El proceso de movilización que describíamos en el boletín anterior siguió un curso creciente y cada vez más decidido, hasta provocar la renuncia (esta vez en serio) del presidente Mesa. Dicha renuncia imprimió un giro a la situación, pues a partir de ese momento los poderes fácticos empezaron a preparar una “sucesión constitucional” que garantizara sus intereses y que provocó mayor repudio social. Este repudio reforzó la movilización popular y acabó desbaratando (al menos momentáneamente) los planes de los grupos de poder, y hoy tenemos un Presidente nuevo, lo que puede significar también un escenario nuevo para seguir debatiendo los complejos problemas del país. Veamos los diferentes elementos de este rompecabezas. El insulso duelo entre el Presidente Mesa y el Congreso El Congreso nacional tenía la tarea de conciliar las dos “agendas”: la de Octubre (impuesta por la movilización social que expulsó a Sánchez de Lozada, básicamente consistente en recuperación de los Hidrocarburos y convocatoria a Asamblea Constituyente) y la de Enero (impuesta por la oligarquía de Santa Cruz, básicamente consistente en el referéndum autonómico “departamentalmente vinculante”). Pero la Directiva del Congreso se negaba a discutir una propuesta integradora (consistente en simultanear el referéndum autonómico y la elección de delegados a la Constituyente). Ante esa negativa, el MAS y otras fuerzas no permitieron la respectiva sesión de Congreso. Entonces el Presidente intentó cortar el nudo gordiano (el jueves 2 de junio) mediante dos decretos supremos que convocaban a ambos eventos para el mismo día, medida tardía, y además inconstitu! cional, que añadía una perla más a la cadena de ficciones gobernantes de D. Carlos Mesa. Pero al mismo tiempo el Presidente había pedido la mediación de la Iglesia, que asumió la tarea con indudable buena voluntad pero con una visión excesivamente cupular de la realidad política y social (el diálogo estaba dirigido primordialmente a gobernantes, partidos y élites cívicas). De todas maneras la atención nacional se concentró en el domicilio del cardenal Terrazas (Santa Cruz), pero los movimientos sociales (que se sentían relativamente marginados de dicho diálogo) mantuvieron sus medidas de presión, que tenían resultados cada vez más duros para la vida cotidiana de los pobladores de La Paz y El Alto, y que parecían alcanzar nuevas cotas con la toma de pozos e instalaciones petroleras en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Es en estas circunstancias que el Presidente, fiel a su principio de no ensangrentar el país, presenta su renuncia el lunes 6, aparentemente sin percibir que el estado de violencia social que en ese momento vivía la sociedad boliviana había sido causado precisamente por la radical inconsecuencia del propio Presidente, respecto de su discurso inaugural del 17 de Octubre del 2003. Por lo demás se sabe que antes de publicar su renuncia el primer mandatario había sostenido reuniones con “la Embajada” y con el Alto Mando; lo que no se sabe es si dichas instancias se limitaron a aprobar la renuncia presidencial, o si por el contrario la “sugirieron”. En todo caso, en ese mismo momento se pone en marcha el “Plan Vaca Díez”, es decir aprovechar que dicho senador (militante del MIR y evidentemente vinculado con el equipo de Sánchez de Lozada y con la oligarquía cruceña) era el llamado por la Constitución, en su calidad de presidente del Senado, a asumir la Presidencia de la República. Se suponía que Vaca Díez contaba con el aval de “la Embajada”, se sabía oficialmente que contaba con el aval de los grupos de poder de Santa Cruz y con los partidos de la “Megacoalición”, y también se suponía que contaba con el aval del Alto Mando militar, y que por tanto lo primero que haría sería (con o sin estado de sitio) reprimir duramente la movilización social, cosa que no podría ocurrir sin sangre y sin muertes. Para garantizar la impunidad de sus maquinaciones, y para darse tiempo, Vaca Díez convocó a sesi&o! acute;n de Congreso recién para el jueves 9, y además en la ciudad de Sucre, es decir a salvo de las presiones sociales. El martes 7 el presidente Mesa hizo una nueva aparición pública instando a Vaca Díez a renunciar a su derecho sucesorio en aras de la pacificación nacional. Dos días después Vaca Díez contraataca, y a tiempo de renunciar a su derecho sucesorio culpa de todo lo ocurrido a una conspiración del presidente Mesa con los movimientos sociales… Hasta aquí el duelo (más bien estéril) entre dos poderes que al final representan el mismo polo social, el del poder constituido y los intereses transnacionales. La jornada de Sucre El jueves 9 las cosas le salieron mal a Vaca Díez y sus auspiciadores (entre lo que estaban, físicamente presentes, los gonistas Mauricio Balcázar y Eduardo Sfeir) debido a varios factores que vale la pena tener en cuenta. El primero fue la firmeza y decisión de los movimientos sociales, que no sólo mantuvieron las medidas de presión en El Alto y La Paz, sino que las incrementaron