No hay condiciones para elecciones libres y justas en el Perú. Tal es, en suma, la conclusión a la que llegaron varias misiones internacionales de observación que llegaron al país andino para mirar de cerca el proceso electoral que concluirá el próximo 9 de abril. Sucede que, tras el autogolpe de 1992, el presidente Alberto Fujimori ha logrado establecer un control absoluto sobre todos los órganos del Estado, violentando expresas disposiciones legales, a partir del cual aspira obtener un tercer mandato. Si el autogolpe le permitió a Fujimori reestructurar los poderes legislativo y judicial a su corte y medida, eliminando todo signo de oposición, esta pinza le sirvió en los años posteriores para extender su dominio a todas las demás instancias de decisión y control, incluyendo, por supuesto, al Tribunal Electoral. Para ello contó con el respaldo de las FF.AA., pero sobre todo con la activa participación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) cuyos servicios fueron claves, en su momento, para eliminar toda resistencia en el cuerpo castrense, y hoy los siguen siendo para promocionar su candidatura. En este contexto, la visita de las misiones internacionales ha resultado decisiva para develar la inequidad de un proceso que sólo el gobierno considera limpio. Entre otros puntos, las misiones han señalado su preocupación por la no venta de espacios publicitarios a los partidos políticos de la oposición en la televisión peruana. Crítica que fue rebatida por Fujimori, pues, a su juicio, es un asunto que concierne a los medios de comunicación y no al Gobierno. Las misiones de observación En el curso del mes de febrero en Perú coincidieron varias misiones internacionales, entre ellas el Centro Carter, el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes concluyeron con un dictamen similar: los comicios de abril no serán libres. Criterio que fue recogido por la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, según anunció el vocero del Departamento de Estado, James Rubín. La FIDH ha tomado nota de una fuerte controversia respecto a la reelección presidencial, incluyendo la irregular situación del Tribunal Constitucional luego de la destitución de los tres magistrados que se opusieron a la reelección presidencial. El Tribunal ha sido desarticulado, de suerte tal que actualmente el Perú carece de un órgano de control constitucional. Los observadores han constatado una situación irregular de las instituciones jurídicas; el poder Judicial y el Ministerio Público se encuentran controlados por Comisiones Ejecutivas y el cambio de normas respecto a los organismos electorales. El desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se ha reforzado por la relación del presidente con el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y la cúpula militar. En efecto, la ingerencia del SIN en los asuntos públicos y privados, en la administración de Justicia y en la investigación de delitos comunes, distorsiona la independencia de poderes y subordina su función natural de servir a la seguridad del país para convertirlo en una herramienta del poder Ejecutivo. Los medios blanco de Fujimori Varias son las denuncias de propietarios de medios de comunicación y periodistas que identifican al SIN como la fuente de amenazas e intimidaciones. El despojo de Frecuencia Latina (Canal 2) es el caso más relevante en este terreno. Existen motivos fundados de preocupación por la falta de garantías para el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, instancia encargada de garantizar la vigilancia del proceso, no reúne las condiciones de independencia e imparcialidad necesarias para el correcto desempeño de su función de asegurar la transparencia del proceso electoral. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha observado la falta de equidad en el acceso de los candidatos a la televisión de señal abierta, cuyos dueños argumentan razones de orden empresarial para impedir la compra de espacios publicitarios a los partidos de oposición al régimen en sus transmisiones. El Jurado Nacional de Elecciones no ha jugado un papel activo en aplicar la Ley de Telecomunicaciones. Este hecho ha sido considerado por la prensa peruana como algo insólito en la historia electoral del Perú. La FIDH ha mostrado su preocupación por la utilización de los recursos del Estado para fines electorales que favorecen a la candidatura del presidente Alberto Fujimori, especialmente la abrumadora publicidad en los medios masivos sobre los logros del gobierno en materia social y de infraestructura, cuyo