Desde el principio de los años 1970, Colombia ha sido una de las fuentes para el principal mercado de las drogas en el mundo: el de Estados Unidos. Primero fue la marihuana, seguida por la cocaína a partir del los años 1980 (en la forma de crack en los ghettos negros y hispanos) y de la heroína, a partir de 1990. En cambio, en Europa, hasta el final de los años 1990, si la heroína ya producida en Afghanistán, Pakistán y Turquía era la droga que causaba más daños en la gente y entre la juventud, la cocaína era consumida sobre todo por gente como músicos, periodistas, intelectuales, artistas, etc., que no planteaban problemas sanitarios o de orden público. Hoy en día, dentro de los países europeos del Oeste (pero no de los del Este que recién entraron a la Unión Europea) gracias a los programas de “reducción de daños”, el consumo de heroína es controlado, mientras el de cocaína se está convirtiendo en la principal amenaza. En el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas (OEDT) se puede leer: “Uno puede temer que el uso de la cocaína siga extendiéndose en Europa y que los usuarios pertenezcan a los medios socialmente más diversificados” . En este sentido, resulta útil examinar las políticas aplicadas en Colombia, un país que no sólo es el primer productor de cocaína sino que, desde mediados de los años 90, ha visto aumentar su cuota de producción de materia prima (hojas de coca) en detrimento de Perú y Bolivia. Pero esta situación permite a Estados Unidos, a través del Gobierno del presidente Álvaro Uribe -que es uno de los más alineados a su política en América del Sur- intervenir con el pretexto de luchar contra las drogas y las “narcoguerillas”, teniendo segundas intenciones de la cuales los intereses geopolíticos no son ajenos. El Plan Colombia: una lógica de guerra Estados Unidos, confrontado con la explosión de los cultivos ilícitos en Colombia, que pasaron de unas 50 mil hectáreas en 1995 a 170 mil en 2001, reaccionó con la implantación del Plan Colombia, teóricamente elaborado en colaboración con el Gobierno colombiano de Andrés Pastrana, aunque en realidad la versión definitiva fuera impuesta por Washington (por ejemplo, el Plan inicial no preveía ayuda militar). A partir de 2002 el Plan fue extendido a seis vecinos de Colombia con el nombre de Iniciativa Regional Andina (ARI). Inicialmente tenía por objetivo combatir el narcotráfico, apoyar las negociaciones de paz que se abrieron a principios de 1999 con las FARC y promover el desarrollo económico del país, en particular en los sectores más marginados. Cuando se rompieron las negociaciones de paz en febrero de 2002 –poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001- el objetivo del Plan fue combatir las “narcoguerrillas” y el “narcoterrorismo”. Su coste global, hasta finales del 2004, era de 7.500 millones de dólares. La contribución del Gobierno colombiano debía ascender a 4.000 millones de dólares. Estados Unidos decidieron, en el momento de su lanzamiento, participar con 1.300 millones de dólares. Se esperaba que el resto fuera suplido por la cooperación bilateral y multilateral. La Unión Europea, opuesta a la lógica militarista del Plan, se negó finalmente a asociarse al mismo. Y ni siquiera aceptó financiar los aspectos “civiles” del Plan para no avalar los aspectos militares y represivos. En cambio, su contribución consiste en financiar los “laboratorios de paz” en varios departamentos del país. Un instrumento fundamental del Plan Colombia es la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato. Hay que subrayar que Colombia y México son los únicos países en el mundo donde se utilizan químicos para erradicar los cultivos ilícitos. Personalmente he podido comprobar que se dejaron de usar donde fueron ensayados contra la amapola, en los años 1980 y 1990: en Pakistán (siguiendo violentas protestas de la población de las zonas tribales); en Birmania (después de fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y de la propia Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas, entonces UNFDAC) y en Guatemala (donde provocaron la muerte de 14 personas). Es muy significativo que en 2004, cuando se denunció en Afganistán que “desconocidos” habían ensayado clandestinamente un químico contra los cultivos de amapola, el propio presidente Hamid Karzaï, apoyado por la Embajada de Estados Unidos, dijo que no iba a permitir el uso de