en Cochabamba (incluyendo la toma de la engarrafadora de Repsol y el cierre de las válvulas de gas natural de Parotani), en Oruro y Potosí, e incluso en Pando y Santa Cruz (en este último departamento con varios bloqueos de caminos, que incomunicaban a la capital, más la toma de siete pozos petroleros), pero que sobre todo convirtieron a la “tranquila” Sucre en un centro tan convulsionado como pudo haber sido La Paz. Y no sólo era, como después afirmaría Vaca Díez, mediante el “artificial” traslado ! de fuerzas sociales procedentes de Oruro y Potosí (donde destacaron los mineros cooperativistas y los ayllus de la CONAMAQ), sino también mediante la presencia combativa de campesinos, maestros y estudiantes chuquisaqueños que se apoderaron de la capital de la República y a punto estuvieron de superar a las numerosas fuerzas policiales. La situación de Sucre y la mayor parte del país era abiertamente insurreccional (en todo el país se llegó a contabilizar 90 puntos de bloqueo, y seis ciudades se encontraban incomunicadas, ¿serán las minorías a que aludía el ex presidente Mesa?). A este factor, ya de suyo decisivo, se sumaron otros varios: En primer lugar la rápida multiplicación de piquetes de huelga de hambre, en diferentes lugares del país, encabezados por los alcaldes de diez ciudades (se vio en pantalla a los de La Paz, Cochabamba y Sucre), seguidos por prefectos y consejeros departamentales de La Paz y Cochabamba, y engrosados en general por miembros de capas medias, lo que ensanchaba cualitativamente la base social de la movilización y aislaba más y más a Vaca Díez, dado que la primera consigna de los ayunadores era la renuncia de los dos presidentes camarales a la eventual sucesión presidencial (en este sentido proliferaron declaraciones de las más diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil que expresaban una creciente participación de la clase media). En segundo lugar no pudo dejar de ser efectiva una declaración oficial de las Fuerzas Armadas, ! a media mañana del jueves, primero en sentido de que no tolerarían ninguna amenaza a la unidad de la patria, segundo en sentido de que acatarían cualquier decisión congresal que se enmarcara en la Constitución, pero tercero (y ésta era la novedad) en sentido de exhortar a los parlamentarios a que “escucharan la voz del pueblo”, precisamente en momentos en que todas las voces populares (y no había otras) insistían en la renuncia de Vaca Díez y Cossío (el presidente de Diputados) a la sucesión constitucional. Es curioso que los medios de comunicación prácticamente ignoraran esta exhortación militar, pero cabe suponer que Vaca Díez no la pudo ignorar. Finalmente un factor imprevisto que le complicó las cosas a Vaca Díez fue la muerte del trabajador minero J. Carlos Coro (más otros cuatro hospitalizados) aparentemente en un confuso enfrentamiento con fue! rzas policiales que todavía no ha sido del todo aclarad! o, pero que en todo caso enfureció a la población movilizada. En tales circunstancias el Congreso no se pudo instalar, ni a la hora inicialmente prevista (las 10.30 de la ma¬ñana), ni tampoco a las seis de la tarde. Algunos parlamentarios entraron en pánico e intentaron volar a Santa Cruz, pero se encontraron con que el acceso al aeropuerto estaba controlado por los grupos movilizados, con que no había aeronaves disponibles, con que se acababa la luz del día, y finalmente con una huelga nacional de los trabajadores de AASANA (la empresa estatal de servicios aeroportuarios, que se sumaban a la movilización nacional y añadían la demanda de anulación de contratos con la empresa extranjera SABSA que administra los tres principales aeropuertos del país). Encerrados en Sucre (ellos habían armado su propia trampa), los congresistas no tenían otra salida que reunirse. Es entonces que Hormando Vaca Díez, que había sido eva¬cuado al cuartel del ! Tejar (con gran aparato militar), regresa a la plaza 25 de Mayo y publica su renuncia anti¬cipada a la sucesión presidencial. A los pocos minutos hace lo mismo Mario Cossío, y a la media noche el Congreso acepta la renuncia de Carlos Mesa y posesiona al Presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé. Por lo menos la jornada de Sucre terminó bien, y todos pudimos respirar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa ahora con las demandas y movilizaciones sociales? La movilización era por los Hidrocarburos y por la Constituyente, y ninguno de esos temas ha sido resuelto. Sólo se ha resuelto un tema secundario que era evitar el acceso de Vaca Díez a la Presidencia. El viernes se debatía intensamente en los movimientos sociales (en algunos lugares con tintes de división) si se levantaban todas las movilizaciones o se las mantenía. A favor de mantenerlas estaba el argumento de que no se ha conseguido los objetivos centrales. A favor de levantarlas, al menos en términos de tregua, estaba la necesidad de darle tiempo (y elementos de juicio) al nuevo Presidente para que asuma posiciones respecto de las grandes