Damos vueltas a un asunto que sólo tiene una definición: identificar y juzgar a los culpables de crímenes contra la humanidad en la dictadura en Uruguay, que no han tenido ningún tipo de pena por los repudiables actos de violencia que han cometido, y en muchos casos ni siquiera se sabe públicamente quiénes son. Los eventuales perdones y arrepentimientos si bien tienen mucho de símbolo, no implican un verdadero compromiso de “nunca más”, ni tampoco un sanear la raíz de los abusos de poder. En este sentido es básico recuperar la original función de las fuerzas militares. ¿Para qué queremos tipos armados, organizados y adiestrados que se sientan superiores al pueblo al que se supone que obedecen y protegen? Es de meridiana claridad que los que impiden, retrasan o entorpecen el libre desempeño de las averiguaciones sobre el tema desparecidos durante el período dictatorial, tienen algo grave qué esconder. No es un simple admitir faltas lo que está en juego. En honor al honor que tanto invocan -y que no precisamente los adorna como institución- deberían exponer ellos mismos a los autores de las innombrables bajezas como forma de depurar a las Fuerzas Armadas, ya normalmente asociadas a corporaciones del terror y de la muerte. Aparecen por allí tímidos esbozos de “mea culpa” descifrados por libres intérpretes, ya que no son explícitos, no suenan sinceros, y proceden de los mismos que sin mucha retórica justifican lo que hicieron, lo cual equivale a decir que lo volverían a hacer. Ese sentimiento aflora espontáneamente, y es el mismo que movió a Bordaberry a felicitar a la Policía por impedir la colocación del pabellón patrio sobre el cajón mortuorio del legislador Gutiérrez Ruiz. Tal mentalidad y estado de espíritu aún anida entre los organismos militarizados de nuestro país. No hay una clara y contundente sumisión de los soldados uruguayos al gobierno y eso lo vemos los ciudadanos comunes que sólo podemos decirlo. Ante esta situación ¿Qué significado puede tener una reunión de pacificación sugerida por un comandante en jefe? ¿Seguir admitiendo que tienen ingerencia en las decisiones soberanas, permitiendo que se expresen políticamente? ¿Otro pacto? ¿Continuar desviando los poderes del Estado, las funciones de los organismos, el orden estatal? ¿Seguir demorando momentos que históricamente están marcados? ¿Quiénes serían los válidos interlocutores en esa reunión? ¿Estarían los desaparecidos? ¿Los muertos? ¿Los torturados? Si dificultan el esclarecimiento de los hechos cubriéndose, brindando datos imprecisos y esquivando reconocer pública y formalmente el horror de los crímenes perpetrados por ellos en el régimen de facto, la única lectura es que reivindican sus pasadas acciones. Ergo: los ideales golpistas gozan de buena salud entre los militares. Mientras tanto, quienes alentaron una ley de impunidad, da lo mismo que se hayan sentado a conversar o no en el club naval. La cuestión actual, gracias a Dios y a diferentes personas, no está en pensar qué le vendemos a las Fuerzas Armadas para que no hostiguen al pueblo nuevamente por la vía del miedo. Si no cambian la perspectiva los políticos -únicos competentes para plasmar una salida legal y popular en el tema violaciones a los derechos humanos en nuestro país- los militares no la van a cambiar. Ahora es pequeño hacer inventarios sobre quién ayudó o no en la ley de caducidad o en el acuerdo del club naval. Es otro el escenario y necesita del impulso creativo de los personajes de gobierno, oposición y fuerzas sociales. Rescatemos este presente que se muestra pródigo a cambios esperados y enorgullezcámonos de haberlo logrado juntos.