Entonces, lo que en realidad sucederá al reducirse el nivel de formación del pregrado de los estudiantes de la Universidad es que estos no podrán ser, según afirma el rector, profesionales formados por encima de “los requerimientos del mercado”, para dejarlos por debajo de dichos requerimientos, al menos frente a los competidores de otras universidades que no degeneren sus pregrados o que sí cursen posgrados. Si ello llega a ocurrir, los graduados en las carreras más cortas de la Nacional comprobarán que las famosas competencias en las que los adiestraron, y con las que les sustituyeron una formación con mayores fundamentos, no les permitirán competir con otros profesionales que serán tan diestros como ellos en algunas prácticas, pero que además tendrán una mayor formación en los conocimientos básicos de las carreras. Y es obvio que al final, en los promedios que resultarán, habrá caído el aporte de la Universidad Nacional a la sociedad colombiana “Quizás estemos ‘enseñando demasiado’, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”. Marco Palacios[1]. La decisión del rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios Rozo, de “reorganizar y reorientar nuestras instituciones en consonancia con los desafíos del presente”, para “adaptarnos a los cambios del mundo” de hoy[2], transformaciones que en el otro documento básico de su propuesta se dice que son las de la llamada “globalización”[3], debe interesarnos a todos los colombianos. Porque cada vez se entiende mejor la importancia del conocimiento en la prosperidad de las naciones, porque la Nacional es el principal centro de educación superior del país y porque sus decisiones suelen ejercer una gran influencia sobre las demás universidades públicas colombianas. Y en mi caso el derecho de opinar se convierte en un deber, en razón de que durante 26 años fui profesor de tiempo completo en su Sede de Manizales[4]. El siguiente análisis, que no agota el tema ni toca todos los aspectos en debate, se dividirá en cuatro partes: 1. Los aspectos de la reforma que pueden compartirse, aunque les quepan reparos o advertencias. 2. La posición de los reformadores sobre el tipo de país que debe generar el proyecto globalizador, al que, según ellos, debe adecuarse la Universidad. 3. El problema financiero de la Nacional. 4. Las propuestas que de ninguna manera pueden aceptarse, porque conspiran contra la esencia misma de una institución de educación superior de alto nivel, y más tratándose de la Universidad Nacional de Colombia. 1. Lo que puede aceptarse con ciertas condiciones No debe generar resistencias que la Universidad le dé una mayor importancia a la investigación y las especializaciones y, en especial, a los doctorados. Pero desde ya hay que advertir que es inaceptable que se ofrezcan programas mediocres para echarse al bolsillo unos pesos o que, en este y en todos los casos, una idea correcta se use para impulsar otras que no lo son. Puede ser plausible trabajar en el desarrollo de las llamadas “competencias básicas para la vida académica”, tales como “argumentación, escritura, lectura crítica, aprendizaje en equipo”[5]. Mas aquí el pero es muy grande, porque el énfasis en ellas se propone para sustituir la formación básica que deben recibir los estudiantes. Aunque con la concepción ya se ha trabajado en la Nacional por décadas, es positivo que se refine la idea de estructurarla por facultades que articulen “diversas disciplinas o profesiones que compartan regiones de la realidad”, en las que los profesores se organicen principalmente por departamentos (campos de conocimiento) y los estudiantes por programas curriculares o carreras. Tampoco debiera tener objeciones la existencia de institutos, proyectos y líneas de investigación. La tesis de que debe controlarse el tamaño y complejidad de los trabajos de grado de las carreras, así como su tiempo de realización, no tiene por qué usarse para afectar negativamente la iniciación de los estudiantes en la investigación ni la calidad de los programas que se imparten. El empleo del sistema de créditos puede servir para medir el peso de cada asignatura en el trabajo del estudiante, lo que resulta útil de varias maneras. Pero los créditos también pueden tener el propósito condenable planteado en el TLC de facilitar la conversión de la educación superior en una mercancía destinada a ser controlada por las transnacionales del sector, cuya mayor presencia en el país, según los documentos de la reforma, hace parte de “tendencias inevitables”[6]. Y puede compartirse la idea de diferenciar “entre gobierno académico y administración universitaria”, de manera que en el trabajo del rector y los decanos gane importancia su dedicación a los asuntos académicos. Pero al respecto hay que advertir que la administración debe quedar sometida a los intereses y al poder colegiado de la academia y no al revés, riesgo que es mayor donde las concepciones neoliberales predominan, pues puede conducir al empleo de criterios vulgarmente gerenciales y autoritarios que lesionen el derecho de agremiarse y las libertades de cátedra e investigación. 2. Silencio explicable Mientras el documento firmado por Marco Palacios suaviza el origen de la reforma, el que redactó el asesor externo Leonardo Villa, “con base en los lineamientos” del rector, sí plantea con toda franqueza que de lo que se trata es de adecuar la Universidad Nacional de Colombia al mundo neoliberal[7], aunque, como es de esperarse, no emplea esta connotación, pues la palabra neoliberal es otra más en trance de ser proscrita por quienes controlan el país. Incluso, porque su texto tiene no poca retórica que suena a crítica al modelo de economía y de relaciones internacionales que se viene imponiendo, allí se afirma que “El proceso de globalización da un significado más dramático a esa misión (la de la Universidad), sobre todo en sociedades como las nuestras que ven comprometido el bienestar de la población, su identidad, autonomía y viabilidad con la ineludibles presiones de integración económica”[8]. Pero no obstante la frase anterior, la propuesta del rector tiene la imperdonable carencia de índole académica de omitir su criterio sobre lo que va a suceder en Colombia con la globalización neoliberal, de manera que pueda discutirse cómo y por qué, según él, debe adecuarse la Universidad a ella. Y obsérvese que al respecto ni siquiera se le exige que rechace el proyecto neoliberal, sino que explique qué espera de éste, para que pueda evaluarse si su reforma se corresponde o no con su objetivo. De otra parte, dentro de lo que Palacios llama “los desafíos del presente”, nadie, y menos en la academia, debiera evadir preguntarse: ¿va a florecer la economía nacional? ¿Colombia va a participar de la actual globalización con productos de alta tecnología? Algún día, ¿la producción colombiana va alcanzar los altos niveles de complejidad de los países civilizados? ¿En qué campos del conocimiento complejo les da espacio el neoliberalismo a países como el nuestro? ¿Para procesos de qué nivel debe crear y transmitir ciencia y conocimientos la Nacional? ¿Requiere el modelo económico globalizador de universidades de alto nivel en países como Colombia? Incluso, ¿necesita a las universidades públicas? Y, específicamente, ¿a la Universidad Nacional de Colombia? Teniendo en mente la vana ilusión de propiciar el debate sobre las anteriores preguntas con el doctor Palacios, discusión que, a mi juicio, es la principal, creo que hay elementos de juicio suficientes para una afirmación que no es gratuita y que debe afrontarse con seriedad tanto académica como política: las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos conducen a Colombia hacia el desmejoramiento de su sistema educativo. Porque, en primer término, la política económica que le dictan al país impone, ahora más que nunca, especializarse en la exportación de materias primas agrícolas y mineras y, cuando mucho, de bienes manufacturados por industrias maquiladoras, las cuales son, por definición, intensivas en mano de obra barata y de bajo nivel tecnológico. Incluso, es evidente que el TLC con Estados Unidos no busca otro propósito que hacer inmodificables las medidas regresivas definidas en Colombia desde 1990, entre ellas las de privatización de la educación pública, así como lograr la radical profundización del neoliberalismo. ¿Propiciará el TLC producción de punta en el país si, al mismo tiempo, le impondrá aranceles de cero por