Segunda Misión Nacional e Internacional de Observación Civil para la Paz en Chiapas
21/05/2000
- Opinión
Introducción:
A seis años del conflicto en Chiapas, un grupo de organizaciones sociales y
civiles,
académicas, nacionales e internacionales, decidimos realizar la Segunda Misión
Nacional
e Internacional de Observación Civil para la Paz en Chiapas con los siguientes
objetivos: escuchar y observar de manera directa el punto de vista de los
diversos
actores de la realidad chiapaneca sobre la situación cultural, económica, civil
y
social, después de 75 meses de conflicto, a fin de contribuir a la elaboración
del
diagnóstico y de propuestas de participación ciudadana para una resolución
pacífica del
conflicto que tome en cuenta las causas que lo originaron.
A la convocatoria se sumaron cientos de personas de todo el país y se recibieron
docenas de solicitudes internacionales para participar en la Misión, sin embargo
se
encontraron múltiples obstáculos de tipo administrativo que imposibilitaron el
ingreso
a México de la mayor parte de los interesados.
La Misión está considerada como un proceso que comprende varias etapas: 1) La
preparación que se realizó de enero al 17 de mayo; 2) la primera visita in situ
a las
comunidades, organizaciones y personas del 18 al 21 de mayo; 3) la elaboración
de un
primer informe de la situación de los derechos económicos, sociales y
culturales; 4)
Una segunda visita in situ en los meses de julio o agosto para la observación de
los
derechos civiles y políticos; 5) la elaboración de un informe-diagnóstico
integral, con
recomendaciones y propuestas resultados de la Misión, para ser presentado a
grupos,
comunidades, autoridades federales y estatales, e instancias internacionales.
En esta etapa de la Misión, participamos 130 personas de 17 entidades de la
República,
y con presencia de diversos organismos locales; colaboraron en ella campesinos,
indígenas, jóvenes, mujeres, estudiantes, investigadores, presidentes
municipales,
agrónomos, sociólogos, diputados, ambientalistas y personas de otros ámbitos; es
decir,
un equipo multidisciplinario.
Para tener una amplia visión de lo que acontece en la entidad, los integrantes
de la
misión tuvimos encuentros con una gran diversidad de actores políticos,
sociales,
económicos, culturales y religiosos.
La Misión, dividió su trabajo A 8 rutas, que comprenden las regiones de Las
Cañadas,
Selva, Costa, Norte, Altos, Centro y Soconusco.
Problemas Comunes
Para el logro del principal objetivo de esta misión que fue el de conocer el
impacto
del conflicto sobre la población civil, se decidió utilizar como un eje de
análisis el
Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado
y
ratificado por el Gobierno mexicano. Otro de los ejes fue el de testimoniar, de
manera
directa, el impacto sobre el ambiente.
Dos aspectos muy importantes que plantea el pacto son: compromiso de los
gobiernos
firmantes de dedicar la mayor cantidad de recursos disponibles para mejorar las
condiciones de población y que las acciones encaminadas a este fin se realicen
sin
discriminación alguna por razones políticas, religiosas, étnicas o de ninguna
otra
índole.
Con referencia a lo anterior, los grupos de la misión pudimos constatar que:
1. Los recursos gubernamentales destinados a construir infraestructura militar y
al
sostenimiento del gran número de efectivos militares en la región exceden con
mucho a
la inversión visible en gasto social.
2. También se pudo recabar información suficiente para afirmar que en las
regiones de
conflicto se ha impuesto un modelo de desarrollo e inversión pública que excluye
a una
gran parte de la población y que alimenta una profunda polarización económica y
social
que de no rectificarse, no sólo impedirá la resolución del conflicto actual,
sino que
alimentará una interminable cadena de nuevos resentimientos y violencia. Además
de lo
anterior, este tipo de inversión ha provocado rupturas fuertes del tejido social
y está
afectando directamente las condiciones necesarias para el ejercicio del voto
libre para
los próximos procesos electorales.
