Mientras el gobierno ha instaurado un virtual estado de sitio en todas las regiones mapuches y se multiplican las violaciones a los derechos humanos, diversos sectores de la sociedad chilena han empezado a hacer eco a las demandas de autodeterminación, ciudadanía y derecho al territorio, reivindicadas por este pueblo originario. La propuesta de reconceptualizar la problemática para ubicarla en el marco de un enfoque global de diversidad y pluriculturalidad para el conjunto de la sociedad, emitida por el Colegio de Antropólogos de Chile, se presenta como una salida encaminada a terminar con la desconexión histórica entre los pueblos, elemento generador del problema en cuestión. Ante los graves conflictos vividos por las comunidades mapuche, el Colegio de Antropólogos de Chile A.G. advierte de la necesidad que, como país, tenemos de proporcionar a los pueblos indígenas el espacio adecuado para que ellos puedan convivir, desarrollar y proyectar su identidad cultural, en un plano de igualdad con el resto de la ciudadanía. Para ello es preciso asumir a cabalidad el tema de la diversidad cultural. Un primer paso frente al desafío de reconocerse como país pluricultural consiste en reconceptualizar los temas que nos ocupan: sería tiempo ya de abandonar aquellas expresiones que hablan del "problema mapuche" para entender que estamos inmersos en un problema nacional. Debemos reconocernos como parte de la situación y, a partir de dicha posición, reflexionar, informar y obrar en consecuencia. La tarea no es en nada fácil. Nos hemos habituado a oír y leer acerca de la educación intercultural, a vanagloriarla y a promoverla. Sin embargo, el pluralismo cultural significa a las partes, entre otras cosas, renuncias. El panorama del país en esta materia desde casi todas las perspectivas aparece como desolador. Sin embargo creemos conveniente reconocer la oportunidad que la crisis brinda a nuestra comunidad. Nos referimos a la presencia pública que el tema de la diversidad adquiere en nuestros días. No hay otro momento en nuestro siglo en que los pueblos indígenas hayan concitado una atención sistemática, como ahora ocurre. Independientemente de las muchas lecturas de la situación, erróneas algunas, prejuiciosas e incompletas otras, el conflicto nos permite repensarnos y, eventualmente, reinaugurarnos como país pluricultural. Con la memoria inmediata de los sucesos ocurridos en las regiones Octava y Novena, quisiéramos invitar a la opinión pública a considerar tres aspectos del conflicto que, en el destello incesante de imágenes parciales, tienden a perderse. Ello lo hacemos con el convencimiento que nuestra responsabilidad es la de ensanchar los espacios de reflexión necesarios para promover una participación informada en un problema del que somos parte. 1. Los conflictos que hoy presenciamos competen al país en su conjunto: se trata de situaciones sintomáticas de procesos históricos de largo aliento. Más que considerar estos conflictos en su pura contingencia, es preciso reconocerlos como parte de nuestra historia. El caso de la comunidad de Temulemu es paradigmático respecto de la errática conducta del Estado chileno en el tratamiento del problema de la propiedad indígena. Al igual que ocurre a otras comunidades de la región, en 1884, el Estado chileno se posesiona de sus territorios radicándosela, a través del Título de Merced, en una fracción mínima del espacio que antes ocupaban. La comunidad, en 1926, pide la ampliación de su título, para incluir tierras antiguas que fueron jurisdicción de sus lonkos, y la restitución de aquellas que, estando incluidas, habían sido ocupadas por particulares. En 1931, el Juzgado de Indios de Victoria acoge solo esta última petición. Cuatro años después se procede a la parcelación, pero, aparentemente, sin materializarse la restitución. Distinto rumbo toma el Estado, treinta años más tarde, al entregar a sus propietarios ancestrales las tierras solicitadas. La Corporación de la Reforma Agraria, empero, no transfiere el dominio de la propiedad, y, tras el golpe militar, esta se devuelve a sus anteriores ocupantes. Semejantes oscilaciones del aparato público no pueden sino sugerir un decurso errático que atenta contra las comunidades a que debiera servir. 2. La agudización de los conflictos en los últimos años responde a un estilo de crecimiento capitalista que desconoce la realidad de los pueblos indígenas y de su entorno. Ello se traduce casi inevitablemente en su migración forzada de las tierras ancestrales, donde se constata el empobrecimiento de su riqueza ecológica. En las comunidades impactadas por la explotación forestal, como es el caso de las comunidades de Traiguen, el modelo agroexportador ha llevado a un proceso de concentración de la propiedad, expandiéndose el monocultivo del pino insigne. Las comunidades indígenas han sido progresivamente aisladas, convirtiéndose en islas rodeadas por fundos forestales. Simultáneamente se procedió a la tala del bosque nativo, lo que, combinado con la explotación maderera, desecó las vertientes. La disminución de la disponibilidad de agua ha sido onerosa para las comunidades locales tanto por el esfuerzo desplegado para acceder a ella para fines de consumo familiar como para las actividades de subsistencia. A ello se agrega el daño causado a los cultivos por el uso de tóxicos y defoliantes y la subsecuente contaminación de los recursos hídricos naturales. Por otra parte, las explotaciones forestales han expulsado a las