Introducción

En el presente informe se pone en evidencia la continuidad de las violaciones de los derechos humanos en Guatemala, dirigida especialmente a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en vigencia de estos derechos para la ciudadanía guatemalteca.

Con base a lo anterior en la primera parte de este informe se toma como punto de referencia, la política de violaciones a los derechos humanos en Guatemala, previos a la Firma de la Paz. En tal sentido, se hace una breve descripción del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, en donde queda documentada la intensidad del Enfrentamiento Armado Interno, asi como las pérdidas en número de víctimas como resultado de la violencia política interna.

El marco histórico estudiado y analizado en el informe de la CEH es el período del Enfrentamiento Armado Interno, el cual constituye una de las etapas más negras, sangrientas y terrorificas en la historía reciente de Guatemala. El impacto que tuvo en la sociedad guatemalteca fue enorme, situación por la cual CEH realizó una serie de recomendaciones a fin de emprender un proceso de reconciliación nacional, que pretendía sanar las heridas causas por ese Enfrentamiento, así como que permitan sentar las bases para la construcción de una patría más justa, solidaría y equitativa, tal y como lo soñaron cientos de miles de patriotas que ofrendaron sus vidas en la cristalización de dicho sueño.

Los Acuerdos de Paz sirven como punto de partida en análisis, para constatar que si bien es cierto existen algunos avances con relación a la situación de los derechos humanos en Guatemala, en los gobiernos posteriores a la Firma de la Paz, incluyendo al actual, siguen permaneciendo dentro de la sociedad guatemalteca prácticas relacionadas con las violaciones a los mismos.

No fue casual entonces que a pesar de la firma de dichos Acuerdos, promocionada con bombos y platillos a la opinión pública nacional e internacional, se mantuvieran presentes en Guatemala las violaciones a los derechos humanos.

Dentro de los análisis realizados por la Comisión del Esclarecimiento Histórico y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, se logró establecer la brutalidad del Enfrentamiento Armado Interno, así como permitieron señalar a algunos de los responsables de la ejecución de las políticas represivas propias de este pasado de terror en el país, el cual por medio de la lucha continua de las organizaciones de derechos humamos, se espera nunca vuelva a ocurrir en el país.

El Posterior asesinato de Monseñor Gerardi llevó a la conclusión de que las prácticas de los violaciones a los derechos humanos, seguían presente en ese contexto histórico que vivía el país. Los personajes identificados en dichos informes como responsables de la ejecución de las políticas represivas, enviaban un mensaje para evitar la vinculación de dichos trabajos con posibles procesos judiciales en su contra.

El Grupo de Apoyo Mutuo en sus informes sobre las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, ha constatado como en los años posteriores a la Firma de la Paz se mantiene una política de Estado relacionada con estas violaciones, a pesar de la presencia de observadores internacionales en Guatemala. En el presente informe, se pone especial atención a la situación de los derechos humanos en el período de Alfonso Portillo, por la gravedad de los hechos y por la presencia en su gabiente de personajes tildados como responsables de la violencia política en Guatemala.

El monitoreo y vigilancia a la situación actual de los ataques a los defensores de los derechos humanos en el país para el primer semestre de 2005 es el punto fundamental del presente informe. En este informe se puede corroborrar la existencia de una continua política de hostigamiento, amedrantamiento y amenazas a los defensores de derechos humanos, sugiriendo el análisis de estos hechos, la similitud de prácticas entre la época del Enfrentamiento Armando Interno y la actual.

Se pone especial atención en el informe del primer semestre de 2005 a la política de allanamientos a las sedes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que el análisis de la misma permite establecer que existe una situación delicada de los derechos humanos en la admistración de Oscar Berger.

Finalmente se exponen una serie de indicadores sobre violaciones a los derechos humanos en el primer semestre del año 2005, las cuales van acompañadas de gráficas que hacen comparaciones de la situación actual con la años anteriores.

Estos indicadores son el resultado del análisis de una base de datos de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, construída al interior del GRUPO DE APOYO MUTUO para validar los resultados obtendios en el presente informe. Esta base de datos ha sido diseñada para que sirva como un medio de consulta y monitoreo continuo para las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en determinar la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Antecedentes

Guatemala es uno de los países del continente con una larga historia vinculada a las prácticas estatales y paraestales con relación a las violaciones a los derechos humanos^[1]. El informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico –CEH-, constató que en el período del Enfrentamiento Armado Interno en Guatemala se dio la existencia de los siguientes tipos de violaciones a los derechos humanos: Las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la violencia sexual contra la mujer, violencia contra la niñez, la privación de libertad, denegación de justicia, libertad de expresión, violaciones a los derechos de existencia, integridad e identidad cultural de los pueblos indígenas, desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.^[2]

Según el informe de la CEH el 38% de las violaciones registradas fueron ejecuciones arbitrarias; seguidas, en orden de frecuencia, por las torturas (19%), las desapariciones forzadas (10%), y las violaciones sexuales (2%).

Analizando la responsabilidad de los actores involucrados en el Enfrentamiento Armado Interno, en el informe de la CEH se establece que el Ejército de Guatemala fue responsable del 85% de las violaciones registradas por la CEH. Siguiéndole en orden de frecuencia, las Patrullas de Autodefensa Civil (18%), los Comisionados militares (11%), otras fuerzas de seguridad del Estado (4%) y las organizaciones guerrilleras (3%).

La euforia y entusiasmo inicial generados por la Firma de la Paz se enfrentaron con una cruda realidad, la pervivencia de las prácticas a las violaciones a los derechos humanos al interior de la sociedad guatemalteca. Tal afirmación se valida con tal solo citar que El 26 de abril de 1998, el obispo Juan José Gerardi, responsable del informe de la iglesia católica sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fue asesinado^[3].

En el período del ex Presidente Portillo se mantuvo la tendencia de violaciones a los derechos humanos, según los reportes del Grupo de Apoyo Mutuo se dieron 68 allanamientos a las sedes de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Guatemala. Cabe destacar que durante el año 2000 se reportaron amenazas a personas que sufrieron de la persecución política durante los años de la guerra, y asesinatos de activistas de derechos humanos y derechos indígenas. Entre ellos destaca el asesinato del abogado indígena Antonio Pop Caal que fue desaparecido en octubre 2000 y cuyo cadáver se halló en diciembre de ese mismo año.

Otro hecho a destacar fue la presencia en la ciudad de Guatemala el 24 de julio del 2003, de turbas auspiciadas por el partido de gobierno FRG, Miles de manifestantes quemaron llantas, pintaron las paredes y ocuparon puntos estratégicos de la ciudad, persiguiendo a los periodistas presentes, causando la muerte de uno de ellos. Estas turbas fueron anunciadas por Ríos Montt, con días de anticipación, para que fuera aceptada su candidatura a la presidencia, por los organismos encargados de las elecciones generales de 2003. Este hecho por si mismo, demuestra el grado de impunidad con que se manejan personajes vinculados a las violaciones de los derechos humanos en el pasado y continúan mantiendo una presencia activa en la vida política nacional.

Según Amnistía internacional^[4] El respeto a los derechos humanos disminuyó durante el mandato del Expresidente Alfonso Portillo, concluyendo que la impunidad fue una constante en el país, durante esa gestión de gobierno.

Por lo menos 16.311 violaciones a los derechos humanos, de diverso grado, se registraron en Guatemala en los últimos siete años, reveló hoy el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)^[5] El movimiento que aglutina a familiares de detenidos-desaparecidos durante el Enfrentamiento Armado Interno 1960-1996) advertiió que existe un predominio de los hechos de violencia en la situación actual del país.

En 2003 se cometieron, además, 25 violaciones sexuales, 20 hechos de torturas, 11 allanamientos de sedes de organizaciones de los derechos humanos, 12 lesiones y 14 asesinatos de agentes de la policía nacional. Según los datos del GAM para el año 2004 se registraron 4505, mientras que en lo que va del primer semestre del 2005 se tienen identificadas 1674 ataques a los derechos humanos.

El GAM en su análisis de coyuntura^[6] destacó que en 1997 se conocieron 1.559 hechos de irrespeto a las garantías individuales, en 1998 (850), 1999 (1.246), 2000 (1.946), 2001 (2.127), 2002 (5.826) y en 2003 (2.757).