3. Fuerte contraste entre el discurso de los funcionarios públicos entrevistados
y las
opiniones de las personas visitadas en las comunidades; para los primeros, la
entidad
está en paz, se ha atendido la pobreza, se ha propiciado el diálogo, y se han
disminuido las situaciones de violencia; en las comunidades entrevistadas, que
pertenecen a las más diversas ideologías, religiones y regiones del estado, las
apreciaciones sobre los mismos puntos son diametralmente diferentes, lo cual así
se
constató en la visita de los observadores de la Misión.
4. Se pudo constatar un fuerte movimiento de tropas en todas las regiones
visitadas. La
militarización, continúa creciendo, aunada a la presencia de la Policía Federal
Preventiva en diversas zonas de la entidad, acrecentando también por este motivo
la
destrucción del tejido social, así como la violación de garantías individuales y
sociales, todo lo cual ha estado provocando terror sicológico en las
comunidades,
5. En ninguno de los lugares visitados se observaron o mencionaron acciones
gubernamentales efectivas para apoyar técnicamente a la población para frenar la
destrucción de los recursos naturales y para optar por un desarrollo
sustentable.
6. Se pudo constatar una vez más el carácter insuficiente y clientelar de los
apoyos al
campo.
7. La Reserva de la Biosfera de Montes Azules es amenazada por la falta de
políticas
adecuadas y de alternativas económicas para la población de la región.
8. La destrucción ambiental es impulsada por la imposición de un modelo de vida
externo
que promueve el consumo superfluo y el individualismo en las minorías
beneficiadas
económicamente por la presencia del Ejército, contribuyendo así a la ruptura del
tejido
social y a la desaparición de formas organizativas que han permitido durante
siglos
preservar a las culturas indígenas.
9. Los más de cien integrantes de la misión pudieron observar los efectos
devastadores
del ambiente de las obras gubernamentales para las cuales no se consulta a la
población
ni se realizan estudios serios de impacto ambiental.
10. En contraste con las actitudes autoritarias para resolver los problemas
ambientales
en Montes Azules, el gobierno permite la impunidad del constante tránsito de
camiones
cargados de madera en las carreteras o la colusión de funcionarios corruptos en
la
destrucción de los cerros del Valle de San Cristóbal bajo millonarios contratos
para la
construcción de caminos.
11. Se pudo constatar la paulatina institucionalización de los presuntos grupos
paramilitares para la organización de las tareas administrativas y de vigilancia
que se
realizan en las distintas comunidades.
12. Ante la ausencia de planes de desarrollo para la zona, se pudo constatar que
en
algunos sectores, la gente deposita sus expectativas en los discursos políticos
de los
candidatos, lo cual, en caso de incumplimiento, pudiera generar otro tipo de
conflictos
en los momentos pos-electorales.
13. Se observó la agudización de las condiciones de los desplazados,
pertenecientes a
diversos grupos políticos, caracterizadas por la ausencia de campamentos
especiales.
14. Respecto a la igualdad de oportunidades y de condiciones para hombres y
mujeres la
misión observó que las mujeres han sufrido los peores estragos del conflicto.
Todas las
formas de violencia contra las mujeres se han incrementado; su participación en
la vida
económica y cultural se ha visto reducido por la avasalladora presencia del
Ejército y
por la inseguridad impuesta por los grupos paramilitares.
15. Pese a los datos oficiales en el sentido de que han mejorado las condiciones
de
salud, la misión visitó localidades que no tienen acceso real a servicios de
salud. La
politización de la atención debido al uso político que se ha hecho de los
programas ha
promovido la desconfianza y su rechazo, lo que ha ocasionado que estos no
beneficien a
una parte importante de la población que ha visto deterioradas sus condiciones
de
salud, sin que su situación se vea reflejada en las estadísticas.
16. Las condiciones de salud mental de la población presentan signos de grave
deterioro, la ocurrencia suicidios, el incremento de la violencia intra
familiar, el
desmedido incremento del consumo de bebidas alcohólicas, la aparición de otros
tipos de
adicciones, la depresión, el miedo y la violencia reflejan la ruptura del tejido
social, la frustración, el resentimiento y la desesperanza que se apropia de una
parte
importante de la población.