poblaciones de los antiguos fundos, mermando así las fuentes de empleo, e impidiendo que las comunidades puedan complementar sus ingresos por la vía del trabajo temporal remunerado. más todavía, aquellas explotaciones han llevado a un deterioro crónico de los caminos rurales, aislando a las comunidades que dependen de ellos para relacionarse con el mundo exterior. Procesos como los recién reseñados, sumados a la descapitalización histórica del pueblo mapuche, han llevado a que sus comunidades terminen por ser definidas por los organismos técnicos como pobres o no viables, desoyendo así la larga historia a que hemos hecho mención. La miopía del crecimiento, que nos lleva a ver el bosque como astillas y no en su rica diversidad, junto con empobrecer al país, se posesiona del técnico quien se niega a valorar el capital cultural de las comunidades ancestrales, cuya sola existencia denota una viabilidad histórica que, con mucho, rebasa la del experto que formula el diagnóstico. Entretanto el Estado ha sido generoso con aquellos a quienes sus organismos si consideran viables: las tierras forestales de Malleco, por ejemplo, tras el golpe militar, fueron transferidas a la Corporación Nacional Forestal para que fuesen rematadas. Buena parte del patrimonio del Estado paso a manos de empresas forestales, quienes pagaron hasta diez o más veces menos del valor de una hectárea actual. más aun, en 1974, se subsidia el setenta y cinco por ciento de hectárea plantada. Y el Decreto Ley N¦ 701 exime del pago de contribuciones de bienes raíces rurales a estas grandes explotaciones forestales, a las que además se asegura la inexpropiabilidad de sus posesiones, que, en muchos casos, habían sido previamente asignadas a comunidades mapuche. 3. Otra consecuencia, tanto o más grave que la anterior, ha sido la profundización de la divisoria que polariza no solo a la comunidad nacional sino a las comunidades locales que pronto ven a sus hermanos y hermanas tomar destinos contradictorios y, en ocasiones, irreconciliables. Y una vez m a son las familias indígenas las que sacan la peor parte en la cobertura noticiosa que se da a los hechos. En efecto, ellas aparecen retratadas como insurgentes que ponen en riesgo la seguridad nacional, o como origen de acciones delictuales que es menester sancionar con el rigor de la ley. No se mencióna en semejante cobertura la forma militar como se emplazan las empresas madereras, las que, con sus legiones de guardias armados, no pueden sino evocar una nueva imagen del conquistador y augurar, sino es que provocar, el conflicto a que inevitablemente se empuja, a fuerza de destierro, a poblaciones a las que se ha despojado del agua, uno de los más sagrados ingredientes de los medios de vida del pueblo mapuche. El conflicto, tal cual esta siendo asumido por el Estado chileno, desafortunadamente, sugiere que este se inclina más en un sentido que en otro, y que su inclinación resulta, una vez mas, perjudicial a las comunidades indígenas. A ratos pareciera que la vocación de servicio del aparato publico se hubiese extraviado en una desaforada persecución de personas y organizaciones indígenas y no indígenas, al punto de inculpar de agresión a carabineros a dos ancianas mapuches del Alto Bío-Bío y de amenazar con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes se encuentren culpables de la alteración del orden publico, amén de invadir sedes universitarias y detener estudiantes. Y no es que nuestra Orden procure inmunidad para quienes, en efecto, sean responsables de daños a la propiedad o a las personas. Pero pareciera que tales responsabilidades son mucho más profundas e inclusivas que lo que las autoridades, a través de su acción, parecieran sugerirlo. Las dinámicas que se han generado en torno a estos conflictos son profundamente destructivas. Por otra parte, es lamentable que en muchas de las iniciativas de dialogo y comisiones creadas para tratar los conflictos étnicos no se haya considerado la participación de antropólogos expertos en la materia. Con ello se renuncia a la posibilidad de visualizar un campo de interlocución mucho más amplio, a partir del que puedan emanar soluciones consistentes con la complejidad de los conflictos que se destacan. Es preciso aceptar que los conflictos étnicos no se resuelven con la disolución de los pueblos indígenas en la comunidad nacional. Nuestro país ha permanecido insensible frente a los movimientos que, en las últimas dos décadas, se han encaminado lentamente a demandas de carácter etnonacional. Sin embargo, la dinámica interna de estos pueblos y el contexto internacional son propicios para el despliegue de un nuevo escenario. La transformación de los pueblos indígenas en sujeto de derecho nos obliga a repensar nuestro país como una comunidad plurinacional. De lo anterior se desprende la urgente, inmediata e impostergable necesidad de interrumpir el proceso autodestructivo en el que nuestra sociedad se ha involucrado. Entendemos que esta tarea es de todos: autoridades públicas, líderes o políticos, comunicadores sociales, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, empresariado, y pueblos indígenas. Entendemos también que la solución pasa por el reconocimiento del protagonismo de los propios afectados. La omisión de nuestra opinión colegiada nos puede hacer, dolorosamente, cómplices de una situación cuyos alcances y actual tratamiento no compartimos en absoluto. Juan Carlos Skewes V. Presidente del Colegio de Antropólogos de Chile A.G.