Boyacá: carbón y resistencia civil
15/12/2014
- Opinión
La Colombia de hoy en día es un maremágnum, su futuro navega por los mares de la turbulencia social y económica. El Estado fluctúa entre la disyuntiva crecimiento del PIB versus bienestar social. Las finanzas públicas actuales, dependientes en gran parte de la renta minero-energética, la reprimarización de la producción y el aumento creciente de las luchas sociales derivadas del accionar minero-energético, mantienen vulnerable a la economía nacional.
El sector del carbón, al que dedicaremos las líneas gruesas de este artículo, refleja fielmente la dimensión de los efectos sociales y ambientales del modelo extractivista actual. La dinámica de esta millonaria industria en el departamento de Boyacá, permite dilucidar las externalidades resultantes de preponderar el capital por encima del desarrollo humano.
La actualidad de la industria del carbón: cifras y particularidades
El carbón ha sido uno de los minerales más tradicionales en la historia mundial y una de las fuentes de energía más significativas (el 40% de la electricidad en el planeta se produce con este combustible rocoso). A nivel global, este sector en los dos últimos años muestra un declive significativo de sus precios, al pasar de USD$115 por tonelada en agosto de 2008 a niveles inferiores a los USD$80 a principios de 2013. La sobre oferta que sufre el mercado mundial tiene su origen en el aumento de la producción por parte de países como China.
En el plano nacional, la industria carbonífera entre el año 2002 y 2012 experimentó un crecimiento promedio al año del 11,3% al pasar de los 39,48 a los 89,02 millones de toneladas producidas. De las cifras del 2012, dos departamentos, La Guajira y Cesar, concentran alrededor del 90% del total. El departamento de Boyacá, eje principal de esta investigación, aporto 3,3 millones correspondientes al 2,94% del acumulado nacional[1].
Esta tendencia al alza, ha hecho posible que el ramo haya aumentado su participación en las regalías totales de la nación y que la explotación de este mineral se haya desbordado. Mientras en 2004, la minería aportaba el 9,9% del total del sector (frente a un 90,1 correspondiente a hidrocarburos), en 2012 esta cifra saltó casi al doble al situarse en el 18,7%[2].
A pesar del crecimiento sostenido del sector, las rentas percibidas por el Estado colombiano se sitúan entre las más bajas del continente, solo comparables con las cifras de Chile y Perú. Horacio Duque, en reciente artículo publicado señala al respecto: “El país comparte con Chile y Perú los niveles más bajos de participación del Estado en las rentas de este sector. En las últimas dos décadas, por cada dólar aportado al PIB por la minería y los hidrocarburos, el Estado percibe ingresos fiscales de menos de dieciséis centavos (en el mejor de los casos, durante los últimos años de bonanza de precios en los mercados mundiales). Bolivia y Venezuela se encuentran en un nivel intermedio, mientras que Ecuador y México presentan una situación mucho más favorable, sobrepasando cuarenta centavos de dólar de ingresos fiscales por cada dólar de valor agregado aportado por la minería y el petróleo (en particular al final del período, cuando fueron más altos los precios de estos bienes en el mercado mundial”[3].
Las externalidades económicas y ambientales del extractivismo
Son muchas las cifras y estudios que abordan las perspectivas, desde el plano económico del modelo extractivista actual, que hacen hincapié en las bondades de la exploración y explotación, que ponen en el centro del debate público la redistribución de la renta asociada a esta actividad –uno de los puntos álgidos de la agenda venidera entre el gobierno y la guerrilla del ELN-, pero es poco lo que se debate sobre el costo económico de los impactos ambientales producidos por el extractivismo.
El “V informe Nacional de Biodiversidad de Colombia”, presentado el pasado 13 de mayo, muestra los alcances del deterioro ambiental, que se sitúa en un 3,5% del PIB anual, y que tiene entre sus principales culpables los cambios en el uso del suelo; la disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas nativos y agro-ecosistemas; las invasiones biológicas, contaminación y toxificación del agua y el cambio climático.
