Guatemala, junto con Bolivia, es uno de los dos países latinoamericanos en donde la mayoría de la población es indígena. En efecto, un 70% de los 10 millones de guatemaltecos (1993) es descendiente de la milenaria cultura maya. Como un indicativo de la diversidad étnica y lingüística, en el país se hablan, a más del castellano, 22 idiomas indígenas, de los cuales los más difundidos son el quiché, el mame, el kekchí y el cakchiquel. Pese a la importancia numérica, cultural y política que tienen los pueblos indígenas, el tema de la autonomía no figura entre las prioridades de la agenda pública de los últimos años. Y eso tiene una explicación: "en los países donde la mayoría es indígena, valdría más hablar de la autonomía de los no indígenas porque siempre la autonomía se concede a un sector minoritario, que a través de esa autonomía quiere asumir el control de sus propios asuntos", señala el Dr. Augusto Willemsem Díaz, ex-subprocurador de derechos humanos de Guatemala y asesor de las organizaciones indígenas. Luego del Acuerdo de Paz Firme y Duradera firmado el 28 de diciembre de 1996 entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) y el gobierno, que puso fin al conflicto armado de 36 años de duración, que dejó 100.000 muertos, 40.000 desaparecidos y decenas de miles de refugiados, los pueblos indígenas, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya, COMPMAGUA, están empeñados en profundizar la participación social y alcanzar reformas constitucionales que reconozcan el carácter multiétnico, pluricultural y multilingue de la nación guatemalteca. A continuación el diálogo mantenido con Augusto Willemsem. ¿Cómo ve el problema de la autonomía en Guatemala? Se prevé una cuota muy limitada de autonomía. No una autonomía verdadera como la que se discute en Nicaragua y que felizmente está ya reconocida a nivel constitucional desde hace diez años. En Guatemala se habla de que las comunidades tendrán autonomía para sus asuntos internos. Esta es una versión mínima de autonomía y ojalá se la conciba como autonomía, porque generalmente se habla mucho de la autonomía de los municipios, pero los municipios nunca han sido verdaderamente autónomos, han tenido una autarquía administrativa, pero siempre están sometidos a controles e injerencia de parte del ejecutivo nacional. Pienso yo que éste va a ser un tema que vamos a tener que discutir mucho para darle contenido efectivo, porque la autonomía plena, como lo dicen en inglés, más que todo es el autogobierno. Yo escribí un documento, para un seminario de Naciones Unidas que se celebró en Gronland, la capital de Groenlandia que es la isla más grande del mundo y que es una región autónoma dentro del Reino de Dinamarca, en el cual caracterizo a la autonomía como un fenómeno que radicalmente tiene que ver con una autonomía política para que signifique eso, si no, es desconcentración, descentralización, regionalización administrativa, que es muy importante pero es otra cosa. ¿La autonomía está o no en el campo de las preocupaciones del movimiento indígena? En el presente no forma una reivindicación predominante. Empieza a haber bastante discusión de la autonomía, pero ni en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se conforma un proyecto de autonomía indígena ni en las reivindicaciones indígenas figura con preeminencia ese tema. Lo que pasa es que en países donde la mayoría es indígena valdría más hablar de autonomía de los no indígenas porque siempre la autonomía se concede a un sector minoritario, que a través de esa autonomía quiere asumir el control de sus propios asuntos, cuando este sector es mayoritario como que se deshace un poco el núcleo ideológico de la autonomía y por eso creo que hasta tenemos ciertas dificultades sobre ese tema. Si se habla de todas las formas participativas en la conducción de los asuntos de Estado así que esta podría ser una fórmula. Luego de la firma de los acuerdos de paz entre la URGN y el gobierno, ¿en qué han quedado las reformas constitucionales en lo relativo a los pueblos indígenas? La firma de los acuerdos de paz es un evento sumamente importante, porque indica una voluntad política mínima, por lo menos en llevar adelante estas muy necesarias reformas. En Guatemala y fuera de ella se le ha dado mucha relevancia a la firma, que la tiene, pero se exagera sobre la importancia de la misma, porque la firma es tinta negra sobre el papel blanco. Lo que hay es necesidad de encontrar voluntad política de cumplir con todos los compromisos, porque hay muchísimos compromisos que se han mencionado en el texto de esos acuerdos. Nosotros tenemos en Guatemala, infortunadamente, una cultura de la violencia, de la imposición, por lo menos a partir de 1524 cuando irrumpió Pedro de Alvarado y su gente en Guatemala. No sabemos si antes las relaciones en los Estados Mayas, previos a esa llegada, hayan sido siempre muy pacíficas y respetuosas, pero si sabemos que a partir del momento de la invasión de Alvarado ha habido una práctica