México

El fin del acuerdo político en México

Fidel Aroche Reyes

21/12/2014

Opinión

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Termina el año 2014, hace pocas semanas ha terminado el primer tercio del gobierno del presidente Enrique Peña, la población migra de regreso, se abulta el subempleo, la economía no crece, cada escándalo sobre la corrupción de un Secretario de estado sustituye al anterior, que involucra a la esposa del Presidente o a un Gobernador; cada día aparece una noticia sobre alguna masacre o sobre la aparición de una fosa colectiva, mientras los asesinatos de mujeres jóvenes han dejado de ser noticia. El gobierno federal no responde a los hechos, los gobiernos de los estados y del D. F. se ven rebasados por la violencia y la corrupción: la población no espera que las autoridades resuelvan ninguna denuncia, por nimia que sea. No obstante, los análisis políticos y económicos sobre la situación mexicana miran cada hecho como una anécdota aislada. Las autoridades dicen buscar a los culpables de cada atrocidad y pocas veces los encuentran. Nadie recuerda que los analistas declararon que en México el régimen político había transitado del autoritarismo a la democracia el año 2000.

La novedad desde el mes de octubre pasado es que la población ha salido a las calles a protestar a raíz de la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Maestro Isidro Burgos, en el estado de Guerrero. Probablemente ello marque el fin de la anomia que ha padecido el país por décadas. En efecto, la población ha mirado ineluctable los acontecimientos que han marcado la historia del país, por lo menos desde la década de 1980, incluida la llamada transición política. Mientras tanto, las autoridades no han explicado qué ocurrió con los desaparecidos y han querido amedrentar a quienes protestan, mientras esperan que la efervescencia se apague espontáneamente, como ha ocurrido tantas veces. Mientras tanto, no han explicado las varias fosas comunes que han aparecido ni han reconocido que el Estado ha abandonado el territorio de diversas entidades del país. En Guerrero la ley la detentan las bandas de narcotraficantes, quienes juzgan a los delincuentes y cobran cupos, tanto a los empresarios como a la población. El gobierno federal es incapaz de mirar a sus contribuyentes con tanta precisión.

Los análisis de la situación del estado de Guerrero no aciertan a explicar las conexiones con el fenómeno de las autodefensas en el vecino estado de Michoacán y nadie habla de la situación en Morelos, los estados vecinos donde las bandas también se han adueñado del territorio, ante la débil presencia del Estado. En efecto, en muchos municipios de México la presencia del Estado se ha reducido a las escuelas y las postas médicas. El sistema de justicia, incluida la fuerza policial, nunca ha sido mayor, en particular porque gran parte de los municipios tienen recursos limitados y no destinan partidas para las instancias judiciales, a su cargo de acuerdo con las leyes. Por otra parte, éste es el poder menos desarrollado en un país autoritario, con un sistema político centrado en el poder ejecutivo.

El acuerdo político del PRI centrado en una presidencia fuerte con un parlamento y un sistema jurídico débiles ha dejado de funcionar. Al parecer las bandas violentas, ligadas al narcotráfico han hecho colapsar al sistema político. Se ha hecho evidente la inoperancia de la policía y del ejército, organismos que han padecido la corrupción desde hace tiempo, basta recordar al jefe de la policía del D. F. en tiempos del Presidente López Portillo, el llamado Negro Durazo (http://www.sinembargo.mx/05-08-2012/317734). Mucho se ha escrito sobre la impunidad, nada se ha resuelto. Las Cortes de justicia no cumplen con su papel y no disuaden al crimen. Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación jamás ha juzgado un gran caso de corrupción ni a los grandes narcotraficantes, como en Sudamérica.

Los tres partidos políticos grandes están desprestigiados. Antes ese era un coto exclusivo del PRI, cuando era el partido del gobierno. Cuando el PAN, el partido de las derechas católicas, llegó a la presidencia hizo evidente que era también heredero de la misma cultura política del gobierno de partido único y que los funcionarios eran propensos a vender su poder al mejor postor, además de que cada uno de ellos haría lo necesario para usufructuar su acceso a los dineros públicos. La novedad es que lo mismo puede decirse del PRD, el partido de las izquierdas, que no ha llegado a la Presidencia de la República, pero que desde el desgobierno del D. F. sus miembros han demostrado su interés por el dinero y no por gobernar. En síntesis, los funcionarios públicos en México, no importa su procedencia política, están más interesados en amasar fortunas que en la suerte del país.

Enrique Peña, Presidente de la República ha estado involucrado en escándalos diversos y de diversa naturaleza, desde que era Gobernador del Estado de México. El más reciente es el de la Casa Blanca de Las Lomas, no declarada. (http://aristeguinoticias.com/2911/mexico/eso-es-corrupcion-dice-jorge-ramos-al-hablar-de-la-casa-blanca-de-las-lomas/) Por otra parte, no ha demostrado ninguna sensibilidad respecto de la situación política y económica del país al irse al Asia y a Australia, por ejemplo, en medio del caso de Ayotzinapa. Una María Antonieta del Siglo XXI, ha creído que profundizando la estrategia de privatizarlo todo sería una fórmula mágica para combatir el estancamiento económico y que los problemas sociales y políticos desaparecerían por sí mismos. Además de la inoperancia de su gobierno, ni el Presidente ni los miembros de su Gabinete parecen interesados en entender los problemas del país, mucho menos en resolverlos. Se diría que creen que el gobierno funciona por sí mismo.

El gobierno de la República no tiene -o no ha dado a conocer- un diagnóstico de la situación por la que atraviesa México; hablan de la violencia, pero hace tiempo que apenas es un síntoma de un problema mucho mayor. México está sumido en una atrofia económica y política que llama a buscar una solución que va más allá de aplicar las mismas fórmulas de siempre, para acallar el último escándalo y para salir del estancamiento. Si el Estado no recupera el control del territorio y el sistema de justicia no se torna operativo, el futuro del país está en entredicho.

- Fidel Aroche Reyes es profesor de la Facultad de Economía, UNAM, miembro del SNI/Conacyt, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, miembro del OBELA.

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