Constitucionalmente, la reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, en este proceso, no cabe duda que uno de los temas de fondo será la temática Tierra –Territorio. En la actualidad ya se pueden conocer algunos planteamientos y/o posiciones de algunos sectores involucrados en la temática. El 22/05/05 expresaba el Sr. Carlos Rojas presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) en El Deber que “..los campesinos e indígenas involucrados en la problemática de la tierra, pretenden lograr una segunda reforma agraria en el país, en la Asamblea Constituyente; No lo vamos a permitir...” Ante esta afirmación parece no ser casual que los dirigentes cívicos y empresariales de Santa Cruz, planteen la realización de un referéndum sobre autonomías, antes de la realización de la Asamblea Constituyente y que en una parte de la pregunta que proponen indique “¿Está usted de acuerdo que se establezcan en el país las autonomías departamentales y que tengan por objeto, en ámbito de su jurisdicción territorial, disponer libremente de sus RECURSOS…?” Al no especificar que tipo de recursos, se puede suponer que se trata de los recursos naturales renovables y no renovables, y recursos económicos, según su argumento. Por otro lado, es de conocimiento público que el movimiento autonomista “Nación Camba” plantea la “independencia” de los departamentos que conforman la denominada “media luna” (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija), para luego convertirse en un “Estado Asociado” a Bolivia. Y que así, según ellos, tendrían un dominio soberano sobre todos los RECURSOS NATURALES existentes en su territorio y que sólo su gobierno podrá decidir el acceso y uso que se le darían a dichos recursos. Al mismo tiempo, Erwin Aguilera actual Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, en ocasión de la realización de la Asamblea Global de la Coalición Internacional para el acceso a la tierra en Santa Cruz (21/03/2005), donde anunció un nuevo Plan de Tierras, ha manifestado que el concepto “..El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria..” (Art. 166 CPE), debe ser revisado, porque según él, ha contribuido a la deforestación de extensas áreas no aptas para actividades agropecuarias. Como es de conocimiento general las organizaciones indígenas y campesinas desde hace muchos años atrás (desde 1990), vienen reivindicando de manera sistemática la realización de la Asamblea Constituyente como un mecanismo participativo de reforma total a la Constitución Política del Estado. En éste espacio, algunos de los principales temas a tratarse sería la injusta distribución de la tierra (latifundios vs. minifundios), para proponer artículos que corrijan estas distorsiones y avanzar en el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y el territorio, en otras palabras están planteando la administración autónoma de los recursos naturales, que se encuentran en sus territorios (subsuelo, suelo y vuelo), de manera legítima. Asimismo, las organizaciones indígenas de tierras bajas de Bolivia, ya han manifestado que exigirán que el artículo 171 de la CPE, (donde se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones;) se mantenga vigente, y que además, plantearán que éste artículo se traslade del régimen agrario y campesino al título relativo a los derechos fundamentales de la persona, en la nueva CPE. En el fondo, lo que estará en debate son los fundamentos teóricos que sustentaron la Reforma Agraria de 1953 y que se mantienen como tal en la actual Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria: el derecho originario del Estado sobre de la tierra – territorio; el cumplimiento de la función económico-social (FES) de la mediana propiedad y la empresa agropecuaria; las salvaguardas legales sobre el solar campesino y la pequeña propiedad que se declaran indivisibles, constituyéndose en el mínimo vital y que tienen el carácter de patrimonio familiar inembargable; el derecho campesino a la dotación de tierras; la responsabilidad del Estado de ejecutar planes de reasentamientos humanos y redistribución de tierras a campesinos e indígenas sin tierra; el concepto “la tierra es de quien trabaja”; el latifundio; la tributación sobre la propiedad agraria y otros conceptos que se encuentran en nuestra CPE. Como se puede apreciar los planteamientos y/o posiciones de los diversos sectores directamente involucrados en el acceso y control sobre la tierra y recursos naturales, ya están en debate público y cada sector afina su mejor estrategia para afrontar esta temática en la Asamblea Constituyente o en cualquier otro escenario posible. - Eulogio Núñez Aramayo es agrónomo de CIPCA Santa Cruz CipcaNotas, Boletín Virtual No 103 , Año. 4, Junio del 2005.