Algunas de las prácticas utilizadas en el pasado reciente en Guatemala con relación a las violaciones de los derechos humanos, especialmente de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los mismos, se han mantenido en los distintos gobiernos que han conducido la administración pública después de la Firma de la Paz. ¿será coincidencia que la administración Berger se sigan manifestando las violaciones a los derechos humanos?.

La actual situación de los derechos humanos en Guatemala

Desde la perspectiva del Grupo de Apoyo Mutuo^[7] La situación guatemalteca se presenta cada vez más oscura, pareciera que no hay salida a la crisis que la población enfrenta, es poco lo que las autoridades están haciendo y muchos los espacios que ocupan los que se amparan en la ilegalidad.

Los problemas además de ser económicos, sociales y culturales, son también civiles, debido a que el respeto a la vida, la libertad y la integridad individual es cada vez menos respetada. Sin importar edad, genero, grupo étnico o estrato social, los guatemaltecos y guatemaltecas son víctimas en potencia de quienes se mantienen al margen de la legalidad.

1580 muertes violentas, entre ellas 206 mujeres es el lamentable saldo de pérdidas de vida durante la mitad del año 2005, al menos 1294 de estas muertes son catalogadas como limpieza social. El presente año se ha caracterizado por este tipo de práctica, en que los perpetradores son miembros o ex integrantes de las fuerzas de seguridad al servicio de grupos poderosos, que siguen viendo en el terror una forma de solucionar la crisis nacional. Durante el mes de junio se produjeron 370 muertes violentas, de ellas 36 son mujeres, 2 niños y 2 niñas.

Un fenómeno que no se veía hasta este año, es que ahora la niñez también es víctima de estas prácticas, al menos 47 niños y 33 niñas han perdido la vida a manos de los mismos responsables de la mayor parte de las muertes que ocurren en el país. Según datos recibidos en el GAM se han producido al menos 11 ejecuciones extrajudiciales, en las que el móvil podría ser político.

Otro Fenómeno que se ha venido registrando en mayor intensidad durante el último año, es el incremento en las amenazas y los allanamientos ilegales a organizaciones o viviendas de activistas sociales, el GAM ha registrado al menos 58 amenazas de muerte y 45 allanamientos. Algunos de estos allanamientos han ocurrido en un lapso de tiempo sumamente corto. Por ejemplo en la semana del 9 al 13 de mayo, se produjeron 8 allanamientos en los que el robo de documentos fue la motivación central.

La política de allanamientos a las sedes de las organizaciones. Análisis de algunos casos relevantes.

Las organizaciones populares y las organizacionesdefensoras de Derechos Humanos, así como también las personas que laboran para estas instituciones, han sido víctimas de una ola de ataques, en lo que va de el primer semestre del 2005. En el período analizado se han registrado 94 ataques de diferente tipo, privación de la vida, orden de detención, amenaza, secuestro, robo, demanda judicial, allanamientos, persecución, intimidación, atentado^[8].

De conformidad con los datos obtenidos, los principales blancos de ataques pueden dividirse en dos categorías. La primera es la de los defensores de Derechos Humanos que realizan investigaciones relacionadas con las violaciones de Derechos Humanos Ocurridas durante el conflicto armado. La segunda se refiere a los defensores que participan en la promoción de derechos Económicos, sociales, culturales y de los derechos de los pueblos indígenas.

Para el Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- es preocupante este tipo de acciones por parte de grupos que buscan, obstaculizar el trabajo de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, Es notable que todas las organizaciones allanadas han hecho críticas hacia las nuevas políticas económicas adoptadas por el gobierno y su actitud respecto a los Acuerdos de Paz. La nueva ola de allanamientos contra el trabajo de organizacones sociales y de derechos humanos señala directamente una campaña organizada por grupos clandestinos para obtener información sobre el trabajo que los defensores de derechos humanos y activistas sociales hacen ya que atentan a ciertos interéses políticos.

En el primer semestre del año 2005, se han registrado 17 allanamientos a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, estos delitos han ocurrido a la vista de las autoridades y con total impunidad. Los mensajes y acciones realizadas por los autores intelectuales y materiales de estos hechos demuestran la intimidación de que son objeto las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en Guatemala.

En el caso de los allanamientos en particular a los sucedidos a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, resulta realmente es preocupante la situación ya que según registros del GAM^[9], en el año 2003 se registraron 11 allanamientos a sedes de organizaciones, en el año 2004 fueron 12, y en la primera mitad del año 2005 se han superado las estadísticas de los dos años anteriores con 17 allanamientos a estas organizaciones

Cabe destacar que según los registros del GAM en el período de Alfonso Portillo se tienen contabilizado un total de 68 allanamientos a sedes de organizaciones. El análisis de la anterior información, permite establecer que independiente del sesgo político que hayan tenido los distintos gobiernos desde la Firma de la Paz a la fecha existe una política para hostigar a las organizaciones populares y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Guatemala.

Allanamiento a las sede de HIJOS

El 9 de enero del presente año se reportó el allanamiento a la organización Hijos por la identidad y la justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), este hecho tuvo lugar después de celebrada la inauguración de la sede. Desconocidos ingresaron al lugar violentando el portón llevándose tres computadores, equipos de sonido, agendas personales y archivos sobre investigación de la práctica de las torturas por parte del Ejército. Este allanamiento tiene que ver con los poderes paralelos afirmaron los dirigentes de la fundación, la fundación hijos esta integrada por familiares de vícitimas del conflicto armado y apoya procesos en contra de violadores de los derechos humanos.

El mismo día se registra otro allanamiento esta vez el delito fue cometido a la Asociación Consultiva de Población Desarraigada (ACPD), los delincuentes. Rompieron una lámina del techo y forzaron la chapa de la puerta principal, llevándose todo el equipo de computo y gran cantidad del equipo de oficina, así como archivos y documentos de la organización. La ausencia de resultados en las investigaciones, no deja establecer quiénes son los responsables de dichos ataques; sin embargo, por los patrones.

En el caso de organizaciones como HIJOS y CNOC, los objetivos del allanamiento, son conocer el estado contable que estas manejan, para poder conocer sus puntos débiles. Los actos delictivos cometidos contra estas organizaciones se vinculan al MICSP^[10] ya que este se ha opuesto a la aprobación del TLC y la Ley de Concesiones. En ese contexto los dirigentes de ambas organizaciones expresaron que los allanamientos a sus respectivas sedes lo explican como un medio de intimidacion por su activida oposición a la aprobación de estas leyes tan levisivas para el país.

Dichas organizaciones fueron atacadas por su beligerante papel en contra de la aprobación de las leyes mencionadas en el párrafo anterior. Lo anterior se explica si se toma en cuenta que CNOC es la sede operativa del MICSP, y la organización HIJOS se mantenido activa y en el primer plano de las manifestaciones en contra de la aprobación de estas leyes.

El Desalojo de la Finca el Corozo

El 24 de enero de 2005 ocurrió la masacre la finca el Corozo, en contra de comunitarios pertenecientes a la asociación AIDES (Asociación Integral de Desarrollo Social), miembros del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo). Una relación de los hechos hace consta que el jóven Pedro Tambríz Tzep fue detenido, capturado y desaparecido por guardías privados de la finca. Está finca pertenece al Sr. Pepe Fernandez ex candidato presidencial. Tambríz se encontraba cortando unos cushines (Frutas) junto a 2 hermanos más , quienes al detectar la presencia de los guardias lograron huir, ante la desaparición del jóven los familiares y miembros de la Junta directiva de la Asociación denuncian el hecho ante la policía y el MP.

Se constituyó en el lugar una comisión formada por miembros del MP, PDH, Juez de Paz de Samayac, Policiía y familiares del desaparecido, támbien al lugar se hacen presentes los dueños de la finca. Se inició el dialogo entre las partes de buena forma, pero los campesinos al darse cuenta de la irreverencia y el irrespeto de los finqueros tomaron como rehenes a dos guardia de la finca, en un momento inesperado el Sr. Jorge Fernández, hijo del dueño de la finca sacó su pistola y abrio fuego contra los comunitarios, muriendo dos de ellos doce resultaron heridos.

El hecho terminó de forma lamentable con un saldo de 6 muertos y 12 heridos. Días después en una finca del municipio de San Andrés Villaseca del departamento de Retalhuleu un cuerpo sin vida fue encontrado, se confirmó que se trataba del desaparecido Pedro Tambríz Tzep. Las personas implicadas están simplemente sujetas a proceso, y no se ha dictaminado ninguna sentencia.

