Como dábamos cuenta en nuestro boletín anterior, los conflictos sociales por la coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) estaba intranquilizando cada vez más al país. A fin de cuentas los principales actores del conflicto eran las universidades (que siempre han tenido una importante capacidad de movilización, aunque lamentablemente sólo la vienen aprovechando para obtener ventajas sectoriales y no para defender los derechos nacionales y sociales) y los municipios (que cubren toda la geografía nacional y podrían llegar a paralizar el estado). El Gobierno se mantuvo firme mientras pudo, pero cuando el 75 por ciento de los gobiernos municipales se encontraba en huelga de hambre no le quedó más remedio que buscar una transacción. Ésta consiste en la transferencia paulatina de recursos, acompañada en el caso de los municipios de una transferencia de compete! ncias. Pero la solución no parece ser definitiva. Veamos los ingredientes del problema. El desacreditado IDH El nuevo impuesto, inferior a lo que muchos esperaban y exigían, a pesar de todo ha significado para el TGN un incremento (en relación al año 2004) de 260 millones de dólares el 2005 y se calcula que significará un incremento de 417 millones para el 2006 (lo que equivale al 25 % de los ingresos totales de 2004 por concepto de impuestos). Cabe notar que con el “Impuesto Complementario a los Hidrocarburos” que proponía el ex presidente Mesa ese incremento no habría sobrepasado los 95 millones de dólares. Por tanto (como concluye un estudio del CEDLA) no han sido vanas las movilizaciones sociales ni las batallas parlamentarias por la nueva ley; cierto que quedan metas fundamentales por lograr (básicamente el control de precios), cierto también que ese incremento es insuficiente, pero algo se ha ganado. De hecho este incremento de ingresos fiscales debido al IDH ha sido un in! grediente crucial de la reducción del déficit fiscal, que se ha reducido al 3,5 por ciento del PIB. Pero al mismo tiempo la pelea por su distribución nos está mostrando que el IDH no pasa de ser un paliativo para la crisis económica y financiera que vive el país; y que se hace imprescindible una reforma de la Ley. El acuerdo y la situación del TGN Después de diez meses de negociaciones, amenazas y cuartos intermedios, el acuerdo del pasado 15 de septiembre establece que de esos 417 millones esperados para el próximo año, el 63 por ciento se irá a las regiones, municipios y universidades, quedándole al TGN sólo un 37 por ciento (es decir 155 millones), pese a que la Ley de Hidrocarburos le asignaba un 54 %. Es una cantidad exigua para los graves problemas que tiene planteados el estado. La coparticipación de los municipios Al tratarse de ingresos tributarios (otra cosa habría sido el incremento de regalías), los gobiernos municipales y las universidades tienen respaldo legal para exigir su cuota de coparticipación tal como está establecida por ley (si bien es cierto que la Ley de Participación Popular no menciona explícitamente este impuesto). En el caso de los municipios el mordisco era fuerte (20 por ciento), por lo que el Gobierno se resistió mientras pudo. Sin embargo, a la hora de hacer acuerdos, y previa transferencia de las competencias de planificación y administración en las áreas de educación y salud, se acordó repartir proporcionalmente 115,5 millones entre los 327 municipios del país. El nuevo problema es que ni el magisterio ni los trabajadores en salud están de acuerdo con esa transferencia de competencias porque dudan del interés que puedan tener los gobiernos municipales en asumir esas nuevas responsabilidades. Es por aquí que amenazaban nuevas movilizaciones que de momento no se han producido. Las universidades Su derecho legal está claramente establecido. Lo que amplios sectores de la opinión pública critican es el uso que dan las universidades al 5 por ciento de coparticipación, incluyendo el actual incremento (que por lo demás también será paulatino). Es públicamente sabido que en las universidades se malgasta el dinero, que los grandes beneficiarios son las camarillas (más o menos partidarias) que se reparten puestos de trabajo y que disfrutan de viajes, viáticos y otras prebendas (incluyendo la posibilidad de cobrar sin trabajar) que de ninguna manera se justifican cuando se ve los resultados académicos, por lo general harto mediocres. Se ha publicado el dato de que hay rectores que ganan más que el Presidente de la República, y se sabe de millonarios finiquitos pagados a rectores salientes. Todo esto amparado en la “autonomía” universitaria que hac! e tiempo ya no cumple su función política original. Las autoridades han jurado que los nuevos recursos no se destinarán al pago de sueldos; sin embargo ya se ha anunciado incrementos salariales (nos dirán que no se pagan con “estos” recursos sino con los de siempre…). La sociedad debería tener la opción de controlar esa autonomía y de fijarle topes al presupuesto universitario. La distribución a los departamentos Tal como estaba previsto por la ley de Hidrocarburos, 56,34 millones serán distribuidos a los seis departamentos que no forman parte del “eje central”, pero tras las nuevas negociaciones se ha establecido también un “fondo de compensación” para los mismos (nivelando en realidad por el D.S. 28223 la coparticipación de todos los departamentos), lo que equivale a una asignación progresiva que empieza con 4,5 % y al cabo de dos años llegará hasta un 9,5 % (58,81 millones) para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (previo compromiso de lograr la correspondiente modificación de la Ley de Hidrocarburos). Pero esta compensación, para no afectar al resto de los departamentos, se hace a costa de quitarle un 5 % al TGN (que éste espera recuperar mediante la transferencia de competencias a los gobiernos municipales). Lo que no se puede justificar es por qué los departamentos que ya son beneficiados por las regalías de la producción de hidrocarburos tienen que beneficiarse también, y de manera preferente, con la distribución del IDH. Pero así están las cosas (como para que el ministro de Finanzas se corte las venas). La parte de los pueblos indígenas La Asamblea del Pueblo Guaraní fue la más radical en la demanda de un 10 por ciento de coparticipación para los pueblos indígenas (al menos para los que habitan territorios hidrocarburíferos), hasta el extremo de bloquear la carretera a la Argentina. Pese a una intervención de 200 efectivos de la Policía Militar que rompió el bloqueo en Tatarenda Viejo y detuvo a 8 dirigentes, al final el Gobierno también llegó a un acuerdo con la APG, la CIDOB y el CONAMAQ, por el cual no se les asigna a los pueblos indígenas ni los 130 millones que ellos exigían ni los 15 que les ofrecía el Gobierno, sino una cantidad final de 23 millones de dólares. A modo de conclusión Es comprensible. En la “familia” boliviana a nadie le alcanza la plata, y cuando se sabe que hay nuevos ingresos presupuestarios, todos se desesperan por morder una parte de los mismos, tanto más cuanto que cuentan con uno u otro respaldo legal (muchas veces fruto también de movilizaciones sociales anteriores). Faltan las Fuerzas Armadas, falta YPFB, falta la Dirección de Penitenciarías, faltan muchos que piden con ansiedad su tajada, y ya está la parte del TGN reducida a su mínima expresión. Cabe concluir dos cosas, la primera es que seguiremos así mientras la gran mayor parte del negocio petrolero siga siendo para las empresas extranjeras; la segunda es que un nuevo régimen de descentralización (más o menos “autonómica”) tiene que terminar con esa fragmentación de las demandas y entender a la sociedad boliviana primero como una totalidad que ! tiene que buscar un destino común. O sea que está todo por hacer. Bolivia Press 2005, Nº 13 (7 de octubre) Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)