Ayotzinapa: reflejo y resultado de la violencia política estructural

Guillermo Castillo Ramírez

10/11/2014

Opinión

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“El hecho de que todo mundo se haya indignado por lo que pasó el 26 de septiembre refleja claramente que no somos solamente nosotros los indignados, como estudiantes de Ayotzinapa, (sino que) es todo un país el que ha sufrido durante muchos años estos atropellos. Y no sólo se trata de la indignación por tanta delincuencia e inseguridad, sino que hay indignación también cuando vemos al campesino sin trabajo, al obrero sin trabajo, al estudiante que después de cursar una carrera no tiene acceso a una plaza (…) Cada indignación de la población tiene que llegarnos hasta el fondo, no sólo cuando se mata o se desaparece a 43 estudiantes. Las cifras aquí no importan, somos miles en el país, somos miles de inconformes y de atropellados, diariamente, y ese es el problema”. Omar García, estudiante de Ayotzinapa [En Ojorasca, La Jornada, 8, noviembre, 2014].

Ayotzinapa, el reclamo de justicia continúa…

Desde los asesinatos y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la tarde-noche del 26 de septiembre en Iguala, y en respuesta y respaldo a las convocatorias y acciones de los padres y compañeros de los normalistas, en el transcurso de estas semanas y organizadas en torno a tres jornadas globales de apoyo, se han llevado a cabo manifestaciones masivas de miles de personas y organizaciones sociales y políticas en muchas ciudades de México, marchas multitudinarias en las principales megalópolis del país, diversos paros de labores en varias instituciones públicas de educación superior organizados por estudiantes, así como muchas otras acciones de protesta e inconformidad en apoyo a los normalistas; a esto se ha sumado un consistente y creciente respaldo internacional.

La cobertura y seguimiento que diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros han realizado sobre las desapariciones de Ayotzinapa y las movilizaciones para la presentación con vida de los normalistas han hecho visible la gravedad de la situación y han contribuido a que diversas instancias internacionales (ONU, CIDH, HRW, AI, Parlamento Europeo) y algunos Jefes de Estado de diversos países (entre ellos Obama) hayan expresado su condena y se pronunciaran por encontrar con vida a los desaparecidos. Tras generar una presión política directa sobre el Estado mexicano (principalmente a nivel federal), las movilizaciones sociales y la cobertura mediática nacional e internacional han contribuido de manera decisiva a que acontecieran los siguientes hechos: intensificación de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, la reciente captura de los presuntos autores intelectuales (el ex-alcalde de Iguala y su esposa), el arresto de los perpetradores materiales de los asesinatos y desapariciones de los estudiantes (entre policías municipales y miembros del crimen organizados hay más de 50 individuos detenidos), la desarticulación de uno de los grupos del crimen organizado activos en Iguala y sus alrededores, la destitución del ex–gobernador de Guerrero y de varios funcionarios estatales. No obstante, a pesar de todo esto, aún no se sabe a ciencia cierta el paradero de los 43 normalistas y, por tanto, sigue irresuelta una de las principales demandas de los padres y compañeros de los estudiantes secuestrados: la presentación con vida de los desaparecidos.

Ayotzinapa, reflejo de la inseguridad, la descomposición social y la violencia política.

Los acontecimientos del 26 de septiembre en Iguala tienen un carácter atroz e indolente no sólo por la violencia y la saña con que fueron perpetrados los asesinatos y desapariciones, sino también por el papel que el Estado jugó y por los sujetos sociales a los que se agredió: jóvenes normalistas campesinos e indígenas que estaban indefensos y desarmados. Los sucesos de Ayotzinapa representan un reflejo cruento de una serie de problemas estructurales de carácter político que han delineado la vida contemporánea del país.

(1) Desapariciones. Como aconteció con los estudiantes normalistas secuestrados y privados de la libertad el 26 de septiembre, desde el 2006 (en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que inició el sexenio pasado) y hasta la fecha, las desapariciones forzadas (a veces de carácter masivo) vinculadas a hechos delictivos donde están involucrados grupos del crimen organizado (y en no pocas ocasiones fuerzas de seguridad del Estado) han sido uno de los acontecimientos violentos más recurrentes de la historia reciente de México; según cifras conservadoras, se calcula en más de 24 ó 26 mil el número de desaparecidos durante el gobierno de Calderón y lo que va de la presente administración federal.

(2) Asesinatos. En el mismo tenor de los hechos de Iguala del pasado septiembre donde fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres estudiantes normalistas), de 2006 a 2014 se han registrado más de 100 mil asesinatos relacionados a hechos violentos donde intervinieron grupos delictivos del crimen organizado (cárteles del narcotráfico) y diversas fuerzas de seguridad del Estado (principalmente policías municipales); dentro de estas formas de violencia y privación de la vida también se encuentran los feminicidios.

