Perú debe someter a total revisión relaciones con Chile
25/02/2015
- Opinión
Las denuncia formulada el 19 del presente por el Ministro de Defensa del Perú develando actos de espionaje llevados a cabo por Chile en territorio peruano, generaron profundo malestar en la ciudadanía agraviada e inquietud en el ámbito internacional.
Pero el espionaje que Chile realiza desde hace tiempo atrás no es ya un tema novedoso para la opinión pública, si se tiene en cuenta los abundantes casos denunciados anteriormente no sólo por el Perú, sino también por Argentina y Bolivia (1) –espionaje chileno contumaz-.
La explicación a estas inamistosas acciones de agresión belicista se centra en las políticas gubernamentales concebidas por “la democracia chilena” para acatar la constitución dictatorial legada por Pinochet, que además de visualizar expoliar a su propia población mapuche, pretenden también expandir su territorio al de sus vecinos (2).
Baste leer solamente su Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024, para darse cuenta que ese país se distingue del resto de países suramericanos, por privilegiar la expansión territorial armada basándose en falacias convertidas en hipótesis (3).
Pero extrañamente tampoco es novedoso saber que luego de las denuncias y protestas peruanas, las relaciones con Chile han regresado sin explicación alguna al mismo punto de fingida “normalidad” -hasta la producción de un nuevo agravio contra el Perú-.
Y en ello está residiendo el incomprensible y negligente accionar de sucesivos gobiernos peruanos del período neoliberal -Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala-, que hace tiempo merece la reprobación de la población peruana y su enojo.
Y allí se podría asentar el detonante o punto de inicio de un nuevo conflicto con Chile, que sería provocado únicamente por inacción política de la parte peruana.
Los desatendidos reclamos de la nación a consecuencia no sólo del espionaje, sino también por la usurpación chilena de 3.7 hectáreas de territorio peruano fronterizo desde el 2006, han provocado que Ollanta Humala haya sido denunciado ante la justicia peruana por ciudadanos que lo acusan por la comisión del delito de traición a la patria.
Y el libreto que hace poco desarrolló Humala para denunciar por un lado el espionaje chileno ante los medios, y por el otro, convocar a la mafia de “líderes políticos” sin representatividad popular alguna para conformar “la causa nacional”, evidencia que sólo pretendería seguir los pasos de sus antecesores en el gobierno.
Es decir, que gravemente estaría solamente interesado en “cortar las ramas resecas del árbol carcomido por termitas, sin pretender curarlo”.
Solo se puede definir así el nivel alcanzado por las relaciones bilaterales entre Perú y Chile, por más que la “gran prensa” de ambos países aliadas en la mentira, la propaganda negra y los negocios, pretendan exaltarlas como “de inmejorable calidad”.
Sino como entender que pese a haber trascurrido ocho años de la usurpación chilena del territorio peruano, ningún gobierno del Perú haya formulado aún la denuncia oficial que corresponde ante organismos internacionales competentes –UNASUR, CELAC, ONU-.
Más aún, que autoridades y tropas chilenas usurpadoras prosigan dictando disposiciones en ese área, con el apoyo inclusive de autoridades peruanas –“para evitar muertes por minas”-.
Y que sin embargo cual paño tibio sobre un cáncer, se atine solamente a denunciar como único agravio el “colateral” caso de espionaje de Chile -que ese país negará como siempre- y se solape el inadmisible caso de usurpación chilena de territorio peruano fronterizo.
Los dos casos –espionaje y usurpación- tienen la misma gravedad puesto que perfilan la misma tendencia de Chile por mantener una política gubernamental inamistosa y belicista con su vecindad.
Esta debe ser observada con preocupación por sus vecinos Perú, Argentina y Bolivia, así como por los países de la región para efectos de sus correspondientes relaciones bilaterales.
Pero cómo entender la reacción del gobierno peruano ante esa “política” belicista, cuando fue el corrupto mandatario Alan García quien promoviera la “Alianza del Pacífico” que “integraría” según éste a Perú y Chile –ficticiamente- dentro de ese aparato neoliberal.
Y lo grave del hecho que esa “alianza” fuere suscrita por Alan García en circunstancias que el territorio peruano seguía usurpado –como hasta ahora- sin imponer condición alguna a Chile, a pesar de existir desde 1929 un tratado definitivo de límites terrestres.
La conflictividad creada por la ambición expansionista chilena que podría escalar en otros escenarios y problemas, sería responsabilidad exclusiva de los gobiernos peruanos toda vez de no haber denunciado internacionalmente estas anómalas situaciones.
El hecho que Perú aceptara que dichas agresiones sean vistas en forma bilateral mediante el procedimiento de “cuerdas separadas” que propuso la cancillería de Chile y élites neoliberales de ambos países, ha sido causa principal de la minusvalía con la que Perú llegó a la mesa de negociaciones para hacer prevalecer sus derechos.
El “procedimiento” encerró por separado en un campo las reclamaciones peruanas sobre la soberanía agraviada, sosteniendo intrascendentes conversaciones con Chile para culminar esas constantes agresiones.
Y en otro campo se apartó a las privilegiadas relaciones económico-financieras del neoliberalismo corrupto de ambos países, que proseguiría desarrollando sus actividades en búsqueda de lucro, aun cuando se produjeren más agravios a la soberanía peruana.
Y ella fue una decisión política grave de la parte peruana –sino un delito constitucional-, cuando se sabe que la soberanía emana del pueblo y no de grupos empresariales, y que ésta involucra, a todos los ámbitos del quehacer nacional sin excepción.
Pero esto debe finalizar a partir de la ya abultada sumatoria de agresiones chilenas.
Creemos que llegó el momento de hacer una revisión total de las relaciones bilaterales del Perú con Chile, privilegiando la soberanía peruana por encima de una maraña de in-soberanos acuerdos que sólo benefician a esas élites económicas en desmedro del país.
Ello debe incluir la revisión de las decisiones presidenciales adoptadas por mandatarios que se sucedieron en gobernar el país entre 1992 a la fecha, para entender los entresijos de esa aparente apatía mostrada por el Perú ante las sucesivas agresiones de Chile.
Y como al parecer no existen autoridades competentes para esta labor que no hayan sido tocadas por la “indecisión”, esa tarea debe ser realizada con el soporte de una comisión de peruanos notables que elija la ciudadanía.
Notas
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