Con la finalidad de obligar al gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso a negociar la permanentemente postergada reforma agraria, el Movimiento Sin Tierra (MST) inició el 2 de mayo la "Jornada de Luchas" con la movilización de unos 300 mil militantes que ocuparon o rodearon oficinas públicas en 20 de los 27 estados del país. El régimen se inclinó por la respuesta policial -que al primer día de la protesta, en el estado de Paraná, dejó un saldo de dos víctimas mortales y 300 heridos-, bloqueando las posibilidades de diálogo con miras a aislar y desarticular al MST. Se abre el riesgo de que se incremente la violencia en el campo brasileñó. El MST sostiene que la medida se ha visto motivada por la indiferencia y falta de política del gobierno ante el problema agrario, pese a que los propios estudios oficiales indican que el sector se encuentra en una situación calamitosa, por efecto del modelo aplicado. El Foro Nacional por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo reveló que, en los últimos años, en Brasil han quebrado 900 mil pequeñas propiedades, con menos de 100 hectáreas. De las 700 mil propiedades del sector patronal, apenas 88 mil se muestran viables, mientras que de los 4 millones de agricultores familiares tan sólo 700 mil tendrían similar posibilidad. En el agro existe un empobrecimiento generalizado, sostiene el Foro, precisando que, en promedio, ninguna propiedad de hasta 50 hectáreas consigue tener una renta mensual superior a un salario mínimo. 2 millones de asalariados rurales perdieron su trabajo. El crédito rural que en la década del 80 alcanzaba aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales, ahora se limita a 4 mil millones. La producción de granos se encuentra estancada desde hace 10 años, en un nivel de 80 millones de toneladas. Como resultado de esta situación, se estima un potencial migratorio, solamente de la Región del Nordeste, de aproximadamente 13 millones de personas. En materia de reforma agraria, el gobierno ha preferido la propaganda virtual antes que encarar la realidad pura y dura, sostiene el Foro, precisando que "no es verdad que se haya asentado a 80 mil familias, en 1999. Los datos oficiales del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) revelan que fueron asentadas apenas 25 mil, a través de expropiaciones". Y acota: "El Ministro prefiere ir a la prensa creando nuevas salidas milagrosas como la transferencia a los gobernadores estaduales de la responsabilidad del Pronaf, el ITR, el Banco de la Tierra, la decisión de establecer los asentamientos y sufrir las presiones sociales. Todos los estudiosos revelan que el Pronaf es insuficiente y sus condiciones son burocratizadas y desajustadas para las necesidades de los pequeños agricultores y asentados. El ITR sólo se viabiliza si hay voluntad política de cobro de las asignaciones federales, que puede cruzarlo con el catastro del impuesto a la renta y con otras formas de control. El Banco de la Tierra no pasa de ser una ilusión, todas las entidades que trabajan en el campo están en contra, menos el Ministro, el Banco Mundial y los hacendados". Criminalizar la protesta Ante la gravedad de la crisis social en la agricultura, desde el mes de abril, las diversas organizaciones del campo se han venido manifestando con ocupaciones de tierra, marchas y movilizaciones, para pedir al presidente Cardoso ser escuchados en una audiencia pública, en la cual aspiran proponerle que tan sólo se concreticen las promesas del gobierno federal para la reforma agraria. Sin embargo, la respuesta oficial fue criminalizar la protesta social, alentando a los gobiernos estaduales a utilizar la Policía Militar para contener los reclamos de las organizaciones del campo. Y es así que, acciones de violencia policial innecesaria se registraron sobre todo en Sao Paulo, Pernambuco y Paraná. La Comisión Pastoral de la Tierra sostiene que el estado de Paraná, bajo la administración del gobernador Jaime Lerner, se ha convertido "en un gran laboratorio, donde se ponen a prueba los nuevos métodos de cómo enfrentar los terribles enemigos de la nación, los sin tierra. La policía realiza entrenamientos específicos para esto. La barbarie con la que son tratados, inclusive torturas, registrada en grabaciones de vídeo de la propia policía, y testificada por agricultores, periodistas, abogados, obispos y otras personas, es sistemáticamente negada por el gobernador y las autoridades de seguridad del estado". Durante el año de 1999, hubo 2 asesinatos, 8 casos de tortura, decenas de desalojos ilegales y 173 detenciones arbitrarias. Sólo en los dos primeros meses de este año fueron ejecutados 12 desalojos violentos, con 96 detenciones y 46 heridos entre ellos mujeres y niños. El 2 de mayo, tales "métodos" de represión nuevamente fueron aplicados cuando el grupo de Operaciones Especiales y la tropa de choque intervinieron para el impedir el ingreso de una columna de autobuses con militantes del MST a la capital, Curitiba. 