En 1999, alrededor de 140 personas fueron asesinadas, desaparecieron o se suicidaron en el mundo por defender los derechos de los trabajadores/as, señala un informe elaborado por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOSL, con sede en Bruselas.

El documento detalla las violaciones de los derechos sindicales en 113 países durante el año 1999. En este período 3.000 trabajadores fueron arrestados, más de 1.500 sufrieron heridas, 700 recibieron amenazas de muerte y 5.800 sufrieron hostigamiento.

En lo que respecta a América Latina, el informe dice que la región sigue siendo la más peligrosa del mundo, pues 90 sindicalistas perdieron la vida, el doble de la cifra registrada en cualquier otro continente, en tanto que el 70% de las personas arrestadas en el mundo por desarrollar actividades sindicales fueron latinoamericanas.

En muchos países es prácticamente imposible formar sindicatos. En las zonas francas de exportación se hace caso omiso de los derechos de los trabajadores, sobre todo en Nicaragua, México, Guatemala, El Salvador y Honduras; las huelgas se reprimen con mano de hierro: quienes defienden la causa de los trabajadores sufren constantes hostigamientos por parte de las autoridades y de los empleadores, señala la CIOSL.

 América del Sur

 Colombia encabeza la lista mundial de los países que violan los derechos sindicales y humanos, y entre ellos el derecho más elemental y fundamental: el derecho a la vida. Durante 1999, fueron asesinados 69 sindicalistas, de los cuales 19 eran dirigentes y 59 estaban afiliados a algún sindicato. En nueve años, entre 1991 y 1999, el total de sindicalistas asesinados suman 1.336. Otras cifras hablan del clima de terror que han impuesto los grupos paramilitares de derecha coaligadas con las fuerzas de seguridad: 676 amenazas de muerte, cuatro sindicalistas desaparecidos, 22 secuestrados, 28 en el exilio.

Una huelga nacional iniciada el 31 de agosto para protestar contra el programa de privatizaciones de Andrés Pastrana y para exigir la moratoria de la deuda externa culminó con el asesinato de una persona, varios heridos y 292 huelguistas arrestados.

La represión de estas y otras huelgas se produce en un marco de "penalización de la lucha social". Las autoridades han utilizado el código penal para perseguir a quienes luchan por cambios sociales y económicos. Las huelgas han sido calificadas como actos de "terrorismo", "sabotaje", "violaciones del derecho a trabajar" y conllevan penas de cárcel. La legislación destinada a combatir al narcotráfico y a la guerrilla ha sido utilizada contra los sindicalistas. En este marco, en 1998 tres miembros de la Unión Sindical Obrera, USO, fueron acusados de terrorismo y sometidos a jueces y testigos sin rostro. El fin de esta práctica estaba prevista para el 30 de junio de 1999. A ello, se debe agregar la vigencia de una legislación que restringe los derechos de huelga y de negociación colectiva, especialmente de los empleados públicos, y da amplias atribuciones a los empleadores para contratar y despedir trabajadores y emplearlos con contratos temporales.

En Argentina, la Policía mató en julio de 1999 a cinco personas durante las huelgas y protestas de trabajadores públicos de Corrientes que reclamaban el pago de sus sueldos atrasados. Por el mismo asunto, se movilizaron los trabajadores de Tucumán, Neuquen y Tierra de Fuego, luego de que el Gobierno se comprometiera con el FMI a "sanear las finanzas provinciales", es decir a realizar más recortes a los presupuestos sociales. En Neuquen tres personas fueron heridas.

El fantasma de la muerte también rondó Brasil, y el blanco de la violencia se dirigió contra los campesinos sin tierra y los trabajadores públicos. En 1999 el Movimiento de los Sin Tierra (MST) intensificó las tomas de tierras improductivas para presionar al gobierno la ejecución de la reforma agraria. La policía militar y pistoleros al servicio de los latifundistas respondieron con exceso de violencia para desalojar a los trabajadores rurales, gozando de impunidad para sus actos. El 20 de mayo, dos pistoleros en motocicleta mataron a tiros a Euclides Francisco de Paula, presidente del Sindicato de Trabajadores del Campo de Parauapebas, en el norte de Brasil. El dirigente había recibido reiteradas amenazas de muerte por su apoyo a la reforma agraria. Un informe de la Pastoral de la Tierra señala que entre 1985 y 1998 fueron asesinados 1.158 trabajadores, pero solo 86 casos han sido llevados ante los tribunales.

