Luego de varias semanas de efervescencia social, suscitada por la oposición ciudadana al proyecto de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), analistas e historiadores opinan sobre una de las revueltas populares más trascendentales en la historia costarricense, a la cual incluso la comparan con la Guerra Civil vivida en 1948. Política privatizadora Después de ser electo presidente de la República el conservador Miguel Ángel Rodríguez (febrero de 1998), puso en marcha su proyecto neoliberal, dentro del cual constaba como una de sus prioridades la modernización del estado por medio de la venta de empresas estatales (ver Alai, 267) Sin embargo, luego de haber presentado el proyecto de ley de apertura y modernización del (ICE) y de haber sido éste aprobado por el Parlamento, en un primer debate, el desacuerdo ciudadano no se hizo esperar. Con el pasar de los días los ánimos se encendieron más y las medidas se radicalizaron con el cierre de puentes y carreteras. Durante varias semanas el ambiente que se vivió en la siempre tranquila Costa Rica, se tornó turbulento, al punto de obligar al gobierno a ceder su postura. Finalmente, y ante la presencia de los mandatarios centroamericanos para la cumbre de presidentes y la visita del primer mandatario brasileño, Fernando Henrique Cardoso, las partes en conflicto aceptaron dialogar y llegaron al acuerdo de conformar una comisión mixta con los atributos necesarios para revisar y negociar los cambios al controversial proyecto del ICE (ver Alai 311). A raíz de este acuerdo la tranquilidad volvió a Costa Rica. Momento de cambios Fue tal el impacto que tuvieron las agrupaciones sociales en la coyuntura, que historiadores como Vladimir de la Cruz no vacila en asegurar que se trata "de la agonía de la Segunda República" que se instauró en 1948. En esta misma línea, el analista Víctor Ramírez califica a las recientes movilizaciones como el "acto político más trascendental y crítico desde la Guerra Civil del 48". En ese año, cuando el Presidente saliente, Teodoro Picado, desconoció el triunfo presidencial del reformista Otilio Ulate, estalló una revuelta popular que culminó con el establecimiento de un gobierno provisional, encabezado por José María Figueres, principal mentor de la revuelta, quien sentó las bases de la Segunda República. Con el precedente que sentaron estas movilizaciones ciudadanas -no sólo por el alcance a nivel nacional, sino por la diversidad de grupos sociales (estudiantes, ambientalistas, educadores, mujeres, comunidades pastorales, entre otros) que se adhirieron al movimiento-, la política costarricense parece haber entrado en un cambio de rumbo. Así, Victor Ramírez considera que se "cambió tanto el escenario como la lógica del poder costarricense", mientras el sociólogo Carlos Carranza sostiene que esto significa el nacimiento de "una corriente que exige otro comportamiento al poder político, e incluso llega a exigir al Parlamento que repiense su papel, para convertirse en fuente de discusiones y leyes adecuadas". Al igual que en 1948, la movilización contra la política privatizadora del régimen de Miguel Ángel Rodríguez marca pautas para un cambio estructural en el sistema político, un cambio que empieza por un repensar de las clases dirigentes sobre la forma de hacer política en Costa Rica, que reivindica a los movimientos sociales y propicia nuevas formas de participación ciudadana. Los partidos en reversa Los primeros estragos del remezón social ya se pueden apreciar en el desencanto de la población frente a los dos partidos tradicionales que desde el 48 se han turnado en el poder: el Partido de Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Según una encuesta realizada por CID-Gallup tras el conflicto del ICE, los dos partidos han registrado una abrupta caída en las simpatías ciudadanas, al igual que el Presidente Rodríguez, quien llegó al poder con el 46% de los votos, y en lo que va del año ha perdido alrededor de 39 puntos. Esta imagen cada vez más deteriorada de la clase política -que se refleja en las encuestas-, muestra el desencanto que la mayor parte de la población siente frente a las élites políticas tradicionales, sin que tampoco ello signifique un traslado de confianza a las fuerzas minoritarias.