Argentina

¿Hasta cuándo el monopolio Clarín frenará la ley de medios?

Emilio Marín

13/10/2014

Opinión

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Se cumplieron cinco años desde la sanción de la ley de medios de la democracia. El monopolio Clarín aún resiste su aplicación. Es de esperar que la resolución de AFSCA, de adecuación de oficio, se cumpla. ¿Será así?

Hay dudas sobre si la decisión adoptada por 5 votos contra 2 en el directorio de AFSCA, de denegar el plan de adecuación voluntaria del grupo Clarín, se cumplirá o no. El interrogante tiene su fundamento: la ley N° 26.522 cumplió este viernes cinco años de sancionada. Hubo una seguidilla de medidas cautelares del holding, pero al final la Corte Suprema de Justicia declaró constitucionales los cuatro artículos impugnados. En julio de este año Héctor Magnetto se dignó a presentar un plan de adecuación, teniendo en cuenta que sus 237 licencias excedían largamente las permitidas por la norma.

Y a estar por la resolución de AFSCA del miércoles, tal propuesta era engañosa e ilegal, según Martín Sabbatella. Los gráficos mostrados a la prensa daban cuenta que varios abogados y directivos del grupo monopólico compartían directorios en empresas de Argentina, Estados Unidos, Panamá y Nueva Zelanda.

De ese modo se mantenían tupidas conexiones entre el Grupo 1, de Aranda y Pagliaro, y el Grupo 2, de Magnetto y Herrera de Noble. La supuesta independencia entre los seis grupos previstos por la división de la empresa no era tal.

Por otra parte se les hizo un cargo adicional: las condiciones especiales que el grupo dominante ponía a los compradores de sus licencias sobrantes. Por un período de hasta siete años no podrían vender a otra compañía sin ofrecerla primero a Clarín.

La decisión de AFSCA reabrió la expectativa en los sectores democráticos y pluralistas de que esta vez fuera en serio la subdivisión del monopolio. El Estado debería llamar a concurso y vender las licencias, a determinado precio. Supuestamente en noviembre próximo se podrían sacar a la venta ese sobrante, según las consultas jurídicas que Sabbatella dijo haber comenzado.

Sin embargo el panorama dista de estar despejado. En principio porque ya la reunión del mencionado directorio no tuvo unanimidad; los representantes del radicalismo y del GEN, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, filo clarinistas, se abstuvieron.

También porque el grupo que se sintió afectado, por medio de un comunicado y declaraciones de su vocero Martín Etchevers, intentó desmentir al titular de AFSCA, al que trataron de mentiroso y conductor de una supuesta campaña de persecución política. Como el acusado llevó toda la documentación a la Procuraduría contra el lavado de dinero, a cargo del fiscal Carlos Gonella, y también la entregaría a la AFIP y la UIF, Etchevers quiso desviar las acusaciones. Explicó que las empresas de los directores del multimedios están todas declaradas, aquí y en el extranjero, de modo que mal podrían ser parte de una red de lavado.

Pero eso no era lo que centralmente se les objetaba. Lo central es que tenían conexiones entre sí en varias sociedades comerciales y que eso violaba la ley de medios en cuanto a la separación total que debían guardar las subdivisiones.

El debate de siempre

Los caminos que van a tomar los dos contendientes han sido avisados, previo a los choques durísimos que se pueden prever. Sabbatella y a través suyo el gobierno nacional, tiene la intención de dar por caído el plan de adecuación voluntaria e implementar uno de oficio, a cargo de su dependencia, con concurso y venta de licencias de Clarín. Cree que en noviembre habrá comenzado a bajarse el martillo.

El monopolio al que quieren amputarle algunos tentáculos ha dicho que sufre una discriminación política. Acusa a aquél funcionario de actuar de modo indulgente en otras 37 adecuaciones voluntarias, a diferencia del celo puesto en su contra. Y, como hizo siempre, irá a la justicia para invocar que no se estaría cumpliendo el último fallo de la Corte Suprema, que pidió igualdad en la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisuales.

Magnetto puso en cancha todo lo que tiene, dentro y fuera del país. Las diputadas del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich, la senadora macrista, Gabriela Michetti, el senador radical Ernesto Sanz y otros legisladores de la oposición conservadora, pero también de la llamada “centroizquierda” como Claudio Lozano, salieron con los botines de punta contra la resolución de AFSCA.

Y allende las fronteras tronó la voz de la desprestigiada Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en cuyo directorio están directivos de Clarín como Saturnino Herrero Mitjans. En la asamblea de abril pasado, en Barbados, ese directivo fue acompañado de Etchevers y Marcela Noble, todos de la escudería.