La Policía Antidisturbios, el 2 de diciembre, asesinó al empleado público José Ferreira Da Silva e hirió a 20 más. Estos trabajadores, junto con otros 500 compañeros, habían ocupado la empresa gubernamental Novacap, ubicada en Brasilia, exigiendo mejores salarios, y se negaban a abandonar el lugar, cuando intervino la Policía con las consecuencias anotadas. La Policía adujo que sólo había utilizado balas de goma pero las que se encontró en el cuerpo sin vida de Da Silva fueron balas verdaderas.

En el Ecuador, el gobierno de Jamil Mahuad, fiel seguidor del recetario fondomonetarista, impuso severas medidas económicas para sortear la crisis y salvar a la banca, entre ellas la congelación de los ahorros de más de dos millones de pequeños ahorristas, el alza de los precios de los combustibles y la privatización de las empresas públicas. Las organizaciones de trabajadores, el movimiento indígena, las organizaciones sociales y los transportistas efectuaron paralizaciones y huelgas en marzo y julio de 1999, que tuvieron una "respuesta brutal de las autoridades", según el informe. En marzo y en julio, el Gobierno impuso el estado de emergencia. En las movilizaciones de julio la fuerza pública abrió fuego en varias ciudades, resultando 32 personas heridas y 300 arrestadas, incluidos el dirigente de los trabajadores petroleros Iván Narváez y el dirigente del Frente Popular, Luis Villacís. El dirigente de los eléctricos, Edgar Ponce, recibió amenazas de muerte. El 14 de julio, el presidente Mahuad revocó las alzas de los precios de los combustibles y congeló los precios de los combustibles por un año. Otro hecho destacable es que en mayo se inició el enjuiciamiento del dirigente de la central sindical nacional CEOSL, José Chávez, por una supuesta difamación a la Policía, en el contexto de una estrategia para intimidar a la oposición.

En Paraguay, los sindicatos señalaron que los empleadores estaban presionando con fuerza para lograr la introducción de medidas de flexibilidad en el código laboral y la modificación del estatuto de los funcionarios públicos, lo que implicaría la pérdida de cientos de empleos.

Igualmente en el Perú, los cambios en la legislación laboral y de empleo han socavado drásticamente los derechos sindicales, como el de huelga y organización, y han otorgado amplias facultades a los empleadores para despedir a los trabajadores, contratar temporales y modificar horarios y maneras de realizar el trabajo. En la práctica se ha legalizado la precariedad en el empleo. En los últimos años, cientos de miles de trabajadores perdieron sus empleos luego de que las empresas públicas fueron privatizadas. Una huelga nacional convocada con un amplio respaldo de la sociedad para el 28 de abril de 1999 fue declarada ilegal por el Ministerio del Trabajo y el presidente Alberto Fujimori dijo que los dirigentes eran "comunistas". Al mismo tiempo, las autoridades sacaron a la calle a 20.000 policías que reprimieron con gases lacrimógenos a las manifestaciones pacíficas.

 Centroamérica

En Centroamérica, continuó el uso de la violencia contra dirigentes sindicales y violaciones de los derechos laborales, sobre todo en las zonas bananeras y en las plantas maquiladoras y en las zonas francas que producen para la exportación.

