A sólo semanas de la instalación de su gobierno, el Presidente Rodríguez Veltzé destituyó a su ministra de Desarrollo Sostenible (Irma Peredo) y la sustituyó inmediatamente por Martha Bozo. Las razones del Presidente se mantuvieron abstractas: habló de la importancia que para él tiene la “coherencia” y la “prudencia” en el manejo político de la tierra, pero no aclaró en qué había consistido la incoherencia o la imprudencia de su ministra. Por tanto la ciudadanía tiene que buscar datos colaterales que le permitan interpretar el hecho, que de todas maneras reviste cada vez más importancia. El primer dato ha sido la reacción negativa de la Cámara Agropecuaria del Oriente ante el cambio de ministra, así como el intento de descalificación de la nueva ministra por haber trabajado como asesora del ministro Gustavo Pedraza (que no duró mucho en el c! argo porque empezó a desenmascarar los grandes negociados de que es objeto la tierra en el Oriente boliviano). Por tanto cabe deducir que la imprudencia de la Sra. Peredo iba por el lado de favorecer demasiado rápido a esos terratenientes. Buscando más elementos de juicio parece coincidente el dato de que la ministra Peredo tenía preparados un paquete de decretos que tendían a regularizar por la vía rápida las grandes propiedades que se encuentran en manos de los nuevos latifundistas y que a la vez están en la mira de los campesinos sin tierra. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si eran decretos nuevos, o si eran parte de la gran cadena de decretos supremos con que el presidente Mesa acompañó su último Plan Económico. En todo caso el análisis de los mismos nos permite entender por dónde van las intenciones de quienes gobiernan a favor de los nuevos terratenientes. Los Decretos Supremos 28160 y 28148 Estos decretos, ambos de mayo del presente año, nos muestran hasta qué punto el presidente Carlos Mesa había llegado a comprometerse con la oligarquía latifundista de las Tierras Bajas (pese a los desaires y descalificaciones de que siempre fue objeto por parte de sus beneficiados). Basándonos en el análisis (no publicado) de algunos expertos del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, podemos resumir los siguientes elementos: El D.S. 28160 , con el objetivo formal de abrir vías de acceso a tierras fiscales para campesinos pobres, a través de créditos rotativos (y con posible participación de municipios que aporten un 20 % de contraparte), establece una serie de condiciones que dejan claro cuál es su objetivo real. En primer lugar pretende terminar con la disposición constitucional de la adjudicación gratuita de tierras para comunidades campesinas, ya que regula el sistema de crédito, excluye que éste pueda salir del TGN y establece que el precio “tiene que estar acorde con el mercado”, es decir persigue la incorporación de la tierra al mercado, como una mercancía más (en contra del Art. 166 de la Constitución vigente). En segundo lugar establece que no cualquier tierra puede ser adquirida de esta manera por campesinos, sino sólo aquellas que no tengan vocación forestal (que no tengan! más del 40 % de monte), vale decir que los campesinos no deberán meterse en forestería y que esta actividad queda reservada a las empresas privadas forestales. Y en tercer lugar establece que no podrán aspirar a esta vía de acceso a la tierra quienes hubieran participado en alguna toma de tierras, ni podrán ser objeto del mismo aquellas tierras que alguna vez hubieran sido tomadas, vale decir que el decreto pretende proscribir definitivamente al Movimiento Sin Tierra y acabar con sus reivindicaciones. ¿Cabe pensar algo más afín a los intereses de la oligarquía terrateniente? Sí cabe. El D.S. 28148 viene a coincidir, de manera adelantada e ilegal, con el proyecto de reforma autonómica elaborado por el movimiento cívico de Santa Cruz cuando a lo largo de una serie de artículos desconcentra las funciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y concede potestades a sus Direcciones Departamentales para que extiendan títulos y certificados, dejando al Director Nacional con una función meramente normativa de los procesos a seguir. Pero ni siquiera eso, ya que el mencionado decreto modifica además arbitrariamente los procedimientos establecidos en la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria al dejar establecido que la participación de los interesados (pueblos indígenas y comunidades campesinas) “no condicionará los resultados” de los procesos de saneamiento (tales como las llamadas “pericias de campo”, por ejemplo). Otro decreto que viola le ley y la Constitu! ción para zanjar “de una vez” el acuciante y creciente problema de la tierra, por supuesto a favor de los poderosos y en contra de las mayorías campesinas e indígenas. No es casual que éste sea ya el único punto urticante e inaceptable del proyecto autonómico elaborado en Santa Cruz. ¿Será posible resolver tan simplemente un problema de tan gran magnitud? ¿Se podrá simplemente “decretar” que los campesinos sin tierra están fuera de la ley a no ser que se atengan a la modalidad mercantil de comprar la tierra a crédito, y encima con la condición de dedicarse exclusivamente a la agricultura, dejando la forestería y otras actividades más rentables para los señores? ¿Se podrá llegar a resolver el problema de la pobreza por la vía de prohibir que haya pobres? Los constantes conflictos suscitados en diferentes lugares del país (y de los que venimos dando cuenta en nuestros boletines) muestran que no. Veamos el último. El conflicto de Los Ángeles En Los Ángeles (un puerto del río Manuripi, en la provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz) se produjo hace dos semanas un enfrentamiento entre los trabajadores de Jorge Haenzel (que pese al apellido no es un gran “barraquero” tradicional sino que se limita a aprovechar la castaña de mil hectáreas que heredara de su padre) y los comunarios de Ojaqui (que también se sienten con derecho a explotarla, porque viven ahí). Lo que pasa es que el Sr. Haenzel sí parece haber aprendido los modos de los barraqueros. Una vez suscitado el conflicto entre sus peones y los comunarios, y ante la propuesta de éstos de establecer un diálogo, Haenzel responde que “el diálogo es para maricones” y mete bala. El resultado, una vez más, se expresa en cuatro muertos pobres (2 de cada lado), un herido y un rehén. Los de Ojaqui hablan de “sicarios brasileros”; los Haenzel de “campesinos invasores”. No se t! rata de darles la razón a unos u a otros (en este caso la situación parece más bien bastante compleja), sino de entender que el problema de la tierra es demasiado serio como para poder resolverlo con unos decretos emitidos de noche y en forma precipitada, y peor aún violando la ley y adelantándose de manera arbitraria a las nuevas normas constitucionales que recién serán tratadas en la próxima Asamblea Constituyente. Conclusión Al margen de los otros síntomas que muestra el actual Presidente (en el anterior boletín hemos mencionado su obsecuencia a los jefes del Poder Legislativo), en el caso que nos ocupa parece que debemos aprobar su llamado a la “prudencia” y a la “coherencia” en el tratamiento de un problema tan sensible como es el de la tierra. A todos nos gustaría una solución rápida, y que se acaben los conflictos y las muertes, pero la realidad muestra que hay que hacer las cosas bien, y que eso lleva tiempo. Ojalá la ministra Bozo responda al punto de vista del Presidente. - Bolivia Press 2005, Nº 10 (27 de julio) Boletín quincenal, Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).