Coincidencialmente, los factores reseñados anteriormente tienen relación directa con los impactos negativos asociados a las actividades extractivas, lo que nos permite lanzar el siguiente interrogante ¿es sostenible el modelo de desarrollo que se impone en la Colombia de hoy en día?[4]
Carbón: de la minería tradicional de socavón a la minería a cielo abierto
Las dinámicas de la minería contemporánea preponderan la explotación a gran escala como mecanismo para optimizar los yacimientos. Hasta la primera parte del siglo XX, la minería de socavón o subterránea era la más habitual debido a que el mineral que se encontraba era valioso o de alta ley. A medida que el tiempo transcurrió las vetas de alta ley, en casi su totalidad terminaron siendo explotadas. Esto obligó a la industria a ir tras los pasos de nuevos métodos, más eficientes y económicos y a explotar minerales cada vez más cerca de la superficie, caracterizados por material de cada vez más baja ley. En este contexto aparece la minería a cielo abierto.
Este tipo de explotación se identifica por el procesamiento a gran escala de masas rocosas, de baja ley generalmente, que resultan económicas y que configuran lo que hoy se conoce como megaminería. En la actualidad, no se entiende la producción de carbón a gran escala sino desde la perspectiva de minería a cielo abierto, que trae consigo la remoción de amplias extensiones de capa vegetal, destrucción de la flora y fauna, esterilidad de los suelos y la contaminación de los nacimientos acuíferos. Para realizar minería a cielo abierto, cabe acotar, se requieren ingentes cantidades de agua para realizar la extracción.
Dinámicas de la industria del carbón en Boyacá
El carbón en el departamento de Boyacá presenta un panorama caracterizado por regalías irrisorias; participación porcentual poco significativa con respecto al total nacional; daños ambientales irreversibles; relocalización territorial y reconfiguración productiva de las comunidades lo que ha devenido en el caldo de cultivo perfecto para articular lo que hace unos pocos años se creía impensado: una creciente y nutrida resistencia civil de redes, conformadas por colectivos ambientales, movimientos, asociaciones campesinas que se han encargado de alertar y concientizar a las comunidades, no solo las afectadas, sino las que habitan los cascos urbanos de los 123 municipios del departamento, sobre los peligros que yacen sobre el otorgamiento de “licencias ambientales exprés” por parte de la autoridad ambiental local.
En el departamento de Boyacá existen, basados en cifras de mayo de 2014, 1.540 títulos mineros vigentes; de los cuales 1.492 fueron fiscalizados. De los títulos fiscalizados, el 35% está en fase de exploración; el 30%, en construcción y montaje, y el 35%, en fase de explotación[5].
La producción de carbón en el departamento se concentra en 3 franjas: al sur occidente en el área Checua-Lenguazaque; en el área central en el corredor Tunja-Paipa-Duitama y al oriente en el área Sogamoso-Jericó. Dicha actividad se concentra principalmente en las provincias de Sugamuxi, Alto Ricaurte y Valderrama.
Boyacá, a diferencia de los mayores departamentos productores de carbón en el país –La Guajira y Cesar- pone en riesgo no solo su suelo sino su rico entramado ecosistémico, que concentra el 18,23% del total de paramos del país, creando una irreconciliable contradicción entre el capital y el territorio: las principales zonas carboníferas, donde se han otorgado una gran proporción de títulos mineros en el departamento, muchas de ellas ubicadas en el corredor de la cordillera oriental, se ubican en áreas de reserva ambiental y en páramos. El agua y la vida corren el riesgo de ser heridas de muerte.
Efectos ambientales de la minería en los páramos boyacenses
Según cifras del DANE, la población de Boyacá para el año 2005 se estimaba en 1.271.133 habitantes, de los cuales un 44,72% habitaba en zonas rurales. El 21% de la población total del departamento (equivalente al 46,9% del total de personas del área rural) reside en zonas de páramo. La mayoría de este conglomerado se dedica a la agricultura y la ganadería.