reivindicaciones sociales. A favor de mantenerlas estaba la amarga experiencia de Octubre/2003, cuando se confió vanamente en el nuevo Presidente (Carlos Mesa). A favor de declarar una tregua estaba la urgente necesidad que tienen el pueblo de La Paz (y el de El Alto, y las per! sonas varadas en las terminales de buses, y la población en general) de volver a comer, transitar y trabajar tranquilamente. La gran mayoría de las movilizaciones fueron levantadas en términos de “cuarto intermedio” (algunos dirigentes hablaron de un mes de plazo para que el nuevo Gobierno resuelva los problemas). En El Alto, tras una primera decisión de mantener la movilización, se la levantó sólo por el fin de semana, para seguir luchando por las dos reivindicaciones fundamentales. El diálogo entre las organizaciones de El Alto y el nuevo Presidente no han tenido lugar porque aquéllas exigen que el diálogo sea en El Alto y no en la sede de gobierno. Lo deseable sería que el presidente Rodríguez Veltzé convocara sinceramente a un diálogo social inmediato para de veras escuchar a los movimientos sociales (y por supuesto también a los grupos empresariales y cívicos), y ver qué es lo que puede hacer él, en su calidad de presidente interino y “de emergencia”, e intentar pacificar ! de verdad (es decir duraderamente) al país. A estas alturas la nacionalización de los Hidrocarburos, según una encuesta de la Red Líder (poco sospechosa de parcialización contra las petroleras), cuenta con un 75 % de apoyo entre la población urbana (cabe suponer que el apoyo es mayor en el área rural), pero no está claro que semejante tarea esté a la medida de un “nuevo”gobierno de transición. Pero también sería deseable que los movimientos sociales reflexionaran internamente para mantener posiciones unitarias y no volver a caer en rencillas y acusaciones mutuas que los debilitan. Elecciones ¿para qué? Está claro, por el Art. 93 de la Constitución, que el nuevo Presidente tiene la obligación de convocar inmediatamente a elecciones de Presidente y Vicepresidente (y nada más). Pero también está claro que la instancia que obstruye el avance de las reivindicaciones nacionales, porque es una instancia que representa otra coyuntura política (la del 2002), e incluso la representa distorsionadamente, es el Congreso Nacional. Es el actual Congreso el que no quiere elaborar una ley de Convocatoria a una Asamblea Constituyente realmente soberana y participativa, como ha sido esta instancia la que no ha querido promulgar una Ley de Hidrocarburos por lo menos intermedia (intermedia entre Nacionalización y Enajenación, es decir una ley que impusiera el 50 % de regalías y el control estatal de precios para la exportación) y de esa manera ha provocado el fortalecimiento de la corriente radical nacionalizadora ! que ahora se ha implantado en todo el movimiento popular. Por tanto, para que las elecciones aporten a la pacificación del país tienen que ser elecciones generales (es decir también de diputados y senadores), pero éstas sólo pueden llegar a celebrarse si el propio Congreso lo decide (mediante una ley interpretativa del Art. 93 de la CPE, o mediante una renuncia corporativa). Y pese a que tal ha sido ya el anuncio del Presidente del Senado (y de algunos congresales conscientes de su situación), no parece verosímil que la mayoría de los parlamentarios estén dispuestos a renunciar a dos años de jugosas e inmerecidas dietas (a no ser que sea cierta la versión del ex ministro de Gobierno en el sentido de que “hay dinero para indemnizar a los actuales parlamentarios”, vale decir pagarles igual esos dos años que no van a ejercer, lo que sería un aberración política además de un atentado contra el erario públi! co). Por tanto, a no ser que una nueva movilización obligue a los parlamentarios a retirarse, las elecciones serán sólo para Presidente y Vicepresidente, es decir serán una gasto inútil de dinero y de energías, una distracción social, y en modo alguno una solución. Peor aún, pueden ser el marco para que retome el poder ejecutivo un hombre como Tuto Quiroga, incondicional aliado y cómplice de las petroleras, incondicional servidor de la embajada USA, favorable a los intereses del capital chileno, y convencido de que “la soberanía es un concepto obsoleto”. Esto implica serias probabilidades de que el país se vuelva a convulsionar muy pronto. A esto se añade la resurrección de la peregrina idea que tuvo el presidente Mesa en el sentido de que, si llega a haber elecciones generales, los diputados y senadores electos sean automáticamente, durante un año, constituyentes! ; una burla que ya ha sido rechazada por el jefe del MAS, pero! que no por eso ha dejado de ser una amenaza. En resumen, las próximas dos semanas nos permitirán vislumbrar si el país realmente se pacifica (que indudablemente es el deseo de todos); o si la tensa, desgastadora y al final satisfactoria jornada de Sucre ha sido perfectamente inútil. - Bolivia Press 2005, Nº 8 (12 de junio) Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)