ciento a lo importado y, mediante el endurecimiento del sistema de propiedad intelectual, fortalecerá el monopolio científico y tecnológico de las transnacionales? Son muchos los análisis, publicados en una literatura que crece sin cesar, que permiten asegurar que la globalización neoliberal condena a los colombianos y a los habitantes de países similares a sobrevivir con unos aparatos productivos de pacotilla. De otra parte, no hay la menor duda acerca de que existe – tiene que existir– una relación entre el aparato productivo al que aspira una sociedad y el sistema educativo que dentro de ella crea y transmite conocimientos. Sería un absurdo dotar a los Nukak Makú, dicho sea con todo respeto por ellos, de un laboratorio de biotecnología. Entonces, cabe la pregunta: ¿qué aparato educativo debe tener una nación con una economía sumida en el atraso? Y la respuesta neoliberal es obvia: pues uno igual de mediocre, dado que puede hasta aparecer como un despropósito crear y transmitir ciencia y conocimientos del más alto nivel en un país condenado al estancamiento tecnológico, pues ello conduciría a quienes así se formaran a tener que emigrar o a emplearse por debajo de su nivel de conocimientos. ¿Será por esto que al rector le preocupa que la Nacional esté “entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”? Y es sabido que en la globalización neoliberal las llamadas “ciencias sociales” no tienen cabida sino como simples instrumentos del pensamiento único que se impone, pensamiento que en Colombia no refleja otra cosa que la ideología de dominación del mayor imperio de la historia de la humanidad, el cual se impone con tanta agresividad y descaro que incluso condena al ostracismo a quien se atreva a usar la categoría imperialismo norteamericano. ¿Podrá haber algo más vergonzoso que los “análisis” sociales y políticos que los imperios les imponen a los nativos que laboran como sus intelectuales en sus colonias? Por todo esto, e incluso desde antes de 1990, las mentalidades más reaccionarias del país han pugnado por la privatización de la educación, la cual es dañina porque, como tantas veces se ha explicado, se opone al derecho democrático de los más débiles de acceder a mejores condiciones de vida y de trabajo y porque, según se conoce menos, genera un aparato educativo mediocre en razón de que la educación de alto nivel es de altos costos y estos no pueden sufragarse mediante matrículas, pues aparece la contradicción insoluble de que ellas son muy costosas a la hora de pagarse, pero resultan ser muy baratas cuando se trata de financiar buenas instituciones. Si de algo debe hacerse conciencia es del cambio de paradigmas que implica el neoliberalismo en un país como el nuestro. Antes de su imposición, por la demagogia de unos y la confusión de otros, quienes dirigían a Colombia hablaban de un proyecto de desarrollo que debía conducirla a parecerse, así fuera en un futuro remoto, a los países capitalistas desarrollados. Y algunos de los elementos positivos de la organización de la actual educación pública colombiana se explican por esas concepciones. Pero ahora más que nunca el país ha caído bajo el control de una minoría que carece de todo proyecto de progreso nacional serio, que incluso hace mofa de esa posibilidad y que con notoria desfachatez sostiene que los colombianos estamos condenados al subdesarrollo porque así lo determinan los intereses estadounidenses, ante los cuales se prosternan a cambio de que los conviertan en sus intermediarios. 3. Más necesidades y menos recursos Es conocida la decisión del gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez de llevar hasta el extremo la política de estrangulamiento financiero de las universidades públicas. A la vista están el énfasis en los créditos educativos mediante los cuales el Estado le sustrae recursos a la educación superior pública y se los traslada a la privada, la fórmula maquiavélica que pone a las universidades oficiales a pelearse entre sí por unas platas que son de todas maneras insuficientes y el Decreto 3545 que reglamenta el Plan Nacional de Desarrollo e inicia un proceso de reducción sistemática de los recursos año tras año. A tanto llega lo que se pretende, que hasta se modificó