17. El Comité de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones
Unidas recomendó al gobierno mexicano tomar las medidas necesarias para evitar
la
interferencia de las fuerzas armadas en los programas sociales. La labor social
del
ejército en las zonas de conflicto, las dificultades para acudir a los servicios
de
salud debido a los retenes y la instalación de puestos militares aledaños a las
clínicas y escuelas, constituyen una interferencia clara en los programas
sociales.
Problemas Específicos
En nuestros recorridos pudimos observar las siguientes problemáticas de las
regiones
particulares.
Zona Norte: El grupo realizó su observación en las comunidades de Chilón,
Yajalón,
Sabanilla y Guaquitepec. Se realizó una entrevista con las autoridades
municipales de
Sabanilla, una visita al penal de Yajalón especialmente a los reclusos
pertenecientes a
la asociación de "La Voz de Cerro Hueco", una entrevista con numerosos miembros
de la
organización "Yomblej", una entrevista con los alumnos de la preparatoria
"Bartolomé de
las Casas" de Guaquitepec y la observación de las condiciones militares y de las
circunstancias encontradas a lo largo del recorrido.
Los puntos más relevantes que detectamos en la observación fueron los
siguientes:
La opinión reiterada de la existencia y la acción de grupos paramilitares, lo
cual
genera zozobra entre la población.
Fuerte presencia militar y policiaca, a la que se añade la presencia de otras
corporaciones y policías federales, estatales y municipales.
La implantación de un clima de temor y desasosiego por la militarización
mencionada.
La obstrucción del libre tránsito, debido a la presencia de retenes militares.
La
información dada por las autoridades contrasta con las opiniones de las personas
de las
comunidades.
Un fuerte deterioro de las condiciones de vida, particularmente en alimentación,
salud,
agua e higiene en general.
Una vida económica y productiva muy deficiente.
Una fuerte división y pugna entre grupos de las comunidades, originada por
factores
exógenos tales como la competencia entre organismos políticos, apoyos selectivos
de
programas gubernamentales de respaldos económicos diferenciados o excluyentes,
etc.
Deficiencias muy notorias en la aplicación de los procedimientos legales para
acceso a
la justicia en los centros penitenciarios.
Montes Azules: El grupo de la Misión que visitó la Reserva de Montes Azules y
participó
en el Foro por la defensa de la vida, la tierra y los recursos naturales, fue
integrado
por expertos en manejo forestal, combate de incendios, ordenamiento ecológico y
agroecológico. Constató que en Montes Azules, no han existido este año los
supuestos
incendios graves que denunciaron las autoridades y algunos ecólogos y
ecologistas.
Asimismo, constató que 11 de los 12 poblados de la ARIC independiente ahí
asentados
tienen más de 20 años de fundados y que 7 de ellos ratificaron su firme decisión
de no
ser reubicados, en cambio exigen ser capacitados y asesorado técnicamente para
transformar sus prácticas agrícolas, hacer ordenamientos ecológicos,
comunitarios,
combatir incendios y convertirse en guardianes de la reserva ecológica.
Palenque: En la visita a la ruta Palenque-La Culebra, y el recorrido que incluye
el
Valle de Santo Domingo, noroeste de la reserva de la biósfera de Montes Azules
se
constató que si existe un grave deterioro ambiental, pero que no ha sido
provocado por
las comunidades que ahora se pretende desalojar, sino el resultado de los
programas
sexenales que no se han fundamentado en estudios serios sobre el medio ambiente
y la
cultura de los pueblos indios.
Diferentes miembros de las comunidades se refirieron a las constantes amenazas
provenientes de presuntos paramilitares, en particular contra las organizaciones
independientes como Xi nich, y contra los miembros de las comunidades
zapatistas,
presionándolos para que abandonen sus tierras. Durante el recorrido y en
entrevistas
con indígenas tzeltales y choles de más de 10 comunidades de la región, se
constató que
no sólo no ha habido incendios descontrolados durante este año, sino que las
lluvias
tempranas impidieron realizar la tradicional quema para sembrar sus milpas.
Se pudo observar destacadamente el esfuerzo de las comunidades por resolver sus
problemas de manera organizada y la disposición a contar con propuestas serias,
adecuadas a las necesidades humanas y ambientales.
Sierra y Costa: En esta zona hubo denuncias sobre irregularidades en los
siguientes
temas: Hostigamiento y miembros de la Sociedad de Solidaridad Social Indígena de
la
Sierra Madre de Motozintla, por ser una alternativa de organización productiva.
Damnificados: En Motozintla, Mapastepec y Pijijiapan, se construyeron viviendas
sin
tomar en cuenta la zona de riesgo en donde fue reubicada. Asimismo, la entrega
de las
escrituras, a cambio de la credencial de elector y la suspensión temporal de los
programas de apoyo sociales como el Progresa.
En la frontera de Ciudad Hidalgo detectamos elementos de la Policía Federal
Preventiva
resguardando la zona del Río Suchiate, y en Tapachula realizando funciones de
policías
de tránsito.
En la zona costa, hacemos una denuncia por la violación del derecho al libre
tránsito,
debido a múltiples retenes, no solamente por el Instituto Nacional de Migración
(INM),
sino también de la Policía Judicial Federal y retenes del Ejército Mexicano.
La violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes (hondureños,
guatemaltecos, y salvadoreños) no sólo por parte de los agentes del INM, sino de
todos
los cuerpos policiacos, incluyendo la Policía Municipal y el Ejército Mexicano.
Se
detectaron irregularidades en los procesos legales de los presos migratorios,
como
fabricación de delitos en el Cereso No. 3.
Chenalhó:
Se encontró una convergencia en la esperanza que abrigan tanto las autoridades
municipales como algunos integrantes de Las Abejas en las pláticas que están
teniendo
dentro del marco de la reconciliación. Se ha logrado que este año, gracias a
estas
pláticas, y sobre todo a la presencia de brigadas, los desplazados hayan podido
cosechar mayores cantidades de café en parcelas de cuyas cosechas fueron
despojados en
1997 y que después quedaron abandonadas.
La mayor preocupación y desconfianza existe en la falta de justicia hacia el
despojo
sufrido en el 97 y que alcanzó niveles muy graves: casas que fueron destruidas,
cosechas robadas y animales perdidos que exigen con toda justicia una
indemnización
indispensable para lograr la recuperación económica y la confianza en el estado
de
derecho.
La comunidad de Xo'yep y los desplazados en ese lugar reciben una afrenta, del
Ejército
Mexicano, al escoger éste, como puesto de vigilancia, un sitio sagrado con el
desplazamiento. Esto duró 2 años y fue considerado una pérdida muy grande para
los
niños. Actualmente está funcionando un sistema de educación alternativo que
tiene en
cuenta los conocimientos fundamentales en la propia lengua y en español. Los
maestros
son supervisados por el Consejo de Educación de los Padres de Familia y su
Trabajo no
tiene más gratificación que el cumplir con la comunidad dando este servicio a
los
niños.
Propuestas:
* Apoyos reales, programas de apoyo a las poblaciones sin ningún tipo de
discriminación.
* La integración de una comisión nacional integrada por académicos y miembros de
las
organizaciones civiles que revisen el impacto de los programas sociales sobre la
población civil.
* El seguimiento de los acuerdos del Foro por la defensa de la vida, la tierra y
los
recursos naturales, con participación de académicos, organizaciones sociales,
poblaciones involucradas para profundizar en el análisis de los problemas y
concretar
alternativas de solución.
* El Estado Mexicano debe responsabilizarse de crear y facilitar las condiciones
para
la reconciliación entre las comunidades.
* Que el Estado respete el Convenio 169 de la OIT sobre la obligación de los
gobiernos
de consultar a los pueblos indígenas respecto a todo proyecto que afecte su
vida, su
cultura o sus recursos.
* Insistimos en la importancia del retiro de los retenes y del Ejército Mexicano
de las
comunidades, como medidas indispensables para genera condiciones de distensión y
posibilitar la resolución del conflicto.
* La solución no puede ser de fuerza ni autoritaria. El gobierno debe reconocer
su
responsabilidad en la génesis de esta situación debido a su incapacidad de
realizar
programas efectivos para un desarrollo sustentable.
* El Estado Mexicano debe acatar la recomendación del Comité de Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, quien recomendó al gobierno
mexicano
tomar las medidas necesarias para evitar la interferencia de las fuerzas armadas
en los
programas sociales. La labor social del Ejército en las zonas de conflicto, las
dificultades para acudir a los servicios de salud debido a los retenes y la
instalación
de puestos militares aledaños a las clínicas y escuelas, constituyen una
interferencia
clara en los programas sociales.
Firman:
Redes Nacionales:
1. Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia,
2. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todos"
Redes Estatales:
3. Asamblea Jaliciense por la Paz,
Organismos Civiles:
4. Academia Jalisciense de Derechos Humanos, AC. (AJDH), Guadalajara, Jalisco.
5. Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), México DF.
6. Asociación Civil para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", AC. La Misión, Hidalgo.
7. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI), Guadalajara, Jalisco.
8. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", AC. San Cristóbal de Las Casas, Chis.
9. Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", AC., México DF.
10. Centro de Derechos Humanos "Los Príncipes", Oaxaca, Oaxaca.
11. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", AC. (PRODH), México DF.
12. Centro de Derechos Humanos "Tepeyac", AC. Tehuantepec, Oaxaca.
13. Centro de Derechos Humanos "Don Sergio", AC., Cuernavaca, Morelos.
14. Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdoba". Tapachula, Chiapas.
15. Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan, AC.), Tlapa, Guerrero.
16. Centro de Derechos Humanos Ðu'u Ji Kandií. AC. Tlaxiaco, Oaxaca
17. Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", AC., Oaxaca, Oaxaca.
18. Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC). Bachajón, Chiapas.
19. Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Reynosa, Tamaulipas.
20. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC. Acapulco, Guerrero.
21. Centro de Reflexión y Acción Laboral. Guadalajara. Jalisco
22. Centro Potosino de Derechos Humanos, A.C. (CEPODHAC), San Luis Potosí, S.L.P.
23. Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", AC. Oaxaca, Oaxaca
24. CEPACOM A.C. , D.F.
25. Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, AC., Torreón, Coahuila.
26. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León.
27. Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ). San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
28. Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz", Coyuca de Benítez, Guerrero.
29. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Barrios, México D.F.
30. Comisión de Reconciliación Comunitaria-CORECO,
31. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC. (COSYDDHAC), Chihuahua.
32. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, AC., Cuernavaca, Morelos.
33. Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida", México DF.
34. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC., México DF.
35. Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, AC., Jalapa, Veracruz.
36. Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", Tuxtepec, Oaxaca.
37. Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), Palenque, Chiapas.
38. Comité de Defensa y Apoyo a Comunidades y Pueblos Indios (CODACPI), Guerrero.
39. Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada, O.P.", Ocosingo, Chiapas.
40. Comité de Derechos Humanos Ajusco, México DF.
41. Comité de Derechos Humanos de Colima (No gubernamental), Colima, Colima.
42. Comité de Derechos Humanos de Comalcalco. (CODEHUCO). Comalcalco, Tabasco
43. Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, AC., Huayacocotla, Veracruz.
44. Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC. (CODEHUTAB), Villahermosa, Tabasco.
45. Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, AC., DF.
46. Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, AC. (CODHOMHAC), Dolores Hgo, Gto.
47. Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hidalgo., AC.
48. Cultura Joven A.C.,
49. Franciscans International, México. D.F.
50. Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos, Culiacán, Sinaloa.
51. Grupo Indignación, AC, Mérida, Yucatán.
52. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, AC., Chilpancingo, Guerrero.
53. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC. (IMDEC). Guadalajara,
54. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
55. Programa de Derechos Humanos. UIA Sta Fe. México D.F.
56. Programa Universitario de Derechos Humanos del ITESO, Guadalajara, Jalisco.
57. Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA-León, León, Guanajuato.
58. Servicio Desarrollo y Paz AC (SEDEPAC),
59. Servicio Paz y Justicia. (SERPAJ) México.
60. Taller Universitario de Derechos Humanos (TUDH), México DF.
Organizaciones sociales:
61. Organización de Cafeticultores de Ocosingo-ORCAO,
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