San José.- Gerardina López, una ex-trabajadora de las plantaciones de banano de Costa Rica, fue la representante de un grupo de mujeres vecinas y trabajadoras de esas zonas, afectadas gravemente por el uso de agroquímicos prohibidos en Estados Unidos y usados por transnacionales del banano aquí. Dolores de cabeza insoportables, caída de uñas, afecciones en la piel, cánceres y otros tipos de padecimientos las afectan a ellas y a sus hijos e hijas a causa del Nemagón, nombre comercial de un agroquímico conocido también como BCP, el cual provocó además la esterilización e impotencia de muchos de sus consortes, cuyos casos fueron conocidos mundialmente hace varios años debido a las demandas que interpusieron ante cortes estadounidenses. Estos hombres esterilizados por el uso de este agroquímico fueron indemnizados por las transnacionales del banano pero obligados a firmar una disposición de que sus esposas y prole no podrían interponer denuncias por las afecciones sufridas debido a la exposición del producto. Este fue uno de los 10 casos denunciados esta semana en el III Tribunal de Denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres, organizado por varias organizaciones de mujeres costarricenses, con el fin de sensibilizar a la opinión pública del país sobre el incumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Humanos y como preámbulo a la celebración del 25 de noviembre, escogido como el día internacional por la No Violencia contra las Mujeres. El caso de Gerardina y sus compañeras fue uno de los más dramáticos puesto que afecta a una gran cantidad de mujeres y significa enfrentarse contra poderosas compañías e intereses económicos. Este caso será denunciado en un tribunal similar que se realizará en Nueva York el próximo 9 de diciembre, vísperas de la celebración de los 50 años de la Declaración de Derechos Humanos . Hoy por la tarde se dará a conocer públicamente la resolución de este tribunal, el cual estuvo integrado por los ministros de Trabajo y Justicia de Costa Rica, Víctor Morales y Mónica Nagel respectivamente, la viceministra de Salud , Xinia Carvajal; las juezas del Poder Judicial Ifigenia Bustamente, Rosaura Chinchilla y Gabriela Jara, así como Héctor Amoretti y Kattia Ballesteros de la comisión de seguimiento de la Ley contra la Violencia Doméstica. Otros casos conocidos por este tribunal a lo largo del lunes 23 de noviembre fueron la denuncia por parte de la organización Agenda Política de Mujeres contra el reglamento de esterilizaciones que rige en este país desde 1986 y el cual no permite que las mujeres, por su propia decisión, puedan acceder a una esterilización en los servicios de salud oficiales. Para sostener esta demanda se presentó el caso de Julia Pérez, una mujer de 38 años que ha tenido nueve embarazos y siete hijos e hijas y a quien, por no contar con seguro social estatal porque está desempleada, no quisieron esterilizarla ni dotarla de contraceptivos. La estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está obligada a atender a cualquier persona que requiera atención a su salud pues es un servicio universal. Asimismo se denunciaron los abusos que cometen algunas empresas de maquila ubicadas en el país, las cuales despiden a las trabajadoras en estado de embarazo -cosa absolutamente prohibida por ley en Costa Rica- y sin responsabilidad patronal. También se denunció el horario extraordinario -de 10 horas y no de ocho como el resto de los y las trabajadoras- de las empleadas domésticas. Otra queja grave fue la de Victoria Solano, privada de libertad quien denunció tratos crueles y degradantes en las cárceles de mujeres de este país, el abuso a las trabajadoras del sexo quienes son acosadas por la policía y los dueños de los burdeles. Además se revisaron los casos de la violación por parte de los partidos políticos y el Tribunal de Elecciones de Costa Rica, a la ley de cuotas de 40 por ciento de puestos elegibles para mujeres, en las pasadas elecciones de febrero pasado, la cual no fue cumplida por el Tribunal. Otros casos estudiados fueron sobre violencia doméstica, violencia política y de usurpación a las tierras indígenas, especialmente las que están en manos de mujeres. Este III Tribunal de Denuncias contra los derechos de las mujeres, pretende llamar la atención de las autoridades costarricenses para corregir estas violaciones. El acuerdo del tribunal fue de fortalecer mecanismos de protección de las mujeres locales, solicitar al Ministerio de Trabajo eliminar el régimen de excepción que rige para las empleadas domésticas, instar al Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo para que derogue el actual Decreto de Esterilizaciones -el cual es implementado por el Colegio de Médicos, una entidad privada- y que se establezca un nuevo reglamento que tome en cuenta la decisión personal de las mujeres para optar por la esterilización. También se insta al Estado a eliminar los tratamientos crueles que sufren las mujeres en las cárceles y revisar los acuerdos oficiales de atención de la salud de las privadas de libertad, así como sugerir al Ministerio de Educación Pública para que incluya en su currículum escolar, clases sobre tolerancia y respeto a personas con otras preferencias sexuales. El Tribunal acordó solicitar a las autoridades que se reconozca las labores de las trabajadoras sexuales como un trabajo, lo que les daría posibilidad a cogerse a derechos laborales como pensión, seguridad social y prestaciones laborales. Además, se solicita al Tribunal Supremo de Elecciones y a los partidos políticos que se cumpla plenamente la ley de cuotas de participación de las mujeres en puestos de elección popular y que se reformen los artículos del Código Electoral para ratificar estos acuerdos. Instaron al Poder Judicial para que brinde una capacitación permanente a su personal sobre violencia doméstica y además exigieron a las autoridades para que se respete los bienes y reservas de los pueblos indígenas locales. El tribunal responsabilizó a la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica para que dé seguimiento a estos acuerdos. Además de esta actividad, a lo largo de 16 días hasta el 10 de diciembre, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales desarrollarán una campaña de activismo a favor del respeto de los derechos humanos de las mujeres. Este día habrá una serie de actividades, algunas coordinadas con organizaciones de mujeres de Guatemala, como es la campaña del lazo azul para combatir la violencia doméstica, la cual es seguida aquí por la Colectiva 25 de noviembre. (fin/sem/taz/98/1,092 palabras)