Los argumentos de estos detractores de la ley de medios es que la disposición de AFSCA es ilegal, discriminatoria y parte de una persecución política contra Clarín. Además violaría la libertad de prensa que ellos defenderían como la base de la democracia. Los que se apropiaron de Papel Prensa durante el videlismo, aprovechando el secuestro, torturas y violaciones de los dueños de esa empresa, se presentan como vestales de tales libertades.

A ese espectro mediático y político le disgustó que la presidenta pusiera en marcha el Sifema, Sistema Federal de Medición de Audiencias, para no depender de Ibope y medir el rating en todo el país. Tampoco les agradó la teleconferencia de CFK con su colega Vladimir Putin. Tuvo por motivo la incorporación del canal ruso en español Russia Today a la grilla de la Televisión Digital Abierta. Para Clarín y la SIP resulta que Putin sería igual que Lenin, y RT lo mismo que Pravda o, peor aún, Iskra, La Chispa de los primeros bolcheviques.

La pulseada entre el gobierno y Clarín hasta ahora dio un cierto empate. La ley fue constitucional pero se aplicó poco, y hasta ahora nada, respecto a ese monopolio. Es un momento de definiciones. Habrá que ver cómo juega el mediocre poder judicial y cuánta movilización social quiere motorizar el kirchnerismo para demandar en Tribunales que no obture la aplicación de la ley N° 26.522.

Cuestiones jurídicas que son políticas

De aquí a fin de año muchas miradas políticas se han a volver sobre el Palacio de Justicia, nombre grandilocuente si los hay. Es que además de los recursos y apelaciones que va a interponer el grupo Clarín contra la decisión de AFSCA, habrá muchas más.

Por caso, el empresarial “Grupo de los 6”, liderado por la oportunista Unión Industrial Argentina que supo prenderse a la teta del Estado en muchos años de la década K, tiene decisión tomada de denunciar por inconstitucional a la norma que reformó la ley de Abastecimiento. Cavila si sería mejor para sus intereses ir ahora a barandilla o esperar que el Estado disponga la primera sanción contra los formadores de precios.

Otro ejemplo que aumentó el desprestigio de la justicia fue la absolución de Domingo Cavallo en el juicio por su rol en el megacanje. Después de tres meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal 4 lo encontró inocente de los cargos que había hecho la fiscalía por un negocio ruinoso para el país, pues aumentó la deuda externa en unos 55.000 millones de dólares. Se lo acusaba de haber favorecido a una serie de banqueros en la tramitación de ese megacanje de títulos, para que ganaran muchos millones de dólares los del Credit Suisse-First Boston, Banco Galicia, Santander, Banco Francés, el HSBC y JP Morgan.

Con Cavallo podía repetirse la historia de todos los acusados del tiempo menemista, donde la única que fue a juicio resultó María Julia Alsogaray, quien al menos tuvo un par de condenas. Cavallo, en cambio, salió libre como un pájaro. Tan doloroso como eso fue que los banqueros acusados no llegaran a juicio, por esos privilegios que tiene el pertenecer a los círculos financieros nacionales e internacionales. Y, como se desprende de esos poderes, fue también doloroso ver que esas mismas entidades, menos el Credit Suisse y el JP Morgan, estuvieron invitadas como miembros de Adeba y ABA en la primera reunión que tuvo el lunes pasado el flamante titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.

Pasan los negocios y negociados, pasan los gobiernos y ministros, pero la “Patria Financiera” se mantiene casi intacta, con la ley de Entidades Financieras legada por la dictadura con las firmas de Diz, Martínez de Hoz y Videla. El proyecto de una nueva norma, presentado por el diputado Carlos Heller, está apolillado en Diputados.

Hablando de asuntos legales y judiciales, al menos la presidenta llegó a promulgar el nuevo Código Civil y Comercial, donde el Papa logró meter baza en cuanto al artículo 19 sobre el comienzo de la vida, pero en otras materias la cúpula de la Iglesia quedó disconforme.

No contenta con esa promulgación, CFK anunció otra reforma de fondo, esta vez al Código Procesal Penal. La idea volvió loco a Jorge Lanata, que insultó soezmente a la toda la oposición porque no atina a bloquear estas iniciativas.

Más importante que esa bronca, la reforma acelerará los juicios y cambiará la situación de las cárceles, donde hoy el 65 por ciento de los presos están procesados pero no condenados. Mala noticia para los linchadores seriales, partidarios de la “mano dura” y de dar 50 años de cárcel a los delincuentes de medio pelo, nunca para los pelados como Cavallo y tantos otros vaciadores del país.

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