la ley de quiebras de las empresas para que ella pueda aplicárseles a las universidades públicas del país. En los documentos que explican la reforma de la Universidad se reconoce, así sea de paso, la escasez de los recursos y la tendencia a una cada vez mayor precariedad, pero no se dice nada sobre cómo solucionar dichos problemas, salvo por alguna frasecilla con la que se intenta cubrir las apariencias y las conocidas fórmulas de autofinanciación y reducción del gasto propias de la privatización. Por ejemplo, se dice que “la UN debe establecer una estrategia para que la financiación de la investigación aumente y sea sostenible”, de donde se concluye que deberá “encontrar la manera de constituir fondos internos por medio de subsidios cruzados sistemáticos provenientes, por ejemplo, de las actividades de extensión, de excedentes y rendimientos financieros y de la racionalización de la administración”[9]. O, por ejemplo, podría pensarse, de las mayores matrículas que se cobran en los postgrados, que se asemejan a las de las universidades privadas, y del recorte que pueda hacerse en la nómina de profesores. ¿Habrá alguien que conociendo la Nacional no sepa que la falta de recursos ha entorpecido su desarrollo y que sus limitaciones económicas no se resuelven abriendo un hueco para tapar otro? Se cae de su peso que sin aumentar los aportes públicos, la Universidad no puede ofrecer lo que hoy ofrece y, además, agregarle lo que propone el rector, a no ser que se sacrifique la calidad de lo que hay o se suban las matrículas. Para empeorar las cosas, el estrangulamiento presupuestal de la Universidad debe ir aparejado con la ampliación de la cobertura, de acuerdo con las indicaciones del Banco Mundial, según explica Leonardo Villa, quien agrega que la actual rectoría pretende cumplirle al gobierno de Uribe Vélez en este aspecto “elevando las tasas de promoción y graduación”[10]. Y la ampliación de la cobertura sacrificando la calidad, tan cara a las prácticas politiqueras del uribismo, ya se impuso en el Sena y en los subsidios de vivienda. 4. El centro del debate Como el propio Marco Palacios lo dice, “la propuesta más controvertida” es la de reducir el tiempo de duración de las carreras, propuesta que justifica con el argumento de que así es en Europa y Estados Unidos, de donde deduce la afirmación ya citada de que “quizás estemos ‘enseñando demasiado’”. Es innegable la importancia de tener en cuenta la experiencia estadounidense y europea en este y otros aspectos, pero ella no basta para proponer un cambio de ese calibre, dadas las enormes diferencias entre las partes, y más si esa experiencia no se analiza y demuestra como correcta para Colombia sino que se expone como criterio “de autoridad”, que como tal se supone que no requiere demostración. Pero ¿son semejantes los niveles de formación con que los estudiantes llegan a la universidad? Más aún: ¿se parece en algo el aparato productivo al que se vinculan allá y aquí los recién graduados? Por ejemplo, ¿pueden los egresados en electrónica en Colombia vincularse a organizaciones de investigación como las de IBM y Ericson? Y, en especial, ¿tendrán todos los graduados del más corto pregrado que se les propone a los colombianos la posibilidad de continuar formándose en un posgrado como ocurre en Estados Unidos y Europa? Si algo debiera caracterizar a los intelectuales colombianos es una actitud analítica frente a la experiencia extranjera, de manera que a partir de criterios de base científica se imite lo que efectivamente le sirva al país, pero lo que no cumpla tal propósito, pues no, por la simple razón de que podría ser dañino, como lo muestran los muchos ejemplos de cosas que se hacen aquí porque suceden allá, pero que lesionan a Colombia. Para la muestra, un botón: mientras los países desarrollados soportan sin mayores problemas una gran apertura a las importaciones, esa misma política, como se sabe de sobra, deja a Colombia en la barbarie científica y tecnológica. Además, es una astucia que no debiera tener cabida en el debate académico que se proponga desmejorar la formación en el pregrado aduciendo que el resto de la formación se conseguirá en los posgrados, pero que se silencie que esas especializaciones