2 Muertos, 300 heridos y otro tanto de detenidos fue el resultado. Bajo estas condiciones, la impunidad se mantiene inalterable. Según los informes de la mencionada Comisión Pastoral de la Tierra, en los 15 años de retorno constitucional fueron asesinados en el campo 1.169 personas, entre líderes agrarios, sindicalistas, religiosos, abogados y hasta 2 diputados estaduales. De todos estos casos, tan sólo 58 han sido juzgados en tribunales. Hubo 11 condenas. 8 de los condenados han fugado y sólo 3 cumplen la pena. Campaña contra el MST A la par de las medidas de fuerza para contener la protesta del agro, el régimen se ha empeñado también en desplegar una gran operación mediática, contando para ello con el abierto respaldo de los grandes medios de difusión, para tratar una vez más de desacreditar al MST, que Cardoso con dejo despectivo lo designa como "esa gente", achacándole de ser antidemocrático y responsable de las protestas sociales. Acogiendo una propuesta de diálogo formulada por el Ministro de Desarrollo Agrario, Raul Pinto Jungmann, el MST remitió una carta al presidente Cardoso para pedirle una audiencia destinada a tratar los problemas relacionados con la agricultura brasileña. En ella, los sin tierra le puntualizan cuáles son las raíces de las protestas, anotando que: "El Modelo agrícola adoptado por su gobierno, las medidas que de él se derivan, la falta de eficacia de la política de distribución de tierras y el desmantelamiento que viene sufriendo el INCRA, es lo que ha generado cada vez más pobreza en el campo, lo que lleva a los trabajadores a organizarse y luchar por sus derechos. Por eso, en este momento existen más de 500 acampamentos con más de 100 mil familias acampadas en todo Brasil. Y son trabajadores que se organizan no sólo en el MST, sino muchas veces de forma espontánea o apoyados por su sindicato de los Trabajadores Rurales, por la CPT, y por otros movimientos sociales, inclusive el MAST de Sao Paulo, que está vinculado a su partido, el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña)". Ante la persistencia de las acusaciones presidenciales, el dirigente Gilmar Mauro fue más tajante, al señalar: "Qué moral tiene FHC y su gobierno para cuestionar al MST, cuando ha sido ampliamente divulgado que se compraron votos de parlamentarios para garantizar la Enmienda Constitucional para la reelección; cuando entrega más de 9 millones para socorrer banqueros en quiebra; cuando emite más de 1.000 medidas provisionales; cuando autoriza a los gobiernos estaduales a utilizar la violencia militar contra los Sin Tierra, incluso teniendo sobre sus espaldas la masacre de Eldorado de Carajás; cuando esta misma policía sitia a los trabajadores rurales sin tierra, prohibiéndoles protestar". Diálogo incierto En este ambiente polarizado, el 2 de mayo el MST inició las vigilias y ocupaciones de establecimientos públicos, en su mayoría del Ministerio de Hacienda, para presionar por el establecimiento de un diálogo directo con el mandatario y el frente económico. El pedido se debe a que en el curso del año las organizaciones rurales han tenido numerosas audiencias con diversos estamentos del gobierno, sin resultado alguno, pues los responsables gubernamentales, si bien han reconocido que las demandas son justas, han coincidido en señalar que nada pueden hacer sin la decisión de los Ministerios del área económica. Las reacciones de rechazo a la violenta represión policial registrada en el estado de Paraná, aceleraron la intervención de diversas bancadas parlamentarias para propiciar un diálogo entre el gobierno y el MST. Para facilitar el proceso, los militantes de esta organización comenzaron a desalojar las dependencias ocupadas, pero antincipando que se mantendran frente a ellas hasta que se reestablezca la interlocución con el gobierno. Éste, en tanto, dio a entender que había designado al Secretario Ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Amaury Bier, para que intervenga en las pláticas. Al cierre de esta edición (4 abril), continuaban las consultas entre el MST, movimientos sociales y parlamentarios, así como entre miembros del legislativo y el ejecutivo, con miras a establecer condiciones para un diálogo cuyo mayor obstáculo parece radicar en el propio presidente Cardoso, quien reiteradamente ha descartado toda posibilidad de sentarse a dialogar con los sin tierra, señalando que su respuesta más bien pasa por la intervención directa de la Policía Federal, pues a su juicio varias policías estaduales no han actuado con la dureza necesaria. En la medida que el mandatario privilegie esta lógica de contener la creciente protesta social con medidas policiales y aislando al MST, a quien considera su principal adversario, toda posibilidad de diálogo se presenta incierta, mas no así la violencia.