Convulsionado por la acusación constitucional contra Pinochet
28/04/1998
- Opinión
Santiago.- Desde comienzos de marzo la opinión pública chilena giró en torno a la acusación de
Augusto Pinochet como senador vitalicio y a la acusación constitucional presentada en su contra
por un grupo de parlamentarios de la Concertación gobernante.
El primer hecho desencadenó violentas y apasionadas manifestaciones ante el parlamento y en las
principales ciudades de Chile, convocadas por un nuevo referente popular de masas: el Frente
Amplio por un Chile Democrático.
El senador vitalicio
Al asumir Pinochet como senador vitalicio el 11 de marzo, culminó una serie de protestas masivas
realizadas por las organizaciones de derechos humanos, juventudes políticas y universitarias, los
partidos de la izquierda extra-parlamentaria, como el Comunista y Humanista, y también por
dirigentes parlamentarios y militantes del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido
Radical.
El repudio al ex-dictador frente al Congreso Nacional fue un episodio que dio la vuelta al mundo.
Rodeado el Parlamento por fuerzas policiales, Pinochet juró junto a los demás senadores mientras
su nombre era repudiado en la calle, y esa noche hubo protestas públicas en todo el país mediante
acciones de diverso tipo: apagones, velatones, fogatas en la vía pública, etc.
La acusación constitucional
Al acercarse la fecha en que Pinochet juraría como senador vitalicio en virtud de lo establecido en
la Constitución promulgada por él en 1980, varios parlamentarios de la Concertación por la
Democracia, coalición gobernante, incluidos cinco de la Democracia Cristiana, presentaron al
Congreso una acusación constitucional contra el ex-comandante en jefe del ejército.
El libelo acusatorio planteó que el actual general en retiro violó su deber de no beligerancia y de
obediencia, afectando el Estado de Derecho, transgrediendo los deberes militares, comprometiendo
la imagen internacional de Chile y, por consecuencia de todo esto, comprometiendo el honor y la
seguridad de la nación, por permitir diversos movimientos de los generales y otros oficiales durante
el gobierno de Patricio Aylwin.
La iniciativa desató las contradicciones existentes en el bloque oficialista. La directiva de la
Democracia Cristiana y el propio gobierno intentaron impedir la presentación de dicho libelo
acusatorio, pero fracasaron.
Durante la acusación en la Cámara de Diputados, se conformó un grupo de personalidades
destacadas de la Concertación que hizo lo posible por aportar a la defensa de Pinochet.
En esa dirección trabajaron el ex-presidente Patricio Aylwin, el demócrata cristiano Genaro
Arriagada, el ex-ministro Enrique Correa, el diputado Enrique Krauss, actual jefe de la DC, Andrés
Zaldívar, presidente del Senado y otros personeros gubernamentales.
A juicio de ellos, la acusación se convertiría en un juicio de transición pactada por la Concertación
con Pinochet y la derecha política. La derecha, por su parte, intentó precisamente obtener ese
objetivo para exculpar a Pinochet.
El alegato pinochetista
Punto clave en la defensa jurídica de Pinochet fue el argumento de que se le hacían cargos en su
calidad de comandante jefe del ejército. Este planeamiento se sostiene en la letra de la Constitución
plebicitada por la propia dictadura, en la cual se hace una diferencia nítida entre "generales" y
"comandantes en jefe", y se establece que una acusación de rango constitucional sólo puede
llevarse a cabo en contra de los primeros .
Siguiendo esa misma lógica, la defensa sostuvo que la acusación perseguía invalidar a Pinochet
como senador vitalicio, siendo que los actos u omisiones de que se le acusaba se los realizó en
calidad de comandante en jefe del ejército.
Además, los defensores de Augusto Pinochet optaron por volcar los cargos o responsabilidades
hacia el ex-presidente Aylwin y el actual, Eduardo Frei, sosteniendo que ellos permitieron al jefe
militar cometer acciones consideradas en la acusación como delitos que comprometen la dignidad
de la Nación, así como el delito de traición.