se ofrecen y ofrecerán en la Nacional con costos similares a los de las universidades privadas, lo que le quita toda posibilidad de especializarse a un porcentaje enorme de sus estudiantes. Entonces, lo que en realidad sucederá al reducirse el nivel de formación del pregrado de los estudiantes de la Universidad es que estos no podrán ser, según afirma el rector, profesionales formados por encima de “los requerimientos del mercado”, para dejarlos por debajo de dichos requerimientos, al menos frente a los competidores de otras universidades que no degeneren sus pregrados o que sí cursen posgrados. Si ello llega a ocurrir, los graduados en las carreras más cortas de la Nacional comprobarán que las famosas competencias en las que los adiestraron, y con las que les sustituyeron una formación con mayores fundamentos, no les permitirán competir con otros profesionales que serán tan diestros como ellos en algunas prácticas, pero que además tendrán una mayor formación en los conocimientos básicos de las carreras. Y es obvio que al final, en los promedios que resultarán, habrá caído el aporte de la Universidad Nacional a la sociedad colombiana La otra propuesta inaceptable de la reforma consiste en sustituir profesores de tiempo completo por catedráticos, tras la carnada de aumentar el número de los de dedicación exclusiva, propuesta que, denle las vueltas que le den, tiene como fondo, en el mejor de los casos, reducir gastos en docentes de tiempo completo al reemplazarlos por los de cátedra, con el propósito de tener con qué gastar más en mantener o incrementar en algo los de dedicación exclusiva. Y digo que en el mejor de los casos, porque en el peor podrían aumentar los catedráticos sin que se incrementaran los de dedicación exclusiva, lo que no sería sorprendente si se recuerda lo que ya viene sucediendo en la Universidad con el aumento de los llamados profesores “ocasionales”, el incremento de sus problemas financieros y las concepciones neoliberales. El argumento de que los catedráticos que sustituirán a los profesores de tiempo completo serán “muy especializado(s) y (de) alta reputación”, como los embellece el rector, incluso si fuera cierto, no significa que ese cambio no lesionaría lo que hoy es una de las grandes fortalezas de la Nacional: que un alto porcentaje de sus profesores sean de tiempo completo y dedicación exclusiva. Porque ningún grado de calidad de los catedráticos puede sustituir bien las funciones que cumplen los profesores de tiempo completo y dedicación exclusiva como fundamento de las universidades de alto nivel, y más a la hora de investigar. Y si resulta, como es bien probable, que el incremento de los catedráticos se hace con compatriotas a quienes el régimen imperante ha convertido en “profesionales de la cátedra”, porque deben completar sus ingresos con cuarenta y más horas de clases mal pagas a la semana, pues mil veces peor. Que para la Nacional es positivo tener como profesores a unos cuantos catedráticos que por fuera de ella ejercen su profesión con excelencia, está claro por lo menos desde la reforma Patiño hace más de treinta años. Pero desde esas calendas también se sabe que la preponderancia de los catedráticos es una de las características de las universidades de garaje. Tampoco puede aceptarse que la reforma se haya montado sin un análisis riguroso de la situación de la Nacional y negando sus importantes y reconocidos aportes a la creación y transmisión de ciencia y conocimientos en el país, sesgo que se ha utilizado para justificar el sacrificio de la estabilidad de los docentes y el empeoramiento de sus condiciones laborales, razón por la cual, como ha ocurrido con todas las reformas neoliberales que tienen que ver con los trabajadores, se definió que las nuevas normas no se le aplicarán en todo al personal antiguo, táctica que hace parte de los manuales de manipulación de las contradicciones y que tiene como propósito evitar la resistencia de los veteranos, en tanto el cambio se les impone a quienes no pueden opinar. En este aspecto también llama la atención que los documentos de la reforma mencionen que están por pensionarse 700 de los 3.000 profesores, pero que esto no aparezca como un grave problema, y menos que