defoliante, demasiado peligroso para la salud humana y el medio ambiente. Mientras tanto, aplicadas a 5.600 hectáreas en 1996, las fumigaciones han abarcado 127 mil hectáreas en 2003. En total, a finales de 2004 habían sido fumigadas 380 mil hectáreas, es decir, el 8% de las tierras cultivables de Colombia . La evaluación oficial de los efectos de las fumigaciones, efectuada a pedido de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de drogas (CICAD), concluyó en 2005 que las fumigaciones no eran dañinas . Pero provocaron críticas de científicos colombianos por la metodología utilizada. Numerosos estudios realizados por universidades independientes, ONG e incluso por el Defensor del Pueblo así como por expertos ecuatorianos, ya que a veces los vientos se llevan los productos tóxicos al otro lado de la frontera, concluyen que el glifosato usado afecta a la vegetación (destruyendo en algunos casos los proyectos de desarrollo alternativo próximos a las zonas de cultivo de coca) y poluciona las aguas y la capa freática. Cada vez que se produce una campaña de fumigaciones, los hospitales de las regiones afectadas señalan un aumento de hospitalizaciones por problemas respiratorios y enfermedades de piel. Otro efecto dañino es que los nativos, expulsados de sus tierras por la destrucción de las plantaciones de coca, emigran a las regiones vecinas para deforestar la selva. De este modo, en el transcurso del 2000 las grandes superficies de cultivo pasaron sucesivamente de los departamentos de Guaviare y de Meta al de Putumayo y después, cuando éste fue el blanco prioritario de las fumigaciones, a Nariño y Caquetá. Entre 1999 y 2002 se incrementaron los departamentos con cultivos de coca, de 12 a 22. Peor todavía, para escapar a las fumigaciones, los nativos tienden a dispersar sus cultivos en pequeñas parcelas en zonas aisladas. En 2004, aproximadamente 60% de los lotes de coca son nuevos. Finalmente, los agricultores que lo han perdido todo por el efecto de las fumigaciones, tanto los cultivos de coca como sus producciones lícitas, acaban por incrementar el número de refugiados internos, que actualmente representan de 2 a 3 millones de personas. Según las ONG especializadas, unas 100 mil personas fueron desalojadas por las fumigaciones. Sobre la eficacia de las fumigaciones, los efectos son contrastados. Mientras que los cultivos de coca estaban en 163.300 hectáreas en 2000, apenas si alcanzaban 86.300 en 2003. Pero desde esta fecha son estables (observadores independientes estiman que la superficie real sobrepasa por mucho las estimaciones oficiales) a pesar de que se fumiga más de 100 mil hectáreas cada año. En 2004, 139.200 hectáreas fueron asperjadas en 2004 . “Éxito” compensado por un nuevo incremento de las superficies ilícitas en Perú (más de 40 mil hectáreas en 2005) y en Bolivia (cerca de 30 mil hectáreas) y el desarrollo de los cultivos de amapola en el primer país y de cannabis, en el segundo. A pesar de los considerables esfuerzos desplegados en Colombia y de la reducción de los cultivos, los precios de la cocaína hasta 2004 eran estables y tendían a disminuir en sus dos principales mercados, Estados Unidos y Europa, mientras que la pureza de las dosis incautadas era estable o aumentaba. Finalmente, el 17 de noviembre 2005 el gobierno americano anunció que entre febrero y septiembre de este año los precios al detalle de la cocaína habían aumentado en un 19% mientras la pureza había declinado en un 15% . Pero analistas norteamericanos han hecho notar que el periodo es demasiado corto para saber si se trata de una fluctuación coyuntural o de una tendencia estable. De todas maneras esto no va a modificar el carácter de la intervención estadounidenses en Colombia ya que no tiene como único objetivo luchar contra las drogas. El interés geopolítico de Estados Unidos Hasta diciembre de 1999 Estados Unidos había esperado mantener una presencia militar en la zona del Canal de Panamá. Para este fin tanteaba vender la idea de un Centro Multilateral Antidroga (CMA) que tuviera la base en ese país. Pero la presidenta, Mireya Moscoso, rechazó la implantación del CMA en su territorio en nombre de la defensa de la soberanía nacional. Estados Unidos tuvo que recurrir a la ayuda de gobiernos más conciliadores. Asimismo las bases que coordinaba tras 80 años de la política militar americana en América Latina se han vuelto a desplegar in extremis