Frente a la extraña y tardía convocatoria por parte del Ministerio de Defensa a conformar una "mesa de diálogo" que pretendería ingenuamente buscar una solución al problema de los Detenidos Desaparecidos, CODEPU declara a la opinión pública lo siguiente: 1. Las violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile no se reducen a los casos de detenidos desaparecidos y/o a la búsqueda arqueológica de sus restos, sino que incluyen a los miles de ejecutados políticos, a cientos de miles de presos y torturados, a los cerca de un millón de exiliados, entre otras violaciones, configurándose así un cuadro de crímenes contra la humanidad cometidos en Chile, delitos que son inamnistiables e imprescriptibles. 2. Rechazamos cualquier intento de montar una operación política tendiente a imponer una salida de punto final. En Chile la superación de la situaciones pendientes en materia de derechos humanos pasa necesariamente por el logro de la justicia. 3. Frente a los gravísimos y cobardes crímenes cometidos durante la dictadura sólo corresponde, tal como lo sostienen las agrupaciones de familiares, hacer Justicia nada más, pero nada menos. Tribunales independientes y autónomos deben investigar, procesar y juzgar de acuerdo a derecho, y especifícamente en estos casos, la aplicación de la justicia debe regirse por los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 4. No se pueden confundir los hechos. Al Estado le corresponde crear las condiciones que garanticen el ejercicio de la justicia y no puede actuar como intermediario entre las víctimas y los responsables, pretendiendo sobrepasar al poder judicial. A los diferentes actores políticos nacionales les cabe sumarse a un esfuerzo que acabe con los dos grandes obstáculos de la justicia: el D.L. de Amnistía y la justicia militar. En su calidad de instituciones no deliberantes a las Fuerzas Armadas no les corresponde involucrarse en diálogos políticos tendientes a proteger institucionalmente a algunos de sus funcionarios o miembros autores, cómplices y encubridores de los crímenes de derechos humanos, muchos de quienes permanecen hasta hoy en servicio activo e incluso han obtenido ascensos. A los abogados e instituciones de defensa de los derechos humanos les corresponde proteger y defender a sus representados. Quienes hemos representado a los familiares de las víctimas directas de la represión, no debiéramos participar en mesas de diálogo y negociaciones en materia de derechos humanos. 5. Algunos piensan que estas transacciones eventualmente podrían liberar a Pinochet. Al respecto, ratificamos que Pinochet esta legítimamente detenido en Londres y debe ser juzgado en España, por el simple hecho que los delitos de los que es responsable están penados por el derecho internacional y están sujetos a una jurisdicción internacional. Rechazamos categóricamente las pretensiones del gobierno, de la derecha y de las FFAA de intentar sobrepasar a la justicia internacional, por medio de una estrategia engañosa que sólo busca la vuelta del dictador al país, haciendo creer que efectivamente se le podría juzgar en Chile. 6. El pretendido diálogo, es una maniobra destinada al fracaso porque quienes conocen lo sucedido continúan manteniendo una actitud soberbia y hostil respecto de la Verdad y la Justicia. Si no colaboraron con las investigaciones del Informe Rettig, menos lo harán ahora. Sus intenciones son claramente parte de una estrategia para liberar a Pinochet y de una operación que busca imponer una ley de punto final. Ambas pretensiones son rechazadas por el mundo de los derechos humanos, a nivel nacional e internacional, pero especialmente por las agrupaciones de los familiares de víctimas que sostienen que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, por su naturaleza y gravedad, son delitos inamnistiables e imprescriptibles y no están sometidos a negociación alguna ni son materias plebiscitables. Santiago, agosto 10 de 1999 * CODEPU, Corporación de promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo.