional