Cuando aún se encontraban frescos los crímenes del defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y de la abogada María Arango, la violencia nuevamente volvió a enlutar al país. Esta vez, un grupo paramilitar, presumiblemente de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, asesinó a 25 campesinos en la remota localidad de Puerto Alvira, en el selvático departamento oriental del Meta. Los paramilitares, que acusaron a los campesinos de ser "colaboradores de la guerrilla", sacaron a los hombres, mujeres y niños de sus casas, destruyeron sus viviendas, quemaron comercios y llevaron a cabo fusilamientos. Los habitantes de este poblado de 2500 personas, en enero de este año habían pedido la presencia del Estado en la región, ya que recibieron amenazas de los paramilitares. Los efectivos del ejército, como ha ocurrido en otras tantas masacres de población civil, nunca se hicieron presentes y solo llegaron cuando los hechos se habían consumado. El ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, desestimó las críticas de ineficiencia del ejército, agregando que éste "no es capaz de atender todas las necesidades". Los anuncios oficiales de que, para evitar un desplazamiento masivo, se protegerá la integridad de las personas y que la fuerza pública permanecerá indefinidamente en Puerto Alvira, no lograron convencer a centenares de personas que buscaban abandonar el pueblo, temerosos de que se cumplan la promesa de los paramilitares de regresar. En la Defensoría del Pueblo reposan denuncias de campesinos que señalan que los crímenes y atropellos de estos grupos de justicia privada se efectúan con la "aquiescencia y/o colaboración de la Policía y el Ejército Nacional". Estas mismas Autodefensas de Córdova y Urabá, dirigidas por Fabio Castaño, torturaron y asesinaron en las afueras de Paratebueno (Departamento de Cundinamarca) a tres campesinos a los que se les acusó de "ser auxiliados de la guerrilla", según las mismas denuncias. Sectores de derechos humanos, académicos y políticos han puesto en evidencia la ineficacia del gobierno de Ernesto Samper para reprimir a los grupos paramilitares, lograr su desmantelamiento y capturar a quienes los organizan, comandan y financian. Esta nueva masacre no hace sino agudizar el clima de inseguridad que vive Colombia. En 1997, ocurrieron 185 masacres cuyos autores fueron paramilitares en un 84% de los casos, guerrilla en el 14% y el ejército en el 2%, según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del CINEP. Además, se contabilizó 206.460 desplazados, 1213 ejecuciones extrajudiciales, 192 desapariciones, 1693 secuestros, de acuerdo a la misma fuente. Desde 1996, 24 activistas de derechos humanos fueron asesinados y 15 tuvieron que abandonar el país. Cultura de la violencia Tanto la violencia selectiva como colectiva constituyen una expresión de una cultura de intolerancia que reprime a los opositores al statu quo. Es mediante mecanismos violentos que se ha impedido el desarrollo de alternativas populares o de izquierda que disputen el control del Estado, al bipartidismo liberal-conservador. "Los recientes asesinatos de dirigentes de izquierda y de activistas defensores de los derechos humanos demuestran, una vez más, que en Colombia parece imposible construir una oposición de izquierda democrática", se reseña en la revista colombiana Semana (4-5-98). En el recuento histórico que hace esta publicación, desde comienzos de siglo las agrupaciones socialistas, comunistas e incluso nacionalistas han sido ilegalizadas, perseguidas o reprimidas a sangre y fuego. El conflicto político y social se agudizó con el asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, abriéndose el período de la "violencia", virtual guerra civil que continúa hasta ahora con un saldo de 300.000 muertos. Experiencias importantes como la de la Unión Patriótica, que surgió en 1985 con los acuerdos de paz que impulsó el presidente Belisario Betancur con los movimientos guerrilleros, han sido prácticamente aniquiladas por sectores radicales del ejército, terratenientes y grupos de narcotraficantes. Desde entonces, tres mil de sus cuadros han sido asesinados. Pero no solo la izquierda sino las fuerzas sociales y todo lo que se asemeje a disidencia es criminalizado, satanizado y perseguido. El cierre de los espacios legales empuja a sectores de izquierda a la clandestinidad, por lo que la oposición ha sido copada casi por completo por la insurgencia armada.