La declaración de Zirahuén del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, de junio 2005, rechaza "profundamente las leyes e iniciativas de ley que en los últimos meses el Estado mexicano ha reformado y creado para privatizar todo lo que se nace de la madre tierra y nuestros saberes tradicionales, a través de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Acceso a los Recursos Genéticos y Biológicos, la Ley de Minería y la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas". Rechaza también "programas dirigidos a la fragmentación y privatización de los territorios y la destrucción de la organización comunal, como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Comunales (Procede y Procecom), el Programa de Pago por Servicios Ambientales y los ordenamientos territoriales de nuestros pueblos". En la misma categoría hay otras leyes e iniciativas de ley (están en discusión dos iniciativas de Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas), y muchas otras normativas y programas de gobierno. Cada una tiene aspectos negativos, pero lo más preocupante es el paquete general que conforman, que constituye una tremenda agresión y la legalización del despojo no sólo a los pueblos indios, sino también a campesinos, trabajadores, jóvenes, jubilados y muchos otros sectores de la base social. Todas facilitan y legalizan la privatización de bienes colectivos y públicos, la destrucción de los ámbitos de comunidad en campo y ciudad y favorecen a los grandes capitales, sobre todo, transnacionales. Nunca son "nacionales": son adaptaciones de lineamientos y marcos jurídicos internacionales, viciados por el poder que ejercen las multinacionales en las instituciones internacionales. El Procede es un espejo de la llamada "reforma agraria de mercado" promovida por el Banco Mundial (BM), la Ley de Aguas responde a los lineamientos de privatización de aguas del BM, igual que el "pago por servicios ambientales", una forma sofisticada de despojar a los pueblos del manejo de su territorio. Los lineamientos sobre acceso a recursos genéticos, conocimiento tradicional y bioseguridad responden al Convenio de Diversidad Biológica. Todos subsumidos en los ordenamientos rectores de la Organización Mundial de Comercio, que al decir de su director en 1996, "escribe la Constitución del mundo". Hay leyes similares en muchos países, pero en México el ensañamiento es ejemplar por negativo. En todos los casos, fueron votadas con la participación de todos los partidos. La Ley Monsanto (mal llamada de "bioseguridad", ya que sólo da seguridad a las multinacionales), legaliza y aumenta la contaminación transgénica de los cultivos campesinos con genes patentados que pueden llevar a juicios de las empresas contra las víctimas. El horizonte es que poquísimas empresas logren monopolizar las semillas, llave de la cadena alimentaria de todos y elemento imprescindible de la autonomía comunitaria. Uno de los efectos terribles de la reforma de 2004 a la Ley Nacional de Aguas es que permite la venta -o la concesión- de las fuentes de agua, incluso en terrenos ejidales y comunales. Para ello, la ley introduce la separación entre la propiedad de la tierra y las fuentes de agua, legalizando que éstas se puedan vender aunque la tierra no se venda. La ley de recursos genéticos legaliza llanamente la biopiratería. Establece canales para que las empresas monopolicen plantas, insectos, microorganismos y otros componentes de la biodiversidad. Robo que de hace décadas, pero sin cobertura legal. La maniobra es más perversa al introducir como "derecho" que las propias comunidades avalen la venta de la biodiversidad, justificando el monopolio empresarial de bienes colectivos, que además, no estaban en venta. La iniciativas de ley sobre conocimiento tradicional -y de cambios a la Ley de Propiedad Industrial para patentar conocimientos-tendrían el efecto de convertir los saberes indígenas en mercancía e incluso ser patentados. Creará nuevas fuentes de conflicto entre comunidades o grupos dentro de ellas, con quienes se arroguen la propiedad de tales saberes, obviamente de carácter colectivo. La iniciativa de Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, irónicamente no consultada con los pueblos, establece que serán unos pocos legisladores y personal "especializado" quienes definan quiénes son los sujetos a ser consultados, en qué y cuándo. Consulta que no implica que serán tomados en cuenta, salvo cuando coincida, realmente o por arreglos técnicos, con lo que los legisladores iban a votar. Hay una clara intención de no reconocer a los pueblos indios en esa su totalidad que integra tierra, territorios y recursos, formas autónomas de economía, política y cultura. La fragmentación es la clave que fundamenta estas normativas, convirtiendo a los pueblos indios en individuos o comunidades aisladas, poseedores de conocimientos, semillas o plantas; en opinadores de distintos temas (y no en quienes realmente deciden), negando la totalidad esencial de los pueblos, que es mucho más que la suma de sus partes. No reconocen los derechos colectivos e integrales de los pueblos, pero aparentan conceder "derechos" parciales, que contradicen la totalidad y van socavando las posibilidades de autonomía. Muchas acciones en que se traducen estas leyes, ya ocurrían de una u otra forma, pero la legalidad tiene el efecto de aportarle a las empresas seguridad, impunidad en los daños y apoyo de los aparatos judiciales y represivos del Estado. Hecho más amenazante a la luz de las reformas propuestas a la Constitución que permitirían al Ejecutivo declarar suspensión de garantías individuales e intervenir ante "tendencias contradictorias de grupos de población que vulneren el orden jurídico". (E. Reyes Lara, La Jornada, 10 de julio). Quizá abogados expertos hallarán en las leyes brechas utilizables a favor de los pueblos. Un brillante abogado de la región mixe, Hugo Aguilar, lo trasmitía así: "Necesitaríamos en la región unos veinte abogados especializados en diferentes temas, que se complementaran para ejercer una defensa legal. Así tendríamos una batería de argumentos para litigar en cada caso, en el supuesto de que el sistema judicial funcionara imparcialmente. Sólo que por este camino, dejaríamos de ser el pueblo que somos para dedicarnos a ser litigantes". En el intrincado laberinto legal para privatizar, que legisladores y gobiernos construyen desde fines de los ochenta, todos podríamos ser ilegales. Imaginemos la escena: un comunero se levanta en la sierra, desayuna tortillas con frijoles, toma un té de hierbas, trabaja en la milpa y corta leña para su lumbre. Todos estos actos serían ilegales si su milpa estuviera contaminada con maíz transgénico (del que no pagó regalías), los frijoles fueran mayocoba (con patente en Estados Unidos que podría valer en México en el futuro), las hierbas que utilice para el té podrían ser una de las 85 plantas prohibidas por la Secretaría de Salud en 1999 o, quien sabe, podría estar patentada gracias a un contrato de "acceso"; el agua que bebiera podría venir de una fuente que ya no es de la comunidad, la milpa podría estar en litigio, debido a los márgenes establecidos por el Procede, y tomar leña del bosque ya no sería por acuerdo en la comunidad, sino si se lo permiten el despacho que hizo el plan de manejo del "área prioritaria de servicios ambientales" o la empresa que pagó para usar el bosque como sumidero de carbono. El ataque es tan vasto que ya no se puede enfrentar desde la legalidad que crean los gobiernos y legisladores, cada vez más, simples administradores de las necesidades de las empresas. Quizá por esto la misma declaración de Zirahuén agrega que los pueblos afirmarán su autonomía en los hechos "declarando como letra muerta desde su nacimiento, esos ordenamientos ilegítimos que nos pretenden imponer".