Las 600.000 hectáreas de paramos que el departamento posee, se agrupan en 5 áreas principales: Cocuy (271.033 has); Pisba (106.243 has); Tota-Bijagual-Mamapacha (152.498 has); Guantiva-La Rusia (119.75 has); Iguaque-Merchán (28.311 has).
Hunza Coal (Tasco), El Palmarito (Rondón), Carbones Andinos (Samacá) y Colombian Clear Power (Socotá y Socha) son algunas de las minas principales que tienen la particularidad de estar localizadas geográficamente en inmediaciones de los páramos de Pisba, Cortaderas y Rabanal.
El conglomerado de externalidades negativas en el departamento producto de la minería, entendidas estas como las acciones por parte de las compañías mineras que ponen en riesgo la estructura y función de los suelos de páramo, comprende entre otros aspectos la corrupción de la estructura de los suelos por remoción en la modalidad a cielo abierto o compresión / compactación, afectaciones que socavan su capacidad de almacenamiento y regulación hídrica, porque alteran su porosidad[6].
El informe Lineamientos técnicos para la estrategia de adaptación al cambio climático de los páramos y humedales altoandinos, previa la evaluación de la vulnerabilidad, realizado por el IDEAM y el Ministerio de Medio Ambiente en 2011, hace hincapié en la necesidad de proteger las zonas de alta montaña que abastecen de agua al 70% de los colombianos y simultáneamente alerta sobre la importancia económica que tiene el agua nacida en los páramos, cuyo aporte al PIB podría superar en 4 o 5 veces la importancia de la minería de carbón, que aporta el 62% del PIB minero. El informe también pone de manifiesto como la minería que se desarrolla o intenta desarrollar en la actualidad genera acidificación o drenaje ácido de las aguas producto de la contaminación con cianuro, arsénico y nitritos entre otros elementos[7].
Lo que se conoce como “línea de páramo” o delimitación topográfica del ecosistema, y su respeto desde el plano económico y ambiental, es un imperativo para proteger el reservorio natural del agua, milenario y ancestral, cuya composición colmada de vida y miles de frailejones, corre el riesgo de perecer ante las pretensiones desbordadas del extractivismo volátil, destructivo, cortoplacista.
Estas afectaciones tienen repercusiones tácitas que afectarán la vida futura de la región, como el eventual desabastecimiento de agua potable que podrían sufrir ciudades principales de los departamentos de Boyacá y Casanare. A corto plazo se vislumbra, como en el caso de la exploración sísmica que se realiza en toda la provincia de Sugamuxi, una carestía de consecuencias económicas incalculables.
Poblaciones como Sogamoso, proyectada por los entes gubernamentales como la capital del nuevo fortín petrolero de Boyacá, que se extiende hasta la frontera con el departamento de Casanare, corren el peligro de que el masivo otorgamiento de licencias ambientales termine contaminando y socavando en cantidad el recurso hídrico que yace en la superficie y debajo de ella.
Otras de las incidencias que la nueva dinámica de explotación y exploración supone son la reconfiguración territorial y productiva, que implica que vastas extensiones de tierra, en la actualidad usadas para la agricultura, actividad que ha permitido que el departamento se convierta en la principal despensa de alimentos del país, sean reemplazadas por extensiones ahora destinadas a la búsqueda y usufructo de petróleo y minerales.
Desde el plano jurídico, la ley 1450 de 2011, en su artículo 202, señala tácitamente la prohibición minera en los páramos y señala su delimitación a escala 1:25.000. La ley, tiene una vigencia de 4 años, por lo que es probable que toda la andanada del gobierno en este mes en curso, se focalice en terminar con dicha restricción constriñendo a la rama legislativa para que realice la modificación y presionando al Ministro de Ambiente y al Director de Planeación, estos dos últimos con potestad de tomar la decisión final.
Los títulos mineros “exprés”, la herramienta del despojo
La sentencia C-983 del 2010 de la Corte Constitucional que señala “los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos”, se ha convertido en el argumento jurídico de cabecera, por parte del Gobierno Nacional, para desconocer los referendos municipales aprobatorios, más conocidos como Consultas Populares, que tuvieron su génesis con el NO de los habitantes de Piedras Tolima el 28 de Julio de 2013, a la explotación de Oro en la mina La Colosa.
