Ante la presencia de las Madres de la Plaza de Mayo, representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y delegaciones de otras organizaciones internacionales, se creó el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado en Colombia. A esta asamblea llegaron múltiples expresiones de apoyo y solidaridad de instancias como el Parlamento Europeo, Agencias de cooperación internacionales, organizaciones de Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Francia. La conformación de esta coalición tuvo lugar en el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes contra la Humanidad y Genocidio, al cual asistieron más de 800 delegados de organizaciones sometidas a graves violaciones a los derechos humanos y a procesos de exterminio. Es la primera vez que en Colombia surge un movimiento que agrupe numerosas asociaciones de víctimas y sobrevivientes de la violencia estatal y paramilitar. Entre sus integrantes figuran miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, sindicalistas, mujeres víctimas del desplazamiento forzado, familiares de detenidos "desaparecidos", sobrevivientes de la Unión Patriótica, etc. En la instalación del evento, Michael Frühling, director de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, señaló: "La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Oficina en Colombia han estado, están y estarán siempre al lado de las víctimas. Por ello, en cumplimiento de las funciones propias de su mandato han advertido reiteradamente, durante los últimos años, que los procesos de negociaciones para superar el conflicto armado interno deben siempre estar fundados en la verdad, la justicia y la reparación. Sin la verdad no puede haber justicia. Sin la justicia no puede haber reparación. Sin verdad, justicia y reparación son imposibles el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional". Los delegados al Segundo Encuentro manifestaron su rechazo a la ley llamada de "Justicia y Paz" por considerar que no respeta los derechos esenciales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También señalaron que no permite el esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en la conformación y afianzamiento de los grupos paramilitares, ni garantiza que se detendrá la extensión del control paramilitar en amplias zonas del país y dentro del propio Poder Legislativo. El Encuentro afirmó que con esta norma "se legaliza la impunidad". De igual forma, los asistentes al Encuentro anunciaron que emprenderán acciones jurídicas y políticas, dentro y fuera del país, para buscar la derogación de la ley y procesos judiciales que garanticen que los autores de crímenes de lesa humanidad sean debidamente enjuiciados. Asimismo, afirmaron que buscarán que se declare la inconstitucionalidad de la nueva norma. En la asamblea también se anunció la conformación de una comisión internacional de observación del proceso de avance del paramilitarismo en Colombia y de la impunidad que genera la ley aprobada recientemente por el Congreso de la República. De esa comisión harán parte delegadas de las Madres de la Plaza de Mayo, la FIDH, y distinguidas personalidades de Estados Unidos y Europa. COMPAÑEROS DE ARGENPRESS: LES AGRADECERIA DESDE COLOMBIA, SE SIRVIERAN DAR A CONOCER EL SIGUIENTE COMUNICADO DE PRENSA. GRACIAS. SURGE MOVIMIENTO CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE ESTADO EN COLOMBIA Comunicado de prensa, Bogotà, D.C., Junio 24 de 2005.Ante la presencia de las Madres de la Plaza de Mayo, representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y delegaciones de otras organizaciones internacionales, se creó el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado en Colombia. A esta asamblea llegaron múltiples expresiones de apoyo y solidaridad de instancias como el Parlamento Europeo, Agencias de cooperación internacionales, organizaciones de Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Francia. La conformación de esta coalición tuvo lugar en el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes contra la Humanidad y Genocidio, al cual asistieron más de 800 delegados de organizaciones sometidas a graves violaciones a los derechos humanos y a procesos de exterminio. Es la primera vez que en Colombia surge un movimiento que agrupe numerosas asociaciones de víctimas y sobrevivientes de la violencia estatal y paramilitar. Entre sus integrantes figuran miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, sindicalistas, mujeres víctimas del desplazamiento forzado, familiares de detenidos "desaparecidos", sobrevivientes de la Unión Patriótica, etc. En la instalación del evento, Michael Frühling, director de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, señaló: "La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su Oficina en Colombia han estado, están y estarán siempre al lado de las víctimas. Por ello, en cumplimiento de las funciones propias de su mandato han advertido reiteradamente, durante los últimos años, que los procesos de negociaciones para superar el conflicto armado interno deben siempre estar fundados en la verdad, la justicia y la reparación. Sin la verdad no puede haber justicia. Sin la justicia no puede haber reparación. Sin verdad, justicia y reparación son imposibles el establecimiento de la paz y el logro de la reconciliación nacional". Los delegados al Segundo Encuentro manifestaron su rechazo a la ley llamada de "Justicia y Paz" por considerar que no respeta los derechos esenciales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También señalaron que no permite el esclarecimiento de la responsabilidad del Estado en la conformación y afianzamiento de los grupos paramilitares, ni garantiza que se detendrá la extensión del control paramilitar en amplias zonas del país y dentro del propio Poder Legislativo. El Encuentro afirmó que con esta norma "se legaliza la impunidad". De igual forma, los asistentes al Encuentro anunciaron que emprenderán acciones jurídicas y políticas, dentro y fuera del país, para buscar la derogación de la ley y procesos judiciales que garanticen que los autores de crímenes de lesa humanidad sean debidamente enjuiciados. Asimismo, afirmaron que buscarán que se declare la inconstitucionalidad de la nueva norma. En la asamblea también se anunció la conformación de una comisión internacional de observación del proceso de avance del paramilitarismo en Colombia y de la impunidad que genera la ley aprobada recientemente por el Congreso de la República. De esa comisión harán parte delegadas de las Madres de la Plaza de Mayo, la FIDH, y distinguidas personalidades de Estados Unidos y Europa.