La celebración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer obliga a una reflexión acerca de los avances y desafíos en la lucha por los derechos femeninos en América Latina y el Caribe.

A pesar de los esfuerzos, las acciones de diversas organizaciones en la región, la creación de mecanismos jurídicos y la adhesión de los gobiernos a mecanismos internacionales por el avance de la mujer, resulta evidente que los resultados aún no se traducen en las mejoras necesarias para la vida cotidiana de las mujeres.

La representación política, aunque con avances, aún resulta insuficiente en el logro de la paridad en los parlamentos y otros escenarios de toma de decisiones a todos los niveles.

La violencia en todas sus formas destaca también entre las deudas pendientes en materia de igualdad.

A pesar de los mecanismos jurídicos de diverso tipo que se han implementado en la mayoría de los países contra la violencia, algunos no reconocen la violencia sexual que ocurre dentro de las relaciones de pareja estables, como es caso de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominicana, Jamaica y Santa Lucía, donde no reconocen la violación en uniones de hecho.

En otros casos, como Uruguay, se subsume en otros tipos de violencia, y en Honduras y Nicaragua se menciona indistintamente que la persona perpetradora puede ser hombre o mujer, hecho que no considera las desiguales relaciones de poder entre los sexos.

En la región, solo Colombia y Chile tienen tipificada la violencia como crimen de guerra y de lesa humanidad en conflictos armados.

Por otro lado, la tipificación del feminicidio se mantiene como un desafío en temas de igualdad genérica, pues países como Colombia y Argentina no han incorporado ese concepto a su legislación penal, aunque Argentina incluye el agravante por violencia de género con independencia de quien lo cometa.

En el caso de Costa Rica y Chile, se tipifica solo el feminicidio cometido en el ámbito privado, dejando de lado los hechos de este tipo cometidos fuera de las relaciones de pareja o familiares.

En el 2013, Perú amplió la ley de feminicidio, y en el artículo 108 de la normativa, señala que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; u cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente”, norma que incluye además la trata de personas.

Otros ejemplos en la región, son Ecuador, que lo incluye en su código integral penal, con penas de más de 20 años, y Brasil, que lo clasifica como crimen hediondo, y lo incluye como homicidio calificado.

La lucha por la igualdad tiene aún deudas pendientes en otros dos temas, como la brecha salarial y el acceso a la educación. En el sector informal y de servicios en los mercados laborales siguen predominando las mujeres.

Llama también la atención la poca presencia femenina en los medios de comunicación, tanto en los contenidos, como generadoras de información, y mucho menos en los puestos de toma de decisiones.

Y peor que su ausencia como protagonistas de los hechos o narradoras de los mismos, resulta la cantidad de contenidos estereotipados que difunden los medios de comunicación regionales, que en su mayoría siguen construyendo discursos machistas  y discriminatorios.

Un balance de los logros regionales respecto a los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing, 20 años después, muestra que otra esfera en la que hubo muy pocos avances fue en la de la niña, donde destacan la ausencia de políticas enfocadas a erradicar los embarazos en edades tempranas, así como la prostitución y el trabajo infantil.

La atención a las mujeres migrantes, con necesidades especiales, y en particular las indígenas y afrodescendientes, que sufren doble y hasta triple discriminación por su condición de minorías en muchos países, se mantiene como tema pendiente.

Derechos sexuales y reproductivos

En ese caso se encuentra también la despenalización del aborto, entre las principales causas de muerte materna en los países de América Latina y el Caribe, a pesar del avance en el reconocimiento de los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos.

La meta de acceso universal a la salud sexual y reproductiva se mantiene desigual, en especial en las adolescentes, siendo el grupo más vulnerable.

En los 2000, varios países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, República Dominicana y Nicaragua han implementado programas en este sentido, aunque no de manera homogénea al interior de cada nación.