continuada de violencia, de imposición y de irrespeto a la gente. Entonces estos acuerdos se ubican en una especie de encrucijada, en la cual se debe cambiar la cultura de la violencia por una cultura de respeto recíproco entre los diversos pueblos que constituyen la población de Guatemala, para poder cimentar sobre ello una convivencia pacífica, sobre todo luego de la represión terrible que hubo en los años 80, sobre todo a principio de esa década. Yo creo que debemos partir de que una cosa es firmar y otra es cumplir y que hay que construir ahora esa paz. Actualmente ¿cuales son los planteamientos fundamentales que están haciendo los pueblos indígenas en relación a las reformas al texto constitucional? Todos los acuerdos de paz tienen que ver con el tema indígena porque Guatemala es uno de los dos países iberoamericanos en los cuales los pueblos indígenas son mayoría, pero hay tres que son en particular relevantes: el Acuerdo Marco sobre los Derechos Humanos, un Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y un Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y situación agraria. En estos tres acuerdos se han previsto una serie de reformas a la legislación y a la Constitución en relación con temas muy concretos que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas. El Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas prevé cinco comisiones que se refieren a reforma educativa, a las tierras de los pueblos indígenas y a reformas y participación en general, ya que se supone que la democracia en Guatemala, debe tener el carácter de participativa de ahora en adelante. Las tres comisiones que se van a ocupar de estos asuntos están formadas por representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas. Hay otras dos comisiones especiales que no son paritarias. La una se refiere al régimen de los lugares sagrados que no están en sitios arqueológicos, está integrada también por los guías espirituales y la otra es la de cooficialización de las lenguas indígenas que además de los sectores gubernamental e indígena, tiene técnicos en materia de oficialización de los idiomas. ¿Qué tanto se ha avanzado en esas reformas? En cuanto a reformas constitucionales hay una propuesta presentada por el sector indígena que ya ha sido presentada en el Congreso de la República, en la cual se prevé una concepción distinta del Estado, ya que se pone como integrantes de la población del país no sólo a los individuos, sino también a los pueblos indígenas. Esto es un cambio fundamental en la concepción del Estado y la población global ya que no es una concepción de estado-nación proveniente de la Revolución Francesa, sino una concepción un poco modificada. Es decir, ¿se reconoce el derecho colectivo? Así es, y particularmente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas hay el aspecto de la oficialización de las lenguas. Hay más de veinte lenguas indígenas en Guatemala, y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos los Pueblos Indígenas hay 2 disposiciones sobre la lenguas indígenas: una que se enumere en el texto de la Constitución todas las lenguas indígenas existentes en Guatemala y luego que se cooficialicen estas lenguas con el español. Allí se prevé dos grandes propuestas: una que es bien firme, de que cada idioma indígena sea cooficial con el español, en su territorio correspondiente. Y otra que postula también la conveniencia de enumerar a todas las lenguas y escoger a cuatro o cinco lenguas indígenas como oficiales al lado del español para todo el Estado y para todos los asuntos oficiales. Esto ha encontrado algunas dificultades y está discutiéndose con mucho menos posibilidades. Hay también cosas muy fundamentales, es la incidencia de los derechos de los pueblos indígenas, el así llamado derecho consuetudinario que es el derecho y sistema jurídico de los pueblos indígenas, que han practicado milenariamente y que se sigue aplicando en las comunidades. Los organismos legislativos y judiciales en Guatemala, según el texto actualmente vigente de la Constitución, ejercen exclusivamente esas funciones, es decir el legislativo es el único que puede emitir leyes y el judicial es el único que puede emitir fallos jurisdiccionales. Esto es lo que la propuesta indígena rompe. Cuando se habla de que el Congreso de la República tiene como potestad exclusiva el de legislar, las comunidades señalan que también podrán darse una normativa jurídica para su vida comunitaria. Y en el aspecto del ejercicio de la jurisdicción, las comunidades indígenas de Guatemala han venido ejerciendo jurisdicciones, resolviendo conflictos al interior de las comunidades. Y esto es lo que se busca introducir también en la Constitución, cuando se habla de que el poder judicial es el único que ejerce la potestad jurisdiccional, se dice también que las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas seguirán resolviendo conflictos al interior de esas comunidades. ¿Cómo están siendo aceptados los planteamientos indígenas