Carecer de agua, luz y teléfono por falta de pago es un drama que deja en evidencia que los servicios públicos domiciliarios se volvieron una mercancía y los padecimientos cotidianos que afronta la gente para pagarlos configuran ese otro conflicto social urbano que vive Medellín y el Valle de Aburrá. Basta imaginar los efectos que produce la falta de agua corriente, la ausencia de energía eléctrica o la carencia del teléfono para comprender las afugias que viven a diario los llamados desconectados; aquellas personas y grupos familiares que por falta de pago no reciben estos servicios, básicos para la vida diaria. El tema se convirtió en noticia nuevamente a partir de la amplia difusión que recibió en los medios de comunicación de la ciudad la carta escrita a mano que Daniela Andrea Cadavid, de 11 años de edad y habitante del barrio Popular 1, le envió al Gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) solicitándole que le reconectara el servicio de energía para las festividades decembrinas: porque, de lo contrario, sería el segundo año que ella, sus dos hermanitos y su madre pasarían las fiestas de fin de año a oscuras. "Quiero que aunque sea el 24 y el 31 tengamos luz, son las fechas más importantes de mis hermanitos", dice la niña. Pero su drama no es el único y tiende a agravarse. De 807.358 usuarios residenciales atendidos por EPM, a la fecha, 69.886 no reciben el servicio de energía eléctrica; de ellos, 48.886 llevan más de nueve meses desconectados. Adicionalmente, EPM reporta 68.884 residencias sin el servicio de acueducto; de ellas, 45.884 llevan más de nueve meses sin agua. Y en cuanto telecomunicaciones, los datos indican que 124.235 usuarios están desconectados. Comparadas estas cifras con las de un año atrás, los incrementos son notorios. A Julio 30 de 2004, los desconectados de la energía eran 62.288 usuarios; de agua, 59.833; y de teléfono, 82.183 usuarios. El conflicto urbano Detrás de cada desconectado hay un drama social que, sin duda alguna, refleja lo que se ha venido diciendo con tanta insistencia en diversos sectores sociales: la pobreza le está quitando a la gente la posibilidad de acceder a derechos fundamentales como los servicios públicos domiciliarios, lo que contribuye a ampliar la brecha inequitativa en la ciudad y el departamento. Edgar White, directivo del Sindicado de empleados y trabajadores de empresas de servicios públicos (Sintraemdes), advierte que la realidad plasmada en la carta de la niña, divulgada el pasado 1º de noviembre, es cotidiana: “es la situación de miles de personas que llevan hasta nueve años desconectados y se bandean con velas, petróleo, leña, aguas servidas y aguas lluvias”. El abogado y politólogo Pablo Angarita había advertido del grave problema en octubre del año pasado en el documento “(In) Seguridad y construcción de ciudadanía”, en el que asegura que las deudas no pueden resolverse de manera coyuntural “ni pueden ser analizadas por fuera de variables como el desempleo, el deterioro de los ingresos y las tarifas costosas de los servicios públicos. Si las causas son estructurales, de igual manera las respuestas tienen que ser estructurales”. “Esta deuda no puede entenderse como una cultura de no pago. Simplemente no hay con qué pagar. No hay otra manera de explicarla. Lo demás es caer en mezquindades. Precisamente tenemos la empresa que tenemos por ser buenas pagas”, precisa Angarita. A su juicio, los miles de hogares con los servicios suspendidos configuran un verdadero conflicto social urbano que, más allá de los fenómenos de violencia, debe reconocerse como tal: “Conflicto urbano es también un señor que muere por conectarse y acceder a los beneficios de la naturaleza y el desarrollo; quitarle el carácter público a las empresas publicas; mercantilizar los derechos, concentrarlos y monopolizarlos; es la situación de varias familias que deben cocinar con leña y alumbrar con velas en la ciudad que se siente orgullosa de su alumbrado navideño”. “Medellín, Luces de fiesta” es el nombre que recibió este año el alumbrado público que instalará EPM en diversos puntos de la ciudad. El proyecto contempla una inversión de 3.500 millones de pesos, cifra que no incluye el consumo de energía de las 12 millones de bombillas de diferentes vatiajes que serán usadas en los adornos. Riesgos y corrupción Reclama el directivo sindical que se muestre lo que hay detrás de muchos desconectados; como por ejemplo los efectos de las nuevas disposiciones de EPM, que viene reinstalando las líneas primarias de 13.200 voltios por debajo de las secundarias, de 110 ó 220 voltios, y que son las utilizadas por la gente para sacar el contrabando de energía. El cambio, concebido como una medida preventiva para evitar la reconexión, ya ha ocasionado accidentes, incluso muertos, por electrocutamiento, sobre los cuales Sintraemdes conoce varias denuncias. Pero el asunto no se queda allí. Testimonios de desconectados señalan que los contratistas de EPM que visitan sus casas para cortarle los servicios por falta de pago se ofrecen a hacerles las conexiones fraudulentas, en casos como el agua y la energía. Pero en Sintraemdes tienen denuncias de usuarios que dicen que los contratistas les ponen el contrabando y varias semanas después EPM descubre el fraude, “todo porque la Empresa paga incentivos a los contratistas por coger contrabando”, asevera White. Un derecho, no una mercancía “Tenemos que admitir que la situación de las familias antioqueñas respecto a los servicios públicos domiciliarios ha empeorado, y ha entrado ya a ser un factor más de pobreza”, afirma Angarita en su documento. Y es que de acuerdo con los expertos en el tema, la promulgación, en 1994, de las leyes 142 y Ley 143, que convirtieron los servicios públicos domiciliarios en una mercancía, sujetos a la competencia de las empresas y dejaron de ser un elemento esencial. “Antes de 1994 nadie hablaba de desconectados, no los había; pero después de ese año se convirtieron en un problema y hasta la reconexión es un delito penal. El problema esencial son las altas tarifas, producto de las normas, regulaciones y leyes del mercado. Se ha vuelto tan insostenible que la gente deja de comer, pagar colegios o recurre a las casas de empeño para conseguir dinero y pagar los servicios” , manifiesta el directivo de Sintaemdes. Desde este sindicato, en coordinación con la Alianza por los Servicios Esenciales Dignos y otras agremiaciones ciudadanas y gremiales, se viene planteando de manera insistente que la alternativa de fondo para afrontar el tema tarifario de los servicios públicos domiciliarios es insistir ante los gobiernos locales y nacionales que deben ser un derecho fundamental, tal como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la recreación. “Un Estado racional debería orientar todos sus recursos a solucionar las necesidades básicas de la gente para que viva en condiciones físicas y sicológicas dignas”, reitera Edgar White. - Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co