La diferencia entre las cifras oficiales de víctimas y los datos proporcionados por organizaciones sociales constituye una negra sombra tras el paso del Stan. Mientras la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, menciona 669 muertos, comunidades y medios de comunicación hablan de una cantidad mayor tan sólo en el cantón Panabaj, Santiago Atitllán. El pueblo es ahora “un cementerio donde reposan cerca de sus 700 habitantes” afirma el diario Siglo XXI de 2 de noviembre. Y añade que una sola familia, la de Nicolás Xicay, perdió a “veintiséis de sus familiares”. Resulta sorprendente que las cifras de la CONRED se hayan mantenido prácticamente inalterables desde el 10 de octubre, es decir, cuando todavía muchas comunidades estaban aisladas y era imposible dimensionar los daños. El cuadro siguiente muestra una actualización mínima de los datos: Fecha --- / --- Muertos --- / --- Desaparecidos
10 de octubre --- / --- 652 --- / --- 384
21 de octubre --- / --- 669 --- / --- 844
30 de octubre --- / --- 669 --- / --- 844 Fuente: Prensa Libre y Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED Ante la debilidad de las estadísticas nos vemos obligados, como en los peores momentos de la censura, a leer la prensa extranjera, mucho menos desprovista de eufemismos, donde se habla de un número de muertos cercano a 5,000 (El Mundo de España, Televisión española, Univisión de Estados Unidos). No sabíamos que el Decreto de Calamidad permitía este juego laxo y extremadamente flexible, por no decir interesadamente engañoso, con la información. La carencia de datos finales y reales se convierte, además, en una revictimización de los muertos y sus familiares. Conforma una situación ambigua, anormal y con una pesada carga cultural, porque impide cerrar el duelo y rompe la transición y el continuo vida-muerte en las comunidades indígenas. El doloroso recuento de los daños humanos se estanca en los laberintos burocráticos. ¿Pero es incompetencia institucional o mala fe? El gobierno puede estar optando por el manejo político de las cifras, conveniente a sectores empresariales y de gobierno que consideran peligroso para las inversiones extranjeras y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el reconocimiento de un número de víctimas mayor. Junto a este manejo político se acompaña la política de aparentar normalidad, hecha pública por el presidente Berger el 28 de octubre. “Estamos muy cerca de volver a la normalidad. Se están licitando 445 obras, entre escuelas, puentes, carreteras y otros”. Esta consigna llevada al extremo plantea grandes riesgos: 1) desatender las necesidades de al menos 285,000 personas que perdieron sus cosechas (Guillermina Segura, directora del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, 1 de noviembre) y ven comprometida su supervivencia hasta que se complete el próximo ciclo agrícola (en algunas regiones, septiembre-octubre de 2006) 2) minimizar el costo real –humano y material- de la destrucción, o reducir ese costo a los daños en caminos y puentes. Consecuentemente, minimizar las necesidades de reconstrucción y focalizarlas en obras –como la construcción de carreteras- caracterizadas por elevado presupuesto, réditos electorales y espacio para la corrupción 3) continuar con el esquema presupuestario actual, inadecuado para las necesidades 4) que la reconstrucción se efectúe trasladando fondos de otros rubros del presupuesto, es decir, debilitando todavía más la ya débil inversión social: es el caso de los 260 millones de quetzales asignados al Programa Nacional de Resarcimiento 5) particularmente, la normalización acelerada y por decreto permite obviar un debate fundamental: el monto de los recursos necesarios para la reconstrucción y de dónde saldrán estos recursos. Es decir, rehuir el debate sobre el pacto fiscal, la reforma tributaria progresiva (donde paguen más quienes más tienen) e incluso la creación de nuevos impuestos. Si esta página fuera elPeladero de “El Periódico” preguntaríamos: ¿quién es el funcionario público de alto nivel que se manifestó a favor de nuevos impuestos para financiar la reconstrucción y ha permanecido desde entonces alejado de la escena política? 6) por fin, la normalidad pretende que nada ha pasado o todo hubiera pasado ya, sin analizar las causas últimas del desastre: la extrema pobreza que obliga a cultivar y vivir en laderas, la deforestación, la desigualdad económica y social, la debilidad del estado, síntesis de una sociedad desprotegida. La lejana normalidad Muy lejos de la normalidad, las comunidades siguen con el recuento de sus muertos y sus víctimas, el inventario de los daños en los cultivos y la incertidumbre del espacio limitado para la supervivencia. “El 34 por ciento de las comunidades afectadas por la tormenta Stan se quedó sin reservas de maíz y al 46% no le alcanzará para más de un mes” afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Prensa Libre 3 de noviembre): es decir, en muchas comunidades la emergencia llegó para quedarse al menos durante los próximos 12 meses. Se trabaja en el nivel inmediato, la atención con alimentos y salud, sin descuidar acciones de medio y largo plazo. Al dejar al descubierto nuestras carencias, Stan plantea el reto de qué hacer (reformas estructurales) y cómo, es decir, la organización social y política posible y necesaria para impulsar cambios de fondo. En primer lugar, es necesario multiplicar esfuerzos para alcanzar acuerdos y alianzas que permitan un mayor nivel de incidencia frente al estado, fortalecer el trabajo en el ámbito comunitario y local (otra pregunta, ¿por qué los Consejos de Desarrollo municipales y comunitarios no están siendo actores relevantes en la asistencia y la reconstrucción?) y construir una institucionalidad representativa y participativa. Stan golpeó una arquitectura excesivamente frágil: casas de cartón o madera, techos de lámina, viviendas asentadas en cauces de ríos, puentes de estructura débil. Guatemala se reveló improvisada, precaria, construida con los cimientos de la miseria. Y de la corrupción, porque colapsaron obras recientes mientras otras más antiguas (como el puente del río Los Esclavos) permanecen de pie. Pero no sólo la arquitectura física es endeble, también la institucional: coordinadoras sin capacidad aglutinadora, sistemas integrados por partes débiles, presupuestos insuficientes, moralidad escasa, desconfianza en la sociedad civil, espesa centralización que impide llegar a los espacios necesitados y una cultura autoritaria que dificulta la reconstrucción. En segundo lugar, hay que definir agendas comunes y prioridades. Aún a riesgo de ser repetitivos, organizaciones y medios de comunicación debemos insistir en la redefinición del modelo de desarrollo y del modelo de estado que supere las grandes desigualdades y la debilidad de las instituciones. Específicamente, es necesario abordar el desarrollo rural de una manera integral, debatir sobre la propiedad de la tierra, el ordenamiento territorial, la participación de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones y los impuestos como instrumento para la redistribución de la riqueza: los grandes temas pendientes desde la transición y la firma de los Acuerdos de Paz. Frente al ocultamiento, la necesidad de hacer visible la realidad, para transformarla. - Fuente: Memorial de Guatemala, Publicación electrónica, Director: Andrés Cabanas