En el Salvador, hay unos noventa mil trabajadores, sobre todo mujeres jóvenes, que laboran en 225 empresas maquiladoras, muchas de las cuales confeccionan ropa. En estas hay muy pocos sindicatos porque los patronos hostigan y despiden con frecuencia a los trabajadores para evitar que los sindicatos afilien el 50% de la mano de obra necesaria para obtener el reconocimiento para emprender negociaciones colectivas. El informe de la CIOSL destaca que en las zonas francas se exigen pruebas de embarazo obligatorias para las trabajadoras al momento de la contratación, se despide a las embarazadas y no se pagan prestaciones sociales. De otro lado, varios dirigentes sindicales recibieron amenazas de muerte y unos 200 trabajadores del Instituto de Seguridad Social, ISSS, fueron despedidos luego de que un tribunal declarara ilegal la huelga que emprendieron para impedir la privatización de la atención médica y la consiguiente pérdida de empleos.

En Guatemala, fueron asesinados, en 1999, los dirigentes sindicales municipales Ángel Pineda, Baldomero de Jesús Ramírez y el secretario ejecutivo del sindicato municipal de trabajadores de Zacapa. Entre tanto, continuaron las acciones de las empresas transnacionales del banano para acabar con los sindicatos, según dijeron las centrales sindicales nacionales UNSITRAGUA y CUSG. El 27 de septiembre de 1999, la empresa Bandegua, filial de la estadounidense Del Monte Fresh Produce, despidió a 900 trabajadores en Bobos, Morales, Izabal, y anunció que las tres plantaciones serían arrendadas a productores independientes. Los trabajadores anunciaron una marcha de protesta en la población de Montagua para el 14 de octubre, pero un día antes 200 hombres fuertemente armados tomaron el vestíbulo del sindicato y mantuvieron secuestrados a 35 dirigentes, obligándolos a informar, por intermedio de una radio local, que la manifestación no se haría. También se les conminó a firmar sus renuncias. Las autoridades no intervinieron pese a que la estación de policía se encontraba muy cerca. La Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala, MINUGUA, señaló que ésta fue la segunda violación de los derechos humanos más grave desde el asesinato del Arzopisbo Gerardi en 1998.

En Costa Rica, así mismo, en las plantaciones bananeras prevalece un clima hostil hacia los sindicatos. En abril de 1999, Adrián Herrera Arias, secretario general del sindicato de trabajadores del banano, SINTRASUR, fue despedido y luego herido de bala y golpeado por hombres enmascarados que le decían que debe abandonar el sindicato y la región.

 En República Dominicana, el sindicato de enfermeros, en la noche del 18 de julio de 1999, ocupó la Secretaría de Estado de Trabajo para reclamar aumentos salarios y equipamiento de los hospitales. La Policía los desalojó violentamente, provocándoles quebraduras de piernas o brazos. La violencia igualmente se manifestó un día antes de una huelga nacional prevista para el 12 de octubre, cuando José Porfirio Toribio, dirigente del sindicato de docentes ADP, fue muerto a tiros por la Policía. Durante el segundo día de la huelga, convocada para protestar por el alza de los precios de los combustibles, la Policía allanó varias casas en Santo Domingo y arrestó a más de 1.000 personas.

América del Norte

En México, el control estatal de los sindicatos a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje impidió la formación de sindicatos independientes y la declaratoria de huelgas especialmente de las plantas maquiladoras, mayoritariamente de propiedad estadounidense, instaladas en la frontera con Estados Unidos. Las condiciones de trabajo en las maquiladoras que emplean a 1 millón cien mil trabajadores empeoraron en 1999: los niveles de higiene y seguridad son notablemente malos, los salarios son irregulares, los despidos injustificados son corrientes. Las mujeres que laboran en estas plantas se ven expuestas al acoso sexual y a la discriminación.

 En Estados Unidos la libertad sindical y el derecho de huelga están restringidos. Por lo menos una de cada diez personas que procuran formar un sindicato son despedidas ilegalmente. Han ido en aumento los casos de explotación extrema; en particular de trabajadores extranjeros contratados a través de agencias privadas de empleo. Alrededor del 40% de los empleados del sector público se les deniega el derecho de huelga y de negociación colectiva. Es habitual que se hostigue a los trabajadores: se estima que el 80% de los empleadores contrata asesores y empresas de seguridad para que colaboren en sus campañas anti-sindicales, finaliza el informe de la CIOSL.

Publicado en América Latina en Movimiento # 320 (ALAI), p. 19, 8-08-2000, Quito