La investigación pendiente en Iguala
16/12/2014
- Opinión
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La paz y la tranquilidad sociales en Guerrero que tanto apremia a franjas muy amplias de la sociedad y en primer lugar al gobierno federal y a lo que funciona del Ejecutivo estatal, difícilmente se logrará con lo que la diputada federal petista, Lilia Aguilar, denuncia como “estrategias propagandísticas tendentes a hacer olvidar en el inconsciente colectivo la tragedia de Iguala”.
No niego que tal estrategia exista y tampoco que junto con los serios errores de conducción del Movimiento Popular Guerrerense y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación coadyuven, involuntariamente, amén de Guadalupe Reyes, a estimular más que el olvido, la disminución de la voluntad y la disposición populares para que la barbarie del 26-27 de septiembre sea superada con una investigación imparcial e ilimitada para fincar responsabilidades penales, pero también éticas.
Y es en este terreno donde Enrique Peña Nieto y sus principales colaboradores, destacadamente el procurador Jesús Murillo, envían señales poco claras, contradictorias, sobre hasta dónde están dispuestos a llegar con la investigación ministerial, a sabiendas de que tienen un gravísimo problema de credibilidad y, en consecuencia, que cualesquiera indagatorias sesgadas incrementarán lo que el clásico denominó “sospechosismo” y que hoy permea a muchos.
No bastan las cifras que Peña Nieto envió al Senado sobre lo hecho: 56 detenidos hasta el 30 de octubre, la consignación de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda (La Pareja Imperial, al decir de Carlos Loret quien trabaja para un auténtico emperador) y el despliegue de mil 776 efectivos de la Policía Federal. O bien hasta el día de hoy existen 80 aprehendidos, de ellos cinco que participaron en la incineración de los 43 normalistas, y de los que aún falta detener a 11, pues según la PGR participaron 16. Son importantes las cifras sobre lo mucho que para algunos (como el premiado escritor Eraclio Zepeda) hizo el gobierno federal y poco, muy poco, para los padres de familia y el movimiento.
La investigación periodística de Anabel Hernández y Steve Fisher (Proceso, 14-XII-14) pone el dedo sobre la llaga: El gobierno federal supo, en tiempo real, todo lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche de la masacre, las ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas.
Es cuando el dueto periodístico exhibe el producto de su trabajo que apunta a la participación de la PF y de soldados del 27 Batallón de Infantería, cuando reacciona para negarlo el comisionado general, Enrique Galindo, pero lo hace selectivamente y evade a La Jornada. Sin embargo, reconoció que “Los estudiantes estaban siendo monitoreados por agentes estatales y federales”.
Hasta la Cámara de Diputados rebotó el reportaje del semanario y perredistas como su coordinador Miguel Alonso Raya estimó “muy delicada la revelación”. Y aportó que “en estos graves sucesos no es ajeno Rubén Figueroa”.
Para expertos sobre la sociedad vestida de verde, como el general José Francisco Gallardo, “El Ejército es cómplice en Ayotzinapa” (Forum en Línea 303, 1-15-XII-14). La conclusión del posdoctor está basada en conversaciones con normalistas que protagonizaron los trágicos hechos.
Explica que “los estudiantes tomaron vehículos ‘prestados’ –lo cual estuvo mal– e intentaron meterse a Chilpancingo. La Policía Federal, el Ejército y todas las fuerzas de seguridad los detuvieron y los empujaron hacia Iguala, por la carretera.”
El hecho es que el comandante supremo de las fuerzas armadas no tiene margen de maniobra para protegerlas.
Twitter: @IbarraAguirreEd
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