Una vez más los trabajadores mineros de Caracoles bloquearon la ruta La Paz – Oruro a la altura de Konani demandando la recuperación para Comibol del ingenio minero de Molinos (que acababa de ser tomado por cooperativistas), conflicto que provisionalmente se resolvió con el compromiso gubernamental de estudiar la recuperación de dicho ingenio. Hasta aquí la noticia no merecería comentario por lo repetida (pese a la gravedad que reviste la perspectiva de un nuevo enfrentamiento entre mineros formales y cooperativistas), si no se hubieran presentado al mismo tiempo en televisión varios dirigentes sociales (entre ellos Felipe Quispe y Jaime Solares) anunciando que, una vez recuperados los hidrocarburos, la próxima batalla será por la recuperación de los minera¬les, actualmente en manos privadas y en circunstancias más graves que aquéllos. La amenaza (de momento no es más que eso) llegó poco después de que el propio presidente Mesa, con motivo de la inauguración de obras de infraestructura de la empresa San Cristóbal, anunciara que no negociará contratos con empresas privadas que no se comprome¬tan a invertir en las regiones donde operan, declaración que provocó alarma en los ejecutivos de dicha empresa (y también en el embajador de EEUU), pese a que ésta estaba presentando dos puentes (de 120 y 60 metros de longitud) y dos carreteras (de 121 y 136 kilómetros) como su “primer aporte” a la región de los Lípez. ¿Por qué entonces la alarma? ¿Porque les sonaba a un anuncio de elevación, aquí también, de impuestos y regalías? La “competitividad” minera de Bolivia Lo dijeron algunos de los ejecutivos de la transnacional norteamericana Apex Silver Mines (la adjudicataria del fabuloso yacimiento San Cristóbal, que no sólo contiene plata, plomo y zinc, sino aparentemente también renio , un isótopo radiactivo altamente cotizado en el mercado internacional, y que justifica una inversión inicial de 550 millones de dólares): Un cambio en las reglas de juego, por parte de Bolivia, “sería desastroso para la región y terrible para la empresa”, e iría en contra de la vieja tradición de Bolivia, que durante 500 años ha desarrollado normas que lo hacen “muy competitivo en el mundo” para atraer financiamiento internacional. ¿Cómo no va a ser “competitivo” un país que ofrece al inversor todas las facilidades y prácticamente ningún compromiso? Según datos proporcionados al matutino El Diario por Andrés Soliz Rada, por! ejemplo la empresa Inti Raymi, que extrae oro en Kori Chaqa, obtendrá en tres años una ganancia neta de 61,3 millones de dólares, después de entregar al país (por concepto de Impuesto Complementario a la Minería, Impuesto a las Transferencias e Impuesto a las Utilidades) poco más de 4 millones de dólares, vale decir un 6,2 % (la tercera parte de lo que dejan actualmente las empresas petroleras y que casi todos estamos de acuerdo en que es una miseria). Y todo esto no es una arbitrariedad de Inti Raymi (ni de las demás empresas que operan en el campo de la minería), sino que es efecto del Código Minero que promulgó Sánchez de Lozada. En tales condiciones no es de extrañar el acelerado crecimiento de Comsur (la empresa de dicho ex presidente) y sus últimas inversiones en Poopó, ni es de extrañar que inversionistas de la India (concretamente la Jindal Steel & Power) se muestren tan interesados por la licitación de los yacimientos del Mutún (con sus 40 mil millones de toneladas de hierro), como no es de extrañar el entusiasmo con que la Apex Silver está trabajando en San Cristóbal, incluida la construcción de caminos, puentes y pueblos. (Por cierto no se trata de menospreciar la importancia de dichas obras que por supuesto son apreciables en el hasta ahora desolado panorama de los Lípez, sino de comparar los 8! ,7 millones que han costado con las riquezas que a cambio de eso se van a ir del país). La pregunta es de qué le sirve a Bolivia ser tan “competitiva” si luego el resultado es un aporte tributario al TGN que apenas alcanza el 0,2 por ciento de sus ingresos totales (según datos proporcionados por el CEDLA), mientras el aporte de las petroleras llega al 5,9 por ciento de los ingresos del Tesoro. A esto hay que añadir la falta de control que, según denuncian en Potosí, hace que este departamento deje de cobrar el 20 % de las míseras regalías que por ley le corresponden. Por lo demás todas estas consideraciones adquieren mayor importancia en la nueva coyuntura internacional de la minería (ver boletín anterior). Cierto que el mismo Presidente ha comentado que San Cristóbal moverá en los próximos años aproximadamente mil millones de dólares, y cierto que ese “movimiento” beneficiará de alguna manera al país (directa e indirectamente). Pero lo importante será ver los resultados finales, cuánto dinero en efectivo (o en infraestructura) se quedará en el país, comparado con la riqueza que el país perderá de manera irrecuperable. También los colonizadores españoles “movieron” ingentes cantidades de “pesos fuertes” que al final escaparon todos del país y apenas dejaron vestigios de lo que podría haber sido nuestro desarrollo. La vocación minera de Bolivia Antes que ese tipo de “competitividad” debería despertar nuestra reflexión la vocación minera de un país que ha tenido su razón de ser en la explotación de minerales, pero que también viene arrastrando un destino trágico por la manera como se ha enfocado esa vocación en forma de extracción indiscriminada en beneficio de extraños (la corona española, los banqueros europeos, la metalúrgica británica, las finanzas norteamericanas, el enriquecimiento de sucesivos barones de la plata y el estaño, el renovado enriquecimiento de una “minería mediana” sistemáticamente protegida por la administración movimientista y militar de la Revolución del 52) y a costa del trabajo, la salud y la vida de cientos de miles de sus hijos, y a costa también del deterioro irreversible de la naturaleza. No se trata de cerrar la frontera a las inversiones, menos aún de expulsar abruptamente a empresas como Apex Silver o Inti Raymi. Se trata de ponerles reglas de juego claras, por lo menos lo que el presidente Mesa ha llamado “compartir ganancias”, pagar regalías e impuestos en serio, beneficiar al conjunto del país y no solamente a los escasos pobladores que rodean los yacimientos. Los departamentos de Oruro y Potosí son una muestra elocuente de lo que ha dejado en Bolivia el negocio de la minería, y son por tanto la expresión en negativo de lo que debería ser en el futuro. Pero demás el tono de las advertencias de los dirigentes sociales con que iniciábamos esta reflexión nos permite pensar no sólo en ganancias compartidas, sino en recuperación de recursos, y por tanto en una nueva gestión pública de la minería que ya se ha demostrado posible. ¿Qué Comibol fue un desastre? En primer lugar, desastre y todo, fue Comibol quien hizo posible la sobrevivencia de Bolivia durante 25 años, incluyendo el desarrollo de la industria petrolera y de la agroindustria cruceña. En segundo lugar no tiene por qué repetirse ese innegable desastre de burocracia, nepotismo y corrupción, pues ahora la experiencia puede llevar a diseñar nuevas formas de participación y control social de una empresa pública. Será responsabilidad del conjunto de la sociedad boliviana el aprovechar esta nueva etapa de auge de los minerales en el mundo como otra plataforma de despegue de nuestra maltrecha economía - Bolivia Press 2005, Nº 6 (10 de mayo) Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)