no se proponga un plan serio para retenerlos, como si el profesorado no representara el conocimiento acumulado que representa. Pero claro que si se piensa, como dice el rector en público, “que los docentes se están sirviendo de la institución, y no al revés”[11], no debe extrañar el desdén ante esa enorme pérdida del patrimonio de la Universidad. Con infamias como esta, tan comunes entre los capataces del neoliberalismo, Palacios también sigue a estos en su lógica de echarles la culpa a los de abajo, a los que nunca han tenido el mando, de lo que ellos consideran que no funciona bien, mientras silencian las responsabilidades de los que tienen y han tenido en verdad la sartén por el mango en el país. Y pretende ocultar que su reforma es de la misma estirpe y es pensada por los mismos poderes que desde hace décadas han tomado las decisiones que han lastrado el progreso nacional, incluido el de las universidades públicas. Los otros cambios en extremo negativos que preparan y contienen la reforma en marcha, y de los que poco o nada se sabe por fuera de la Universidad, tienen que ver con que desde la rectoría se ha creado un ambiente de amedrentamiento del profesorado, que busca silenciar a quienes no comulgan con sus propuestas. Además, se están desmantelando los espacios democráticos existentes en la Nacional, proceso que se inició desde el mismo momento en que el gobierno que preside Álvaro Uribe Vélez impuso al actual rector en contravía con la opinión mayoritaria del profesorado y el estudiantado. Y como lo expresara el Comité Nacional de Representantes Profesorales, la reforma también incluye el fortalecimiento del poder del rector y el debilitamiento de las instancias colegiadas en la toma de decisiones, así como de la autonomía y de las posibilidades de participación de los estudiantes y los profesores, todo esto en evidente concordancia con el espíritu autoritario que se expresa o transluce en cada acción u opinión del uribismo en contra del progreso del país. Conclusiones Según la propia confesión de sus autores, y retóricas y cambios menores aparte, la reforma de la Universidad Nacional de Colombia –que constituye parte medular de las políticas de Álvaro Uribe Vélez y que por razones obvias ha sido respaldada por personajes como Rudolf Hommes– es otro paso más en la adecuación del país a las políticas de la globalización neoliberal y, en particular, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pacto que es parte del propósito estadounidense de recolonizar el continente. Y es un paso que se quiere imponer, como los otros, sin siquiera intentar demostrar que el país prosperará en ese proceso y que con él se crearán condiciones propicias para que avancen la ciencia y el conocimiento generados por los colombianos. En la decadencia del régimen, consideran que ya ni siquiera es necesario intentar demostrar que mandan correctamente, pues les basta con dejar sentado que mandan, estatus que se ganan por representar, en este caso sí, sin duda bien, los intereses foráneos de los que derivan su poderes. Lo que se pone al orden del día, entonces, es la oposición, civilizada y democrática, por supuesto, a los aspectos medulares de la reforma, lucha que debe darse mediante la unidad y la movilización de los profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad, en el marco de la defensa de toda la educación pública y en comunidad con ella y procurando el respaldo del conjunto de la sociedad colombiana. Bogotá, 23 de Febrero de 2005. * Jorge Enrique Robledo, Senador de la República. Notas: [1] Palacios, Marco, Hacia la innovación institucional en la Universidad Nacional, Bogotá, 30 de septiembre de 2003. [2] Ibid. [3] Villa, Leonardo, La reforma académica que requiere la Universidad Nacional de Colombia, Rectoría, Bogotá, 2004. [4] En la Universidad Nacional de Colombia alcancé la categoría de Profesor Titular y recibí las distinciones Medalla al Mérito, Maestro Universitario y Orden Gerardo Molina. [5] Villa, Op Cit., p. 51. [6] Ibid, p. 23. [7] Ibid, p. 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24. [8] Ibid., p. 24. [9] Ibid., p. 71. [10] Ibid., p. 24, 25 y 26. [11] “Revolcón total en la Universidad”, El Tiempo, 8 de octubre de 2004, p. 1-2