Con un compromiso de promover los derechos humanos en sus respectivos países, culminó el III Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), reunido en Lima (Perú) del 6 al 9 de setiembre de 1998. El evento congregó a defensores del pueblo, procuradores, proveedores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de Derechos Humanos que se reunieron en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Con este motivo, aprobaron la Declaración de Lima, en la que los Ombudsman Iberoamericanos: Expresan la necesidad de promover y consolidar la institución del Ombudsman mediante su incorporación a los textos constitucionales y la adopción de la legislación que le reconozca las competencias necesarias para el desarrollo de su función. Resaltan el deber de los Estados de colaborar con los Ombudsman y sus funcionarios en el desempeño de sus labores, reconociendo sus competencias y facultades, así como brindando las garantías y recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones con plena independencia política y funcional. En especial, instan a las autoridades nacionales de Ecuador, Nicaragua y Paraguay a poner en funcionamiento la institución que ya está creada en la legislación y saludan el compromiso del Presidente de Chile de crear próximamente el Defensor del Ciudadano en su país. Expresan su compromiso de reforzar su capacidad para facilitar el acceso de la sociedad civil a las instituciones públicas y contribuir así a la solución de las demandas ciudadanas propiciando lo que se viene conociendo como "cultura de la reclamación". Al actuar el Ombudsman como colaborador crítico del Estado, se podrán superar las situaciones de indefensión. Manifiestan su preocupación por la violencia política y social que afecta a muchos de sus países. Frente a ello, se comprometen a fomentar una cultura de paz que facilite el desarrollo y la seguridad ciudadana, en un marco en el que la dignidad de la persona se convierta en valor supremo de la sociedad y del Estado. En ese orden, los Ombudsman asumen la responsabilidad de promover la construcción de la paz, contribuir al esclarecimiento de la verdad y combatir firmemente la impunidad. Proponen una más eficaz supervisión de las instituciones del Estado para imponer prácticas de buen gobierno que respondan a las necesidades concretas de los ciudadanos y ciudadanas, participando los Ombudsman activamente en los procesos de reforma de Estado y simplificación administrativa. En este sentido propician también el mayor acceso a la justicia por parte de todos, superando toda forma de delegación de la misma, incluyendo aquellas que resultan de la dilación y las violaciones al debido proceso. Resaltan la importancia de la participación de los Ombudsman en los procesos de reforma judicial, como colaboradores de los sistemas de administración de justicia, sin que ello implique una interferencia en la función jurisdiccional. En la labor de supervisión de la prestación del servicio de justicia, los Ombudsman se comprometen a ejercer tutela jurisdiccional poniendo especial atención a la vigencia de las acciones de garantía constitucional, vigilando en particular el respeto al habeas corpus, tutela y amparo. Destacan que, aún en el contexto del proceso de privatizaciones, se impone la necesidad de que los servicios públicos básicos sean accesibles a la población en general, especialmente a la de menores recursos, a fin de mejorar su calidad de vida. Sin desmedro de la labor de los organismos supervisores pertinentes, corresponde a los Ombudsman colaborar para que el acceso a dichos servicios sea oportuno y eficiente y que los mecanismos de regulación sean participativos y democráticos, protegiendo los derechos fundamentales del ciudadano-usuario ante la relación asimétrica con las empresas prestadoras de los servicios públicos, muchas veces de carácter monopólico. Reiteran la vigencia de la igualdad y la no discriminación entre los seres humanos. Se comprometen a impulsar en sus países las medidas necesarias para erradicar la cultura de discriminación contra las mujeres. Saludan la existencia en Iberoamérica de siete oficinas especializadas en la protección de sus derechos, instan a los Ombudsman concernidos para que en el más breve plazo se incremente el número de estas oficinas especializadas y se continúe con el proceso de incorporación de la perspectiva de género en los trabajos de la institución del Ombudsman. Renuevan su compromiso en favor de políticas estatales que reconozcan la pluralidad étnica y cultural que caracteriza a nuestras sociedades manteniendo su decisión de crear programas especializados para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ejecutados por personal capacitado para comunicarse y comprender su vivencia. Reconocen la importante labor que desarrollan los medios de comunicación y los periodistas en la difusión de información y análisis de temas de interés público al ser las libertades de expresión, información y opinión fundamentales para la democracia y los derechos humanos. En particular, renuevan su compromiso de seguir colaborando con los medios de comunicación en su importante tarea y expresan su reconocimiento por el apoyo que le brindan en Iberoamérica a la labor del Ombudsman, disponiéndose a brindar su cooperación a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión creada por la Asamblea General de la OEA a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reconocen la valiosa labor de quienes desde la sociedad civil defienden los derechos humanos y deploran los actos de agresión producidos contra ellos. Exhortan a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a adoptar medidas eficaces para su protección, incluyendo la adopción de instrumentos normativos que garanticen su labor. Condenan todo tipo de amenazas y medidas arbitrarias destinadas a debilitar o limitar la función del Ombudsman y de sus colaboradores, exhortando a la FIO a que se mantenga vigilante ante cualquier agresión. Expresan que el establecimiento de una Corte Penal Internacional de carácter permanente es un paso fundamental para la lucha contra la impunidad y una eficaz defensa de los derechos humanos. Se comprometen a influir en sus respectivos países para que ratifiquen cuanto antes el Estatuto adoptado en la Conferencia Diplomática de Roma, en julio pasado. Valoran la importancia del apoyo expresado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Caracas, Venezuela, en junio de 1998 y solicitan al Secretario General de la organización que procure impulsar mecanismos de participación de los Ombudsman en los trabajos de los diferentes órganos de la OEA. Ofrecen, además, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su mejor disposición de cooperar con ella en el cumplimiento de los objetivos que les son comunes. Piden a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tome en consideración el anhelo de los Ombudsman de contar con un espacio propio y diferenciado en las deliberaciones anuales de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Subrayan la importancia de que las Cumbres Iberoamericanas consideren la labor del Ombudsman en la región y, en este sentido, saludan la iniciativa de Proveedor de Justicia de Portugal, José Meneres Pimentel, de convocar al Foro Preparatorio de la Octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Oporto, Portugal, el próximo 25 de setiembre. Solicitan al Director General de la UNESCO la realización en 1999 de una nueva reunión de la Red Iberoamericana de Ombudsman para la Cultura de Paz, continuando así los esfuerzos iniciados en Antigua, Guatemala, en junio de 1996. Reconocen la labor que vienen desempeñado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Andina de Juristas en Iberoamérica en la promoción y consolidación del Ombudsman e instan a las agencias de cooperación internacional a prestar su colaboración en esos esfuerzos. Acogen con beneplácito la propuesta formulada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Dr. Leo Valladares Lanza, de celebrar el IV Congreso de la Federación en su país el año próximo, y su sugerencia de incluir en la agenda la relación del Ombudsman con la pobreza, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el derecho a la información, así como la situación de los presos sin condena y las condiciones carcelarias en la región.