(3) Violencia política selectiva. Además, a semejanza de la violencia específicamente dirigida a los normalistas de Ayotzinapa, en México se han vuelto cada vez más recurrentes las agresiones físicas (que en no pocas ocasiones terminan con la privación de la vida) deliberadamente orientadas a grupos sociales de diverso tipo (jóvenes, campesinos, indígenas, maestros) que se oponen a los poderes fácticos imperantes (el crimen organizado, el Estado en sus diversas escalas, los monopolios y las transnacionales).

(4) Deterioro del tejido social. De manera paralela, derivado de la privación forzada de la vida y en consonancia con lo que ahora experimentan los deudos de los normalistas de Ayotzinapa, en los últimos años en México decenas de miles de familias han sido golpeadas y fracturadas por las más de 26 mil personas desaparecidas y los más de cien mil asesinados; en México, como en Ayotzinapa y Guerrero, hay un severo deterioro del tejido social. Si se analiza la abismal desproporción entre los miles de delitos cometidos y los contados casos donde se llevan a buen término los procesos jurídicos y judiciales de impartición de justicia, hay de facto un claro desdén por las víctimas y sus deudos de parte del Estado mexicano.

(5) Ausencia crónica del cumplimiento y ejercicio de la ley. De este modo y como hasta la fecha ha venido aconteciendo en torno al caso de los normalistas asesinados y desaparecidos, históricamente (pero particularmente en las dos últimas administraciones federales) hay una ausencia crónica del cumplimiento y ejercicio de la ley por parte de las autoridades estatales. Pocas veces el sistema jurídico-judicial del Estado mexicano juzga a los responsables de los asesinatos y desapariciones, quedando sin castigo los crímenes cometidos. Hoy día la justicia es una deuda permanente y la impunidad es una constante entre los poderes fácticos. Expresión clara de esto es que, como con los normalistas de Ayotzinapa, aún están pendientes las investigaciones de las decenas de miles de desaparecidos y los más de 100 mil asesinatos y muertes violentas acontecidas entre 2006 y 2014.

Entre la complicidad, la impunidad y la negligencia

Desde la consideración de sus diversas escalas o niveles, el Estado fue cómplice y participe en los asesinatos y desapariciones de Ayotzinapa, pero también, a través del conjunto de sus instituciones de investigación e impartición de justicia, mostró y propició impunidad, negligencia e indiferencia en torno al caso. A nivel municipal, el Estado estuvo involucrado directamente en los sucesos de Iguala, tanto porque el ex presidente municipal y su esposa fueron los presuntos autores intelectuales de estos crímenes, como por el hecho de que los policías municipales fueron los perpetradores materiales de las agresiones (dentro de ellas 6 asesinatos) y el secuestro (privación forzada de la libertad) de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre.

En lo concerniente al ámbito de la entidad federativa, el gobierno de Guerrero propició la impunidad y la negligencia. Las autoridades estatales pese a que tuvieron información el mismo día 26 de septiembre de lo que estaba ocurrieron no hicieron nada para frenar las agresiones ni trasladarse al sitio de los hechos e iniciar de manera inmediata las indagaciones. Posteriormente, frente a la evidente participación de autoridades locales y policías municipales en los hechos violentos, el gobierno estatal actuó de manera tardía, propiciando de facto con su actuar errático la fuga de varios de los responsables y obstaculizando las investigaciones.

A nivel federal también hubo rasgos de impunidad y negligencia en múltiples situaciones. Desde mucho antes de los asesinatos y las desapariciones del 26 de septiembre, instancias federales (la Secretaría de Gobernación y la PGR) habían recibido información de hechos delictivos (los asesinatos de tres miembros de Unión Popular) en los que había estado involucrado directamente el ex-alcalde de Iguala y no iniciaron los procesos de indagación correspondientes; había, pues, datos sobre la violencia en la región y los antecedentes criminales de Abarca. Por otra parte, una vez ocurridos los hechos de Iguala, la atracción del caso por parte de las autoridades federales fue tardía y ambigua, mostrando falta de coordinación y de voluntad de cooperación con las autoridades de Guerrero y con el Equipo Argentino de Antropología Forense. En este contexto, surge la interrogante: ¿por qué las autoridades federales, que un principio se deslindaron del caso y lo redujeron a una situación de violencia focalizada y crimen local, posteriormente hicieron un vistoso despliegue de recursos e información? Probablemente la respuesta tiene que ver, más que con una real voluntad política con los deudos de los normalistas y el esclarecimiento de lo sucedido, con una visión pragmática de las autoridades federales y sus estadistas de resolver a toda costa la crisis política y de seguridad que ha tirado por tierra la imagen ficticia de México que el gobierno en turno había proyectado en el exterior. Hoy, como desde el 26 de septiembre, sigue el reclamo de la aparición con vida de los normalistas, el esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de posgrado y trabaja en la UNAM-México en un proyecto sobre migración.

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