El 30 de Enero de 2005, fueron violentadas las puertas de la organización Defensoría de la Mujer Indígena, está vez registraron todos los documentos y se llevaron una computadora que contenía registros de casos sobre mujeres, es importante tomar en cuenta que en está oportunidad los delincuentes dejaron en la agenda de la coordinadora de está organización una cruz grande con una firma ilegible.

En el año pasado se registraron 122 ataques a defensores de derechos humanos, de los cuáles 12 fueron allanamientos. Es necesario mencionar que en este año, siendo estudiado tan sólo el primer semestre, ya se superó la cifra de allanamientos. Además del agravamiento de la situación de los derechos humanos en el país, la continuidad de estos hechos, permiten inferir la existencia de Estado relacionada con el amedrantamiento y amenazas a los deferensos de derechos humanos en Guatemala. Si esta política es realizada por poderes parelelos como sugieren algunas organizaciones de derechos humanos, cabe preguntarse ¿Cómo accionan los poderes paralelos?, ¿Quiénes conforman dichos poderes?, ¿Funcionarán al amparo y dentro del Estado dichos poderes?

En todos los casos denunciados las autoridades se han presentado y han realizado las diligencias de investigación, aunque en algunos casos han dejado desestimado algunas evidencias. Al Ministerio Público se le ha entregado las evidencias necesarias para que aplique los procedimientos técnicos a fin de que trabaje en determinadas líneas de investigación para que se esclarezcan estos acontecimientos. Sin embargo, como ha ocurrido con las denuncias de este tipo, los resultados son nulos ya que ninguna de las evidencias dejadas atrás conectan con un nombre específico, situación por la cual no existen procesos abiertos para esclarecer la responsabilidad de los autores intectuales y materiales de estos sucesos.

Los ataques a las sedes de las organizaciones de derechos humanos para obtener información se unen a rumores que desde la SAE^[11] se están realizando operaciones de inteligencia en torno a la dirigencia social. Aunque no hay forma de probar dicho extremo, hay que señalar que la presencia de personas extrañas y vigilantes ante las organizaciones es preocupante. Estos hechos llaman a preguntar ¿Quién está utilizando la información y para qué?^[12].

El 11 de mayo en horas de la mañana fue allanada la vivienda de Byron Garoz (de la CONGCOOP y la Mesa Global) y Crhistina Buczko (Coordinadora del Proyecto de Acompañamiento de Austria). En este caso, el ingreso fue sin forzar la puerta y hubo señales de registro intenso, dejaron en el lugar una serie de mensajes como una camisa de Marx extendida en la ventana, un bulto conteniento efectos personales del Sr. Garoz junto con fotografías de desconocidos y una carta de un preso. En este caso los delincuentes fueron más allá y hasta se bañaron en la casa, dejaron efectos personales.

Allanamiento a la Sede del Sindicato de Trajadores de la Educación de Guatemala.

El 25 de Junio del presente año se produjó un allanamiento a las oficinas del STEG, en este caso fueron violentados los escritorios de las oficinas y los documentos fueron registrados, los delincuentes desarmaron un Cpu y dañaron todos los monitores. Lo más relevante de este hecho es que en álgunos monitores, sillas y condecoraciones dejaron pintadas cruces de pintura aceite color rojo. Otro de hechos a destacar es que en el balcón por donde ingresaron los delincuentes se podía notar una playera negra que dejaron estos en el lugar. También es preciso mencionar que a pesar de que la que la presencia del MP se solicitó desde las 9:00 a.m. y siendo las 14:00 Hrs. no se habían presentado. Lo anterior se interpreta, como en la mayoría de los casos de allanamientos a sedes de las organizaciones, como una negligencia de parte del Ministerio Público, en el sentido de retardar las investigaciones que la ley les asigna.

También dejaron mensajes marcados en las paredes y escritorios con pintura de color roja con amenazas de muerte a la dirigencia del STEG. la foto de un connotado dirigente magisterial de la epoca revolucionaria de 1944, Victor Manuel Gutierrez, ¿Será que sólo quieren amendrentar a la dirigencia magisterial?. Un análisis más serio de los anteriores acontecimientos, permite establecer que existen grupos interesados en amendrenta por medio de las amenazas y el hostigamiento, a los organizaciones populares y derechos humanos que se oponen a la aplicación de medidas económicas políticas y sociales determinadas por los grupos de poder tanto a nacional como internacional.