efecto en la inducción del voto puede ser pernicioso. Una investigación revela Una nota periodística publicada el domingo 20 de febrero en el diario limeño La República muestra con pruebas contundentes la participación del SIN en la campaña electoral de Perú 2000. La historia contada por el periodista Edmundo Cruz, permite establecer las vinculaciones del SIN con la campaña de presidente- candidato El sábado 12 de febrero, a las 8.00h, un camión de carga con abundante material propagandístico del movimiento oficialista "Perú 2000" en su interior, fue sorprendido por reporteros del rotativo limeño, cuando ingresaban a la sede del SIN, en las Palmas, distrito de Chorrillos. El camión de color blanco, tipo furgón, sin placas de identificación, fue descubierto en momentos en que varias personas lo abastecían de bolsas plásticas negras, que contenían polos blancos estampados con el símbolo electoral de "Perú 2000". En cada bolsa estaba anotada la cantidad de la mercancía: "300 polos". Una vez que personas desconocidas terminaron de introducir los polos en el camión, La República siguió al vehículo para informarse sobre el destino final de dicho material propagandístico. La sorpresa fue grande cuando los reporteros comprobaron que el destino final del vehículo y la carga fue la sede del Servicio de Inteligencia Nacional. La segunda parte de la investigación periodística va más allá del SIN, revela la participación de un importante personaje en el millonario operativo de fabricación de polos, mandiles, ollas, cocinas, baldes, pelotas de voleybol y gorras, para la campaña de reelección de Fujimori. El personaje en cuestión resultó ser el General de Policía, Fernando Gamero Febres, en situación de retiro. El lente atento de los reporteros gráficos de este diario captó las imágenes de Gamero, el lunes 14 del presente mes, a las 2 de la tarde, en una de sus constantes incursiones al principal centro de producción de polos y mandiles, la empresa "Baby Gol", propiedad de Antonio Cabello. Reacciones en contra El ex presidente de la República, General (r), Francisco Morales Bermúdez, señaló que la denuncia formulada por La República merece una investigación a fondo, aunque descartó que ella pueda concretarse por el control que ejerce el gobierno sobre las instancias encargadas de hacerlo, precisando que todo el aparato desarrollado por los servicios de inteligencia desde el año 80 se ha convertido en el elemento básico para cumplir la meta de la reelección presidencial. El partido Acción Popular (AP), en tanto, presentó un pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que éste investigue y denuncie al Ministerio Público la intervención directa del Servicio de Inteligencia y Policía Nacional del Perú, en la campaña de la reelección. Durante la presentación de su informe anual, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su preocupación por la concentración de poder en el régimen fujimorista y lamentó la participación del Servicio Nacional de Inteligencia en la campaña electoral a favor del gobierno y la hostilización contra los dirigentes de la oposición. Los representantes del organismo defensor de los derechos humanos, que agrupa a 61 instituciones a nivel nacional, señalaron que el amplio poder del SIN sigue siendo visible no sólo en su actividad contra la oposición, sino en el poder que ejerce sobre esa entidad estatal el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. Por su parte el Foro Democrático, que es una instancia amplia que aglutina a diversos sectores de la ciudadanía peruana, manifestó su preocupación por el empeoramiento de las condiciones políticas de cara al proceso electoral. Considera que a la ilegal inscripción del presidente-candidato, la parcialidad explícita de las autoridades electorales, el cierre de la televisión de señal abierta y la violencia cotidiana contra la oposición, se suman en las últimas semanas la participación militar directa en la campaña reeleccionista, el tráfico de lotes por voto, el secuestro del transmisor y la antena de la radio 1160 que transmitía un nuevo programa del conocido periodista César Hildebrandt. El defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, anunció que se pondrá en contacto con La República para analizar las denuncias formuladas sobre la participación del SIN y de la Policía Nacional en la campaña electoral del Perú 2000 y ver si la tramita ante el Jurado Nacional de Elecciones. Además se refirió a la inconstitucionalidad de la candidatura de Fujimori y a la utilización de los recursos en la campaña.