La aprobación del Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014, que controla las licencias ambientales en Colombia, catalogadas por diversos sectores como “licencias exprés”, supuso un duro golpe a las ya desreguladas autorizaciones para ejecutar proyectos que pongan en riesgo, directa o indirectamente, a los recursos naturales y el medioambiente.
Una vez más, la estrategia jurídica gubernamental enfiló, en tiempo exprés (valga la redundancia), baterías contra los mecanismos de participación que involucran a las comunidades, al cercenar su alcance, que ha quedado reducido, según el artículo 15 de este mismo decreto a la simple notificación, por medio de reuniones, de los impactos creados y de los planes de contingencia para mitigarlos.
Estas modificaciones dejan a las consultas previas y a las mismas consultas populares, como las de Tauramena (Casanare) y Piedras (Tolima), sin esencia vinculante, lo que pone en peligro los eventuales compromisos, que en cualquier caso, gobierno y las comunidades puedan acordar.
Se configura con dicha medida una especie de “encuentros por la puerta de atrás”, que desde el plano jurídico cumplen pero que carecen de legitimidad alguna al abrirse la posibilidad de privatizar los espacios donde se socialicen los diversos proyectos para restringir la entrada de los verdaderos grupos de presión u objetores. Lo que el gobierno denomina eufemísticamente “licencia social” realmente no deja de ser más que un acuerdo “exprés” entre la multinacional de turno y el estado[8].
No deja de ser peligroso, como lo señala el artículo 49 del título VI de este decreto, que la información que utilizará la ANLA de ahora en adelante sea generada por las autoridades ambientales y por terceros, que no en pocos casos, tienen intereses creados en la expedición de licencias. La nueva modificación permite en pocas palabras que quienes soliciten los permisos respectivos sean los mismos que suministren una gruesa parte de la información con la cual el gobierno tomará las decisiones[9].
La referencia continua a la palabra “exprés” no es producto del azar. Mientras en los Estados Unidos el promedio de espera para el otorgamiento de una licencia es de 7 años, en Australia de 2, en Sudáfrica más de un año y en Canadá de 6 meses, en Colombia dicho trámite tarda tan solo 3 meses. La dependencia de la locomotora minero-energética en el crecimiento nacional y la existencia de competidores vecinos como Perú, se han convertido en los argumentos principales de los adalides de la “confianza inversionista”, encabezados por las mismas multinacionales interesadas en la explotación, para que el rigor de la asignación de permisos mineros sea cada vez menor.
Boyacá: el magma de la lucha social, la defensa de la vida, el agua y el territorio
Las dinámicas depredadoras de la industria del carbón, petróleo y otros minerales, ha lanzado a los rincones del departamento, a través de las grietas del despojo, a un nutrido magma social, compuesto por comunidades afectadas, colectivos ambientales y ciudadanos que se rehúsan a que su fértil y extenso territorio se convierta en una nostálgica postal del ayer.
Las acciones de tipo informativo y legal, realizadas con las comunidades sobre los impactos de la minería en el departamento, por este bloque de opositores de diversos orígenes, han incluido la pedagogía sobre la importancia de defender el interés colectivo por encima del interés particular de las transnacionales, el uso de acciones jurídicas contra las empresas, la promoción de la participación ciudadana y la potenciación de nuevos liderazgos que repliquen en los territorios la lucha contra esta modalidad productiva como fórmula para darle un nuevo impulso a ese poder ciudadano que yace en estado de latencia.
Los foros y caminatas de reconocimiento de los territorios, como la denominada “Boyacá con Ruana y Sombrero Protege su Suelo”, realizada el 28 y 29 de marzo del presente año, donde un significativo número de organizaciones sociales, colectivos, medios de comunicación e instituciones educativas se dieron cita para recorrer la mina de Palmarito, ubicada entre los municipios de Pesca y Rondón y el bloque de exploración y explotación petrolera MNORTE a cargo de la francesa Maurel et Prom han sido algunas de las actividades que han articulado a este conglomerado amplio de lucha social[10].