en Florida, en Puerto Rico (Isla de Vieques), en Cuba (Guantánamo), en Ecuador (Manta), en Honduras y en las islas de Curacao y Areba (gobierno Holandés) . A esto se ha añadido que el gobierno nacionalista venezolano de Hugo Chávez les prohibió a los aviones militares de Estados Unidos sobrevolar su espacio aéreo. Los vecinos de Colombia se opusieron igualmente al Plan Colombia que, para ellos, conlleva el riesgo de exportar los problemas de ese país (guerrilla, droga y emigrantes). En este contexto, Estados Unidos no puede aceptar que Colombia, que es el principal proveedor de drogas del mercado americano (cocaína, heroína y marihuana), pero que ocupa sobre todo un espacio estratégico en el corazón de América del Sur (con una salida al mar en el Pacífico y el Caribe y con fronteras con siete países) sea entregada al caos. Además de su característica de base de retaguardia para el control geopolítico de la región, Colombia tiene otro interés para Estados Unidos. Uno de los proyectos de canal alternativo al de Panamá podría atravesar el norte de su territorio uniendo el Pacífico y el Amazonas. Por otra parte, la amazonía colombiana podría constituir una fuente alternativa de agua para el sur de Estados Unidos, que sufre una cruel escasez ya que los militares brasileños, que son muy nacionalistas, nunca lo permitirían. Más allá de lo que podría calificarse como suposiciones, existe un ámbito en el que resulta claro que el Plan Colombia sirve de pantalla de humo para enmascarar otros intereses: a finales de 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó la entrega de 99 millones de dólares al ejército colombiano para proteger el oleoducto de Caño Limón-Coveñas (cuya mayoría de acciones está en posesión de las compañías Ecopetrol y Occidental Petroleum), a lo largo de la frontera venezolana, en el departamento de Arauca. Decenas de instructores militares –el Congreso autorizó la presencia en Colombia de un máximo de 500 soldados estadounidenses y 300 miembros de sociedades privadas de seguridad– refuerzan para este fin la 18ª Brigada y la 5ª Brigada móvil . Esta militarización de la lucha contra la droga liderada por el gobierno de Álvaro Uribe y Estados Unidos, además de revelarse de una dudosa eficacia, no ataca las verdaderas raíces de la violencia. En particular, la ausencia de la reforma agraria en este país. “0,4% de los propietarios son dueños del 61,2% del área rural – 47.147.680 hectáreas. La mayorías de estas fincas son superiores a las 500 hectáreas. [Esto se contrapone al hecho de que] 97 % de los propietarios son dueños del 24,2% del área nacional rural –18.646.473 hectáreas ”. Solo un cambio radical de esta situación podría constituir un preámbulo a la sustitución de la economía ilícita en Colombia. Mientras tanto, las ofensivas llevadas por el ejército colombiano en el marco del Plan Patriota -gracias a la asistencia militar de Estados Unidos- y la formación de milicias de soldados campesinos por parte del Gobierno han asestado golpes innegables a las FARC, pero no han mermado significativamente su potencial militar ni su control sobre una parte significativa de los cultivos ilícitos. Respecto a los paramilitares, quienes han reconocido sus lazos estrechos con las narcoactividades, las negociaciones de paz adelantada por el Gobierno podrían significar una legalización del control de las actividades ilícitas y el acceso directo de algunos de ellos al poder legislativo. El propio representante de Naciones Unidas lo insinúa cuando declara públicamente: “la acumulación de tierras permite el lavado de activos y da a nivel local a los narcotraficantes un “reconocimiento social” como latifundistas de tierras. Aproximadamente 4,4 millones de tierras son propiedad de los narcotraficantes ”. Sobre este nivel del narcotráfico tendría que focalizarse la ofensiva del gobierno colombiano y de Estados Unidos, no sobre los productores de coca que no son más que el escalafón más débil. - Alain Labrousse, sociólogo y periodista, ex-director del Observatorio geopolítico de las drogas (1990-2000), actualmente es miembro del Comité Científico del Observatorio francés de las drogas y las toxicomanías, publicó en 2004 Géopolitique des drogues, Paris, Presses universitaires de France. Publica en diciembre: Afghanistan. Opium de guerre, opium de paix, Paris, Les Mille et une nuits/Fayard, 395 p Fuente: www.pnud.org.co/indh2003