La persistencia de los ataques en contra de defensores de derechos humanos está generando una visión estadística y de equiparación a los hechos de violencia comunes. El gobierno debe reconocer públicamente la importancia del trabajo de la sociedad civil y abrir espacios de diálogo con los mismos sobre las políticas gubernamentales. Con respecto de los continuos allanamientos a sedes de organizaciones sociales, se puede especular que se trata de operativos de aparatos de inteligencia^[13], ligados o no al Gobierno, que actúan con el evidente objetivo de cazar información. A la vez de que intimidan y posiblemente ejerciten la violencia directa contra los dirigentes sociales. Las fotografías presentadas para el caso del STEG fueron realizadas por personal del GAM el día en que se realizó el allanamiento a sede a dicha organización.

Según las valoraciones publicadas por los medios de comunicación nacional, muchos de los ataques han sucesido cuándo la organización o la víctima, ponen su atención en aspectos económicos de otros grupos, o cuándo se quiere presionar sobre casos que han quedado en el pasado, los grupos obscurantistas agrupados en el poder paralelo, actuan contra las mismas, con el propósito de intimidarles, buscando que estas organizaciones dejen de realizar las protestas.

El MP no le ha dado importancia a este tipo de delito por lo que casi la mayoría de los casos están parados y sin seguimiento. Resulta preocupante la actitud de esta institución, debido le corresponde por mandato constitucional realizar este tipo de investigacioes. Desde la perspectiva del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos^[14], el MP no actua de oficio sino que espera a que se pongan la denuncias y si bien muestra dispósición para antenderlos, realiza las primeras diligencias y busca la aplicación de medidas de protección, también es cierto que ninguna de esas denuncias han sido resueltas, mucho menos pretender enjuciar a los responsables.

Según los medios de comunicación consultados para la construcción de la base de dato del GAM, el gobierno trata de presentar algunos de los actos delictivos cometidos contra defensores de derechos humanos, como producto de la delincuencia común sin profundizar o investigar de manera adecuada cada caso.

Se ve con preocupación por parte del GRUPO DE APOYO MUTUO el aumento de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos en Guatemala en los últimos dos años. Lo anterior se puede corrobarar en los informes realizados por esta entidad de derechos humanos, en sus informes sobre la situación de estos derechos para los años 2003, 2004 y primer semestre del 2005.

Aunque alguna información^[15] recibida indica que las amenazas disminuyeron sustancialmente en el período previo a la Fima de los Acuerdos de Paz, empezaron a incrementarse de nuevo al año siguiente y han aumentado preocupantemente desde esa época. El monitoreo de la situación de los derechos humanos realizado por el Grupo de Apoyo Mutuo y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, constata la continuidad de una política estatal o paraestatal con relación a la permanencia de las violaciones a los derechos humanos de la ciudadania guatemalteca.

En consonancia con esta línea de investigación el sociólogo guatemalteco, Virgilio Álvarez Aragón en su columna períodistica de Siglo XXI, Pupitre Roto expresa lo siguiente^[16]:

“Si el apreciado lector tiene más de cuarenta años recordará, como yo, aquellas tenebrosas pequeñas noticias que aparecían casi perdidas en los diarios que en los años setenta circulaban en el país. Daban cuenta muy brevemente que una central obrera, una organización social u oficina jurídica había sido asaltada por “desconocidos”, quienes se habían llevado archivos y dejado pintadas las paredes con amenazas….. Los que comenzaron ordenando el asalto a sedes sindicales para luego asesinar a sus dirigentes sí lo eran, y el crimen tiene un nombre: Terrorismo….Lamentablemente desde hace ya varios meses venimos teniendo sensaciones semejantes. A cada momento son más las sedes de las organizaciones populares que son atacadas. Las autoridades, como hace treinta años, simplemente dicen que no saben nada y minimizan la gravedad de los hechos….El silencio y parcimonia que las autoridades guardan con relación a tales hechos es asombroso y pareciera indicar que con tal de aprobar las citadas leyes (concesiones y TLC) el apoyo de terroristas ha sido aceptado…. Es necesario recordar, no obstante, que asegurar el derecho a la libre manifestación y oposición es, posiblemente, el principal baluarte de la democracia. Apadrinar terroristas no es sólo un serio peligro para la seguridad ciudadana sino para el futuro del propio Estado. Si hoy lo hacen con los sindicalistas ¿porqué no lo harían mañana contra el gobierno?...La Mano Blanca y las bandas paramilitares de derecha así comenzaron ¿será esa la herencia que el gobierno Berger quiere dejarnos? Todos sabemos donde empieza el terrorismo, nadie sabe hasta donde pueda llegar”.

