Respuesta a replanteamiento gubernamental de consulta para propuesta de ley sobre biodiversidad Reconoce gobierno de Chiapas “error” el llamar a consulta internacional, pero insiste en poner a la venta la estratégica riqueza biológica nacional en el estado Ante la confesión táctica del gobierno de Chiapas de haber cometido un “error terrible” al haber llamado a consulta internacional la propuesta de ley para la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental del estado de Chiapas, y aceptar no haber consultado a las organizaciones y comunidades indígenas para quienes, dijo, abrirá un plazo adicional, el Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (Compitch) y Maderas del Pueblo del Sureste, declaramos: 1. Que el reconocimiento que hace el gobierno del estado constituye un reconocimiento sesgado. No pensamos que se trate de un error. La convocatoria a consulta la dio a conocer el gobernador en España (en su gira de acompañamiento al presidente Fox), y en Chiapas sólo hasta semanas después, la víspera de las fechas y en ciertos lugares. Además, el carácter de internacional fue situado en el cartel de propaganda de la consulta justo arriba del nombre del estado y en letras resaltadas, de color y tamaño llamativos, mientras las que corresponden a la invitación a los participantes nacionales y estatales (que no incluyó explícitamente a comunidades indígenas ni campesinas) por debajo en letras de color muchos menos visibles. Por ello creemos que se trató de una acción premeditada, que subestimó la capacidad de reacción social sobre ese punto, capacidad que tienen los pueblos y comunidades organizadas, ajenas al control gubernamental, para distinguir entre la participación solidaria y respetuosa de hermanos de otras nacionalidades y la alevosa convocatoria gubernamental (estatal, en complicidad con la federal) a una intervención extranjera para definir asuntos de nuestra exclusiva facultad. 2. Que la ampliación ahora anunciada del plazo para la participación de “grupos y comunidades indígenas” es una trampa gubernamental y siendo así echa por tierra la buena fe que pudo haber tras el reconocimiento de su error. No sólo es evidente que un mes y medio resulta totalmente insuficiente para poner a consulta buena la propuesta de ley siquiera a una sola comunidad, de las miles que hay en Chiapas. Tal vez en unos años pudiera lograrse su comprensión pero quien sabe si su aceptación, porque así, tal como está la propuesta, tal como están muchas otras que ya son leyes, es incomprensible en su sentido social para los pueblos indígenas y campesinos, porque cuanto en esa propuesta de ley se establece, al menos para las tierras, territorios, recursos naturales y relaciones sociales comunitarias, es contrario a cuanto las comunidades piensan y practican. El problema histórico reside, sin embargo, en que el gobierno y las grandes empresas que impulsan y definen los ordenamientos jurídicos nacionales no están dispuestas a consultar ni a definirlos a partir de la palabra de los poseedores de la tierra, en el marco de un sistema social contrario al lucro y a la hegemonía, de un pensamiento opuesto al suyo, aunque una ley entre las cientos que ordenan al país, el Convenio 169º de la O.I.T., así se los mande. Los hechos e innumerables estudios* demuestran que las prácticas indígenas, la persistencia de sus culturas y sus formas de organización social son las principales responsables de la existencia y preservación de la biodiversidad en Chiapas (y en el mundo). La reposición del procedimiento de consulta para adecuar la propuesta de ley estatal (de alcance nacional) sobre biodiversidad deberá ser entonces una reposición histórica, que parta de la memoria y práctica viva de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, expresadas por ellas mismas, a través de sus instituciones propias y bajo sus ritmos, es decir, respetando su identidad social y cultural como lo manda frente a cualquier iniciativa de Estado el inciso b) del artículo 2º del Convenio 169º de la O.I.T., además de reconocerse constitucionalmente los derechos, cultura y relaciones sociales comunitarias indígenas pactados en San Andrés Larráinzar y que el gobierno de Pablo Salazar se comprometió a respetar y a cumplir en su Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006. 3. Que la frase dicha por el coordinador de la consulta internacional (responsable ambiental estatal) “los recursos genéticos y en general el patrimonio biológico son quizás el capital más rico que tiene México”** revela la naturaleza estratégica y el alcance de piloto jurídico global hacia el reordenamiento de territorios y jurisdicciones nacionales que para nuestros gobiernos (estatal y federal) supone, y que en tanto esto es así, en el ocaso de sus neoliberales mandatos, no se detendrán ante nada ni ante nadie para imponerlo, más allá de arrepentimientos tácticos o de la nueva pero ya desgastada coartada de bienes de la humanidad. 4. Que esperamos de las organizaciones sociales, pueblos y comunidades, que no acudan a convalidar este plazo trampa dado por el gobierno estatal pero tampoco que guarden silencio, antes bien los exhortamos a que denuncien con valor y responsabilidad histórica este propósito de extraterritorializar la toma de decisiones, que hoy pudo-puede ser Chiapas, mañana la Amazonía, y a largo plazo cualquier otro territorio del mundo. Atentamente EL COMPITCH MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 14 de marzo del 2005