La movilización del pueblo quiteño, que acaba de cumplir 6 días consecutivos con sus respectivas noches, es uno de los factores claves que ha permitido echar abajo el estado de emergencia decretado por el gobierno de Lucio Gutiérrez y ha obligado al Congreso a ratificar la cesación de la Corte Suprema de Justicia de facto que fue nombrada el pasado 8 de diciembre de 2004 por una mayoría legislativa oficialista.

Luego del paro provincial del 13 de abril, decretado por las asambleas de Quito y Pichincha, para exigir la “restitución del Estado de derecho”, el gobierno de Lucio Gutiérrez cantó victoria y en horas de la tarde anunció que la paralización había sido un fracaso pues la ciudadanía no plegó al paro.  La militarización y la dura represión empleada contra los manifestantes, había dado resultado, pensó el gobierno, y ahora tenía allanado el camino para continuar con sus políticas autoritarias.  Los asesores gubernamentales, sin embargo, no contemplaron el estallido de las fuerzas subterráneas del pueblo quiteño exacerbadas por el perdón y el regreso impune de Abdala Bucaram.

Teniendo a radio la Luna como un medio facilitador –una radio que ya ha jugado un importante papel en los derrocamientos de Bucaram en 1997 y de Mahuad en 2000- el pueblo de Quito inicia en la noche del 13 de octubre una serie de creativas y novedosas protestas.  Cacerola en mano, mujeres, jóvenes, niños, adultos, familias enteras se concentran en el parque de los Shyris, al norte de la ciudad, y luego van a la Corte Suprema de Justicia en donde son violentamente reprimidos por la policía.  Los ciudadanos efectuaron igualmente escrache en los domicilios del Presidente Gutiérrez y en un hotel de lujo donde se encontraba el Presidente de la Corte de facto, Guillermo Castro que anuló los juicios contra Bucaram.

El movimiento ciudadano, espontáneo y autoconvocado, tiene, sin embargo, algunos objetivos claros: cuestiona a todos los partidos políticos que en 25 años de democracia han sido incapaces de resolver los problemas y solo han velado por sus intereses particulares, exige la salida no solo de la Corte sino del gobierno de Gutiérrez y del Congreso, convertido en lugar de mercadeo y de compra venta de conciencias.

El 14 y 15 de abril, el movimiento ha crecido en cantidad como en iniciativas.  La protesta pacífica cambia de escenarios y de tiempos.  Las acciones se descentralizan, se expande a muchos puntos de Quito y a otras ciudades, se efectúa por las noches, cuando la gente ya ha cumplido sus horarios de trabajo.

Para intentar aplastar el movimiento ciudadano, Gutiérrez, en la noche del 15, decreta el estado de emergencia en el Distrito Metropolitano y la disolución de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica restricciones a los derechos y libertades individuales. Esa noche, sin embargo los militares no salieron a cumplir los operativos de control y represión que implican el estado de emergencia.

El pueblo quiteño hace caso omiso del estado de emergencia, la gente asumió que Gutiérrez se había declarado dictador y continuó con más fuerza las protestas y manifestaciones.  Por la mañana del sábado 16, se lleva a cabo una concentración ciudadana en el parque de los Shyris, rompiendo en la práctica el estado de emergencia.  Según varias versiones de prensa, varios elementos de las cúpula militar, encabezados por el comandante de la Fuerza Terrestre, general Luis Aguas, se habrían opuesto a la medida, que incluía la clausura de Radio La Luna.  A ello se debe agregar, que la embajadora de Estados Unidos, Kristy Kenny, que tiene mucha influencia en el gobierno de Gutiérrez, también le transmitió al presidente su desacuerdo, según señaló el diario El Comercio.

Horas después de que un juez aceptó un recurso de amparo interpuesto por los organismos de derechos humanos, mediante el cual dejó sin efecto el estado de emergencia, el coronel Gutiérrez, a las 16h00, anunció la suspensión del mismo.  Entre tanto, como una fórmula para darle un balón de oxígeno al régimen, el presidente del Congreso, Omar Quintana, luego de una reunión con Gutiérrez, decidió convocar a una sesión extraordinaria para el 17 de abril con el fin de ratificar la disolución de la Corte.

A estas alturas, el presidente ha perdido toda credibilidad.  Por la noche, se reactivan las manifestaciones en las se escucha un golpeteo incesante de tablas, cacerolas, botellas de plástico, etc. Caravanas salen del norte de Quito y del Sur hacia el centro y otras suben desde los valles cercanos.  Los manifestantes están en el centro histórico, buscando llegar a Palacio.  Bandas armadas del gobierno se enfrentan con la gente que va hacia el centro de la ciudad, golpeando carros y agrediendo a personas.  La gente se mantiene hasta horas de la madrugada siendo violentamente disuelta por la policía con gases lacrimógenos, lo que afecta sobre todo a mujeres y niños y niñas.  Se registran 29 detenidos que fueron dejados en libertad al siguiente día, luego de que interpusieron un recurso de Habeas Corpus al alcalde Paco Moncayo.

El movimiento interpela a los medios de información, especialmente a la TV, por no cubrir las movilizaciones y la represión, planteándose varias iniciativas como apagar la TV durante los noticieros e ir a reclamar a la sede de los mismos. Durante la tarde, se interfiere la señal de la Luna y varias radios se ofrecen para continuar las transmisiones, si la emisora es cerrada.

Las protestas se extienden a Cuenca, Ibarra, Otavalo y Riobamba en donde también se realizan “cacerolazos”.

Por la tarde y noche, la gente se concentra en las inmediaciones del Congreso, donde se lleva a cabo la sesión extraordinaria para tratar el tema de la Corte de Justicia.  No solo exige la salida del Gutiérrez sino de todos los diputados.  Presionados por la movilización ciudadana, los diputados, luego de incidentes e intentos de agresión personal, aprueban, por unanimidad, la propuesta de la oposición de dejar sin efecto la resolución del 8 de diciembre del año pasado, con la que se eligió a los magistrados de la Corte Suprema Justicia allegados a Bucaram y al gobierno.

Con las últimas decisiones del Congreso, la crisis aún está lejos de resolverse.  El camino y los procedimientos para elegir a los nuevos magistrados será un tema de controversia, pues serán los nuevos magistrados los que revisen las providencias dictadas por la Corte saliente, incluida la anulación del juicio a Abdala Bucaram.  El movimiento ciudadano de Quito anuncia nuevas movilizaciones para exigir la salida de Gutiérrez y de todos los políticos corruptos, mientras en Guayaquil el alcalde socialcristiano Jaime Nebot convocó a una marcha motorizada para la tarde de este lunes 18 para pedir no la salida sino rectificaciones del gobierno.