Indicadores

El año pasado hubo 122 ataques a defensores, de estos 12 fueron allanamientos y 15 fueron asesinatos. Alrededor del 40% de estos ataques tienen un origen en la confrontación con un poder local. El resto tiene los patrones propios de operaciones de inteligencia de aparatos militares. Este patrón es similar al ocurrido entre el 2000 y el 2003 donde se contabilizaron 387 ataques de los cuáles 119 tenían indicios de participación de aparatos clandestinos de seguridad.^[17]

Según el contenido de la base de datos del GAM alimentada hasta el 15 de julio de 2005, en Guatemala se han ejecutado las siguientes violaciones a los derechos humanos:^[18]

- 17 allanamientos

- 27 Amenazas

- 4 Atentados

- 7 Demandas Judiciales

- 16 Intimidaciones

- 8 Ordenes de Detención

- 8 Persecuciones

- 2 Privaciones de la Vida

- 4 Robos

- 1 Secuestro

Toda la información anterior se encuentra sistematiza en la base de datos de ataques a los defensores los derechos humanos en Guatemamala para el primer semestre del 2005. como lo muestra la siguiente gráfica.

Del mes de septiembre de 2003 al mes de mayo del 2004 se registraron 30 ataques en contra de defensores de derechos humanos.

^[19]

Como se puede apreciar el dato más relevante de la gráfica es el mes de Marzo del 2004, momento en que empezaron a ser exigidos una serie de compromisos electorales, principalmente por movimientos populares en particular los referentes a tierra y el resarcimiento.

El año 2004 se ha caracterizó por este tipo de práctica, siendo resposabilizados por las organizaciones de derehcos humanos miembros o ex integrantes de las fuerzas de seguridad al servicio de grupos poderosos que siguen viendo en el terror una forma de solucionar la crísis nacional.

Según el GAM es lamentable que llegando a la mitad del año 2005 se hayan registrado 1580 muertes violentas, de las cuáles 1294 son catálogadas como limpieza social. La denomínada limpieza social tiene un trasnfondo político, siendo ejecutado por grupos clandestinos al amparo de los organismos de seguridad del Estado

Finalmente el GAM advierte que la base de datos de ataques a defensores de derechos humanos aludida en este informe se encuentra en construcción. Por esta situación se realizó una comparación de los informes de situación de los derechos humanos en Guatemala realizados por nuestra institucion en años anteriores y el contenido de la base de datos. El GAM espera que un cercano futuro esta base de datos pueda estar disponible por medios de la internet para ser consultada por las personas interesadas, así como realizar la respectiva retroalimentación por medio de los comentarios hechos a su contenido.

CONCLUSIONES

1. El balance sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en el primer semestre del 2005 realizado por el GAM, demuestra que existe un irrespeto a la vida, integridad y libertad de la ciudadanía guatemalteca. Las violaciones a los derechos individuales son continuas, identificandose las siguientes: Violaciones contra el Derecho a la Vida, Violaciones contra el Derecho a la Integridad Física, Violación contra el Derecho a la Libertad Individual, Ejecuciones extrajudiciales, Muertes violentas, Masacres, Linchamientos y Amenazas.

2. Se mantiene a la política de hostigamiento a los organizaciones populares, especialmente la relacionada con el allanamiento a las sedes de dichas organizaciones. Las prácticas usadas, que van desde el robo de computadoras donde esta contenida la información del trabajo desarrollado por ellas, pasando por la permanencia de los invasores un largo tiempo en dichas sedes hasta mensajes con pintura roja. La continuidad esta política se interpreta como el mecanismo para amedrantar a los dirigentes de dichas organizaciones, sobre todo por su oposición a ciertas políticas gubernamentales, como el TLC y la Ley de Consesiones.