por la sociedad guatemalteca? Hay un caleidoscopio de reacciones, desde las decididamente opuestas a cualquiera de las reformas que proponga el sector indígena, hasta aquellos sectores que ya tienen una comprensión de la necesidad que hay, para que se pueda vivir en paz en Guatemala y en armonía respetuosa uno de otros, de hacer esas reformas. Entonces, hay oposición pero también hay solidaridad y deseo de adelantar. En concreto, ¿qué sectores de poder son los que se oponen? El poder económico, el poder social, el poder político. Lo que pasa es que Guatemala tiene una característica que hace difícil estas cosas, y es que los pueblos indígenas son la mayoría de la población del país. Cuando se excede el 50%, cualquier propuesta es profundamente peligrosa a la vista de los sectores que han ejercido el poder económico, social, cultural y político toda la vida, porque si se aplican las normas democráticas no hay otra salida: los indígenas son los que van a dominar la situación de Guatemala. Entonces, los sectores que sienten que van a perder los privilegios son los que más se oponen. Yo pienso que si en Guatemala los pueblos indígenas representaran un cinco o un seis por ciento de la población, tal vez habría acuerdo en grandes sectores de la población de conceder esos derechos, pero como es un sector mayoritario que se acerca a un sesenta por ciento, allí se sienten amenazados. Usted que ha sido ex-suprocurador de los Derechos Humanos Díganos ¿cómo se violan los derechos humanos de los indígenas en Guatemala? Se los viola como en todas partes. Primero al tener una resistencia al reconocer derechos colectivos, derechos históricos, derechos específicos. Todo ésto, en la mentalidad general de la gente, es un intento de privilegiar sobre el resto de la población. Y no es fácil que se comprenda que los pueblos indígenas estaban en esas tierras que eran suyas y habían logrado un nivel próspero civilizatorio y un nivel de desarrollo integral. La cultura maya ha sido admirada y reconocida como una de las culturas más brillantes de la Tierra en todas partes del mundo, ellos tenían, entre otras cosas, sus logros de organización social y esto, al principio, se intentó descalificar totalmente. En cierta forma, la gente sigue hablando de que hay que incorporar a los indígenas a la cultura, como si ellos no tuvieran ninguna cultura, entonces cuando se habla de que hay que respetar la cultura de los indígenas, hay una contradicción: primero hay una negación y luego una afirmación. Esto es característico en todas partes del mundo, porque tuve el privilegio abrir el trabajo sobre pueblos indígenas en Naciones Unidas. Entonces, en el curso de ese trabajo, tuve que tratar con muchos de los representantes de más de trescientos millones de indígenas que hay en el mundo que llegaban a Naciones Unidas a presentar sus reivindicaciones y en todas partes se produce el fenómeno de la dificultad para aceptar los derechos colectivos que les asisten. También sectores, incluso académicos, tienen dificultades con los derechos colectivos como derechos humanos, a pesar de que existe el sector de derechos colectivos, derechos de grupos, derechos de la humanidad que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que comprenden: el derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Son derechos que sólo pueden ejercerse colectivamente, uno no va a tener un ambiente sano sólo para mi nariz, tiene que ser para todos. Esto ya es innegable y algunos autores y académicos hablan de tres generaciones de derechos humanos y esta es la tercera generación. Yo no comparto la visión de generaciones, porque me parece muy difícil concebir que los derechos sociales, económicos, culturales, hayan sido engendrados por los derechos civiles y políticos de las revoluciones francesa y americana, simplemente la gente se dio cuenta de que vale muy poco poder expresar libremente su pensamiento si se está muriendo de hambre. Yo pienso más bien que, en vez de hablar de generaciones de derechos humanos, debemos hablar de dimensiones que se ha ido reconociendo a esos derechos. Primero se concibió solo los derechos civiles y políticos de la persona en su función política dentro del Estado, y es la visión de las revoluciones americana y francesa. Luego la Constitución de Crétaro, de México, fue la primera que incorporó derechos sociales y económicos a nivel constitucional en 1917, seguida muy de cerca por las constituciones soviéticas de 1917 y 1918, por la constitución de la República alemana de Weimar y por la Constitución de la República Española, que ya le dieron carta de naturaleza a los derechos económicos, sociales y culturales a nivel de derechos humanos fundamentales. Y después de la Segunda Guerra Mundial se vino a reconocer el derecho a la paz, al medio ambiente sano, y todos los que ya enumeré, como derechos colectivos. * Este documento es parte de "Autonomías Indígenas - Diversidad de Culturas, Igualdad de Derechos". Serie Aportes para el Debate No. 6.