El proyecto de ley que pretende establecer una moratoria indefinida a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos) en el país tiene un panorama complicado en la Asamblea Legislativa, pese al apoyo manifiesto de los ministerios de Agricultura y Salud.

 

La propuesta de ley fue presentada durante la legislatura anterior por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, con el respaldo de varios diputados de la pasada fracción del PAC. Hoy se encuentra bajo análisis en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

 

Tanto el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, como la ministra de Salud, María Elena López, se han manifestado a favor de establecer la moratoria, mientras el país no cuente con las condiciones que garanticen la “bioseguridad” a la hora de liberar organismos vivos que hayan sido modificados genéticamente mediante biotecnología.

 

Sin embargo, la propuesta cuenta con el rechazo de las cámaras empresariales, de alguna parte de la comunidad científica y, desde luego, de las compañías que representan los intereses de las transnacionales dedicadas al desarrollo de este tipo de organismos modificados.

 

Ecologistas y académicos que respaldan la iniciativa consideran necesaria la moratoria,  hasta que el país tenga los instrumentos técnicos y legales que garanticen la seguridad en la liberación de los transgénicos.

 

En medio de esta discusión, la Sala Constitucional la semana anterior declaró parcialmente con lugar un recurso, estableciendo que la información relativa a los expedientes de cultivos transgénicos no tiene por qué ser confidencial y debe estar al alcance del público.

 

“Es segura”

 

Martín Zúñiga, director ejecutivo de CropLife Latin America (empresa que representa a varias transnacionales vinculadas a la producción de transgénicos, entre ellas Monsanto), considera que la moratoria no tiene razón de ser y sostiene que los transgénicos son seguros.

 

“Con las normas de bioseguridad apropiadas, que ya están normadas en el país, es una tecnología que le permitirá al país una agricultura de avanzada y continuar siendo uno de los proveedores de semilla de alta tecnología para el mundo”, comentó.

 

Zúñiga cree que una moratoria representaría una “gran pérdida” para el país, en los esfuerzos de investigación que se han hecho desde la academia y de formación de profesionales en el área de biotecnología.

 

“La mejor evidencia viene de los países desarrollados donde la tecnología ha sido aprobada, aunque en algunos países de Europa aún se mantienen reservas; países como España, Rumanía y Rusia las tienen, Estados Unidos obviamente, y en América Latina grandes productores agrícolas como Brasil y Argentina tienen muchos años de usar la biotecnología”, argumentó.

 

Zúñiga asegura que los transgénicos no tienen riesgos de contaminación genética o problemas de resistencia a herbicidas, más allá de los que presentan los organismos no modificados, y que la semilla transgénica se entrega siempre con un “paquete tecnológico” que permite cultivarlos con seguridad.

 

Este criterio no lo comparte el catedrático en Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia Jaime García, para quien no existen pruebas contundentes de la seguridad de los transgénicos al ser liberados.

 

“Una vez que se libera un organismo vivo al ambiente, nadie puede controlarlo. Ninguna norma puede atajar un organismo vivo una vez liberado al ambiente; no podemos estar las 24 horas controlando, y aunque pudiéramos, ¿cómo se controla el polen?, ¿cómo se controla que animales o personas lleven semilla de un lado a otro?”, cuestionó García.

 

Para este académico, el país requiere de una moratoria, no de plazo definido, sino hasta que se cumpla con una serie de condiciones, como tener una ley de bioseguridad, que no existe actualmente.

 

“No se está haciendo un análisis de riesgo-beneficio. ¿Dónde están los beneficios para Costa Rica de cultivar transgénicos en relación con los riesgos? Algo tan básico como esto no se está haciendo”, criticó.

 

García indicó que si bien está clara la posición de los ministerios de Agricultura y Salud a favor de la moratoria, en contraste, el Ministerio de Comercio Exterior se ha expresado en contra, dejando ver que el tema no se ha tocado en el Consejo de Gobierno, pese a que fue uno de los compromisos adquiridos por el presidente Solís en el “Pacto Ambiental”.

 

El investigador expuso que al Cómex debería preocuparle el tema, ya que un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registra 198 casos de rechazo a importaciones, por haberse detectado contaminación de transgénicos en países desarrollados.

 

Considera que pese al rechazo a la posibilidad de una moratoria por parte de algunos académicos y científicos relacionados con el tema, el proyecto de moratoria no interrumpe las investigaciones, y recordó que el año anterior el Consejo Universitario de la UCR recomendó una moratoria al cultivo de transgénicos en suelo nacional.

 

García, quien es miembro de la Comisión Nacional Técnica en Bioseguridad, estima que será difícil que el proyecto de moratoria se apruebe en la Asamblea Legislativa, ya que cuenta con la oposición de partidos como Liberación Nacional y el Movimiento Libertario, por lo que piensa que el Gobierno debería valorar la posibilidad de establecer la moratoria mediante un decreto.

 

- Javier Córdoba Morales (Javier.cordoba@ucr.ac.cr)