3. Desde la perspectiva de los dirigentes de las organizaciones populares esta política es ejecutada por los denominados poderes paralelos. Según investigaciones realizadas anteriormente dichos poderes funcionan al amparo de determinadas estructuras del Estado y se encuentran conformados por los sectores más retrogrados de la cupula militar y del sector empresarial guatemalteco, el cual se niega a perder los priviliegios que tenían en el pasado.

4. No existe una política nacional de seguridad, que permita fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales creadas con este propósito, tal es el caso de la Policia Nacional Civil. Al contrario en todo el territorio nacional, en algunas regiones más que otras, se puede comprobar el creciente poder e influencia que tiene el contrabando, narcotráfico. La anterior situación estimula el papel creciente que tienen los organismos paralelos.

5. Resulta peligroso para la construcción de un pacto social en Guatemala, que tome en cuenta a todos los actores nacionales, el papel que han jugado los organismos nacionales encargados de la seguridad y el orden. Dichos organismos actuan exclusivamente para constrarrestar la oposición de las organizaciones populares y de derechos humanos, como lo pueden evidenciar los casos del Corozo, Colotenango, Sipakapa y las manifestaciones en contra la aprobación del TLC y la Ley de Consesiones.

BIBLIOGRAFIA

1. Aministia Internacional. Comunicado de Prensa, Londres, 13 de mayo de 2005

2. Alvarez, Virgilio. Peligroso Apoyo al terrorismo. Siglo xxi, 26 de junio de 2005.

3. Comisión del Esclarecimiento Historico. Informe final, Guatemala, Febrero de 1999.

4. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Guatemala. Nunca más. Informe proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica REMHI, Guatemala, 1998

5. Argenpres info. 30 de abril de 2004.

6. Grupo de apoyo Mutuo. Situación de los Derechos Humanos Primer informe semestral 2005.

Informe de la situación de los derechos humanos en Guatemala para 2004 Base de Datos de Violaciones a los Defensores de derechos humanos. Informe del Caso Corozo, Guatemala 24 de enero de 2005.

7. Unidad de Protección da defensores y defensoras de derechos humanos del Moviento Popular por los Derechos Humanos. Valoración de la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanso. Guatemala, 12 de julio de 2005.

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^[1] Algunos estudiosos sudamericanos, le denominaron la Guatemalización de los conflictos, por la intensidad de la violencia política que buscada aniquilar a la oposición no importando los medios utilizados.

^[2] Ver volúmenes II y III del Informe de la CEH, Guatemala, febrero de 1999.

^[3] Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Guatemala. Nunca más. Informe proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica REMHI, Guatemala, 1998.

^[4] Comunicado de Prensa, Londres 18 de diciembre de 2003

^[5] Tomado de Argenpress.info 30 de abril del 2004

^[6] Ibidem,.

^[7] Grupo de Apoyo Mutuo. Situación de los Derechos Humanos Primer informe semestral 2005

^[8] Ver base de datos GAM, que estará funcionando en la página web del GAM: www.gam.org.t . Esta base de datos ha sido construída con el propósito de monitorear y vigilar las violaciones de derechos humanos en Guatemala, en el 2005.

^[9] Grupo de Apoyo Mutuo.

^[10] Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular.

^[11] Secretaría de Asuntos Estratégicos, que funciona como oficina de inteligencia civil. Esta Secretaría es resultado de los Acuerdos de Paz, sin embargo, su conducción actual esta delegada a personajes de dudoso pasado.

^[12] Plataforma de solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala 13 de mayo de 2005

^[13] Análisis realizado por Alvaro Velásquez. Prensa Libre Domingo 15 de mayo de 2005.

^[14] Valoración de la situación de defensores de derechos humanso al 12 de julio de 2005

^[15] Amnistía Internacional Comunicado de prensa. Londres, 13 de mayo de 2005.

^[16] Artículo publicado el 26 de junio de 2005

^[17] Plataforma de Solidaridad con Chiapas, Oaxaca y Guatemala 13 Mayo de 2005

^[18] Información Base de Datos GAM.

^[19] Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos.

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