Con el respaldo de una multitudinaria marcha, representantes de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales entregaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 2 de agosto, las carpetas con un millón y medio de firmas de respaldo para que este organismo convoque a una consulta popular. Entre otros puntos, plantea la reestructuración del Congreso Nacional, institución que precisamente el día anterior fue escenario de una bochornosa sesión con ocasión de la renovación de sus dignidades. La Consulta Popular, impulsada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y otros organismos de la sociedad civil, contempla seis preguntas que recogen los planteamientos del levantamiento indígena y popular del 21 de enero que puso término al gobierno de Jamil Mahuad. Esta iniciativa ciudadana, además de la reestructuración del Congreso, al igual que de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, pide que se consulte al electorado sobre la prohibición de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, en referencia específica a la presencia de militares estadounidenses en la Base de Manta; la marcha atrás en el proceso de la dolarización de la economía; la devolución inmediata de los fondos de las cuentas que se encuentran congelados en la banca; el no pago de la deuda externa; la negativa a la privatización del agua, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, educación, seguridad social y salud; y el pleno cumplimiento de la amnistía para los civiles, militares y policías que participaron en el levantamiento del 21 de enero. Luego de la entrega de firmas en el TSE, la marcha se dirigió hasta el Tribunal Constitucional para presentar la demanda de insconstitucionalidad del Acuerdo de la base de Manta y la "Ley de Promoción de las Inversiones y Participación Ciudadana", conocida como "Ley Trole 2", que contiene un paquete de medidas para acelerar el proceso de privatizaciones. Ésta fue enviada por el presidente Gustavo Noboa al Congreso con el carácter de urgente, por lo que de no ser aprobada hasta el 13 de agosto entrará en vigencia por el ministerio de la Ley. Por tal motivo, la marcha llegó también hasta el Congreso con el pedido de que este proyecto de Ley sea devuelto al Ejecutivo y se abra un amplio debate nacional. Días atrás, estos sectores presentaron una propuesta alternativa, que la bautizaron como "Ley Trole 3", que aboga por un "proceso de modernización del Estado que tenga en cuenta las particularidades y la realidad del pueblo ecuatoriano en su conjunto y propenda como objetivo fundamental el desarrollo equilibrado del país. Modernizar el Estado, no significa la privatización o el cambio de dominio de las empresas estatales hacia el capital privado, sino la construcción de una alternativa que considere los principios de eficiencia, eficacia, mejoramiento de la calidad de productos, bienes y servicios y mayor y mejor cobertura de los mismos, bajo el principio irrenunciable de justicia social". Trifulca congresil En el país político, entre tanto, la atención se ha centrado en la disputa que se comenzó a librar en el Congreso desde el 1 de agosto, día establecido para la renovación de sus autoridades. Por una sui generis disposición introducida en la nueva Constitución, en esta ocasión la presidencia le correspondía a un miembro del segundo partido con mayor votación, en las circunstancias al derechista Social Cristiano (PSC). Sin embargo, hilando fino con la imprecisión de tal norma, éste inflexiblemente pretendió imponer un candidato único, Xavier Neira, que a la postre terminó por aglutinar a las demás fuerzas. Al entrar a las votaciones y percatarse de que se había conformado una mayoría adversa al candidato único, la bancada socialcristiana perdió los estribos y armó una tremenda gresca, abonando al descrédito que tiene el Congreso ante la opinión pública. La nueva mayoría, también al límite de las interpretaciones legales, designó como presidenta del Parlamento a la diputada Susana González, quien días atrás se había desafiliado del PSC. Las dos vicepresidencias recayeron en José Cordero de la Democracia Popular y Antonio Pozo de Pachakutik. El PSC volvió a la carga al día siguiente, trasladando la disputa al plano judicial con un recurso de Amparo Constitucional que fue acogido por un juez próximo a sus filas, quien dispuso la suspensión de los efectos jurídicos de las elecciones del 1 de agosto. Las nuevas autoridades, tras rechazar el pronunciamiento del juez, por no tener competencia para juzgar actos legislativos, anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional cuyo fallo será definitivo. El gobierno, dando un giro a su posición inicial expresada públicamente a favor de Neira, ha preferido tomar una prudente distancia señalando que "no es juez ni árbitro para calificar o descalificar" las designaciones del Congreso. No obstante, varios sectores de opinión consideran que el Ejecutivo no es ajeno al pedido del recurso de Amparo interpuesto por el PSC pues, al momento, lo que le interesa es ganar tiempo para que la "Ley Trole 2" entre en vigencia por el ministerio de la Ley. Así, mientras desde el país real se reactivan las movilizaciones en torno a la consulta popular, el país político sigue sumando puntos para aumentar el descrédito de la institucionalidad.