Jefe del Estado y del gobierno: Jorge Batlle Ibáñez Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado Convención de la ONU sobre la Mujer y su Protocolo Facultativo: ratificados Los progresos relativos a la comparecencia ante la justicia de los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado fueron lentos. Se recibieron informes de tortura y malos tratos. La violencia contra las mujeres fue un motivo de preocupación. Información general Tabaré Ramón Vázquez Rosas, de la coalición de izquierdas Frente Amplio, ganó las elecciones presidenciales de octubre. Su asunción del cargo estaba prevista para marzo de 2005. Impunidad Poco se hizo para que comparecieran ante la justicia los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El presidente electo Tabaré Vázquez prometió aplicar el artículo 4 de la Ley de Caducidad de 1986. Este artículo, que obligaba al poder ejecutivo a ordenar la investigación inmediata de cualquier caso de «desaparición» que le fuera remitido por los tribunales, nunca había sido puesto en práctica. Sin embargo, considerada en su totalidad, la Ley de Caducidad confirmaba la impunidad al eximir de sanciones a policías y militares responsables de cometer violaciones de derechos humanos antes de marzo de 1985, en flagrante violación de las obligaciones internacionales de Uruguay. * Continuaron las actuaciones judiciales contra el ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco, por la detención ilegal de Elena Quinteros Almeida, «desaparecida» en 1976. Juan Carlos Blanco también fue citado a hacer declaraciones, conjuntamente con el ex presidente Juan María Bordaberry, durante la investigación de los asesinatos del senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, cometidos en Argentina en 1976. * En septiembre, tres militares apelaron contra una decisión judicial que ordenaba su extradición a Chile para ser juzgados en relación con el secuestro y asesinato del ciudadano chileno Eugenio Be¬rríos. Berríos, que era bioquímico y ex agente militar, había «desaparecido» en 1992. Su cadáver fue encontrado tres años después. Tortura y malos tratos Se recibió información relativa a tortura y malos tratos en cárceles, centros de reclusión para menores y dependencias de la policía. Condiciones de reclusión Las condiciones de reclusión en numerosas cárceles, incluso en aquellas dedicadas a la reclusión de menores, estuvieron por debajo de las normas aceptadas universalmente. Hubo informes relativos a altos índices de hacinamiento y a comida, agua, iluminación y calefacción inadecuadas. Violencia contra las mujeres Según informes, cada nueve días moría una mujer o una niña como resultado de agresiones. Las organizaciones de mujeres mostraban preocupación por el hecho de que no se estuviera aplicando la legislación relativa a la violencia en el ámbito familiar. Derechos económicos, sociales y culturales Se aprobó una reforma constitucional por la cual se declaró que el acceso al agua potable era un derecho y que el agua no debía ser considerada una mercancía.