Con una paralización parcial de actividades y nutridas movilizaciones, sectores ciudadanos y movimientos sociales presionan por la salida del coronel Lucio Gutiérrez de la Presidencia de la República.

“Que se vayan todos, primero el dictador”, fue la consiga que más se escuchó en las manifestaciones que durante todo el día se desarrollaron en Quito, en las cercanías del Congreso Nacional. La policía reprimió duramente las marchas utilizando carros antimotines y gases lacrimógenos. Quince personas presentaron síntomas de asfixia por gas lacrimógeno y otro ciudadano fue herido por impacto de una bomba en la cabeza. De lado de la Policía, se registraron tres heridos, según un reporte de la Cruz Roja Ecuatoriana. Desde la noche del 12 de abril, el gobierno de Gutiérrez organizó un gran despliegue militar alrededor de la Casa Presidencial que impidió cualquier aproximación ciudadana al lugar.

Las protestas se desarrollaron en medio de un contexto de fuerte crisis institucional que abarca a todos los poderes del Estado. Un Presidente de la Función Ejecutiva que ejerce el poder de manera autoritaria, y que ha sido acusado de nepotismo, incapacidad y corrupción, de profundizar el modelo neoliberal y haber convertido al Ecuador en una neocolonia de Estados Unidos, cuyo único objetivo es mantenerse a toda costa en el poder . Una Función Judicial paralizada y en crisis, presidida por Guillermo Castro, un amigo del expresidente Abdala Bucaram, a quien absolvió en los juicios por peculado y robo a los dineros del Estado. Un Congreso desprestigiado, que ha convertido el arte de la política en una mercancía, y que se muestra incapaz de solucionar el problema de la Corte Suprema de Justicia, originado el 8 de diciembre de 2004 cuando una mayoría legislativa -armada por Gutiérrez y apoyada por el Partido Socialista y el MPD, entre otros- destituyó inconstitucionalmente a los magistrados y nombró a nuevos funcionarios.

Pese a los operativos militares y policiales y a la intensa y costosa campaña propagandística oficial en contra, el paro decidido por la Asamblea de Quito fue un éxito, dijo el prefecto de la provincia de Pichincha, Ramiro González, quien pertenece al partido Izquierda Democrática, de tendencia socialdemócrata. “Estamos muy contentos, porque la estrategia que utilizamos de hacer grupos focales en distintos puntos de la ciudad ha dado un resultado fabuloso, la ciudad ha estado caotizada, las carreteras de la provincia han estado cerradas, no hay transporte público”, dijo González.

La Asamblea de Quito es una instancia presidida por el Alcalde de la ciudad, Gral (r) Paco Moncayo, allegado a la Izquierda Democrática, que agrupa a organizaciones muy diversas incluyendo desde cámaras empresariales y ONGs, hasta organizaciones barriales y de pequeños comerciantes. En ella participa el Movimiento Pachakutik.

Otro dirigente de la Asamblea de Quito, el concejal de Pachakutik Augusto Barrera, dijo que ha habido una buena participación de muchos actores. “Hemos dicho todos basta a la dictadura y que el plazo de rectificaciones se acabó; a partir de ahora iniciamos un proceso mucha más profundo de radicalización de la protesta”, enfatizó Barrera.

En varias provincias de la región de la Sierra como Carchi, Azuay, Imbabura, Pichincha, Loja y Cañar se cerraron carreteras y se interrumpió el tráfico vehicular. Además de Quito, en las ciudades de Cuenca (la tercera más poblada del país) e Ibarra se realizaron sendas manifestaciones.

Los movimientos sociales tomaron parte activa en las protestas. En la mañana del 11 de abril, representantes de los afiliados al Seguro Social Campesino, de organizaciones urbanas y migrantes se tomaron la iglesia de la Catedral, situada a pocos metros del Palacio Presidencial. Al día siguiente, centenares de miembros de la CONAIE se tomaron el Ministerio de Educación, de donde fueron desalojados.

Entre la oposición al gobierno de Gutiérrez, se plantean varias maneras de encarar la actual crisis. Mientras para unos sectores –incluido el alcalde de Quito, Paco Moncayo, allegado a la Izquierda Democrática- se trata fundamentalmente de cambiar las Cortes, para los movimientos sociales, su objetivo es la conformación de un “polo político autónomo en contra de todas las fracciones oligárquicas y sus partidos políticos”, cuyo primer mandato es “que se vayan todos, empezando por el Gobierno de Lucio Gutiérrez, como condición para refundar el país y construir un gobierno popular”.

“Estamos en pie de lucha y vamos a seguir indefinidamente. Nosotros hemos dicho que tienen que irse todos, para que el pueblo ecuatoriano y los sectores sociales comiencen a refundar el país”, dijo Luis Macas, presidente de la CONAIE.

“La institucionalidad está totalmente por los suelos, no sirve para nada en estos momentos, quién puede decir que existe democracia, por lo tanto decimos que se derrumbe de una vez y aquí creamos nuevas instituciones entre todos, entre mestizos, negros e indios. Los ejes fundamentales de la refundación de este país son que hay que recobrar la dignidad y la soberanía, porque en este momento está vulnerada por el Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio que quiere firmar el verdugo; queremos, además, construir un Ecuador distinto y plurinacional”, agregó Macas.

El ex sacerdote Eduardo Delgado, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, cuestionó el liderazgo del alcalde Paco Moncayo, quien “lamentablemente no está recogiendo el sentir popular, él está queriendo capitalizar la protesta hacia un partido y hacia las próximas elecciones, pero hoy es el momento de romper cualquier particularismo y de egoísmo y responde a los intereses nacionales”.

Otro sector que plegó a las movilizaciones fue el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Germán Arciniegas, dirigente del FUT, rechazó la política de flexibilización laboral que impulsa Gutiérrez y el intento de firmar el TLC con Estados Unidos “porque no estamos en condiciones de competir contra un gigante que ha desarrollado altas tecnologías y procesos productivos elevados”. En el país – agregó- “ni siquiera hemos empezado con la sustitución de importaciones, tema del que se habló en la década del 60, no tenemos los incentivos por parte de los Estados en términos de poder competir, nuestros agricultores no tienen ni siquiera asistencia técnica”.