Los parlamentarios derechistas, Renovación Nacional y UDI, afirmaron que era la concertación, y
no la derecha, la que involucraba al ejército en este proceso, ya que la admisibilidad de la acusación,
de ser aprobada en la Cámara, establecería que serían solidariamente responsables los miembros del
Consejo de Seguridad Nacional por no haberse autoconvocado para asesorar a Patricio Aylwin y a
Eduardo Frei al producirse los hechos señalados como dañinos para el prestigio y la seguridad del
país en la acusación contra Pinochet. y también en dicho caso, los generales habrían cometido
actos de traición a la patria.
La transición
Aunque fue la derecha la que aprovechó esta oportunidad para hacer el juicio político a una
transición proyectada precisamente por ella, lo cierto es que la acusación contra Pinochet, las
querellas criminales entabladas contra él por el Partido Comunista y los familiares de los detenidos
y desaparecidos, así como todo el proceso desencadenado por tales iniciativas, constituyeron
también, aunque desde las posiciones populares, un verdadero juicio a la Concertación, y
particularmente a la Democracia Cristiana, por su inconsecuencia de llevar al país a un desarrollo
plenamente democrático después de la dictadura.
Porque fue la mayoría popular, democrática, la que logró el triunfo del NO a la continuidad de
Pinochet en el poder en el plebiscito de 1988. Y esa misma mayoría permitió el triunfo de Patricio
Aylwin como presidente en 1989.
Pero una vez en el poder, y, en cuanto fuerza hegemónica en la Concertación, la DC impuso una
transición débil, a medias, plagada de actos conciliatorios con el pinochetismo y con la cúpula
militar dirigida por el general acusado ante el Congreso.
Esa responsabilidad es compartida, sin duda, por las directivas de los demás partidos de la
Concertación.
Crisis en la DC
La votación de la acusación en la Cámara de Diputados favoreció a Pinochet aun cuando la
Concertación es mayoritaria en ella.
Sin embargo, fue un episodio que mostró al país y al extranjero cuán polarizada está la vida política
del país en relación a quien gobernara de facto por 17 años, se mantuviera otros ocho en el cargo
de comandante en jefe y ahora asumía como senador vitalicio.
Además, produjo un quiebre serio en la Concertación, y en
particular en el partido mayoritario de ella, la DC.
Ocho diputados de ese partido respaldaron la posición del Presidente Frei y del presidente de la
colectividad al votar contra la acusación. El hecho significó un repudio ostensible de quienes se
jugaron por la acusación -diputados DC, PPD y PS- que tildaron de "traidor" al diputado Enrique
Krauss, presidente de la DC.
Y la Juventud Demócrata Cristiana inició un acto de protesta tomándose la sede del partido y
exigiendo explicaciones a los culpables del bochornoso hecho.
La DC entró, así, en un período de profunda crisis, y por tanto también la coalición gobernante en
su conjunto, que se aprestaba hace un mes a comenzar los preparativos de la elección de un
presidenciable.
Muchos ven a la DC más cercana a la derecha que a sus socios llamados de "izquierda", y no dejan
de tener razón si se juzga por lo acontecido con la acusación fallida a Pinochet, así como por
muchos otros hechos anteriores en la misma dirección.
El Frente Amplio
Al calor de las movilizaciones populares contra Pinochet surgió en Chile el Frente Amplio por un
Chile Democrático, un movimiento político de masas que tiene grandes perspectivas de desarrollo
como instrumento de participación popular con vistas a una profunda democratización del país.
En este Frente participa la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Estudiantes de
Chile, convocantes del organismo, organizaciones sociales como la Agrupación de familiares de
Detenidos Desaparecidos, los partidos Comunista y Humanista, así como dirigentes del Partido
Demócrata Cristiano, Partido por la Democracia y Partido Socialista.
El FA se propone lograr la convocatoria de una Asamblea Constituyente que cambie la
constitución pinochetista, que es la principal traba jurídica para el término de la llamada transición y
el término de los amarres pinochetistas aceptados en su hora por los dirigentes de la Concertación.
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