A qué aspiramos con la justicia fiscal?
25/08/2014
- Opinión
La justicia fiscal busca que todos paguen lo que les corresponde y en la proporción que les corresponde, sin engañar a los estados ni perjudicar a la población que necesita que los impuestos se destinen a la atención de temas urgentes como salud pública, educación gratuita, acceso a servicios básicos, entre otros aspectos más. Es necesario que los principios se defiendan para alcanzar la construcción de una sociedad equitativa.
La política fiscal debe jugar un rol fundamental en la provisión de una serie de bienes y servicios que constituyen tanto pre-requisitos como elementos del desarrollo. Al Estado le corresponde desempeñar en este campo un papel dado por la inversión pública en la formación de capital humano y capital físico de la sociedad.
La política fiscal también puede contribuir a hacer más equitativa la distribución del ingreso y las oportunidades en nuestra sociedad. Debe asegurar prestaciones sociales básicas de calidad y universales. Se trataría, ante todo, de los siguientes derechos sociales básicos:
· Acceso al cuidado y la atención integral la primera infancia
· Acceso a una educación de calidad para todos los niños y adolescentes y jóvenes.
· Acceso a una atención en salud de calidad para todos y todas las personas.
· Acceso a agua potable y saneamiento y a la infraestructura básica de calidad para todos
· Acceso a un sistema de protección social universal para todos los adultos mayores.
Asegurar el acceso universal a estos derechos es un esfuerzo deliberado para que las personas y regiones excluidas disfruten de niveles adecuados de bienestar humano.
En especial asegurar el acceso de los a estos derechos de los grupos que hasta el momento han permanecido excluidos y discriminados, o son especialmente vulnerables, como las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes, los pequeños y medianos productores y las poblaciones indígenas.
Lo anterior exige modificar el papel de los Presupuestos Públicos. Los Presupuestos del Estado deben convertirse en la expresión financiera de Programas Nacionales orientados al logro de objetivos y metas de desarrollo, y deben priorizar aquellas inversiones que tengan el mayor impacto posible en términos del logro de estos objetivos.
Para que la política fiscal promueva la justicia y la equidad, debe estar acompañada de los marcos legales e institucionales apropiados y en especial de una participación ciudadana activa.
Debe asegurarse la más amplia participación ciudadana en la discusión, diseño, implementación, control y evaluación de las decisiones fundamentales de política, de los presupuestos, programas y proyectos de carácter público, incluyendo el proceso de formación de la ley.
El Estado debe contar con recursos suficientes, lo cual hace descansar una gran responsabilidad sobre el sistema tributario. El principio de suficiencia del sistema tributario constituye un criterio de búsqueda de recursos suficientes, y sostenibles en el tiempo, para poder asegurar servicios públicos con estándares básicos de calidad para todos.
El otorgamiento de privilegios fiscales y tratamientos especiales, que permiten que determinados individuos o sectores, con igual o mayor capacidad contributiva que los demás, queden totalmente eximidos de la obligación de tributar, o que tributen muy por debajo de lo que correspondería, es una ruptura del principio fundamental de que aquellos con capacidad contributiva están en la obligación de aportar al financiamiento del gasto público.
La capacidad contributiva está representada por la parte de la capacidad económica de las personas que supera cierto monto mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de sobrevivencia. Esto implica que aquellas personas cuya capacidad económica se encuentra por debajo de dicho mínimo deben quedar exentas de la obligación de tributar, y que el resto de personas solo se debe tributar por la fracción de su capacidad económica por encima de ese mínimo.
Este principio también determina que contribuyentes con similar capacidad económica deban pagar una magnitud similar del impuesto, o soportar una carga tributaria similar (criterio de equidad horizontal). Al mismo tiempo, conlleva la exigencia de que los sujetos con mayor capacidad económica deban efectuar una contribución relativa mayor que los de menores recursos, de manera que quienes ganen más aporten relativamente más (criterio de equidad vertical).
Esto significa que el sistema tributario debe ser progresivo, es decir, que la estructura de financiamiento del gasto público debe descansar con mayor fortaleza relativa sobre los estratos de mayores ingresos de la sociedad, en lugar de que lo haga sobre los estratos medios y bajos.
La eficacia con la que se aplique el sistema tributario dependerá de la capacidad de gestión de la administración tributaria en sus funciones de recaudación, fiscalización y cobro de los tributos. Los objetivos propuestos por las normas tributarias no se alcanzan simplemente con su promulgación, sino a través de su efectiva aplicación.
Esto significa asegurar la plena autonomía administrativa y funcional de la autoridad tributaria, que asegure que esté concentrada en la aplicación de la Ley y no pueda ser sometida a presiones políticas, o a presiones indebidas de los grupos de poder. También es indispensable que la administración tributaria esté dotada de personal de adecuado nivel de calificación profesional, resultando inadmisible que el mismo sea nombrado, o despedido, atendiendo a consideraciones políticas.
Una buena administración tributaria necesita estar respaldada además por un sistema judicial eficiente y autónomo, en apoyo al cumplimiento de las leyes tributarias
Lo determinante para decidir sobre adquirir una deuda o no, debe ser la calidad de los activos que se adquieren –esto es la calidad del Programa de Inversiones Públicas - y su efecto en términos de desarrollo con equidad – es decir su rendimiento económico y social. La adquisición de una deuda concesional de mediano y largo plazo se justifica plenamente si existen inversiones de alta rentabilidad económica y social, cuyo rendimiento esperado en términos de desarrollo supere ampliamente la tasa de interés de la deuda contratada.
El aprovechamiento de estas fuentes de espacio fiscal será percibido como justificado y socialmente legitimo en la medida en que la utilización de los recursos públicos sea no solo transparente, sino que se oriente hacia propósitos que apunten a obtener el máximo impacto de desarrollo posible de estos recursos.
- La transparencia es fuente promotora de la confianza ciudadana en el manejo de los recursos financieros del Estado. En tal sentido es necesario emprender acciones efectivas para garantizar:
- La información como bien público, permitiendo a los ciudadanos acceder a todo tipo de documentos y datos en poder de entidades estatales;
- Ética de la gestión pública que permita al Estado evaluar el desempeño de sus funcionarios con base en denuncias y sistemas propios de control;
- Combate a la corrupción y a la impunidad, erradicando los focos de opacidad en adquisiciones estatales, mecanismos paralelos de ejecución presupuestaria y la manipulación del gasto público con fines político partidarios; y,
- Participación ciudadana que permita a la población con información suficiente y de calidad formar parte de la construcción de la política fiscal de sus países.
El secreto financiero, corporativo y bancario facilita la evasión tributaria y el florecimiento de otras formas de corrupción que fomentan la injusticia tributaria. El uso por parte de los paraísos fiscales de dicho secreto como principal oferta para atraer riquezas, ha hecho posible que en estas jurisdicciones de alta secretividad se oculten recursos patrimoniales que superan ampliamente el valor de la economía norteamericana. Esto sustrae de la recaudación fiscal de países desarrollados y en desarrollo recursos vitales para fortalecer las finanzas públicas y financiar bienes y servicios públicos de alto valor social.
Las autoridades tributarias deben ser capaces de acceder a la información que requieren para valorar a los contribuyentes de forma efectiva. Nos pronunciamos por el intercambio automático de información entre las administraciones tributarias de todo el mundo para que el secreto no se convierta en mecanismo de evasión generalizada de las obligaciones tributarias.
- Adolfo Acevedo es Experto nicaragüense en tributación, miembro de la Coordinadora Civil de Nicaragua, Latindadd y de la Red de Justicia Fiscal
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