En temas de planificación familiar, se mantienen las necesidades insatisfechas. Haití, Guyana y Guatemala tienen la mayor demanda. En el caso de Bolivia, una de cada cinco mujeres entre los 15 y 49 años no tiene acceso a métodos anticonceptivos.

Uno de los indicadores más preocupantes es la mortalidad materna, con notables diferencias en la región. Perú, Nicaragua y Brasil mantienen altas tasas, y en la mayoría de los países no se ha logrado una disminución y resultará muy difícil lograr la meta de reducirla en dos tercios para este 2015.

De acuerdo con datos de la CEPAL, se logró una disminución en Uruguay, Puerto Rico y Chile.

En este indicador, resulta notable la labor de Cuba, con cifras cercanas a los resultados de países con mayor desarrollo; logro fundamentado en un sistema de salud de acceso total y gratuito.

La mortalidad materna en América Latina y el Caribe está vinculada principalmente a problemas de atención de las emergencias obstétricas y la inseguridad para el aborto, considerado prácticamente ilegal en la mayor parte de la región.

Si bien las diferentes legislaciones lo permiten en determinadas circunstancias, las actuales regulaciones no reflejan en todo su alcance las necesidades no atendidas que obligan a las mujeres a recurrir a servicios clandestinos, con el consiguiente peligro para su vida.

República Dominicana, Honduras, El Salvador, Chile y Nicaragua mantienen la prohibición de interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia. En estos países, con excepción de Republica Dominicana donde siempre estuvo prohibido y Chile que mantiene la penalización absoluta desde 1989, la prohibición total se debe a retrocesos ocurridos en los últimos años, criminalizando el aborto como si fuesen asesinatos.

En otros países, como Guatemala y Ecuador, se eliminaron algunas de las causas de su despenalización; y en Brasil se ampliaron las posibilidades de aborto en casos de malformación fetal grave y anencefalia.

Uruguay, a partir de 2012 generó servicios legales de aborto en el sistema de salud.

Sólo Cuba, Puerto Rico, Guayana Francesa, Barbados y Guayana tienen legalizado el aborto en todas las circunstancias.

El pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la necesidad de una atención médica de calidad y marcos jurídicos que contemplen las diferentes relaciones de género, aunque con avances en varios países, siguen entre las demandas de las mujeres en la región.

No se puede hablar de avance real cuando el embarazo adolescente, las muertes maternas y los derechos sexuales y reproductivos permanecen ausentes de los temas prioritarios en las agendas políticas de la mayoría de los gobiernos regionales.

Resulta imposible cuando los indicadores de analfabetismo, deserción escolar, acceso a la universidad, empleo formal y salarios dignos muestran la desventajosa situación de las representantes del género femenino.

Retos

Más que avances, asoman los retos, de lograr mecanismos y alternativas viables para hacer realidad los derechos que hoy son anhelo para muchas mujeres en la región.

Toca a los gobiernos, organizaciones, movimientos sociales y la sociedad civil en general romper las ataduras del patriarcado e impulsar la lucha por los derechos femeninos, que son, hasta la fecha, una de las mayores deudas de la humanidad.

De acuerdo con la agencia de noticias SEMlac, los principales desafíos están también en el aumento de los casos de mujeres que viven con VIH; el acceso a la justicia; la participación laboral más allá del sector informal; la distribución desproporcionada del uso del tiempo; y la violencia sexual como táctica de guerra, particularmente contra las mujeres indígenas

Y aunque ha habido avances en temas como los mecanismos para el adelanto de la mujer, o leyes integrales contra los distintos tipos de violencia, muchas de estas iniciativas no han logrado mayor impacto pues no cuentan con respaldo en los códigos penales, o quedan como letra muerta al no revertirse en acciones concretas.

Entre retos, se celebró este 8 de marzo. Que las políticas de igualdad se conviertan en calidad de vida para las mujeres depende de un inmenso esfuerzo común para pasar de las palabras a los hechos. No se trata solamente de una reivindicación, sino de una obligación.

- Karina Escalona Peña es periodista cubana.