La incursión de Greenpeace en esta lucha en contra de la minería, en hábitats frágiles como los de los páramos, ha contribuido a generar presión, desde lo mediático, contra la voracidad de la explotación que se lleva a cabo en la actualidad.
“Pisba sin Minería”, actividad realizada por esta ONG global, realizada a fines del año pasado, intentó visibilizar los peligros de la mega minería carbonífera en zonas de páramo, develando el accionar de la empresa Hunza Coal, la cual ha ignorado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio al desconocer la zona de amortiguación del Parque Natural Nacional de Pisba contiguo al proyecto[11].
Mucho se debate en torno al modelo minero-energético colombiano, que en las proyecciones oficiales intenta extenderse a un tercio del territorio nacional, pocas de esas discusiones incluyen a los principales afectados: los campesinos. Respetar su tradición ancestral no implica contemplarlos desde una perspectiva conmiserativa. Por el contrario, aumentar su frontera productiva significa trazar la ruta para maximizar su poder adquisitivo y por ende sus ingresos.
La defensa del agro, en resumidas cuentas, desde la lógica del sentido común, resulta ser el vehículo ideal para lograr frenar la minería y sus efectos devastadores sobre el medio ambiente en el departamento de Boyacá. La agricultura y los moradores rurales se convierten, bajo esta nueva premisa, en los guardianes del agua y la soberanía alimentaria. Su resistencia civil en los territorios declara la defensa de la vida y el territorio.
Felipe Pineda Ruiz
Publicista Politécnico Grancolombiano, activista social y colaborador de la Fundación Democracia Hoy
Twitter: @pineda0ruiz
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 429
Semana del 12 al 18 de diciembre de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
[1] Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Fuente: http://alturl.com/y72bi
[2] Martínez O., Astrid (2014). Minería y Medio Ambiente en Colombia. Fedesarrollo, Centro de Investigación Económica y Social, Bogotá, p. 23 Fuente: http://alturl.com/bsr3r
[3] Duque Giraldo, Horacio. La coyuntura petrolera y minera y sus implicaciones económicas,fiscales y políticas.Periódico Desde Abajo, diciembre 1 de 2014. Fuente: http://alturl.com/ijx5v
[4] Deterioro ambiental genera un costo anual de 3.5% del PIB. Periódico La Vanguardia, mayo 13 de 2014. Citado por Colmenares, Rafael, en, ¿puede alcanzarse la paz sin
abandonar el modelo extractivista? en, ¿por qué negociar con el ELN? Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2014. Fuente: http://alturl.com/fys8o
[5] Solo el 12% de la minería en Boyacá cumple con la ley. Portal Mundo Minero, mayo 29 de 2014. Fuente: http://alturl.com/2orqh
6 Guerrero, Eduardo (2009), Implicaciones de la Minería en los páramos de Colombia, Ecuador y Perú. Proyecto Páramo Andino. Fuente: http://alturl.com/jmsrg
7 MAVDT - IDEAM (2011), Lineamientos técnicos para la estrategia de adaptación al cambio climático de los páramos y humedales altoandinos, previa la evaluación de la vulnerabilidad. Informe interno de Contrato Interadministrativo, Bogotá. Fuente: http://alturl.com/jmsrg
[8] Sánchez, Álvaro, ¿Qué cambia el decreto 2041 o de licenciamiento exprés? Periódico El Nuevo Siglo, octubre 19 de 2014. Fuente: http://alturl.com/regtj
[9] Bermúdez Liévano, Andrés, El debate sobre las licencias ambientales ‘exprés’. portal La Silla Vacía, mayo 6 de 2013. Fuente: http://alturl.com/q2diq
[10]Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi (2014) - Boyacá con ruana y sombrero protege su suelo. Fuente: http://alturl.com/kxwfm
[11] Greenpeace demanda que se prohíba la minería de carbón en el Páramo de Pisba. Portal Greenpeace Colombia, diciembre 16 de 2013. Fuente: http://alturl.com/7dmcc
https://www.alainet.org/es/active/79466?language=es
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